CE - Sentencia 11001031500020250716100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07161-00

Demandante: Argenis Collazos Fierro

Demandado: Tribunal Administrativo de l Huila

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Ajuste salarial docente/ Defectos sustantivo y fáctico Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud formulada por Argenis Collazos Fierro en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Argenis Collazos Fierro promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualad, acceso a la administración de justicia, así como a la tutela judicial efectiva y el principio de favorabilidad con ocasión de las sentencias proferidas el 8 de mayo y el 16 de septiembre de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal Administrativo de l Huila, respectivamente, en el medio de

favorabilidad con ocasión de las sentencias proferidas el 8 de mayo y el 16 de septiembre de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal Administrativo de l Huila, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 4100133-33-006-2024-00232-00/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Neiva, con el objeto de obtener la nulidad del Oficio 2024-EE-060013 del 28 de febrero de 2024, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, y la Resolución 0358 del 22 de febrero de 2024, proferido por la Secretaría de Educación Municipal de Neiva, mediante los cuales se le negó el reconocimiento de las diferencias en el incremento salarial efectuado en los años 2008 y 2009 por el gobierno nacional en

1 Archivo obrante en el índice 2 del S amai, archivo «5_DemandaWeb_Anexos_ilove_merged1(.pdf) NroActua 2», páginas 220 a 236.2

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Demandante: Argenis Collazos Fierro

igualdad de condiciones a l reconocido para «el grado de escalafón 3DM», comoquiera que este fue «decretado de manera indiscriminada y desigual » con respecto a l dispuesto para el «3BM» a la que ella pertenece y, en tal virtud , la

comoquiera que este fue «decretado de manera indiscriminada y desigual » con respecto a l dispuesto para el «3BM» a la que ella pertenece y, en tal virtud , la reliquidación de las prestaciones sociales de los 3 años anteriores a la reclamación del derecho.

2.2. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Neiva, en sentencia del 8 de mayo de 2025 negó las pretensiones de la demanda, en tanto consideró que: existía una diferencia entre el incremento salarial destinado a preservar el poder adquisitivo y los aumentos adicionales que obedece n a decisiones discrecionales del empleador.

2.2.1. Con relación al primero , el Decreto 624 de 2008 cumplió con el deber de garantizar el salario móvil en consonancia con el IPC del año 2007 (5,69%) para todos los grados del escalafón, sin que se desprendiera un trato desigual.

2.2.2. En torno al segundo, el Decreto 714 de 2008 reestructuró el grado 2 del escalafón docente, por lo que los niveles salariales A -B-C-Dse dividieron en 8 categorías (con y sin especialización) , lo que incidió en el grado 3 y conllevó al reajuste de esta escala. Sin embargo, ello estuvo justificado en factores objetivos como: i) la actualización por inflación – (garantía del poder adquisitivo); ii) la división del grado 2 del escalafón; y iii) el mantenimiento de la diferenciación del grado 3 del escalafón. Además, un análisis comparativo dem ostró que, incluso, el grado 3BM obtuvo un incremento proporcionalmente superior al 3DM (21,44% frente a 15,87%),

escalafón. Además, un análisis comparativo dem ostró que, incluso, el grado 3BM obtuvo un incremento proporcionalmente superior al 3DM (21,44% frente a 15,87%), lo que desvirtuaba la alegada desventaja.

2.2.3. Asimismo, la diferenciación estaba justificada puesto que obedecía a criterios legítimos como el mérito, la formación académica (maestría o doctorado), los incentivos de permanencia y la progresividad salarial. Decisión contra la cual las partes interpusieron el recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de l Huila, en sentencia del 16 de septiembre de 2025 confirmó lo resuelto por el a quo, para lo cual , después de relacionar las pruebas obrantes señaló que mediante la Resolución 0153 del 2006 se inscribió a Argenis Collazos Fierro en el grado 2A del escalafón docente y solo con la Resolución 095 de 2018 se le reubicó en el grado 3BM, por lo que para los años 2008 y 2009 no se encontraba en el grado 3B (como lo sostuvo en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho) sino en el grado 2A.

2.3.1. En todo caso, precisó que no era procedente el argumento según el cual todos los educadores de ben remunerarse de forma homogénea, pues el Decreto 1278 de 200 2 creo un escalafón que clasifica a los docentes según sus responsabilidades, competencias, formación y experiencia , lo que justifica salarios diferenciados. En esas condiciones, las categorías 3BM y 3DM no son equiparables, razón por la cual los incrementos salariales diferenciados de los años 2008 y 2009

responsabilidades, competencias, formación y experiencia , lo que justifica salarios diferenciados. En esas condiciones, las categorías 3BM y 3DM no son equiparables, razón por la cual los incrementos salariales diferenciados de los años 2008 y 2009 no vulneraron los principios de igualdad y de «igual trabajo, igual salario».3

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Demandante: Argenis Collazos Fierro

2.3.2. Aunque en 2008 el aumento del grado 3DM fue mayor y en 2009 ocurrió lo contrario, ello no afectó los principios de mérito, progresividad, proporcionalidad ni la correspondencia entre cualificación y remuneración, porque el salario del grado 3DM continuó si endo superior al del grado 3BM, manteniéndose la lógica del escalafón docente.

2.3.3. Finalmente, no se identificaron normas que resultaran más favorables ni se argumentó porque serían más beneficiosas. Además, no existen disposiciones que ordenen incrementos iguales sin atención al grado o nivel de los docentes. Tampoco procedía inaplicar por inconstitucionalidad el Decreto 284 de 2024, ya que no se demandó ni formularon cargos contra él.

2.4. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defectos sustantivo, por cuanto interpretaron de manera irrazonable e incorrecta las normas constitucionales y legales [artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002] sobre igualdad salarial, al justificar la diferencia en los incrementos porcentuales entre los

Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002] sobre igualdad salarial, al justificar la diferencia en los incrementos porcentuales entre los grados 3BM y 3DM con base en el escalafón docente, pese a que la controversia no giraba en torno la diferencia estructural y permanente entre los grados del escalafón, sino en el trato desigual en los incrementos porcentuales aplicados en los años 2008 y 2009.

2.5. Además, en un defecto fáctico , pues se incurrió en una indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran tal decisión administrativa. Si bien es cierto que pueden existir diferencias en l os aumentos salariales, también es cierto que esa decisión debe sustentarse en criterios claros y objetivos. En esa medida, cualquier trato diferente en aspectos salariales y prestacionales debe estar justificado en razones jurídicas y objetivas.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 16 de septiembre de 2025, en el expediente radicado bajo número 410013333 006 2024 00232 01 , transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) ARGENIS COLLAZOS FIERRO, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la

JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) ARGENIS COLLAZOS FIERRO, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco norma tivo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente ARGENIS COLLAZOS FIERRO a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico» (sic).4

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Demandante: Argenis Collazos Fierro

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Ministerio de Educación Nacional 2 solicitó que se le desvincule del presente trámite de tutela, toda vez que carece de legitimación en la causa para responder por las pretensiones de la tutelante, pues la inconformidad de este se dirige en contra de una providencia judicial. Adicionalmente, refirió que el asunto carece de relevancia constitucional, en la medida que la parte tutelante no demostró «que las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia» (sic) y, además, el debate fue estrictamente de naturaleza

«que las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia» (sic) y, además, el debate fue estrictamente de naturaleza económica. En consecuencia, pidió que se declarara improcedente la tutela.

2. Consideraciones

5. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) legitimación en la causa; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

6. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.º del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Huila.

2.2. Legitimación en la causa

7. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación, al considerar que no estaban llamadas a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

8. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercero, con el objeto de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que podía resultar implicadas por la naturaleza y características de las pretensiones de la actora en el proceso ordinario en el que fueron emitidas las providencias objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela

toda vez que podía resultar implicadas por la naturaleza y características de las pretensiones de la actora en el proceso ordinario en el que fueron emitidas las providencias objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado 3 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la

2 Archivo obrante en el índice 14 y 15 del Samai. 3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, MP María Elizabeth García González.5

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Demandante: Argenis Collazos Fierro

procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 4. Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos

distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

11. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado5 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86

Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

12. Ahora bien, la Corte Constitucional 6 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que

debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudenc ial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos7, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos

4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07161-00

C-590 de 2005. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07161-00

Demandante: Argenis Collazos Fierro

fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales8.

14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

15. La Sala deberá definir: ¿ si el Tribunal Administrativo de l Huila vulneró los derechos fundamentales de Argenis Collazos Fierro al confirmar la decisión de negar el reconocimiento de las diferencias en el incremento salarial efectuado en los años 2008 y 2009 para el escalafón docente 3DM con respecto al percibido por ella en el 3BM de forma desigual e injustificada, con la que incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo y fáctico?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

16. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

16. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto sustantivo

17. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al ca so concreto 9. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta 10, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

18. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo. 9 Corte Constitucional. Sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015. 10 Corte Constitucional. Sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.7

9 Corte Constitucional. Sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015. 10 Corte Constitucional. Sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07161-00

Demandante: Argenis Collazos Fierro

legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma ; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

19. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales11.

2.5.3. Defecto fáctico

20. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que la parte demandante le atribuye a la sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, tiene una dimensión negativa y otra positiva.

21. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la « valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez», «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho

21. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la « valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez», «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente ». La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»

22. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.4. Sobre el caso concreto

23. Argenis Collazos Fierro acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto s la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto confirmó la decisión de negar las pretensiones de reconocimiento de las diferencias porcentuales en los incrementos salariales en el escalafón docente, al concluir que existió un trato desigual e injustificado «en los incrementos porcentuales aplicados en los años 2008 y 2009, que concedieron un 52,56% de aumento a la categoría 3DM frente a un 29,37% para la 3BM, diferencia que le generó efectos permanentes sobre su base salarial y que no fue compensada en los años posteriores».

24. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en los defectos:

permanentes sobre su base salarial y que no fue compensada en los años posteriores».

24. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en los defectos: i) sustantivo, en la medida en que realizó una interpretación irrazonable de la

11 Corte Constitucional. Sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.8

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Demandante: Argenis Collazos Fierro

Constitución Política y del ordenamiento jurídico aplicable, en tanto, desconoció el alcance del artículo 13 constitucional, la Ley 4 ª de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002 al justificar la diferencia en los incrementos porcentuales entre los grados 3BM y 3DM con base en el escalafón docente, pese a que la controversia no giraba en torno la diferencia estructural y permanente entre los grados del escalafón, sino en el trato desigual en los incrementos porcentuales aplicados en los años 2008 y 2009; y ii) fáctico, toda vez que no se allegó una prueba que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la decisión del gobierno nacional de adoptar incrementos porcentuales diferentes para los escalafones docentes en los años 2008 y 2009.

25. Al descender al caso en concreto, se evidencia que , el Tribunal Administrativo del Huila , al decidir las pretensiones contenciosas se ocupó de las referidas

inconformidades. Al respecto, consideró:

«[…] conforme al acápite de los hechos probados, mediante la Resolución No. 0153 del 31 de enero de 2006 se inscribió a la demandante en el grado 2A del escalafón docente

inconformidades. Al respecto, consideró:

«[…] conforme al acápite de los hechos probados, mediante la Resolución No. 0153 del 31 de enero de 2006 se inscribió a la demandante en el grado 2A del escalafón docente y solo con la Resolución No. 095 de 2018 se le reubicó en el grado 3BM, resultando evidente que para los años 2008 y 2009 en que se pretende la nivelación salarial, la actora no se encontraba en el grado 3B (como sostiene en la demanda) sino en el grado 2A; razón suficiente para confirmar la sentencia del a quo, en la medida que no le asistiría derecho al incremento salarial pretendido para el grado 3B.

No obstante, si en gracia de discusión se aceptara que, para la época de los hechos (2008 y 2009), la demandante se encontraba en el grado 3BM del escalafón docente, evidencia la Corporación que igualmente no le asistiría derecho a percibir el incremento salarial decretado para la categoría 3DM, por las razones que seguidamente se exponen:

Para el Tribunal, no es de recibo el argumento de la alzada referente a que todos los educadores deben ser remunerados homogéneamente, pues, justamente, uno de los objetivos del nuevo régimen de carrera (Decreto Ley 1278 de 2002) fue establecer un escalafón docente, consistente en la clasificación de dichos servidores atendiendo a sus variadas responsabilidades (dependiendo si es del nivel preescolar, primaria, secundaria o directivo y del área del conocimiento en que se ubique), desempeño, competencias, formación académica y experiencia; siendo la ubicación en dicho escalafón el insumo

variadas responsabilidades (dependiendo si es del nivel preescolar, primaria, secundaria o directivo y del área del conocimiento en que se ubique), desempeño, competencias, formación académica y experiencia; siendo la ubicación en dicho escalafón el insumo para determinar un salario diferencial de los educadores, sin que el mismo deba ser igual para todos los maestros, como equivocadamente entiende la parte actora.

Así las cosas, el juicio de igualdad planteado por la parte demandante resulta inapropiado, comoquiera que pretende se realice un incremento salarial para todos los docentes sin distinción alguna, particularmente para los grados 3BM y 3DM, desconociendo el sistema de escalafón docente al que se ha hecho alusión (…).

En virtud de lo expuesto, se tiene que los incrementos salariales diferenciados fijados en los años 2008 y 2009 entre las categorías 3BM y 3DM, no desconocieron los principios de igualdad ni de “igual trabajo igual salario”; por cuanto no es posible equiparar dichas categorías del escalafón docente entre sí, en la medida en que las exigencias de cualificación para el empleo y las funciones no son comparables, lo cual explica la asignación salarial disímil, encontrándose así justificado el trato distinto.

Ahora, debe el Tribunal advertir que, en el año 2008, el incremento salarial para el grado 3BM fue del 13.92% y para el grado 3DM fue del 44.90%; siguiendo en el año 2009 un incremento para el grado 3BM del 15.45% y para el grado 3DM del 7.67%. Con lo cual, se aprecia que, aunque se aplicó un mayor porcentaje al grado 3DM en la vigencia 2008,

incremento para el grado 3BM del 15.45% y para el grado 3DM del 7.67%. Con lo cual, se aprecia que, aunque se aplicó un mayor porcentaje al grado 3DM en la vigencia 2008, ello es jurídicamente procedente, toda vez que la catego ría 3DM es ser superior a la9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07161-00

Demandante: Argenis Collazos Fierro

3BM; sin embargo, para la vigencia 2009, se efectuó un mayor incremento al grado 3BM respecto de la categoría 3DM, para la que fue interior.

No obstante, esa circunstancia no tiene la virtualidad de transgredir los principios del mérito, progresividad, proporcionalidad y “ correspondencia entre cualificación y remuneración” como se alega en la alzada, pues el salario resultante luego de aplicar dichos incrementos, se mantiene más elevado para el grado 3DM que para el grado 3BM; respetándose así la lógica del sistema de escalafón docente, en virtud del cual se asigna más ingreso a los servidores de una categoría más alta, que cuentan con mayor experiencia, mejor formación académica y han ascendido en el escalafón, obsérvese:

Grado Salario 2008 Salario 2009 3BM $1.910.065 $2.205.102 3DM $2.934.879 $3.159.985

La justificación para fijar las anteriores escales salariales por parte del gobierno nacional que echa de menos la parte actora, la otorga el mismo escalafón docente establecido en

3DM $2.934.879 $3.159.985

La justificación para fijar las anteriores escales salariales por parte del gobierno nacional que echa de menos la parte actora, la otorga el mismo escalafón docente establecido en el Decreto 1278 de 2002 y los artículos 2º y 3º de la Ley 4ª de 1992, las cuales permiten el establecimiento de rangos de remuneración para los educadores, atendiendo al nivel de los cargos, naturaleza de las funciones, responsabilidades y calidades, tal y como preceptúa el artículo 46 del Decreto 1278 de 2002.

Precisa la Corporación que, la normativa antes aludida, prevé los criterios para fijar el salario más no el porcentaje en que se debe incrementar año tras año, confiriendo tal facultad al ejecutivo, en virtud de la potestad reglamentaria que le asiste (…)

A juicio de esta Corpor