CE - Sentencia 11001031500020250721800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07218-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: EFRAÍN ANDRÉS PANIAGUA GUERRERO

TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO

GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA

PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN

SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA

ADMINITRACÍON DE JUSTICIA Y BUENA FE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SALA DE DECISIÓN ORAL NÚM. 1 DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL META1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor EFRÁIN ANDRÉS PANAGUA GUERRERO , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1 En adelante el Tribunal.2

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Actor: EFRAÍN ANDRÉS PANIAGUA GUERRERO

1 En adelante el Tribunal.2

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Actor: EFRAÍN ANDRÉS PANIAGUA GUERRERO

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artículo 86 de la Constitución Polític a, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica , los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de 10 de julio de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2017-00421-02.

I.2. Hechos

Manifestó que laboró como miembro de nivel ejecutivo de la POLICÍA NACIONAL 2, en el que fue víctima de un atentado terrorista el 26 de enero de 2008, razón por la que mediante Acta núm. 3142 de 22 de junio de 2010, la Junta Medico Laboral de dicha entidad determinó su pérdida de capacidad laboral del 13%.

Señaló que, posteriormente, el 7 de julio de 2012, fue víctima de una agresión, por lo que la valoración de pérdida de capacidad laboral se incrementó en 31.71%, razón por la que fue retirado del servicio activo mediante Resolución núm. 0435 de 6 de noviembre de 2013.

agresión, por lo que la valoración de pérdida de capacidad laboral se incrementó en 31.71%, razón por la que fue retirado del servicio activo mediante Resolución núm. 0435 de 6 de noviembre de 2013.

2 En adelante Policía Nacional.3

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Sostuvo que, a través de otra valoración, la Junta Médico Laboral de la Policí a mediante Acta núm. 4575 de 7 de febrero de 2014 , determinó su pérdida de capacidad laboral del 38.20%.

Resaltó que inconforme con dicha valoración, solicitó una nueva a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, la cual a través de Acta núm. 4508 de 22 de julio de 2016, le dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 50.50%.

Manifestó que por lo anterior, le solicitó a la POLICÍA NACIONAL el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, no obstante, tal reclamación fue resuelta desfavorablemente mediante Oficio núm. S 2017-032055/ARPRE-GRUPE-1,10 de 11 de julio de 2017.

Aseguró que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra l a NACIÓN2017-032055/ARPRE-GRUPE-1,10 de 11 de julio de 2017.

Aseguró que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra l a NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, el cual correspondió por reparto al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO 3 que, en sentencia de 20 de febrero de 2020 , declaró la nulidad del acto cuestionado y, en consecuencia, le ordenó a la fuerza pública

3 En adelante Juzgado.4

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reconocer y pagarle la pensión de invalidez , con efectos fiscales a partir del 6 de noviembre de 2013.

Indicó que inconforme con lo anterior, la POLICÍA NACIONAL interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 10 de julio de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda , puesto que, a su juicio, existían vacíos en el dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta.

I.3 Fundamentos de la solicitud

su lugar, denegó las pretensiones de la demanda , puesto que, a su juicio, existían vacíos en el dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, por cuanto omitió la valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente , pues decretó de manera oficiosa una nueva, situación que condujo a tener como demostrado unos hechos desfavorables a sus intereses.

Señaló que el TRIBUNAL debió efectuar un análisis razonado de las circunstancias planteadas en la demanda y, además, observar solamente la valoración hecha por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta . Sumado a ello, entr ó analizar situaciones fácticas y jurídicas que no eran objeto del recurso de alzada.5

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Indicó que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento del precedente, por cuanto se apartó de los pronunciamientos de l Consejo de Estado 4 en los que ha determinado que los dictámenes de las juntas regionales de Calificación de Invalidez tienen pleno valor probatorio, y que las lesiones adquiridas en el servicio pueden evolucionar y generar más detrimento en la salud al transcurrir el tiempo.

de las juntas regionales de Calificación de Invalidez tienen pleno valor probatorio, y que las lesiones adquiridas en el servicio pueden evolucionar y generar más detrimento en la salud al transcurrir el tiempo.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…]4.1. Se sirva amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso Judicial (Art. 29 C.Pol.); Igualdad (Art. 13 C. Pol.) a LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; así como las garantías de la Confianza Legitima (Art. 83 C.Pol.) del señor EFRAIN ANDRES PANIAGUA GUERRE RO, vulnerados por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META al incurrir en las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela en contra de sentencias judiciales que fueron explicadas precedentemente.

