CE - Sentencia 11001031500020250721900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

Accionante: Edwin Mora Bayona

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad

Tema: Derechos: debido proceso, acceso a la administración de justicia y trabajo , entre otros . Sentencia que confirmó parcialmente decisión de primera instancia que reconoció existencia de una relación laboral encubierta. Prescripción. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela in staurada por el señor Edwin Mora Bayona, en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

ANTECEDENTES

El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo digno , que considera vulnerados por la sentencia del 13 de mayo de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-3333-004-2014-00506-00 [01].

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que laboró en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) prestando sus

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que laboró en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) prestando sus servicios como escolta programa del Ministerio del Interior, a través de contratos de prestación de servicios en la Seccional DAS Norte de Santander del 1º de septiembre de 2005 al 31 de diciembre de 2008 y en la Seccional DAS Antioquia delRadicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

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2 16 de enero de 2009 al 30 de abril de 2011.

Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del DAS, para que se declarara la existencia de una relación laboral encubierta desde el «01 de diciembre de 2005 hasta el 30 de abril de 2011» y se ordenara el pago de las prestaciones sociales.

Que el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito de Medellín mediante sentencia del 12 de diciembre de 2018 accedió a las pretensiones; la FIDUPREVISORA promovió recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad en providencia del 13 de mayo de 2025 confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, bajo el entendido que con anterioridad al Contrato núm. 44 de 2010 operó el fenómeno de la prescripción y por tanto, el reconocimiento de las prestaciones sociales y demás emolumentos sería desde el 30 de julio de 2010 al 30 de abril de 2011.

núm. 44 de 2010 operó el fenómeno de la prescripción y por tanto, el reconocimiento de las prestaciones sociales y demás emolumentos sería desde el 30 de julio de 2010 al 30 de abril de 2011.

Considera que el Tribunal incurrió en los defectos: fáctico y exceso ritual manifiesto, por: 1) excluir del debate probatorio las certificaciones laborales expedidas por la coordinadora del Grupo Administrativo Financiero y del Talento Humano Seccional DAS Norte de Santander, así como la suscrita por el coordinador Operativo de la Seccional DAS Antioquia y 2) declarar la prescripción con fundamento en «algunos contratos de prestación de servicios allegados por la parte demandante. Maxime cuando la entidad demandada no allego (sic) la totalidad de los contratos (…) a pesar de que fueron solicitados por el juzgado por medio de exhorto».

Alega que de haberse tenido en cuenta las certificaciones mencionadas se encontraba acreditado que la relación laboral terminó el 30 de abril de 2011; de ahí que, la parte actora tenía hasta el 30 de abril de 2014 para radicar la demanda.

Que la reclamación administrativa se radicó el 21 de octubre de 2013; el 20 de febrero se celebró audiencia de conciliación, y la demanda se radic ó el 28 de abril de 2014, es decir, dentro de los 3 años que indica la Sentencia de Unificación CESUJ2 5 de 25 de agosto de 2016.

PRETENSIONES

El accionante pide que se ampare n los derechos invocados y se le ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad que emita una nueva

PRETENSIONES

El accionante pide que se ampare n los derechos invocados y se le ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad que emita una nueva decisión donde valore las certificaciones laborales expedidas por la coordinadora del Grupo Administrativo Financiero y del Talento Humano Seccional DAS Norte de Santander y el coordinador Operativo de la Seccional DAS Antioquia y «se reconozca que no existe prescripción en los tiempos laborados y certificados entre el 01 de septiembre de 2005 y el 30 de abril de 2011».Radicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

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TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente, donde el 20 de noviembre de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y s e vinculó como terceros interesados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Fiduprevisora S.A.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad adujo que las pruebas fueron valoradas dentro del marco legal, con fundamento en la lógica y la sana crítica y que la decisión proferida es una expresión del principio de la autonomía judicial.

Alega que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues l os argumentos expuestos se centran en reprochar la interpretación de los hechos y la supuesta omisión de unas pruebas, es decir que, el actor pretende utilizar este

autonomía judicial.

Alega que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues l os argumentos expuestos se centran en reprochar la interpretación de los hechos y la supuesta omisión de unas pruebas, es decir que, el actor pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia del proceso ordinario.

En relación con la supuesta omisión de las certificaciones citadas por el actor señaló que no fueron inobservadas, sino que las mismas hacen referencia al tiempo de servicios de manera general, sin establecer las fechas de inicio o de terminación de los diferentes contratos de prestación de servicios, lo que no permite contabilizar de manera adecuada si existió o no prescripción.

Que, por lo anterior, verificó el resto del material probatorio obrante y aportado por las partes, encontrando sólo justificados los contratos que se determinaron en la certificación expedida por el coordinador Administrativo y Financiero, así como lo que se podía derivar de los contratos aportados y los formatos de órdenes de trabajo, pruebas que se analizaron en la sentencia.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La FIDUPREVISORA S.A. defensa jurídica del extinto DAS y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado manifestaron que la acción de tutela resulta improcedente por no satisfacer el requisito de la relevancia constitucional, dado que los argumentos del actor pretenden reabrir un debate que ya se zanjó en el proceso ordinario.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela ; II) procedencia de la

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela ; II) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

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Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos se vean vulne rados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar

Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

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5 incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU -0215 de 2022 enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

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6 Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es d eterminante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Edwin Mora Bayona considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad le transgrede los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo digno, con la sentencia del 13 de mayo de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001 -33-33-0042014-00506-00 [01].

