CE - Sentencia 11001031500020250723400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Calificación de la pérdida de capacidad laboral /

Defecto fáctico. Niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Óscar Alejandro Guzmán Pérez en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Óscar Alejandro Guzmán Pérez promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparara n sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferidas el 14 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de

se amparara n sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferidas el 14 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001333405320220031401.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. Se vinculó a Policía Nacional, en el grado de patrullero, en excelentes condiciones de salud. Se encontraba en debilidad manifiesta por su estado de salud, debido a varios quebrantos y su condición de discapacidad visual severa, por lo que necesitaba el auxilio y acompañamiento de otra persona para realizar sus actividades de la vida diaria.

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez

2.2. Su discapacidad estaba determinada por la junta interdisciplinaria a saber: servicio de rehabilitación - donde emitieron la certificación de discapacidad con la dificultad de puntaje así: COGNICION 58% - MOVILIDAD 80 % - CUIDADO PERSONAL 6.2 % - RELACIONES 35% - ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 81.2% - PARTICIPACION 62.5% - GLOBAL 67% la certificación de discapacidad fue emitida por los profesionales ANA ROSA BUSTOS YUNEZ - MD FISIATRA,

81.2% - PARTICIPACION 62.5% - GLOBAL 67% la certificación de discapacidad fue emitida por los profesionales ANA ROSA BUSTOS YUNEZ - MD FISIATRA,

GLADYS VELANDIA GOMEZ TERAPEUTA OCUPACIONAL, MARTHA YUDE

LOZADA RAMIREZ - TERAPEUTA FISICA, MARISOL MONROY ORJUELA

TRABAJADORA SOCIAL.

2.3. Se soportaba de su historia clínica sus padecimientos de salud entre ellos la enfermedad profesional denominada “Leishmaniasis” adquirida en el año 2007 como se evidencia el evento 24 . De igual forma, que el año 2011 cuando se encontraba activo tenía una visión con corrección de 20/40 ojo derecho y 20/100 ojo izquierdo, junto con diplopía (visión doble) donde e ra claro que los problemas los padecía desde cuando se encontraba en servicio activo.

2.4. Por su desconocimiento frente al derecho que le asistía a realizarse una junta médica, para que le determinaran su disminución de la capacidad laboral y le dieran una reubicación laboral en cargos administrativos y evitar un nuevo traslado al área de erradicación de cultivo ilícitos de coca lo cual, en efecto ocurrió, se vio obligado a solicitar el retiro de la institución para no colocar en riesgo su vida en razón a su estado de salud.

2.5. Ante la ausencia de tratamientos médicos, presentó solicitud de tutela a la que le correspondió el radicado 2018-00475-00. E l Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda , Subsección F tutelaron sus derechos

le correspondió el radicado 2018-00475-00. E l Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda , Subsección F tutelaron sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, al debido proceso y petición, por lo que se le reactivaron los servicios médicos y se dieron las pautas para una calificación actual e integral.

2.6. Luego de in numerables inconvenientes de tipo administrativo, por los que , inclusive, tuvo que acudir ante e l juez de tutela en reiteradas oportunidades, se le realizó una valoración integral y utilizado la fórmula matemática del Decreto 094 de 1989 arrojó una disminución de la capacidad total del 96.86 % . El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía la única modificación que realizó fue la calificación por una cicatriz que le dej ó la enfermedad de leishmaniasis donde se puede concluir que fue una calificación fraccionada y no integral con conceptos médicos desde hace 5 y 15 años.

2.7. Para poder demostrar la real pérdida de su capacidad laboral, el 19 de julio del 2022 presentó solicitud ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca mediante el radicado 22071960005, para que se le realizara la calificación integral y así aportarla posteriormente al proceso a iniciar.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez

2.8. Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez

2.8. Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía , con el fin de que se declarara la nulidad de, i) el acto administrativo contenido en el Acta de la Junta Médico Laboral 8815 del 17 de agosto del año 2021, realizada en Bogotá la cual fue una calificación fraccionada y realizada sin la presencia del interesado a pesar de informar que se encontraba con incapacidad médica, y ii) el Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía TML 22-3-100 MDNSG-TML-41-1 del 8 de abril del 2022, en la cual se realizó una calificación fraccionada y no integral.

2.9. El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá profirió la sentencia del 11 de diciembre de 2024 con la que negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se logr ó demostrar el vicio que pudo afectar los actos administrativos demandados, y por tanto, no se desvirtuó por parte del demandante la presunción de legalidad de las actas de Junta Medico Laboral, pues, no se acreditó en el plenario, que el porcentaje de disminución laboral fuese superior al allí señalado, ni tampoco se logró comprobar que el origen de la enfermedad que actualmente padec ía el actor fuera derivada de alguna de origen laboral o profesional, y por tanto pudiera ser imputable al servicio. Decisión contra la cua l

allí señalado, ni tampoco se logró comprobar que el origen de la enfermedad que actualmente padec ía el actor fuera derivada de alguna de origen laboral o profesional, y por tanto pudiera ser imputable al servicio. Decisión contra la cua l interpuso recurso de apelación.