4.1.1. Por lo anterior, en FORMA PRINCIPAL, respetuosamente solicito a su señoría, se profiera una nueva decisión de fondo, en la que se le respeten en forma definitiva los derechos fundamentales deprecados, examinando el caso concreto de cara a cada una d e las pruebas que obran el proceso de acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, identificado bajo el radicado No. 50 001 33 33 005 2017 00421 02, antes mencionado, y con la aplicación del precedente judicial precitado.

4 El actor citó, entre otras, las sentencias de 10 de noviembre de 1998, expediente núm.13774. M.P.

y con la aplicación del precedente judicial precitado.

4 El actor citó, entre otras, las sentencias de 10 de noviembre de 1998, expediente núm.13774. M.P. Silvio Escudero Castro y de 28 de octubre de 2016, M.P. César Palomino Cortés, expediente núm. 201201112-01.6

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Lo anterior, a fin de no hacer ilusorio las pretensiones de amparo aquí planteadas, y someter al accionante a una nueva decisión judicial.

4.1.2. O en su defecto, en FORMA SUBSIDIARIA, ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, profiera una nueva decisión al interior del citado proceso de acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, identificado bajo el radicado No. 50 001 33 33 005 2017 00421 02, en la que se le respete el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, así como de las mesadas pensionales, al señor Efraín Andrés Paniagua, previa nulidad del acto administrativo demandado que negó la pensión de invalidez.

4.1.3. Por otro lado, en usanza a los principios de igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, buena fe, confianza legitima, se

nulidad del acto administrativo demandado que negó la pensión de invalidez.

4.1.3. Por otro lado, en usanza a los principios de igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, buena fe, confianza legitima, se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, que respete el precedente jurisprudencial que, sobre el particular, ha establecido el Honorable CONSEJO DE ESTADO como Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó negar las pretensiones incoadas en la demanda, puesto que lo que pretende la parte actora al acudir a l presente mecanismo constitucional es crear una tercera instancia adicional al proceso ordinario cuestionado.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La POLICÍA NACIONAL solicitó declarar improcedente la presente solicitud de amparo, puesto que no existe vulneración de derecho fundamental alguno , así como tampoco se evidencia un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada.7

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I.6.2.- El JUZGADO pese a ser notificado, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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I.6.2.- El JUZGADO pese a ser notificado, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actor: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la8

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jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

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jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Ad ministrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a9

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tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a9

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otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por

y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la10

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decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al

necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando11

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando11

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sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h. Violación directa de la Constitución. […]” . (Destacado fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin efecto la sentencia de 10 de julio de 2025, proferida por el TRIBUNAL, que denegó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2017-00421-02.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la buena fe , toda vez que, a su juicio, el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico , por cuanto omitió la valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente, pues decretó de manera oficiosa una nueva, situación que condujo a tener como demostrado unos hechos desfavorables a sus intereses.

valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente, pues decretó de manera oficiosa una nueva, situación que condujo a tener como demostrado unos hechos desfavorables a sus intereses.

Señaló que el TRIBUNAL debió efectuar un análisis razonado de las circunstancias planteadas en la demanda y, además, observar solamente la valoración hecha por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta . Sumado a ello, entró analizar situaciones fácticas y jurídicas que no eran objeto del recurso de alzada.12

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Indicó que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento del precedente, por cuanto se apartó de los pronunciamientos del Consejo de Estado en los que ha determinado que los dictámenes de las juntas regionales de Calificación de Invalidez tienen pleno valor probatorio, y que las lesiones adquiridas en el servicio pueden evolucionar y generar más detrimento en la salud al transcurrir el tiempo.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucion al, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.13

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De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.14

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desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra

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desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga

judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [11].

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y15

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Actor: EFRAÍN ANDRÉS PANIAGUA GUERRERO

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser

ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asunto