CE - Sentencia 11001031500020250721400 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de diciembre dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00

Demandante: GIOVANNI HERALDO LEAL RUIZ

Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: el actor cuestionó las providencias de primera y segunda instancia que declararon la nulidad de la elección del actor como como diputado de la Asamblea Departamental de Santander, para el periodo 2024-2027. Sin embargo, el amparo será declarado improcedente por incumplir el requisito de relevancia constitucional en cuanto a los defectos anotados frente a la sentencia, toda vez que la acción de tutela no está prevista para cuestionar desacuerdos meramente subjetivos de las partes inconformes con el sentido de las decisiones judiciales, sino para enmendar violaciones evidentes y trascendentes de derechos fundamentales derivadas de actuaciones judiciales abiertamente arbitrarias ni para proponer argumentos nuevos que se dejaron de proponer en la oportunidad procesal correspondiente.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Giovanni Heraldo Leal Ruiz1

actuaciones judiciales abiertamente arbitrarias ni para proponer argumentos nuevos que se dejaron de proponer en la oportunidad procesal correspondiente.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Giovanni Heraldo Leal Ruiz1 en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Santander para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, mínimo vital, seguridad social y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencias del 4 de septiembre y 14 de marzo de 2025 , proferidas por dichas autoridades judiciales.

I. ANTECEDENTES

1 El escrito fue radicado el 14 de noviembre de 2025.2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00

Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz Acción de tutela

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Los señores Mauricio Gómez Niño y Tania Lizeth Bautista Peñaloza presentaron demandas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, para obtener la nulidad del Formulario E-26 ASA del 12 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Giovanni Heraldo Leal Ruiz como diputado de la Asamblea Departamental de Santander, para el periodo 2024-2027.

1. La demanda se sustentó en que el señor Leal Ruiz, militante del Partido Verde, se encontraba inhabilitado para ser elegido diputado, en los términos del numeral 5 del

Departamental de Santander, para el periodo 2024-2027.

1. La demanda se sustentó en que el señor Leal Ruiz, militante del Partido Verde, se encontraba inhabilitado para ser elegido diputado, en los términos del numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, debido a que es pariente en segundo grado de consanguinidad con la señora Luz Dana Leal Ruiz, directora de Empleo y Trabajo del SENA, desde el 7 de septiembre de 2022.

1. A través de proveído del 31 de octubre de 2024, el tribunal dispuso i) el trámite de sentencia anticipada, iii) negó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral; iii) incorporó las pruebas allegadas por las partes, iv) decretó las documentales requeridas por el extremo activo de la litis y negó otra, que obraba en el expediente.

1. Asimismo, fijó el litigio2, decisión contra la cual el demandado formuló recurso de reposición por considerar que en la fijación del litigio se omitió indicar la causal de inhabilidad propuesta por los demandantes y los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; recurso resuelto con proveído del 25 de noviembre de 2025 que decidió no reponer.

2 “Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la nulidad de la elección del señor GIOVANNI

HERALDO LEAL RUIZ como diputado del Departamento de Santander para el periodo constitucional 20242027, contenida en el Formulario E26 ASA del 12 de noviembre de 2023. 2) Para ello se deberá establecer si el señor GIOVANNI HERALDO LEAL RUIZ, incurrió en la inhabilidad para ser Diputado, relacionada con el vínculo de parentesco en tercer grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los doce meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento”.3

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Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz Acción de tutela

1. Adicionalmente, en dicha providencia se tuvo como coadyuvantes a los señores Ángel María Álvarez y Luis David Rojas Cruz, quienes presentaron sus escritos el 5 y 6 de noviembre de 2024, quienes indicaron que, conforme con las Resoluciones 564 de 2011 y 2249 de 2023, el cargo de directora de Empleo y Trabajo del SENA, que desempeña la hermana del demandado, tenía la función delegada de suscribir contratos y convenios con los beneficiarios del Fondo Emprender, entre ellos con las Unidades Tecnológicas de Santander, previa invitación cerrada, por parte de la aludida funcionaria.

1. Mediante sentencia del 14 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección, tras determinar, con base en los registros civiles de nacimiento que, efectivamente, el demandado tenía un vínculo de parentesco con la referida servidora.

1. La Registraduría Nacional del Estado Civil apeló para solicitar que se declarara la falta

nacimiento que, efectivamente, el demandado tenía un vínculo de parentesco con la referida servidora.

1. La Registraduría Nacional del Estado Civil apeló para solicitar que se declarara la falta de legitimación por pasiva, ya que únicamente es la encargada de organizar las elecciones y, en materia de escrutinios, cumple funciones secretariales, por tanto, no tuvo injerencia en la expedición del acto demandado (E–26 ASA que declaró la elección de los diputados de Santander).

1. Por su parte, el demandado también apeló y alegó que el a quo basó su decisión en la delegación de funciones que hizo el director general del SENA, a través de Resolución no. 2249 del 7 de noviembre de 2023; sin embargo, dicho acto administrativo es posterior a la celebración de los comicios y a la correspondiente elección del diputado.

1. Luego entonces, la sentencia parte de una premisa imposible al momento de estudiar si se configuró o no la causal inhabilitante invocada en las demandas de nulidad electoral, consistente en fundamentar la inhabilidad a partir de eventos ocurridos con posterioridad a la elección, como si estos fueran retroactivos, toda vez que el periodo que genera inhabilidad transcurrió entre el 23 de octubre de 2022 y el 23 de octubre de 2023.

1. En su criterio, el tribunal transcribió algunas consideraciones de la Resolución no. 2249 de 2023, relacionadas con “[...] la Resolución 564 del 8 de abril de 2012 [sic] por la cual el Director General del SENA realizó una delegación especial en cabeza de la señora Luz Dana Leal Ruíz [...]”, no obstante, no advirtió que este último acto administrativo se

cual el Director General del SENA realizó una delegación especial en cabeza de la señora Luz Dana Leal Ruíz [...]”, no obstante, no advirtió que este último acto administrativo se refiere, de manera explícita, a la delegación de firmas de contratos y no a la celebración4

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Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz Acción de tutela

de dichos negocios jurídicos, frente a los cuales existe una clara diferencia, según lo dispuesto en la Ley 489 de 1998.

1. A su juicio, la delegación de las funciones, no solo de contratación, sino de todo el manejo del Fondo Emprender, se realizó a partir del 7 de noviembre de 2023, cuando el mismo director del SENA derogó de manera expresa la Resolución no. 564 de 2011 y la sustituyó con la Resolución no. 2249 de 2023.

1. Por último, en cuanto a que las funciones desempeñadas por su hermana se extendían automáticamente a todos los departamentos del país, debido a su vinculación con el SENA, entidad del orden nacional, estimó que esa interpretación desconoce lo establecido en la sentencia SU-207 de 2022, en la que se exige demostrar la probabilidad real del ejercicio de funciones en la circunscripción electoral del elegido; en ese orden, era necesario analizar si la señora Luz Dana Leal Ruíz, en su condición de directora de Empleo y Trabajo del SENA, tuvo un impacto concreto en el departamento de Santander.

1. Sin embargo, por medio de fallo del 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión, en suma, por considerar que la delegación

1. Sin embargo, por medio de fallo del 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión, en suma, por considerar que la delegación conferida a la hermana del demandado, implicó el ejercicio de autoridad administrativa que podía desarrollar en todo el país, por lo cual se configuró la causal de inhabilidad referida.

Fundamento de la vulneración

El actor alegó que las autoridades judiciales accionadas omitieron aplicar el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 de 2022, reiterado en pronunciamientos posteriores, según el cual, cuando la inhabilidad por parentesco involucra a un funcionario de nivel territorial distinto o superior al del cargo de elección popular, el juez está obligado a realizar un examen estricto, concreto y probatorio de la probabilidad real –no meramente potencial– de ejercicio de autoridad administrativa en la circunscripción correspondiente.

En el caso concreto, tanto el Tribunal Administrativo de Santander como la Sección Quinta del Consejo de Estado se limitaron a inferir el elemento territorial de la inhabilidad a partir del carácter nacional del cargo ocupado por la hermana del accionante y del alcance general del Fondo Emprender, sin demostrar, con base en una prueba específica,5

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Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz Acción de tutela

la existencia de una probabilidad real de ejercicio de autoridad administrativa en el departamento de Santander.

Este razonamiento se apartó del precedente constitucional obligatorio, pues sustituye el análisis concreto exigido por la Corte por una inferencia fundada exclusivamente en la

departamento de Santander.

Este razonamiento se apartó del precedente constitucional obligatorio, pues sustituye el análisis concreto exigido por la Corte por una inferencia fundada exclusivamente en la cobertura territorial de la entidad, lo cual resulta incompatible con el carácter restrictivo del régimen de inhabilidades y con la protección reforzada de los derechos políticos.

En segundo lugar, consideró que se presentó un defecto sustantivo, en tanto las accionadas realizaron una interpretación extensiva e irrazonable del numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 por considerar que la sola suscripción de contratos – derivada de una delegación administrativa– equivalía, sin más, al ejercicio de autoridad administrativa en el respectivo departamento.

En particular, las instancias judiciales asimilaron la delegación de firma con la delegación de funciones contractuales, con lo cual desconocieron que, conforme con el parágrafo del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 y la interpretación vinculante de la Corte Constitucional, la delegación de firma no comporta traslado de competencias ni ejercicio autónomo de autoridad, sino una actuación material que no genera responsabilidad decisoria ni capacidad de mando.

Al fundar la nulidad electoral en dicha equiparación, las autoridades accionadas aplicaron la norma de inhabilidades de forma contraria a su sentido restrictivo y a los parámetros constitucionales que gobiernan las limitaciones a los derechos políticos, incurriendo así en una aplicación sustantivamente incompatible con la Constitución.

Finalmente, alegó que se configuró de un defecto fáctico, por una parte, por cuanto las decisiones judiciales cuestionadas carecen de soporte probatorio suficiente para acreditar el ejercicio -o la probabilidad real de ejerciciode autoridad administrativa en el

Finalmente, alegó que se configuró de un defecto fáctico, por una parte, por cuanto las decisiones judiciales cuestionadas carecen de soporte probatorio suficiente para acreditar el ejercicio -o la probabilidad real de ejerciciode autoridad administrativa en el departamento de Santander por parte de la funcionaria referida.

Por otra parte, en primer lugar, se reprochó que las providencias judiciales incurrieron en un falso supuesto fáctico, al dar por acreditado que la señora Luz Dana Leal Ruíz ejerció autoridad administrativa en el Departamento de Santander, sin que existiera prueba alguna que demostrara una probabilidad real, concreta y específica de ejercicio funcional en dicha circunscripción. Se sostuvo que el solo hecho de desempeñar un cargo del orden6

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nacional no permite inferir automáticamente el ejercicio de autoridad en todas las entidades territoriales comprendidas en el territorio nacional, por lo cual la conclusión judicial careció de sustento probatorio suficiente y vulneró las reglas de valoración de la prueba.

En segundo término, se alegó que las instancias fundamentaron su decisión en pruebas que no fueron válidamente incorporadas al proceso, concretamente las Resoluciones 2249 de 2023 y 564 de 2011, las cuales no fueron decretadas dentro de las oportunidades procesales legales, ya que dichos actos fueron allegados de manera extemporánea, con posterioridad al auto que decretó pruebas, sin que se adicionara el decreto probatorio ni se corriera traslado a las partes para su contradicción, lo que comportó una vulneración directa del debido proceso y del derecho de defensa, al haberse valorado material

posterioridad al auto que decretó pruebas, sin que se adicionara el decreto probatorio ni se corriera traslado a las partes para su contradicción, lo que comportó una vulneración directa del debido proceso y del derecho de defensa, al haberse valorado material probatorio irregular.

Finalmente, se reprochó que tales irregularidades se originaron en una extralimitación de las facultades del coadyuvante, quien, mediante el escrito de coadyuvancia, introdujo cargos nuevos y autónomos que no estaban contenidos en las demandas originales y que, además, fueron propuestos por fuera del término de caducidad del medio de control. A pesar de ello, las autoridades judiciales no corrigieron dicha anomalía procesal y, por el contrario, estructuraron la ratio decidendi del fallo sobre esos cargos y pruebas irregulares, consolidando así un defecto fáctico determinante en la decisión de nulidad electoral.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“PRIMERO: DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneraron los derechos fundamentales a elegir y ser elegido, acceder a cargos públicos, igualdad y debido proceso, con ocasión de las sentencias proferidas el 14 de marzo de 2025 y el 4 de septiembre de 2025, respectivamente, dentro del proceso de Nulidad Electoral radicado 68001233300020230082700/02.

SEGUNDO: Atendiendo a tal declaración, se solicita DEJAR SIN EFECTOS las providencias accionadas, y, en su lugar, ORDENAR a la Sección Quinta que emita una nueva decisión de segunda instancia que atienda las consideraciones

SEGUNDO: Atendiendo a tal declaración, se solicita DEJAR SIN EFECTOS las providencias accionadas, y, en su lugar, ORDENAR a la Sección Quinta que emita una nueva decisión de segunda instancia que atienda las consideraciones que se expongan en el fallo de t utela y, en consecuencia, niegue las pretensiones de nulidad electoral”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI- índice 2).7

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Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz Acción de tutela

Actuación procesal

Mediante auto del 19 de noviembre de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Santander, al tiempo que se vinculó como tercero con interés, a los señores Mauricio Gómez Niño y Tania Lizeth Bautista registrador, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los magistrados del Consejo Nacional Electoral y a los miembros de la Asamblea Departamental de Santander, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 07 de Samai).

Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

El señor Mauricio Gómez Niño consideró que el actor se limitó a controvertir la interpretación realizada por los jueces de instancia sobre la inhabilidad prevista en el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, lo cual constituye un debate de mera legalidad propio del proceso ordinario y no una cuestión de alcance constitucional, por tanto, era claro que

interpretación realizada por los jueces de instancia sobre la inhabilidad prevista en el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, lo cual constituye un debate de mera legalidad propio del proceso ordinario y no una cuestión de alcance constitucional, por tanto, era claro que lo pretendido era reabrir la discusión sobre si su hermana ejerció o no autoridad administrativa, convirtiendo la tutela en una tercera instancia (índice 13 de Samai).

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron ser desvinculadas del presente trámite por carecer de falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no tuv ieron injerencia en las decisiones cuestionadas, ni las pretensiones formuladas guardan relación con sus competencias o actuaciones (índice 14 de Samai).

El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado (índice 16 de Samai) destacó que el actor insistió nuevamente en un aspecto que ya había alegado en el recurso de apelación, esto es, en el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU 207 de 2022 de la Corte Constitucional, argumento que busca provocar un nuevo pronunciamiento que favorezca sus intereses.

En cuanto a que la delegación efectuada por medio de la Resolución no. 564 de 2011 no involucraba la celebración de contratos, sino que se limitaba a su firma, sostuvo que ese aspecto también fue planteado en el recurso de apelación y abordado en el fallo objeto de censura, de tal manera que, sin mayor esfuerzo argumentativo, lo que aquí se busca8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00

Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz Acción de tutela

de censura, de tal manera que, sin mayor esfuerzo argumentativo, lo que aquí se busca8

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Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz Acción de tutela

es traer a colación, nuevamente, un debate que ya fue zanjado por el juez ordinario y que no tiene la relevancia constitucional.

Por último, respecto a que las pruebas allegadas por un coadyuvante no fueron legalmente incorporadas y, por tanto, no pudo ejercer su derecho de contradicción, precisó que, tal como se referenció en el auto del 25 de noviembre de 2024 expedido por a quo, se admitió dicha coadyuvancia, entendiéndose que era posible la intervención de estos terceros con las implicaciones que la norma procesal contempla en punto a la posibilidad de aportar pruebas, sin que para el efecto, el entonces demandado, haya alegado la supuesta irregularidad que ahora si advierte en sede de tutela.

La señora Tania Lizeth Bautista solicitó declarar improcedente la acción por incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad o, en su defecto, negarla por considerar que no existe vulneración de los derechos fundamentales del actor (índice 18 de Samai).

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitudes de desvinculación, 3) delimitación del asunto y 4) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitudes de desvinculación, 3) delimitación del asunto y 4) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.9

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Solicitudes de desvinculación

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, la Sala negará dichas solicitudes, toda vez que ambas fueron vinculadas al presente trámite en calidad de terceros con interés por haber intervenido en el proceso de nulidad electoral, con el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción y para que aportaran los elementos probatorios que obraran en su poder, sin que ello implique at ribuirles responsabilidad directa en las providencias judiciales cuestionadas.

Delimitación de un asunto

elementos probatorios que obraran en su poder, sin que ello implique at ribuirles responsabilidad directa en las providencias judiciales cuestionadas.

Delimitación de un asunto

A partir de los reproches planteados en el escrito de tutela la Sala advierte que están dirigidos a cuestionar tanto la sentencia del 4 de septiembre de 2025 como la del 14 de marzo de 2025, proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, sin embargo, el análisis únicamente se centrará en la primera, debido a que fue la que le puso fin al medio de control de nulidad electoral.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 4 de septiembre de 2025.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.10

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Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz Acción de tutela

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00

Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz Acción de tutela

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientad os a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente3, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de

3 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00

Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz Acción de tutela

manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal4”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal4”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales5”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las

pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un

4 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radi