2.10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C emitió la providencia del 14 de mayo de 2025 con la que confirmó el fallo de primera instancia al considerar que el demandante si acudió a la realización del Tribunal Médico Laboral con lo cual se subsanó el vicio alegado respecto de la junta médica, además de que las patologías evaluadas, la única considerada de origen profesional era la leishmaniasis con lo cual no superó el 50% de pérdida de la capacidad laboral para reconocerle una pensión de invalidez.

2.11. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico, al realizar afirmaciones generales e imprecisas sobre la supuesta ausencia de pruebas que permitieran inferir una pérdida de capacidad laboral superior al 50 %, pese a que en el proceso existían medios probatorios documentales y testimoniales incorporados de manera adecuada . Aunque se reconoció que la prueba pericial era el medio idóneo para esclarecer la controversia, se dejó de valorar bajo las reglas de la sana crítica y el principio de unidad de la prueba.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se me amparen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia al interior del proceso de Nulidad y Restablecimiento del

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se me amparen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia al interior del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con número de radicado 110011333405320220031400.

2. Consecuencia del amparo constitucional, se solicita respetuosamente ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca dictar nueva sentencia al interior4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez

del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con número de radicado 110011333405320220031400 teniendo en cuenta la protección constitucional predicada en la presente acción. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C2 solicitó negar el amparo, en tanto l a providencia referida fue adoptada con observancia de los principios de sana crítica y buena fe, luego de un trámite que garantizó la igualdad e imparcialidad de las partes, y en ella se expusieron de manera suficiente las razones que llevaron a l tribunal a confirmar la decisión de primera instancia; en ese contexto, no se configuran los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, evidenciándose que la pretensión de la parte demandante se orienta a reabrir un debate ya agotado en la jurisdicción.

5. El grupo de asuntos legales de la secretaria general de la Policía Nacional 3

providencias judiciales, evidenciándose que la pretensión de la parte demandante se orienta a reabrir un debate ya agotado en la jurisdicción.

5. El grupo de asuntos legales de la secretaria general de la Policía Nacional 3 pidió negar las pretensiones expuestas, en la medida en que el demandante acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo , donde se resolvió de manera integral la litis planteada, garantizándole el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, sin que se configurara vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

6. El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá 4 requirió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y negar el amparo, ya que las pretensiones estaban dirigidas a cuestionar la providencia de segunda instancia, sin embargo, explicó que durante el trámite del proceso con radicado 1100113334-053-2022-00314-00 se surtieron todas y cada una de las etapas procesales, en respeto de las garantías de defensa, contradicción y debido proceso; la decisión fue adoptada con fundamento en la normativa aplicable, análisis minucioso de las pruebas aportadas al expediente bajo los criterios de la sana crítica y con respeto de la jurisprudencia del Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de

que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; i v) determinación del problema jurídico ; y v) análisis de la Sala.

2 Archivo obrante en el índice 8 del Samai. 3 Archivo obrante en el índice 9 del Samai. 4 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de tutela contra

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

2.2. Cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva

9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulner ados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de

1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes . La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó

1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes . La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

10. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente5:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental 6. En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “ en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” 7, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”8

dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”8 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

11. Ahora bien, el Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneró derecho fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación

5 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis. 6 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 7 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. 8 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez

directa entre lo pretendido y las acciones que esa autoridad pueda desplegar para su cumplimiento.

12. Así pues, revisado el expediente, se advierte que, en el auto admisorio de la solicitud de tutela se ordenó su vinculación en calidad de demandado al conocer en primera instancia el proceso contencioso en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.

solicitud de tutela se ordenó su vinculación en calidad de demandado al conocer en primera instancia el proceso contencioso en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado 9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 10. Al

respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente . […]».

14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia

observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente . […]».

14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

15. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86

Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez

Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez

16. Ahora bien, la Corte Constitucional 12 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudenc ial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 13, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales14.

18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad

sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales14.

18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

19. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneró los derechos fundamentales de Óscar Alejandro Guzmán Pérez con ocasión de la sentencia del 14 de mayo de 2025 dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001333405320220031400/01, con la que incurrió, presuntamente, en defecto fáctico?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto fáctico

21. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que el actor le atribuye a la

12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.8

C-590 de 2005. 13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez

sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional15, tiene una dimensión negativa y otra positiva.

22. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez» 16, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»17. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»18.

23. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Sobre el caso concreto

24. Óscar Alejandro Guzmán Pérez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto s la providencia proferida el 14 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en cuanto negó sus pretensiones

ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto s la providencia proferida el 14 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en cuanto negó sus pretensiones de la demanda al considerar que si acudió a la realización del Tribunal Médico Laboral con lo cual se subsanó el vicio alegado respecto de la junta médica, además de que las patologías evaluadas, la única considerada de origen profesional era la leishmaniasis con lo cual no superó el 50% de pérdida de la capacidad laboral para reconocerle una pensión de invalidez.

25. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió defecto fáctico, en tanto en el proceso existían medios probatorios documentales y testimoniales incorporados de manera adecuada y, aunque se reconoció que la prueba pericial era el medio idóneo para definir la controversia, omitió valorarla integralmente con el resto del acervo probatorio bajo las reglas de la sana crítica y el principio de unidad de la prueba.

26. Al descender al caso en concreto, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C emitió la providencia del 14 de mayo de 2025, en la que efectúo un estudio desde las pruebas aportadas , para pronunciarse acerca de los cargos planteados por la demandante, así:

«[…] Conforme a la normatividad y jurisprudencia citada, es claro que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral exigido como requisito para acceder a la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública debe ser igual o mayor al 50%,

pérdida de capacidad laboral exigido como requisito para acceder a la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública debe ser igual o mayor al 50%,

15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 17 Sentencia SU -159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 18 Sentencia T-538 de 1994.9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07234-00

Demandante: Óscar Alejandro Guzmán Pérez

interpretación que se deriva del principio de favorabilidad, por lo que es razonable concluir y tener como premisa, para el presente asunto, que el porcentaje de disminución de capacidad laboral exigible para el reconocimiento de la pensión de invalidez será aquel.

Ahora bien, de lo probado se encuentra que, el señor Oscar Alejandro Guzmán Pérez, ingresó a la Policía Nacional, el 6 de septiembre de 2004 como alumno Nivel ejecutivo y se retiró del servicio por solicitud propia el 7 de diciembre de 2015 acumulando un tiempo de servicios de 11 años y 5 meses.

Al demandante se le practicó Junta Médica Laboral No.8815 del 17 de agosto de 2021, en donde se le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 8%, por enfermedad

de servicios de 11 años y 5 meses.

Al demandante se le practicó Junta Médica Laboral No.8815 del 17 de agosto de 2021, en donde se le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 8%, por enfermedad de origen común, señalando que tiene una incapacidad permanente parcial, dicha valoración se realizó sin presencia del actor, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1796 de 2000 y Decreto 094 de 1989.

Al respecto indica el actor que allegó las respectivas excusas de inasistencia, la primera por encontrarse diagnosticado con COVID-19 y la segunda por incapacidad médica.

De las pruebas aportadas al expediente se advierte que, en efecto, el actor contaba con causas justificables para no asistir a la junta médica antes indicada lo que en principio resulta vulneratorio de su derecho al debido proceso; no obstante, el actor tuvo la oportunidad de recurrir dicha decisión, como en efecto lo hizo.

Por lo anterior, el Tribunal Medico de Revisión Militar y de Policía expidió el Acta No. TML 22-3-100 MDNSGTML-41-1 del 8 de abril de 2022, en la cual se señaló:

[…]

De lo anterior se evidencia, que en esta oportunidad el actor estuvo presente en la realización de la junta, hecho con el cual, se entiende superada la irregularidad en la que se incurrió al realizar la primera instancia de la junta médica sin su presencia.

De otra parte se advierte que, en esta segunda oportunidad, se valoraron las siguientes patologías:

• Sensibilidad auditiva normal bilateral de acuerdo con promedio tonal auditivo de oído

se incurrió al realizar la primera instancia de la junta médica sin su presencia.

De otra parte se advierte que, en esta segunda oportunidad, se valoraron las siguientes patologías:

• Sensibilidad auditiva normal bilateral de acuerdo con promedio tonal auditivo de oído derecho17.18 decibeles y oído izquierdo 17.37 decibeles, sin secuelas valorables. - Astigmatismo con agudeza visual con corrección ojo derecho 20/20 y ojo izquierdo 20/30 que no corrige con medios ópticos. - Litiasis renal resuelta, hidrocele y varicocele izq. leve, hipoganodismo susceptibles de manejo médico quirúrgico sin secuelas funcionales valorables. - Leishmaniasis cutánea resuelta que deja como secuela cicatrices con leve defecto estético sin limitación funcional. - Lumbago, espondilosis no especificada, co