CE - Sentencia 11001031500020250719600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-07196-00

Accionante: ENEIDA JOHANNA CORREA ÁLVAREZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra el Tribunal Administrativo del Quindío . Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 19 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Eneida Johanna Correa Álvarez, actuando por medio de apoderada judicial, presentó acción de tutela en el Tribunal Administrativo del Quindío. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al «principio de favorabilidad».

Quindío. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al «principio de favorabilidad».

2. Las anteriores garantías fundamentales las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por la autoridad judicial

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionad a a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío . Asimismo, se vinculó al Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, al Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduprevisora S.A., al departamento del Quindío , al municipio de Armenia y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.Accionante: Eneida Johanna Correa Álvarez Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Radicado: 11001-03-15-000-2025-07196-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

accionada. Mediante dicha decisión, confirmó la providencia del 4 de diciembre de 2024 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia que negó las pretensiones de la demanda. Ello, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-003-2024-00204-00/01.

pretensiones de la demanda. Ello, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-003-2024-00204-00/01.

3. En concreto, la parte accionante solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia proferida el día 29 de mayo de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001 -3333-003-2024-00204-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora ENEIDA JOHANNA CORREA ALVAREZ, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la pr ovidencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular de la docente ENEIDA JOHANNA CORREA ALVAREZ a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.3

1.2. Hechos

4. La señora Eneida Johanna Correa Álvarez es docente oficial en escalafón

2A. Señaló que el gobierno Nacional incrementó el régimen salarial para el

1.2. Hechos

4. La señora Eneida Johanna Correa Álvarez es docente oficial en escalafón

2A. Señaló que el gobierno Nacional incrementó el régimen salarial para el personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002, durante los años 2005, 2006 y 2007. No obstante, en el 2011 decretó aumentos porcentuales in equitativos en la asignación básica, sin que mediara una justificación previa, razonada y suficiente.

5. Por lo anterior, presentó ante el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del municipio de Amenia una reclamación administrativa por estimar que el Decreto 1027 de 20114 tuvo un trato discrimina torio en su contra, por haber incrementado en mayor cuantía el salario para los docentes del escalafón 3A con maestría (3AM)5. En particular, solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales entre los escalafones referidos.

6. No obstante, dichas entidades negaron la petición mediante los oficios No.

ARM2024EE004336 del municipio de Armenia y 2024-EE076382 del Ministerio de Educación Nacional.

3 Transcripción literal que puede contener errores. 4 El cual fijó el régimen salarial y prestacional de los empleados del Estado para el año 2011. 5 Adujo que, para el 2011, la categoría 3AM del escalafón docente recibió un incremento salarial del 11,3%, mientras que la categoría 2A únicamente del 5,7%.Accionante: Eneida Johanna Correa Álvarez

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío,

del 11,3%, mientras que la categoría 2A únicamente del 5,7%.Accionante: Eneida Johanna Correa Álvarez Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Radicado: 11001-03-15-000-2025-07196-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7. En consecuencia, el accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del municipio de Amenia, con el fin de lograr la inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 de 20246, que fijó la escala salarial del personal docente y la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales entre los empleados de diferentes escalafones.

8. Al proceso se le asignó el radicado 63001-3333-003-2024-00204-00/01 y le fue repartido al Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, que, en sentencia del 4 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda. En concreto, señaló que, dado que los grados se establecen con base en la formación académica, no puede equipararse un nivel salarial con otro y, en este caso, es posible dar un trato diferenciado de conformidad con los principios que la norma dispuso con el fin de incitar la profesionalización y excelencia de los docentes.

9. En ese sentido, sostuvo que las diferencias salariales aludidas en la

posible dar un trato diferenciado de conformidad con los principios que la norma dispuso con el fin de incitar la profesionalización y excelencia de los docentes.

9. En ese sentido, sostuvo que las diferencias salariales aludidas en la demanda se encuentran justificadas por el legislador, en razón a que tiene en cuenta la inflación y los factores de formación, capacitación y excelencia de los empleados.

10. Inconforme con la decisión, la señora Correa Álvarez interpuso recurso de apelación. Sostuvo que, en los años 2008, 2009 y 2011 el Gobierno Nacional no sustentó debidamente el porqué del incremento salarial de manera desigual entre los docentes con escalafón 2A y 3AM, a pesar de que en los años anteriores el aumento año tras año venía siendo homogéneo.

11. Mediante sentencia del 29 de mayo de 2025 , Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la sentencia de primera instancia. Al respecto, indicó que el incremento del salario de los docentes de los escalafones 2A y 3AM desde el año 2011 hasta el 2024 ha sido exactamente el mismo en los puntos porcentuales.

12. En ese orden, el tribunal concluyó lo siguiente:

[…] el presunto incremento desigual y diferenciado en los grados 2A y 3AM para el año 2011 parte de una equivocación en el comparativo salarial entre el año 2010 y 2011, pues la parte actora tomó como referencia el Decreto 1367 de 26 de abril de 2010 sin advertir que éste fue modificado por el artículo 1º del Decreto 2940 de 05 de agosto de 2010 y con efectos

el año 2010 y 2011, pues la parte actora tomó como referencia el Decreto 1367 de 26 de abril de 2010 sin advertir que éste fue modificado por el artículo 1º del Decreto 2940 de 05 de agosto de 2010 y con efectos retroactivos a 01 de enero de 2010 en lo que respecta a la asignación básica de los distintos grados y niveles del escalafón.

Así las cosas, si se toma como base para el Grado 2A y 3AM la asignación básica del Decreto 1367 de 2010, esto es, $1.194.726 y $1.899.604 respectivamente, y se compara con la prevista en el Decreto 1027 de 2011

6 Por ser el único decreto vigente que regule la asignación salarial de los docentes oficiales y, por ello, en el que se ve reflejado el trato desigual que se ha arrastrado desde los años 2008, 2009 y 2011.Accionante: Eneida Johanna Correa Álvarez Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Radicado: 11001-03-15-000-2025-07196-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

que en el grado 2A fijó $1.262.811 y para el 3AM $2.113.533, se advierte en efecto un incremento del 5,7% para el 2A y del 11,3% para el 3AM, sin embargo, al efectuar el comparativo con el Decreto 2940 de 2010 modificatorio del 1367 del mismo año – cuya asignación básica para el 2A

embargo, al efectuar el comparativo con el Decreto 2940 de 2010 modificatorio del 1367 del mismo año – cuya asignación básica para el 2A fue $1.224.009 y para el 3AM $2.048.592 - se tiene que el porcentaje de incremento porcentual fue el mismo para dichos grados y categorías.

1.3. Sustento de la vulneración

13. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, debido a que realizó una interpretación «irrazonable y desproporcionada» de las normas aplicables al caso, en particular, el artículo 13 de la Constitución Po lítica que garantiza el derecho a la igualdad, la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1278 de 20027.

14. A su juicio, la autoridad judicial accionada se limitó a plantear un debate comparativo entre los grados 2A y 3A M del escalafón, en lugar de verificar si existían razones objetivas y constitucionales que justificaran el incremento salarial desigual.

15. Asimismo, señaló que se desconoció el precedente fijado en la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional que estableció la exigencia que recae ante las autoridades de presentar una justificación objetiva para los tratos diferenciados en materia salarial.

16. Finalmente, sostuvo que también incurrió en un defecto f áctico por indebida valoración probatoria, ya que no se allegó ninguna prueba que demostrara que el Decreto 1027 de 2011 fue proferido con alguna razón válida que justificara el trato inequitativo entre los escalafones de docentes.

1.4. Intervenciones

demostrara que el Decreto 1027 de 2011 fue proferido con alguna razón válida que justificara el trato inequitativo entre los escalafones de docentes.

1.4. Intervenciones

17. La Gobernación del Quindío solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, ya que la accionante plantea una controversia de naturaleza estrictamente económica , pues lo reclamado son incrementos salariale s que no constituyen un derecho fundamental. Por otra parte, señaló que tampoco acreditó la configuración de algún defecto y que no existe la vulneración a los derechos fundamentales que alega.

18. La Secretaría de Educación de Armenia señaló que la accionante pretende constituir una tercera instancia al proceso ordinario y, en consecuencia, revivir una controversia que ya fue objeto de debate en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

7 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente».Accionante: Eneida Johanna Correa Álvarez Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Radicado: 11001-03-15-000-2025-07196-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

19. Finalmente, el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia , luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso, indicó la acción de tutela interpuesta por la demandante es una simple inconformidad con el criterio judicial adoptado por los jueces naturales de la causa.

20. En ese sentido, señaló que dicha acción constitucional no procede cuando

acción de tutela interpuesta por la demandante es una simple inconformidad con el criterio judicial adoptado por los jueces naturales de la causa.

20. En ese sentido, señaló que dicha acción constitucional no procede cuando la parte demandante solo manifiesta un desacuerdo con la providencia judicial que reprocha, ya que es necesario demostrar la existencia de un defecto que haga la decisión ar bitraria o caprichosa, circunstancia que no ocurre en el caso objeto de estudio.

II. CONSIDERACIONES

21. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional presentada por la señora Eneida Johanna Correa Álvarez. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de la relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales

22. El Consejo de Estado 8 y la Corte Constitucional 9, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales 10 y a la configuración de algún defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos gene rales de procedencia.

23. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra

improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

24. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005. 10 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza. 11 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto p rocedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.Accionante: Eneida Johanna Correa Álvarez Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Radicado: 11001-03-15-000-2025-07196-00

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procedencia referidos, en el caso sub examine.

25. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

26. La Sala advierte que la señora Eneida Johanna Correa Álvarez está legitimado en la causa por activa, porque fungió como demandante dentro del medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.

27. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Quindío está legitimada en la causa por pasiva por haber proferido la decisión rep rochada mediante el presente trámite constitucional.

28. Relevancia constitucional . De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional12, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el

Corte Constitucional12, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo s e desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

29. Como se expuso previamente, la accionante reprocha la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada. Mediante esta decisión confirmó la sentencia del 4 de diciembre de 2024 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia que negó las pretensiones de la demanda.

30. A su juicio, el tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo y factico por no sustentar con razones objetivas y jurídicas el trato discriminatorio en materia salarial. Ello, pues, según su criterio, el Decreto 1027 de 2011 se realizó un trato desigual en el incremento del salario de los docentes de los escalafones

2A y 3AM. Además, consideró que no se allegó ninguna prueba al proce so que demostrara que el mencionado decreto hubiese sido proferido con fundamento en una razón «válida» que justifique el trato diferenciado.

2A y 3AM. Además, consideró que no se allegó ninguna prueba al proce so que demostrara que el mencionado decreto hubiese sido proferido con fundamento en una razón «válida» que justifique el trato diferenciado.

31. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por la parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir una tercera

12 Sentencia SU-215 de 2022.Accionante: Eneida Johanna Correa Álvarez Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Radicado: 11001-03-15-000-2025-07196-00

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instancia, pues sus reproches demuestran una mera inconformidad con los criterios adoptados por la autoridad judicial accionad a, sin que medie una argumentación encaminada a evidenciar la presunta transgresión de sus garantías constitucionales que justifique la intromisión del juez de tutela.

32. Se evidencia que Tribunal Administrativo del Quindí o explicó con suficiencia las razones por las cuales no existió, desde el año 2011, el presunto incremento salarial desigual y diferenciado de los escalafones referidos. Para llegar a esa conclusión, puso de presente que el accionante ignoró que el Decreto 1367 de 26 de abril de 2010 fue modificado por el Decreto 2940 de 2010, con el fin de ajustar la diferencia porcentual en el incremento salarial que se había consumado.

33. En ese sentido, estimó que el incremento del salario de los docentes de

fin de ajustar la diferencia porcentual en el incremento salarial que se había consumado.

33. En ese sentido, estimó que el incremento del salario de los docentes de los escalafones 2A y 3AM desde el año 2011 hasta el 2024 ha sido exactamente el mismo en los puntos porcentuales.

34. Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por la parte actora , más allá de pretender demostrar los presuntos defectos sustantivo y fáctico en los que incurrió la corporación accionada, reflejan una mera inconformidad con la decisión del juez de instancia al concluir que no existió un incremento salarial desigual , de lo cual no se deriva una verdadera cuestión iusfundamental que requiera la intervención del juez constitucional.

35. Por el contrario, la accionante se limitó a insistir en la existencia de un trato discriminatorio, con el fin de imponer su criterio jurídico al que se fijó en el fallo cuestionado.

36. Por lo anterior, se advierte que formular un simple desacuerdo con una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

37. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas

37. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

38. En definitiva, se reitera que para la Sala resulta evidente que la presente acción tutela y los cargos que aduce la accionante, son una mera inconformidad por lo decidido por el juez natural de la causa. Por ende, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia

constitucional.Accionante: Eneida Johanna Correa Álvarez Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Radicado: 11001-03-15-000-2025-07196-00

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora Eneida Johanna Correa Álvarez contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx