CE - Sentencia 11001031500020250715300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07153-00

Accionante: Alirio Blanco Blanco

Accionados: Consejo de Estado – Sección Primera

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro de acción popular

Decisión: Niega el amparo de tutela porque no se acreditaron los defectos endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela 1 presentada por el señor Alirio Blanco Blanco contra el Consejo de Estado – Sección Primera por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buena fe, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial, preámbulo de la constitución 2, a la vida, integridad personal y vivienda digna, ocurrida con ocasión de la providencia proferida el 30 de octubre de 2025, al interior de la acción popular con radicado 68001233300020220040201.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

providencia proferida el 30 de octubre de 2025, al interior de la acción popular con radicado 68001233300020220040201.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Su residencia se encuentra ubicada en la diagonal 54A No. 23D -19, apartamento 201, barrio Altos de Carrizal en el municipio de Girón Santander, inmueble en situación de riesgo inminente y grave, por un talud de tierra inestable que amenaza con deslizarse sobre varias viviendas del sector.

3. El municipio de Girón inició la construcción de un muro de contención destinado a mitigar esta amenaza, no obstante , la obra quedó inconclusa y el terreno inestable, además dejó el talud expuesto a la erosión y en peligro de deslizamiento sobre las viviendas colindantes , sumado a la existencia de un árbol de gran tamaño que amenaza con caer.

4. Ante la omisión de las autoridades de culminar la obra, presentó acción popular que fue fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander

1 Acción de tutela presentada el 12 de noviembre de 2025 2 “(A la justicia), la prevalencia del interés general del articulo uno (1), atenta y vulnera el artículo dos “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.” SIC en toda la cita.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00

Accionante: Alirio Blanco Blanco

deberes sociales del Estado.” SIC en toda la cita.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00

Accionante: Alirio Blanco Blanco

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2 el 24 de julio de 2024, oportunidad en la cual amparó los derechos colectivos invocados y como consecuencia ordenó al municipio de Girón en el término de un mes realizar todos los estudios necesarios para la con strucción del muro de contención y una vez realizados los estudios, en el término de 6 meses construirlo.

5. La decisión fue apelada por el Municipio de Girón y en segunda instancia la Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia el 30 de octubr e de 2025, en la que modificó la protección otorgada por el Tribunal, así: i) revocó la protección del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; ii) revocó la orden de construir un muro y la sustituyó por una sanción; iii) ordenó al municipio ejercer sus funciones policivas en materia urbanística respecto de los predios objeto de litigio, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el POT y la Resolución 1294.

6. Considera la parte actora que la decisión de segunda instancia es contraria a la Constitución, toda vez que revocó la protección contra desastres y la orden de construir el muro, además dejó su vida y la de su familia en un riesgo de muerte,

6. Considera la parte actora que la decisión de segunda instancia es contraria a la Constitución, toda vez que revocó la protección contra desastres y la orden de construir el muro, además dejó su vida y la de su familia en un riesgo de muerte, de otra parte, le ordena al municipio investigarlo y sancionarlo por habitar una zona de riesgo que el propio municipio generó al dejar el muro inconcluso, lo que constituye una revictimización.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora señaló que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico por valoración irrazonable y desproporcionada de los medios de prueba .

No se valoró debidamente el informe CDMB del 22 de julio de 2022, lo anterior teniendo en cuenta que , afirmó que el fenómeno de inestabilidad era de baja intensidad, conclusión que no obedece a una valoración racional, toda vez que, la prueba técnica describe deslizamientos masivos y caída de bloques de roca, situación que fue minimizada por el ad quem.

8. Insiste que la autoridad judicial accionada cometió un error fáctico al evaluar el segmento equivocado del muro, toda vez que analizó la parte construida, más no la parte inconclusa que dejó el talud expuesto y con amenaza o riesgo de desprendimiento.

9. Asimismo, alegó un defecto sustantivo por interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley 1523 de 2012, alega que la Corporación accionada utilizó el principio de autoconservación para anular el principio de protección, invirtiendo la jerarquía de deberes en un Estado Social de Derecho y utilizando la Ley de gestión

indebida de la Ley 1523 de 2012, alega que la Corporación accionada utilizó el principio de autoconservación para anular el principio de protección, invirtiendo la jerarquía de deberes en un Estado Social de Derecho y utilizando la Ley de gestión de riesgos como instrumento de exculpación estatal, en lugar de uno de protección ciudadana.

10. Finalmente, aduce que la decisión recurrida desconoce el precedente constitucional, toda vez que ignora y contradice la línea jurisprudencial vinculante de la Corte Constitucional contenida en las sentencias T –206 de 2019 y T –122 de 2024, sobre la protección de la vida y la vivienda digna en asentamientos irregulares en zonas de riesgo. Así mismo la orientación según la cual el hecho de que una persona habite un terreno de forma irregular o violando normas urbanísticas, no exime al Estado de su deber de mitigar el riesgo oAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00

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3 reubicar, una vez es conocido por la autoridad.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) PRIMERO: Que se ampare judicialmente los derechos fundamentales al debido proceso /artículo 29), derecho a la igualdad (artículo 13), el principio de la buena fe (art 83 C.N.), el derecho a la administración de justicia y la prevalencia del derecho

«(…) PRIMERO: Que se ampare judicialmente los derechos fundamentales al debido proceso /artículo 29), derecho a la igualdad (artículo 13), el principio de la buena fe (art 83 C.N.), el derecho a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial ( artículo 228 y 229), el preámbulo de la constitución nacional (a la justicia), la prevalencia del interés general del artículo uno (1), atenta y vulnera el artículo dos “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado”, DERECHO ALA VIDA (Art. 11 C.P.), INTEGRIDAD PERSONAL y VIVIENDA DIGNA (Art. 51 C.P.).

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS en su totalidad la sentencia proferida el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado (Rad. 68001-23-33-000-2022-00402-01), por incurrir en graves defectos fácticos y sustantivos.

TERCERO: Como medida de restablecimiento del derecho, ORDENAR que, en su lugar, se DEJE EN FIRME Y CO PLENOS EFECTOS JURIDICOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Oral de Santander el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024) (Rad. 68001-23-33-000-2022-00402-00), la cual amparó correctamente los derechos colectivos y fundamentales en conexidad, y ordenó la construcción de las obras de mitigación necesarias para proteger mi vida y la de mi

correctamente los derechos colectivos y fundamentales en conexidad, y ordenó la construcción de las obras de mitigación necesarias para proteger mi vida y la de mi comunidad. (…)» (SIC en toda la cita)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 13 de noviembre de 2025 a través del cual se ordenó notificar a la Sección Primera del Consejo de Estado como accionado y al Tribunal Administrativo de Santander, al municipio de Girón, a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), al señor Juan Carlos Albarracín Muñoz y todos los demás vinculados a la acción popular con radicación 68001 -23-33-000-202200402-00/01 como terceros interesados en las resultas del proceso.

13. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB se opuso a las pretensiones incoadas por el accionante, toda vez que no se encuentra acreditada vulneración a los derechos fundamentales invocados, además solicitó su desvinculación del proceso.

14. La decisión cuestionada no solo revisó cada uno de los elementos fácticos y técnicos del expediente, sino que lo hizo bajo los parámetros jurisprudenciales exigidos por las autoridades judiciales en el ejercicio del control de sus decisiones; además no niega la existencia de dinámicas naturales de erosión en el talud, pero tampoco declara en los términos absolutos planteados por el accionante, la configuración de un riesgo inminente y probado sobre su inmueble.

15. No se configura el defecto fáctico alegado toda vez que sí se valoró la totalidad

configuración de un riesgo inminente y probado sobre su inmueble.

15. No se configura el defecto fáctico alegado toda vez que sí se valoró la totalidad de la prueba incluyendo los informes de la CDBM y del Departamento deAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00

Accionante: Alirio Blanco Blanco

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4 Santander, la decisión interpretó el riesgo dentro del contexto completo del expediente al compás de la Ley 1523 de 2012, además analizó la existen cia del tramo inconcluso del muro y evaluó la incidencia del muro existente, así como las condiciones de ocupación y construcción de los residentes.

16. Contrario a lo manifestado por el accionante, la decisión no atribuyó la causa exclusiva del riesgo a los residentes, sino la existencia de vulnerabilidad generada por la ocupación del área sin aislamientos, situación que incide en la forma como se manifiestan las dinámicas naturales del terreno o de como se muestra la amenaza, en consecuencia, no se eliminó la consideración de riesgo natural, sino que se contextualiz ó dentro del marco de la gestión del riesgo, donde la corresponsabilidad ciudadana es un principio legal y constitucional.

17. En torno al defecto sustantivo indicó que la sentencia hizo una interpretación sistemática y razonable de la Ley 1523 de 2012, particularmente reconoce que el Estado tiene deberes de protección, no obstante , la acción popular no puede

17. En torno al defecto sustantivo indicó que la sentencia hizo una interpretación sistemática y razonable de la Ley 1523 de 2012, particularmente reconoce que el Estado tiene deberes de protección, no obstante , la acción popular no puede convertirse en un mecanismo para ordenar obras cuya competencia, financiación o titularidad no corresponde a la entidad demandada.

18. La decisión no empleó el término autoconservación para anular la protección a los derechos colectivos, lo que hizo fue integrar ambos principios , en tanto la autoridad debe proteger al ciudadano, pero este no debe aumentar su propia vulnerabilidad.

19. Finalmente, en relación con el desconocimiento del precedente, indicó que se cita las sentencias de tutela T -122 de 2024 y T 206 de 2019, no obstante , se presentan de manera aislada y desvinculada de los hechos que rodean el caso.

20. La Sección Primera del Consejo de Estado, a través del Magistrado ponente de la decisión, rindió informe en el que señaló que la acción impetrada carece del requisito de procedencia de relevancia constitucional, toda vez que el asunto debatido no gira en torno al alcance, aplicación y/o de sarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural.

21. De otra parte y en torno a los defectos alegados, indicó que l a sentencia de 30 de octubre de 2025 no incurrió en el defecto fáctico alegado , toda vez que se efectuó una valoración amplia e integral del material probatorio recaudado en el trámite de la acción popular, incluyendo informes técnicos, visitas, diagnósticos y

efectuó una valoración amplia e integral del material probatorio recaudado en el trámite de la acción popular, incluyendo informes técnicos, visitas, diagnósticos y respuestas de las entidades demandadas, y se explicó cu áles pruebas eran relevantes, cómo se articulaban entre sí y de qué manera permitían concluir la existencia de afectaciones al derecho colectivo, así como la responsabilidad concurrente de las entidades involucradas

22. Tampoco se configura el defecto sustantivo, porque la decisión hizo una interpretación correcta, sistemática y probatoria fundada en la Ley 1523 de 2012 y de los principios de la gestión de riesgo; aplicó adecuadamente los principios de protección, autoconservación, vulnerabilidad y seguridad territorial, reconociendo que la gestión del riesgo es un proceso corresponsable entre autoridades y

particulares.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00

Accionante: Alirio Blanco Blanco

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23. La decisión se ajustó al precedente del Consejo de Estado, según el cual los riesgos propios del predio que no se proyectan a la comunidad no son objeto de acción popular. Las sentencias T -122 de 2024 y T -206 de 2019, no resultan aplicables al presente asunto, por cuanto la situación analizada no corresponde al escenario de asentamientos informales ni a contextos de alto riesgo no mitigable definidos por la Corte Constitucional.

24. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

escenario de asentamientos informales ni a contextos de alto riesgo no mitigable definidos por la Corte Constitucional.

24. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

26. Sobre el particular, se tiene que, si bien la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB solicita la desvinculación del presente proceso, lo cierto es que esta Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión, toda vez que fue vinculada como tercera interesada en las resultas del proceso por ser parte dentro de la acción po pular donde se profirió la sentencia objeto de tutela y resulta necesario garantizar su derecho de defensa.

3.3. Problema jurídico

26. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si la Sección Primera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 30 de octubre de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buena fe, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial, preámbulo de la constitución3, a la vida, integridad personal y vivienda digna, al incurrir en los defectos f áctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente. Previamente se verificará el cumplimiento de los requisitos generales

digna, al incurrir en los defectos f áctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente. Previamente se verificará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

27. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de

2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro med io de defensa

3 “(A la justicia), la prevalencia del interés general del articulo uno (1), atenta y vulnera el artículo dos “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.” SIC en toda la cita.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00

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6 judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transit orio para

6 judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transit orio para evitar un perjuicio irremediable.

28. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

29. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de

de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

30. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:

(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el a mparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00

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3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestion amiento, esto es, el 30 de octubre de 2025, ejecutoriada el 19 de noviembre de la misma anualidad y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 12 de noviembre de la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido proceso, igualdad, buena fe, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial, preámbulo de la constitución 4, a la vida, integridad personal y vivienda digna, al presuntamente incurrir en los defectos f áctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente, los cuales se encuentran fundamentados razonablemente.

personal y vivienda digna, al presuntamente incurrir en los defectos f áctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente, los cuales se encuentran fundamentados razonablemente.

31. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

32. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional5 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las indebidas v aloraciones probatorias determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva 7, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

33. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de

carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al

carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta

4 “(A la justicia), la prevalencia del interés general del articulo uno (1), atenta y vulnera el artículo dos “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.” SIC en toda la cita. 5 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 6 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 7 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00

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8 más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»8.

34. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina

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8 más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»8.

34. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.6. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

35. La parte actora señala que la decisión cuestionada en esta sede adolece de un defecto fáctico por valoración irracionable y desproporcionada de los medios de prueba, en especial del informe técnico CDBM del 22 de julio de 2022 emitido por la Corporación Au tónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y del informe técnico del 12 de julio de 2023 de la Secretaría de Infraestructura y la Dirección de Gestión de Infraestructura del departamento de Santander, toda vez que concluyó que el fenómeno de inestabilidad natural era de baja intensidad, cuando las pruebas técnicas dejan en evidencia deslizamientos masivos y caída de roca, además valoró la parte del muro de contención construida más no la parte inconclusa que es la que ocasiona el riesgo.

36. Sobre el particular, se tiene que la Sección Primera del Consejo de Estado en

la providencia cuestionada consideró:

«(…) V.4.1.1. La prueba sobre la vulneración o amenaza del derecho colectivo previsto en el literal l) del artículo 4.° de la Ley 472

(…)

58. El 22 de julio de 2022 la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial

previsto en el literal l) del artículo 4.° de la Ley 472

(…)

58. El 22 de julio de 2022 la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga realizó una visita técnic a a dicho predio con el propósito de identificar las características geológicas y geotécnicas del sector.

59. Ese concepto explica que el municipio de Girón se asienta sobre formaciones geológicas correspondientes a materiales sedimentarios antiguos combi nados con depósitos aluviales recientes producto de la acción de los ríos y quebradas que conforman su red hídrica.

60. Se precisó que en la zona donde se localizan los inmuebles objeto de estudio confluyen sectores de ladera con pendientes pronunciadas y materiales fracturados, así como zonas de depósito aluvial con baja capacidad portante. Ello configura un escenario natural de vulnerabilidad frente a fenómenos de inestabilidad y deslizamientos, que se agrava cuando las construcciones no observan las distancias de aislamiento y las condiciones técnicas requeridas para garantizar la estabilidad del terreno.

61. Respecto de la problemática judicial, se destaca el siguiente apartado del informe

de visita:

(…) • En la zona objeto de la visita, existes dos viviendas, las cuales carecen de sistemas de control y conducción de aguas de escorrentía y pluviales; la ubicada en pie de talud (nomenclatura Diagonal 54ª No 22C – 96); presenta una placa de entrepiso que actualmente funciona como cubierta, donde no presenta un sistema de recolección y conducción de aguas lluvias,

ubicada en pie de talud (nomenclatura Diagonal 54ª No 22C – 96); presenta una placa de entrepiso que actualmente funciona como cubierta, donde no presenta un sistema de recolección y conducción de aguas lluvias, igualmente para la vivienda ubicada en corona del talud (nomenclatura Diagonal 54ª No. 23D – 19), aunque en su cubierta exista un sistema de recolección y conducción de aguas lluvias, este no es continuo

8 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00

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9 observándose que el mismo vierte las aguas en la parte lateral del inmueble, cuyo flujo captado discurre hacia el tal