CE - Sentencia 11001031500020250715500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-07155-00

Accionante: Marlen Tapiero Pique

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección E.

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho. Sanción disciplinaria. Valoración probatoria. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Marlen Tapiero Pique en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por la expedición de la sentencia del 16 de mayo de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , al que le fue asignado el radicado 11001-33-42-057-2021-00312-01.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como el principio de buena fe.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como el principio de buena fe.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

La accionante narr a que desempeñó su labor como docente del magisterio, vinculada desde el 31 de marzo de 1993, con decoro profesional, por lo cual no tuvo investigaciones ni sanciones de carácter disciplinario.

Que mediante el Oficio I -2017-21695 del 27 de abril de 2017 , la directora de Educación Local de Usaquén remitió a la Oficina de Control Disciplinario de laRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07155 -00

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Secretaría de Educación Distrital de Bogotá documentación relacionada con la queja presentada por las señoras Sandra Patricia Peña y Ángela Eslava Medina en su contra, la cual «surgió como retaliación por el deficiente nivel académico, las malas calificaciones e indisciplina de sus hijos, aduciendo un presunto trato irregular».

Que el 7 de junio de 2017, la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá ordenó abrir investigación disciplinaria en su contra y el 26 de abril de 2019 le formuló un cargo único por presuntos actos de agresión física en contra de dos estudiantes.

Que a través de la Resolución 764 del 20 de diciembre de 2019, la Oficina de Control Disciplinario l a sancionó disciplinariamente por el término de 3 meses con

física en contra de dos estudiantes.

Que a través de la Resolución 764 del 20 de diciembre de 2019, la Oficina de Control Disciplinario l a sancionó disciplinariamente por el término de 3 meses con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para desempeñar cargos públicos por el mismo término, por lo cual interpuso recurso de apelación, pero por medio de la Resolución 1352 del 1 de septiembre de 2020 la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá confirmó la decisión recurrida, sin tener en cuenta la totalidad de los testimonios rendidos.

Indica que en el año 2021 instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que solicitó la nulidad de los actos administrativos sancionatorios y, como consecuencia, que se le reconocieran y pagaran los salarios y prestaciones dejadas de percibir.

Que el 17 de enero de 2024, el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda , por lo cual interpuso recurso de apelación y el 16 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, confirmó la sentencia recurrida.

Considera que la autoridad judicial que conoció el proceso en segunda instancia incurrió en defecto fáctico porque realizó una valoración incompleta, parcial y subjetiva del acervo probatorio, al omitir examinar con rigor los testimonios de los testigos presenciales de los hechos con base en argumentos carentes de sustento, pese a que aquellos fueron categóricos en afirmar que no agredió a los menores, y,

subjetiva del acervo probatorio, al omitir examinar con rigor los testimonios de los testigos presenciales de los hechos con base en argumentos carentes de sustento, pese a que aquellos fueron categóricos en afirmar que no agredió a los menores, y, en cambio, l e otorgó plena credibilidad a los testimonios de estudiantes que no estaban en el lugar de los hechos y a los dichos de las quejosas, pese a que eran contradictorios e inconsistentes.

Que además desconoció que la señora Ángela Eslava Medina formuló la queja meses después de los supuestos hechos, sin precisar la fecha ni otras circunstancias de modo, tiempo y lugar y, no ratificó sus afirmaciones ante la Oficina de Control Discipl inario. Además, consideró como indicios del « modus operandi» las declaraciones de los estudiantes del grado 302, pese a que fueron recibidas un año después de los supuestos hechos y a que se referían a comportamientos generales.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07155 -00

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De otra parte, aduce que solicitó la nulidad de los actos administrativos demandados porque fueron expedidos con i) infracción de las normas en que debían fundarse, ya que la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá no efectuó una valoración probatoria objetiva y en conjunto, ni verificó los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sino que lo sancionó sin que existiera certeza sobre la existencia de la falta y su responsabilidad en los hechos investigados; ii) falsa motivación porque

probatoria objetiva y en conjunto, ni verificó los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sino que lo sancionó sin que existiera certeza sobre la existencia de la falta y su responsabilidad en los hechos investigados; ii) falsa motivación porque los hechos en los que se basó el ente disciplinario para sancionarlo no concuerdan con lo ocurrido y iii) con violación al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción, pues durante el trámite se presentaron varias irregularidades relacionadas con la solicitud de práctica de pruebas decisivas y la resolución de los respectivos recursos.

PRETENSIONES

Solicitó que se dejen sin efectos las sentencias proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró y, en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E , que dicte una nueva decisión en la que tenga en cuenta la totalidad del material probatorio y acceda a las pretensiones.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 18 de noviembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó al Distrito de Bogotá- Secretaría de Educación Distrital , como tercero con interés; y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, expuso que no incurrió en defecto fáctico porque analizó los aspectos demostrados en el proceso y evidenció que la autoridad demandada en el proceso ordinario realizó un análisis integral y coherente del caso, sin efectuar una interpretación desproporcionada, irracional o arbitraria de las pruebas, las cuales

demostrados en el proceso y evidenció que la autoridad demandada en el proceso ordinario realizó un análisis integral y coherente del caso, sin efectuar una interpretación desproporcionada, irracional o arbitraria de las pruebas, las cuales demostraban que la disciplinada, en su condición de doce nte, no trató con respeto y rectitud a dos menores.

Que la accionante participó en la diligencia de recepción del testimonio de la señora Sandra Patricia Peña Rodríguez, oportunidad en la que no formuló tacha de falsedad, y en todo momento la investigada tuvo acceso al expediente y, por ende, a las actas que registraron lo acontecido en las diligencias en las que no se permitió su presencia para velar por la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual pudo controvertir lo expuesto por los estudiantes del grado 302 y de los afectados.

Indicó que los argumentos de la accionante para fundamentar la tutela fueron expuestos y resueltos en el proceso ordinario , por lo cual debe tenerse en cuentaRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07155 -00

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que las discusiones allí efectuadas no pueden ser revividas a través de la tutela, pues ello implica convertirla en una instancia adicional . En consecuencia, solicitó negar el amparo pedido.

POSICIÓN DEL VINCULADO

La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá adujo que la accionante ya había instaurado otra tutela igual a la presente con radicado 2024-05474, la cual fue

POSICIÓN DEL VINCULADO

La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá adujo que la accionante ya había instaurado otra tutela igual a la presente con radicado 2024-05474, la cual fue decidida el 6 de noviembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo cual podría existir un ejercicio temerario de la acción y se estaría ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, máxime cuando no se está alegando algún hecho nuevo que haya modificado su situación.

Señaló que la autoridad judicial accionada adopta las decisiones dentro del marco de su competencia y de forma autónoma, por lo cual no puede asumir responsabilidad alguna respecto a las actuaciones u omisiones atribuidas a aquella, quien, en todo caso, no vulneró los derechos fundamentales de la peticionaria del amparo.

Por lo tanto, pidió su desvinculación y la declaratoria de temeridad y de existencia de cosa juzgada constitucional.

Se decidirá previo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) cuestión previa – cosa juzgada; ii) generalidad de la acción de tutela; iii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iv) caso concreto.

Cuestión previa – cosa juzgada

La Secretaría de Educación del Distrito afirmó que la accionante ya había instaurado otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos que sustentaron la presente. Sin embargo, revisado en el programa de gestión judicial SAMAI el

La Secretaría de Educación del Distrito afirmó que la accionante ya había instaurado otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos que sustentaron la presente. Sin embargo, revisado en el programa de gestión judicial SAMAI el proceso identificado con el radicado 11001 -03-15-000-2024-05474-00, se observa que, si bien esa acción fue radicada por la señora Marlen Tapiero Pique , lo cierto es que en esa ocasión se discutieron las sentencias proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-057-2022-0049800/01, esto es, un proceso distinto al que dio lugar a la tutela de la referencia, por lo cual no se presenta una actuación temeraria ni operó la cosa juzgada constitucional.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el DecretoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07155 -00

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2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos

esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07155 -00

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere

tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07155 -00

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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

Caso concreto

encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

Caso concreto

A esta Subsección corresponde verificar inicialmente si se superan los requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

Al respecto, se encuentra que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulner aron sus derechos fundamentales reclamados en protección por la incursión en el defecto fáctico alegado por la actora ; ii) la acción se presentó con inmediatez, pues el 16 de mayo de 2025 se envió mensaje de datos para notificar la sentencia aquí controvertida y el 12 de noviembre de este año fue instaurada la tutela; iii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; v) no se trata de una sentencia de tutela; y v i) no se está invocando una irregularidad procesal, por lo cual no hay lugar a exigir el cumplimiento de ese requisito. En consecuencia, se procederá al estudio de fondo.

En la sentencia objeto de esta acción, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E , confirmó la decisión de negar las pretensiones luego de analizar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, los cuales versaron, entre otros aspectos, sobre la indebida valoración probatoria de los

Sección Segunda, Subsección E , confirmó la decisión de negar las pretensiones luego de analizar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, los cuales versaron, entre otros aspectos, sobre la indebida valoración probatoria de los testimonios y la credibilidad otorgada a las quejosas, y de encontrar demostrado que el operador disciplinario contó con las pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de la demandante, las cuales valoró conforme con las reglas de la sana crítica.

Sobre el particular, evidenció que la autoridad disciplinaria analizó las declaraciones rendidas por los dos menores de edad del curso 401 sobre los hechos ocurridos consistentes en que la investigada haló el cabello de uno de ellos y propinó un golpe en la cabeza al otro con un cuaderno de argollas ; la declaración juramentada rendida por la señora Sandra Patricia Peña Rodríguez, madre de uno de los menores; las cartas elaboradas a mano por 12 estudiantes del curso 401 ; las declaraciones de algunos de los e studiantes compañeros de aula de los menores afectados y las declaraciones de varios estudiantes del curso 302 para el año 2018, las cuales le brindaron certeza sobre la conducta investigada.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07155 -00

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Ahora bien, respecto a los reparos concretos de la hoy accionante, la autoridad judicial determinó que la razón por la cual la parte demandada no otorgó credibilidad a los testimonios de los estudiantes del mismo curso de los menores de edad

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Ahora bien, respecto a los reparos concretos de la hoy accionante, la autoridad judicial determinó que la razón por la cual la parte demandada no otorgó credibilidad a los testimonios de los estudiantes del mismo curso de los menores de edad afectados consistió en que se demostró que la docente investigada los manipuló para que realizaran unos escritos a su favor, por lo cual se observa que no se trató de una decisión arbitraria o caprichosa, sino que atendió a lo probado en el proceso, lo que además no fue desvirtuado por la actora.

En cuanto al valor probatorio otorgado a las declaraciones de estudiantes que no presenciaron los hechos, la Subsección evidenció que ese hecho no fue desconocido por el juzgador disciplinario, sino que analizó esas pruebas bajo el entendido que permitían inferir que la disciplinada continuó con su actuar irrespetuoso hacia los alumnos, mostrando comportamientos agresivos e intimidatorios, lo que demostraba el trato inadecuado de la docente, por lo que tampoco se encuentra que dicha valoración haya sido irr azonable, sino que, por el contrario, atendió al contexto del caso.

La autoridad judicial también se pronunció sobre el análisis de la declaración de la quejosa Sandra Patricia Peña Rodríguez y advirtió que la demandante participó en la diligencia de recepción de su declaración, sin que la hubiere tachado de falsa, y que el hecho de que no hubiera sido testigo directa de lo ocurrido no le restaba validez ni credibilidad, pues su conocimiento sobre lo ocurrido devenía de lo expuesto por uno de los menores perjudicados y su versión resultaba coincidente, espontánea y no tenía contradicciones, por lo que no existía justificación para

validez ni credibilidad, pues su conocimiento sobre lo ocurrido devenía de lo expuesto por uno de los menores perjudicados y su versión resultaba coincidente, espontánea y no tenía contradicciones, por lo que no existía justificación para restarle mérito probatorio.

Adicionalmente, consideró que el hecho de que la señora Angela Eslava Medina, esto es, la otra quejosa, no compareciera a las diligencias para la ratificación de la queja no tenía la entidad para afectar la legalidad de los actos demandados, pues el operador disciplinario contó con elementos probatorios suficientes respecto a la responsabilidad de la investigada.

En ese orden de ideas, no se observa que la autoridad judicial aquí accionada haya valorado las pruebas de manera indebida o alejada de las reglas de la sana crítica, sino que efectuó un análisis de los elementos probatorios de forma conjunta, por lo cual no se encuentra configurado el defecto fáctico invocado y, en cambio, se evidencia un mero desacuerdo de la accionante con la decisión adoptada, lo que no habilita el amparo constitucional.

Por último, se aclara que no se efectuará algún pronunciamiento sobre los argumentos de la accionante relacionados con las causales de nulidad de los actos administrativos demandados, pues el objeto de esta acción es la protección de derechos fundamentales, mas no el estudio de legalidad de las decisiones de la administración como si de una nueva instancia del proceso ordinario se tratara.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07155 -00

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En consecuencia, se negará el amparo solicitado. Igualmente, se denegará la solicitud de desvinculación de la Secretaría de Educación del Distrito, porque su vinculación se efectuó en calidad de tercera con interés, al haber sido demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Secretaría de Educación del Distrito, acorde con lo expuesto.

Segundo. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente