CE - Sentencia 11001031500020250718400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07184-00

Accionante: Edwar Augusto Murcia Sánchez Accionados: Tribunal Administrativo de Nariño y Juzgado Segundo Administrativo de Pasto Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por el señor Edwar Augusto Murcia Sánchez contra los autos del 23 de enero de 2024 y 30 de septiembre de 2024 proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, en el proceso ejecutivo radicado con el núm. 52001 -33-33-002-2023-00265-01 (14239), a través de los cuales se negó el mandamiento de pago por haber operado el fenómeno de la caducidad.

SÍNTESIS1

El actor cuestiona los autos que negaron el mandamiento de pago en el marco de un proceso ejecutivo por haber operado la caducidad . Según el demandante, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Nariño interpretaron y aplicaron de forma errónea la caducidad pues han debido tener en cuenta que el título ejecutivo era complejo y no simple. Se declara la improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

en cuenta que el título ejecutivo era complejo y no simple. Se declara la improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 13 de noviembre de 2025, el señor Edwar Augusto Murcia Sánchez presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad , a la defensa técnica y al acceso a la administración de justicia . En criterio de l accionante, esas garantías constitucionales fueron vulneradas por los autos del 23 de enero de 2024 y 30 de septiembre de 2024 proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, en el proceso ejecutivo radicado con el núm. 52001-33-33002-2023-00265-01 (14239), a través de los cuales se negó el mandamiento de pago por haber operado el fenómeno de la caducidad.

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / proceso ejecutivo / Improcedencia / InmediatezRadicado: 11001-03-15-000-2025-07184-00

Accionante: Edwar Augusto Murcia Sánchez Se declara la improcedencia de la demanda

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación: PRIMERO: Declarar la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso judicial, contradicción y defensa, igualdad y accesos a la administración de justicia, por las vías de hecho configuradas en las providencias impugnadas, y cumplimiento de las sentencias judiciales a mi nombre.

judicial, contradicción y defensa, igualdad y accesos a la administración de justicia, por las vías de hecho configuradas en las providencias impugnadas, y cumplimiento de las sentencias judiciales a mi nombre.

SEGUND: Dejar sin efecto las providencias del 23 DE ENERO DE 2024 PROFERIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE PASTO (RADICACIÓN 5200133-33-002-2023-00265-00), y la providencia del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PROFERIDAD POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO (RADICACIÓN 52001333300220230026501 (14229)).

TERCERO: Ordenar al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de Pasto admitir la demanda ejecutiva radicada bajo el No. 52001-33-33-002-2023-0026500 y continuar el trámite respectivo.

CUARTO: Ordenar la suspensión provisional de los efectos de las providencias impugnadas, mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela, a fin de evitar perjuicios irremediables al suscrito.

QUINTO: Disponer las demás medidas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos vulnerados. [Negrillas del texto citado].

B. Hechos

3. A través de apoderado judicial, el señor Edward Augusto Murcia Sánchez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación -Ministerio de Defensa – Policía Nacional para que se declara la nulidad de la Resolución No. 3350 del 4 de agosto de 2008, por medio de la cual fue retirado del servicio activo de la Policía

Nacional.

de Defensa – Policía Nacional para que se declara la nulidad de la Resolución No. 3350 del 4 de agosto de 2008, por medio de la cual fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional.

4. En sentencia del 19 de abril de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Pasto profirió sentencia en donde: (i) declaró la nulidad de la Resolución No. 3350 del 4 de agosto de 2008; (ii) condenó a la Policía Nacional a reintegrar al señ or Edward Augusto Murcia Sánchez al servicio activo, en el grado que ostentaba al momento de su retiro y al reconocimiento de los ascensos correspondientes; (iii) condenó a la Policía Nacional a reconocer y pagar los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha de retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro y (iv) declaró que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte del señor Edwar Augusto Murcia Sánchez.

5. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Escritural en Descongestión, confirmó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Pasto el 13 de febrero de 2015.

6. El 31 de diciembre de 2015 el señor Edwar Augusto Murcia Sánchez fue reintegrado a la Policía Nacional mediante Resolución No. 06014 del 31 de diciembre 2014 emitida por el Director General de la Policía Nacional. En dicha resolución se ordenó el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir mientras estuvo separado del servicio activo.

por el Director General de la Policía Nacional. En dicha resolución se ordenó el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir mientras estuvo separado del servicio activo.

7. Mediante Resolución No. 00789 del 24 de diciembre de 20020 la Policía Nacional ,Radicado: 11001-03-15-000-2025-07184-00

Accionante: Edwar Augusto Murcia Sánchez Se declara la improcedencia de la demanda

en cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 13 de febrero de 2015 , ordenó el pago de $ 447.071.989.68 a favor del señor Murcia Sánchez.

8. En vista de que en la suma liquidada por la Policía Nacional no se incluyó lo correspondiente a la prima de orden público, el señor Murcia Sánchez presentó una acción de tutela en contra de Policía Nacional en donde solicitó que se le entregara la liquidación del pago de forma discriminada. La acción de tutela fue resuelta favorablemente por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán el 16 de noviembre de 2023.

9. El 3 de noviembre de 2023, la Policía Nacional mediante oficio No. S-2016-DITAHANOPA-1.10 le remitió al señor Murcia Sánchez la liquidación discriminada de su pago en donde, según alega, no se incluyó la prima de orden público.

10. El 19 de noviembre de 2023, el señor Murcia Sánchez presentó una demanda ejecutiva ante el Juzgado Administrativo de Pasto en donde solicitó mandamiento de pago por $27.012.778 correspondiente a la prima de orden público no cancelada. El 23 de enero de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto negó el mandamiento

ejecutiva ante el Juzgado Administrativo de Pasto en donde solicitó mandamiento de pago por $27.012.778 correspondiente a la prima de orden público no cancelada. El 23 de enero de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto negó el mandamiento de pago por haber operado el fenómeno de caducidad.

11. El 30 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó el auto del 23 de enero de 2024 proferido por el Juzgado Administrativo de Pasto.

12. El 13 de noviembre de 2025 , el señor Edward Augusto Murcia Sánchez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del auto del 23 de enero de 2024 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y en contra del auto del 30 de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Nariño.

C. Fundamentos de la vulneración

13. El accionante sostiene que las decisiones del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y del Tribunal Administrativo de Nariño vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en:

(i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) por violación directa de la constitución. 13.1. En cuanto al defecto orgánico, afirma que las autoridades judiciales carecían de competencia absoluta para declarar la caducidad del proceso ejecutivo, al aplicar normas para títulos ejecutivos simples y “al ignorar que el título ejecutivo es complejo y

13.1. En cuanto al defecto orgánico, afirma que las autoridades judiciales carecían de competencia absoluta para declarar la caducidad del proceso ejecutivo, al aplicar normas para títulos ejecutivos simples y “al ignorar que el título ejecutivo es complejo y su exigibilidad solo surgió con la notificación de la liquidación discriminada el 3 de noviembre de 2023”2. 13.2. Sobre el defecto procedimental alega que las autoridades judiciales actuaron al margen del procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – en adelante CPACA-, para los procesos ejecutivos con títulos complejos. Ad emás, porque declararon la caducidad sin analizar la

2 Índice 5 del expediente digital disponible en SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07184-00

Accionante: Edwar Augusto Murcia Sánchez Se declara la improcedencia de la demanda

notificación tardía de la liquidación discriminada. 13.3. Respecto del defecto fáctico manifiesta que las providencias “carecen de apoyo probatorio para declarar la caducidad, al ignorar las pruebas de la notificación de la liquidación discriminada en noviembre de 2023, que probaba la exigibilidad del título complejo”.3 13.4. En relación con el defecto sustantivo, señala que el artículo 164 del CPACA fue interpretado de forma contradictoria ya que se aplicó el término de caducidad de los títulos simples a los títulos complejos. Alega que en Sentencia SU-424 de 2019, la Corte Constitucional tuteló por defecto sustantivo las interpretaciones contra dictorias de los términos de caducidad.

títulos simples a los títulos complejos. Alega que en Sentencia SU-424 de 2019, la Corte Constitucional tuteló por defecto sustantivo las interpretaciones contra dictorias de los términos de caducidad. 13.5. Sobre el error inducido señala que se configuró porque “las providencias fueron inducidas a error por la omisión de la Policía Nacional en detallar inicialmente la liquidación (…), revelada solo en 2023 vía tutela, llevando a declarar caducidad sin base real”4. 13.6. En cuanto a que se trató de una decisión sin motivación, alega que el requisito se cumple porque las providencias carecen de motivación al declarar la caducidad sin fundamentar por qué se desestimó el carácter complejo del título y por no haberse analizado la notificación de 2023. 13.7. Respecto del desconocimiento del precedente judicial señala que las decisiones impugnadas van en contra de la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado del 7 de octubre de 2022, expediente 11001-03-24-000-2021-00581-00 que se refiere a la caducidad de los títulos ejecutivos complejos. 13.8. Finalmente, en relación con la violación directa de la Constitución, alega que las providencias violan directamente los artículos 2285 y 536 superiores.

D. Trámite procesal

14. Por auto del 18 de noviembre de 20257 se admitió la demanda de tutela, se negó la medida provisional, y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y, en calidad de tercero con interés, a la Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que un término de dos (2) días

Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y, en calidad de tercero con interés, a la Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que un término de dos (2) días

3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 Artículo 228. La Administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 6 Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujeto s de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al r eajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 7 Índice 4 del expediente digital disponible en SamaiRadicado: 11001-03-15-000-2025-07184-00

Accionante: Edwar Augusto Murcia Sánchez Se declara la improcedencia de la demanda

contados a partir de la notificación, se pronunciaran sobre las pretensiones y los hechos de la demanda.

E. Oposiciones e intervenciones

15. El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto 8 (accionado) se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la tutela por las siguientes razones: (i) el asunto debatido no tiene relevancia constitucional, se trata de un aspecto netamente procesal ya discutido y resuelto; (ii) el demandante pretende revivir una decisión ejecutoriada que ya hizo tránsito cosa juzgada, y (iii) no se cumple con el principio de inmediatez porque ha transcurrido más de un año desde que quedó en firme la decisión Tribunal

Administrativo de Nariño.

16. El Tribunal Administrativo de Nariño guardó silencio.

17. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional9 (tercero con interés) pidió declarar la improcedencia de la demanda de tutela. Sostuvo que en el presente caso no se vislumbra la existencia de vulneración a derechos fundamentales, un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada que evidencie la necesidad la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

vislumbra la existencia de vulneración a derechos fundamentales, un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada que evidencie la necesidad la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor Edwar Augusto Murcia Sánchez en contra de los autos del 23 de enero de 2024 y 30 de septiembre de 2024 proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado

(Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

19. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez y porque no se dan los presupuestos señalados por la jurisprudencia Constitucional para flexibilizar el mencionado requisito. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de la acción de tutela10.

8 Índice 8 del expediente digital disponible en Samai 9 Índice 12 del expediente digital disponible en Samai 10 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia

9 Índice 12 del expediente digital disponible en Samai 10 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).Radicado: 11001-03-15-000-2025-07184-00

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J. Caso Concreto

20. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, pues el actor interpuso la demanda por fuera del plazo que la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado como razonable para cuestionar providencias judiciales en

20. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, pues el actor interpuso la demanda por fuera del plazo que la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado como razonable para cuestionar providencias judiciales en sede de tutela, que es seis meses a partir de la notificación de la provid encia objeto de tutela11.

21. La Corte Constitucional ha señalado que, aunque la acción de tutela no está sometida a un término de caducidad, su ejercicio sí está condicionado por el principio de inmediatez, entendido como una exigencia de presentar la demanda en un plazo razonable contado desde la ocurrencia del hecho que origina la vulneración o amenaza alegada12. Este requisito es esencial para determinar si la situación que afecta el derecho realmente es apremiante. Cuando existe un retraso excesivo e injustificado, puede concluirse que ni siquiera el titular del derecho percibe su situación como urgente, lo que desvirtúa la necesidad de una intervención inmediata del juez constitucional y la naturaleza expedita propia de la acción de tutela13.

22. Adicionalmente, en relación con demandas de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha considerado que el análisis del requisito de inmediatez debe ser especialmente riguroso, a fin de no comprometer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada14. Esto, en vista de que la firmeza de las decisiones judiciales no puede permanecer indefinidamente en incertidumbre. Un escenario así impediría a las partes conocer con certeza el alcance de sus derechos, afectaría el derecho de acceso a la administración de justicia, que comprende la firmeza y ejecutoriedad de las decisiones

permanecer indefinidamente en incertidumbre. Un escenario así impediría a las partes conocer con certeza el alcance de sus derechos, afectaría el derecho de acceso a la administración de justicia, que comprende la firmeza y ejecutoriedad de las decisiones judiciales, y generaría un clima de inestabilidad jurídica.

23. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional15 ha reconocido que, de manera excepcional, la acción de tutela puede ser procedente incluso cuando ha transcurrido un periodo amplio entre el hecho generador de la vulneración y su interposición cuando se demuestra: (i) la existencia de un motivo válido qu e explique la inactividad del accionante, como situaciones de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o una incapacidad física o material; (ii) que la inactividad injustificada compromete el núcleo esencial de los derechos de terceros afectado s con la decisión; (iii) que existe un nexo causal entre la presentación tardía de la acción y la vulneración alegada; o (iv) que la afectación es permanente y actual, de modo que, aunque el hecho que la originó sea antiguo, los efectos lesivos persisten y continúan vulnerando los derechos del accionante. 23.1. En el caso bajo estudio, la Sala evidencia que los reparos elevados por el accionante están dirigidos exclusivamente contra los autos del 23 de enero de 2024 y 30 de

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01. C.P . Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 12 Corte Constitucional. Sentencias T-020 de 2021, T-143 y T-061 de 2019.

11001-03-15-000-2012-02201-01. C.P . Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 12 Corte Constitucional. Sentencias T-020 de 2021, T-143 y T-061 de 2019. 13 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019, reiterada por la sentencia T-234 de 2020. 14 Corte Constitucional, Sentencia del 30 de abril de 2015, Sentencia T-246 de 2015, MP Martha Victoria Sáchica Méndez. 15 Corte Constitucional, sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07184-00

Accionante: Edwar Augusto Murcia Sánchez Se declara la improcedencia de la demanda

septiembre de 2024 proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, en el proceso ejecutivo radicado con el núm. 52001 -33-33-002-2023-00265-01 (14239), a través de los cuales se negó el mandamiento de pago por haber operado el fenómeno de la caducidad.

24. En ese sentido, de las pretensiones de la demanda de tutela es posible advertir que la inconformidad de la accionante data desde que se profirió el auto del 30 de septiembre de 2024 , el cual fue notificad o a las partes mediante estado electrónico del 18 de noviembre de 2024. En vista de que la demanda de tutela fue presentada

la inconformidad de la accionante data desde que se profirió el auto del 30 de septiembre de 2024 , el cual fue notificad o a las partes mediante estado electrónico del 18 de noviembre de 2024. En vista de que la demanda de tutela fue presentada el 13 de noviembre de 2025, resulta evidente que transcurrió casi un año desde la notificación de la decisión judicial y, en ese sentido, se superó excesivamente el término de inmediatez de seis meses previsto por la jurisprudencia de esta Corporación. 24.1. Sumado a lo anterior, en la demanda de tutela el actor no alegó, ni demostró, -y la Sala tampoco advierteuna situación especial que permitiera flexibilizar o inaplicar el término de inmediatez según las excepciones desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala d e lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado Magistrado