A su juicio, el Tribunal incurrió en los defectos: fáctico y exceso ritual manifiesto por no valorar certificaciones laborales expedidas por la coordinadora del Grupo Administrativo Financiero y del Talento Humano Seccional DAS Norte de Santander

A su juicio, el Tribunal incurrió en los defectos: fáctico y exceso ritual manifiesto por no valorar certificaciones laborales expedidas por la coordinadora del Grupo Administrativo Financiero y del Talento Humano Seccional DAS Norte de Santander y el coordinador Operativo de la Seccional DAS Antioquia y, declarar la prescripción sin haber valorado todos los contratos de prestación de servicios.

La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 13 de mayo de 2025 cumple los requisitos de procedencia, pues a) tiene relevancia constitucional en la medida en que se debe examinar la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por incurrir en los errores citados, el demandante argumentó suficientemente la solicitud; b) el accionante no cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto ; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción se presentó el 14 de noviembre del año en curso, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia, lo cual fue el 14 de mayo de 2025 y cobró ejecutoria el 21 de igual mes y año y d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad expuso que para que se considere la existencia de una verdadera relación laboral es necesario que se demuestren los elementos esenciales de la misma, como lo son: prestación personal del servicio, que por dicha labor se reciba una remuneración o pago y que exista contin ua subordinación de orden jurídico o dependencia respecto de la entidad.

6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

exista contin ua subordinación de orden jurídico o dependencia respecto de la entidad.

6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

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7 Citó Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 20217, para referirse al criterio de la subordinación, donde destac ó que se debe acreditar «(i) el lugar de trabajo; (ii) el horario de las labores; (iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar; y (iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta».

Adujo que del material probatorio aportado se desprende que el demandante se desempeñó como escolta, en virtud de diversos contratos de prestación de servicios suscritos con el DAS8, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

Número contrato Desde Hasta Contrato núm. 6 de 2009 16/01/2009 30/06/2009 Adición al contrato núm.06 01/07/2009 29/08/2009 Contrato núm. 17 de 2010 29/09/2009 28/11/2009 Adición Contrato núm.17 29/11/2009 17/12/2009 Contrato núm.46 18/12/2009 31/03/2010 Contrato núm.44 de 2010 30/07/2010 31/12/2010 Contrato núm.69 de 2010 01/01/2011 31/03/2011

Contrato núm.44 de 2010 30/07/2010 31/12/2010 Contrato núm.69 de 2010 01/01/2011 31/03/2011 Prórroga al Contrato núm. 69 31/03/2011 30/04/2011

El Tribunal concluyó que se está en presencia de un v ínculo laboral, dado que el actor no desempeñó funciones de forma independiente; por el contrario, existía una completa sujeción en las circunstancias de modo y lugar que el extinto DAS le imponía. En consecuencia, señaló que se constató la presencia de los elementos necesarios para desvirtuar la existencia de autonomía e independenci a de la relación sostenida entre el DAS y el señor Mora.

En cuanto a la prescripción , puso de presente la postura de unificación de la Sentencia CE -SUJ2 5 del 25 de agosto de 2016, para referirse al fenómeno prescriptivo.

Descendiendo al caso particular, el Tribunal indicó que si bien el último contrato terminó el 30 de abril de 2011, no puede contarse desde es a fecha la prescripción, habida cuenta que entre el Contrato núm. 46 de 2009 y el Contrato núm.44 de 2010 hubo una interrupción de más de 3 meses y cuando se presenta una interrupción mayor a 30 días entre uno y otro contrato, se entiende que hubo solución de continuidad y que se configura la prescripción de los derechos de cada vínculo contractual, tal y como lo dispone la jurisprudencia del Consejo de Estado9,.

El Contrato núm. 46 culminó el 31 de marzo de 2010 y la reclamación administrativa

contractual, tal y como lo dispone la jurisprudencia del Consejo de Estado9,.

El Contrato núm. 46 culminó el 31 de marzo de 2010 y la reclamación administrativa se radicó el 21 de octubre de 2013, es decir que, ya habían transcurrido 3 años y 7 meses aproximadamente; de ahí que, «desde la terminación de este contrato y

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de Unificación del 9 de septiembre de 2021. Radicado 05001233300020130114301 (1317-2016). 8 La Fiduprevisora es la sucesora procesal del DAS 9 Sentencia del 27 de enero de 2022, consejero ponente: William Hernández Gómez, en radicado 08001-23-31000-2014-00666-01 (0527-2018)Radicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

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8 para los anteriores operó el fenómeno de la prescripción».

Por otro lado, el Contrato núm.44 de 2010 se suscribió el 30 de julio de 2010 y la prórroga del 69 finalizó el 30 de abril de 2011, en vista de que la reclamación se presentó el 21 de octubre de 2013, se tiene que para dichos contratos no habían transcurrido los 3 años para que prescribiera el derecho y con la reclamación se interrumpió dicho término. De igual forma, la demanda se interpuso el 28 de abril de 2014, sin que desde la fecha de la petición a la de la radicación de la demanda

interrumpió dicho término. De igual forma, la demanda se interpuso el 28 de abril de 2014, sin que desde la fecha de la petición a la de la radicación de la demanda transcurrieran más de 3 años, por lo cual, a partir del Contrato núm. 44 de 2010 no opera la prescripción y sobre estos contratos deberán reconocerse las prestaciones sociales.

En consecuencia, dicha autoridad confirmó parcialmente la sentencia del 12 de diciembre de 2018, proferida por el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito de Medellín, bajo el entendido que con anterioridad al Contrato núm. 44 de 2010 opera el fenómeno de la prescripción y, por tanto, el recono cimiento de las prestaciones sociales y demás emolumentos se hará del 30 de julio de 2010 al 30 de abril de 2011.

Frente al argumento del señor Mora según el cual, el Tribunal no tuvo en cuenta dos certificaciones con las que se demostraba que no hubo un periodo de interrupción que generara la aplicación de la prescripción se tiene:

La autoridad judicial accionada en el informe que rindió adujo que: 1) la certificación que emitió la coordinadora del Grupo Administrativo Financiero y de Talento Humano, solo hace referencia a que el señor Mora Bayona prestó sus servicios del 01 de septiembre de 2005 al 31 de diciembre de 2008 y 2) la certificación del coordinador Operativo de la Seccional DAS -Antioquia señala que el actor laboró como contratista del 16 de enero de 2009 al 30 de abril de 2011.

Indicó que los documentos que refiere el actor no fueron inobservad os, solo que

coordinador Operativo de la Seccional DAS -Antioquia señala que el actor laboró como contratista del 16 de enero de 2009 al 30 de abril de 2011.

Indicó que los documentos que refiere el actor no fueron inobservad os, solo que estos «certificaron de manera general el tiempo de servicios, sin hacer relación a las fechas de inicio o de terminación de los diferentes contratos de prestación de servicios, lo que no permitía contabilizar de forma adecuada si existió o no prescripción».

Respecto al argumento de que el Tribunal no valoró todos los contratos de prestación de servicios, la autoridad judicial accionada precisó que «le corresponde a quien pone en marcha el aparato jurisdiccional una carga probatoria y demostrativa que no sólo se agota con la presentación de la demanda y la petición de pruebas, sino con las acciones y actividad durante el proceso para que los medios de prueba sean debidamente practicados y allegados».

Valga precisar que, si bien el actor alegó los defectos : fáctico y exceso ritual manifiesto los argumentos que invoca se refieren únicamente al primer error, motivo por el cual, no se estudiará el segundo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

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Al respecto, la Sala encuentra que el accionado en la sentencia cuestionada no hizo referencia a las certificaciones laborales expedidas por la coordinadora del Grupo Administrativo Financiero y del Talento Humano Seccional DAS Norte de Santander y el coordinador Operativo de la Seccional DAS Antioquia, no obstante, esto no tiene la virtualidad y la trascendencia para cambiar la decisión que se discute.

Administrativo Financiero y del Talento Humano Seccional DAS Norte de Santander y el coordinador Operativo de la Seccional DAS Antioquia, no obstante, esto no tiene la virtualidad y la trascendencia para cambiar la decisión que se discute.

Lo anterior, teniendo en cuenta que como bien lo expresó el Tribunal en el informe, las certificaciones que señala el actor como desconocidas, mencionan el tiempo que laboró el actor en el extinto DAS de manera general, sin especificar los contratos de prestación de servicios que suscribió con la entidad en dicho tiempo y la duración de cada uno; por lo que debió determinar la prescripción con base en los contratos que sí fueron aportados.

Reprocha el accionante que el Tribunal declaró la prescripción solo con los contratos que se aportaron al proceso, sin percatarse que la entidad demandada no remitió todos los contratos . Al respecto téngase en cuenta que la carga probatoria corresponde a quién alega y en este caso, el señor Mora; por lo que, si sabía que el extinto DAS no había remitido la totalidad de los contratos de prestación de servicios, debió poner en conocimiento del Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito de Medellín la omisión en el envío de la documentación o señalar que estaba incompleta e insistir en que se aportaran las pruebas faltantes, dado que eran vitales para acceder a sus pretensiones.

La Sala advierte que el actor se circunscribió a alegar que no se revisaron todos los contratos de prestación de servicios; sin embargo, no identificó cuáles fueron los contratos que suscribió con el extinto DAS y que éste no remitió y tampoco mencionó las actuaciones que realizó para que se recolectara toda la información.

contratos de prestación de servicios; sin embargo, no identificó cuáles fueron los contratos que suscribió con el extinto DAS y que éste no remitió y tampoco mencionó las actuaciones que realizó para que se recolectara toda la información.

En consecuencia, se negará el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Edwin Mora Bayona, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07219-00

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10 La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente