CE - Sentencia 11001031500020250724400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07244-00 (11521)

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de protección de derechos e intereses colectivos. Subtema 2: inadmisión de la demanda. Subtema 3: procedencia de la acción de tutela . Subtema 4: identificación razonable de los hechos y argumentos de la vulneración

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por el señor Armando Pérez Araújo en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Armando Pérez Araújo presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerado s con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en cuanto se abstuvo de admitir su demanda, dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado núm. 44001-23-40-000-2025-00105-00.

2. ANTECEDENTES

medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado núm. 44001-23-40-000-2025-00105-00.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes

1 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07244-00 (11521)

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

2

al trámite constitucional2, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor Armando Pérez Araújo presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos — acción popular — contra la Presidencia de la República con el propósito de obtener el amparo de los derechos colectivos al goce del medio ambiente sano, «patrimonio público», «moral administrativa», «salud pública» y «a recibir información veraz», así c omo los «intereses colectivos difusos» de los habitantes de La Guajira, con ocasión de la falta de normativa adecuada para atender las implicaciones sociales, ambientales, laborales y territoriales que derivará el cierre y abandono de la mina El Cerrejón, cuya finalización está prevista para el año 2034.

3. Mediante auto del 17 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira, por conducto del magistrado al que le correspondió el asunto, inadmitió la aludida demanda, al no cumplir « con los supuestos procesales previstos en los

3. Mediante auto del 17 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira, por conducto del magistrado al que le correspondió el asunto, inadmitió la aludida demanda, al no cumplir « con los supuestos procesales previstos en los artículos 15, 16 y 18 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 144 del C.P.A.C.A.», por cuanto (i) no aportó la solicitud o reclamación previa ante la autoridad accionada ni alegó el inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable que justificara prescindir de dicha exigencia 3, (ii) no indicó de manera precisa los hechos, actos, acciones u omisiones que motiva ron la presunta vulneración de los derechos colectivos cuya protección pretende4 y (iii) no demostró la remisión simultánea de la demanda y sus anexos a la dirección electrónica de la parte accionada5.

4. Contra la anterior providencia, el señor Armando Pérez Araújo interpuso recurso de reposición, en el que alegó que su demanda fue asignada al magistrado ponente del tribunal el 15 de septiembre de 2025, pero aquella pese a ser proferida el día 17 siguiente, le fue notificada el 1.° de octubre del año en curso, con desconocimiento del término previsto en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998, «circunstancia insólita que revela o sugiere que el señor juez cree tener la libertad de cumplir o no las restricciones procesales del orden legal y constitucional».

5. Respecto del requisito previo exigido, arguyó que no es válido pedir su

2 Samai, índice 9.

procesales del orden legal y constitucional».

5. Respecto del requisito previo exigido, arguyó que no es válido pedir su

2 Samai, índice 9. 3 Porque «Pese a que la norma en cuestión prevé que la reclamación previa para acudir ante el juez popular puede ser obviada de forma excepcional, cuando exista un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable, en este caso, el accionante no alegó -mucho menos acreditó- circunstancias de especial urgencia que permitan prescindir en este caso de tal requisito, según lo exige el inciso final del artículo 144 antes transcrito; contrario a ello, se extrae de la demanda que se busca anticipar posibles vul neraciones a los derechos colectivos invocados, por la falta de regulación, concesos y planeación, del proceso de «cierre y abandono» de la mina «El Cerrejón», prevista para el año 2034, lo que implica que en este caso se torna obligatorio el agotamiento de la reclamación previa». 4 Al estimar que «el accionante realizó un extenso relato de diversas circunstancias, problemáticas actuales y futuras o eventuales, así como posibles propuestas o soluciones; sin embargo, de tales «disquisiciones», no es posible extraer con meridiana clarid ad las circunstancias de hecho que sustentan las pretensiones, o el relato concreto que permita precisar en qué consisten las presuntas vulneraciones o amenazas de los derechos colectivos, lo que impide el debido ejercicio del derecho de contradicción y defensa por parte de la parte accionada, así como la concreción del debate procesal. En consecuencia, el accionante deberá precisar de manera clara los supuestos de hecho en los que sustenta su demanda».

así como la concreción del debate procesal. En consecuencia, el accionante deberá precisar de manera clara los supuestos de hecho en los que sustenta su demanda». 5 En razón a que «En este caso no se encuentra acreditado el cumplimiento de dicha exigencia, pese a resultar obligatorio, en tanto que no requirió el decreto de medidas cautelares previas y no manifestó desconocer la dirección de notificaciones de la parte accionada, de forma que no se demostró ninguna de las causales que exime al demandante para el cumplimiento de tal presupuesto procesal».Radicado: 11001-03-15-000-2025-07244-00 (11521)

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

3

cumplimiento pues su demanda «no pretende, por ejemplo, arreglar problemas de alcantarillas, aguas negras, desbordamiento de ríos, o cosas por el estilo, […] en cambio, lo que sí pretende [es] apoyar, estimular y canalizar, a favor de la sociedad colombiana y especialmente de La Guajira, es proteger la normatividad del fenómeno jurídico del Cierre de [la] Mina más grande y complejo del mundo» . Tampoco tiene respaldo legal la exigencia del artículo 162 (numeral 8) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), pero afirmó que enviraría copia de la demanda al presidente de la República. Por ende, la inadmisión de la acción se fundamenta en requisitos imposibles de satisfacer e ilegales.

6. El Tribunal Administrativo de La Guajira , a través de la providencia del 5 de

copia de la demanda al presidente de la República. Por ende, la inadmisión de la acción se fundamenta en requisitos imposibles de satisfacer e ilegales.

6. El Tribunal Administrativo de La Guajira , a través de la providencia del 5 de noviembre de 2025, decidió no reponer el auto del 17 de septiembre de 2025. Concluyó que «tanto el requisito de procedibilidad establecido en el numeral 3 del artículo 144 del C.P.A.C.A., como el requisito de la demanda consagrado en el numeral 8 del artículo 162 ibidem, constituyen cargas procesales de obligatorio cumplimiento para el accionante».

7. Así mismo, consideró que se pronunció sobre la admisibilidad de la demanda dentro del plazo legal de 3 días hábiles previsto en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998; aunque la notificación del auto recurrido ocurrió después de su vencimiento, ello obedeció a los trámites internos que debe surtir el tribunal para tal efecto. En todo caso, la referida actuación se dio dentro de un plazo razonable que en nada afectó las garantías fundamentales de la parte actora.

8. Argumentó que exigir el agotamiento previo del requisito contenido en el artículo 144 del CPACA es una carga procesal de obligatorio cumplimiento a cargo de la parte actora de acudir previamente ante la administración para buscar una solución a la vulneración o amenaza de los derechos colectivos, por voluntad del legislador, que en este caso no se advierte colmada, lo que justificó la decisión de inadmitir la demanda.

Tampoco es de recibo el argumento según el cual el requisito consistente en la remisión de la demanda a la dirección electrónica de la accionada, de manera

este caso no se advierte colmada, lo que justificó la decisión de inadmitir la demanda. Tampoco es de recibo el argumento según el cual el requisito consistente en la remisión de la demanda a la dirección electrónica de la accionada, de manera simultánea a su presentación, carece de jerarquía legal, pues fue el mismo legislador, mediante el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021 , el que estableció tal exigencia para todos los procesos tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. El señor Armando Pérez Araújo solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Que se deje sin efectos el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de La Guajira negó la admisión de la Acción Popular. Que se ordene al Tribunal Administrativo de La Guajira admitir la acción popular y darle el trámite legal correspondiente, conforme a la Ley 472 de 1998.

10. Como fundamento de sus pretensiones, el señor Armando Pérez Araújo aseveróRadicado: 11001-03-15-000-2025-07244-00 (11521)

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

4

que el tribunal se abstuvo de admitir su demanda y, en su lugar, « se exigieron condiciones imposibles o irrazonables de cumplir, contrarias al espíritu protector de la Acción Popular, y que no están previstas en la Ley 472 de 1998 ni en la jurisprudencia constitucional».

condiciones imposibles o irrazonables de cumplir, contrarias al espíritu protector de la Acción Popular, y que no están previstas en la Ley 472 de 1998 ni en la jurisprudencia constitucional».

11. Aseveró que en el recurso de reposición interpuesto contra el auto que inadmitió su demanda le advirtió al tribunal que esta decisión, pese a haber sido proferida el 17 de septiembre de 2025, le fue notificada el 1.° de octubre siguiente, frente a lo cual el magistrado sustanciador del asunto «elaboró unas explicaciones que no se compadecen con los asuntos vertebrales de derechos sustanciales en juego en todo lo relacionado a grandes y superiores intereses colectivos del caso concreto de nuestra

Acción Popular».

12. Afirmó que , en lo relacionado con la exigencia contenida en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, atinente al envío electrónico de la copia de la demanda y sus anexos al accionado, la Ley 142 de 1998, que regula la acción popular, no prevé ese requisito, por lo que no resulta legal imponerlo, máxime cuando el artículo 144 del CPACA «dice que sus disposiciones excepcionales sólo se aplican supletoriamente a los procedimientos especiales, insisto, como el que regula las acciones populares, únicamente cuando no exista regulación específica».

13. Adujo que, en cuanto al reclamo previo establecido en el inciso 3 .° del artículo 144 del CPACA, este requisito es « imposible de cumplir por lo inocuo e inservible, mirándolo desde el aspecto holístico de la frustrada acción popular », porque la Ley 472 de 1998 tampoco lo dispone expresamente y resulta «una carga excesiva o

144 del CPACA, este requisito es « imposible de cumplir por lo inocuo e inservible, mirándolo desde el aspecto holístico de la frustrada acción popular », porque la Ley 472 de 1998 tampoco lo dispone expresamente y resulta «una carga excesiva o desproporcionada al ciudadano, frustrando la finalidad de la acción popular».

14. Concluyó que la autoridad accionada manifestó «su inequívoco interés de oponerse deliberadamente a dificultar y prolongar irrazonablemente el acceso efectivo a la justicia», lo que «se desprende de su expresa presunción de que nuestro escrito contiene errores, dado que en el derecho procesal colombiano el juez no puede y no debe presumir automáticamente que una demanda contiene errores. Solo puede declarar que hay defectos formales cuando los identifica, los explica y los fundamenta con base en la ley».

15. Por lo tanto, arguyó que se configuraron los defectos sustantivo y procedimental, ya que la autoridad demandada «interpretó erróneamente las normas que regulan la admisión de las acciones populares (Ley 472 de 1998) » e «impuso requisitos inexistentes o imposibles de cumplir, lo que configura una barrera irrazonable al acceso a la justicia»; además, la «conducta judicial constituye un defecto por violación directa de la Constitución, al desconocer normas de estirpe constitucional».

2.3. Trámite procesal

16. El despacho ponente, mediante auto del 20 de noviembre de 20256, admitió la

6 Samai, índice 5.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07244-00 (11521)

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

6 Samai, índice 5.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07244-00 (11521)

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

5

demanda y ordenó la notificación a la autoridad accionada , es decir, al Tribunal Administrativo de La Guajira.

2.4. Intervención

17. El Tribunal Administrativo de La Guajira 7 manifestó que lejos de significar una «práctica adivinatoria», como lo afirmó el accionante, la actuación cuestionada señaló con claridad palmaria —y que no da lugar a equívocos— cada uno de los fundamentos fácticos y jurídicos en los que se sustentó, de modo que permitía al accionante corregir de forma efectiva y sin ninguna dificultad las deficiencias de su demanda, con lo que se garantizó su derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

18. Agregó que cosa muy diferente es que el accionante, por convicción personal, consideró que los requisitos previstos por el legislador son «inútiles», «inocuos» e «inservibles» y, en virtud de ello, se abst uvo de cumplirlos. Dicha apreciación no lo eximía de presentar su demanda previo cumplimiento de los requisitos exigidos, por estar contenidos en la norma procesal vigente y de obligatorio cumplimiento, tanto para esta judicatura como para las partes procesales; de manera que esa corporación no vulneró los derechos fundamentales del accionante. De igual modo, remitió a esta corporación el expediente del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.

3. CONSIDERACIONES

vulneró los derechos fundamentales del accionante. De igual modo, remitió a esta corporación el expediente del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Armando Pérez Araújo en contra

del Tribunal Administrativo de La Guajira.

3.2. Legitimación en la causa

20. La legitimación en la causa por activa del señor Armando Pérez Araújo está acreditada porque es el demandante en el proceso de acción popular — medio de control de protección de derechos e intereses colectivos8 — en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

21. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de La Guajira, debido a que fue la autoridad que profirió los proveídos objeto de tutela.

7 Samai, incide 11. 8 Así denominada en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07244-00 (11521)

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

6

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 9 y de la Corte Constitucional

6

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 9 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional10.

23. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

24. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la

fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

25. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.4. Problema jurídico

26. De acuerdo con los antecedentes expuestos, l os problemas jurídicos a resolver

son los siguientes:

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07244-00 (11521)

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

7

27. ¿La presente solicitud de amparo satisface el requisito general de procedibilidad

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

7

27. ¿La presente solicitud de amparo satisface el requisito general de procedibilidad contra providencia judicial consistente en la identificación razonable de los hechos y argumentos que sustenten la vulneración alegada ?; en caso afirmativo , ¿también cumple con los presupuestos de procedibilidad restantes?

28. En el evento de estar acreditados aquellos requisitos, ¿el Tribunal Administrativo de La Guajira quebrantó los derechos fundamentales del señor Armando Pérez Araújo, al inadmitir la demanda que interpuso en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos?

3.5. Requisito de procedibilidad de identificación razonable de los hechos y argumentos

29. En relación con el mencionado requisito, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud de amparo deberá exponer con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad accionada y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud.

30. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional, en la sentencia C -590 de 2005, incluyó como requisito general de procedibilidad que la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la vul neración y los derechos afectados. En igual sentido, el tribunal constitucional, en sentencia SU-585 de 2017, sostuvo que:

procedibilidad que la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la vul neración y los derechos afectados. En igual sentido, el tribunal constitucional, en sentencia SU-585 de 2017, sostuvo que:

[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial.

31. Con fundamento en lo expuesto, cuando la acción de tutela es presentada contra una providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre la decisión judici al enjuiciada. Al respecto, en sentencia SU -379 de 2019 la Corte

Constitucional explicó que:

(e) El accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración. No se trata de convertir la acción de tutela, de por sí informal, en un mecanismo ritualista, sino de exigir unas cargas procesales razonables para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial. En esto, resulta fundamental que elRadicado: 11001-03-15-000-2025-07244-00 (11521)

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

8

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

8

juez interprete adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la improcedencia del amparo, lo que contrariaría la esencia misma y el rol constitucional de la acción de tutela. Cuando se trate de un defecto procedimental, el actor deberá además argumentar por qué, a su juicio, el vicio es sustancial, es decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o afectación de los derechos fundamentales invocados. A pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial.

32. A partir del anterior derrotero jurisprudencial, sobre el aludido requisito, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, precisó que:

[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos fundamentales13.

33. Por lo tanto, tal exigencia no resulta incompatible con la naturaleza de la acción

que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos fundamentales13.

33. Por lo tanto, tal exigencia no resulta incompatible con la naturaleza de la acción de tutela ni implica una carga excesiva contraria a la Constitución Política, toda vez que tiene como propósito g arantizar que la solicitud de amparo contenga una exposición clara y suficientemente fundamentada de la presunta vulneración, y en tal sentido, evitar que el juez constitucional ejerza un control oficioso e indebido frente a decisiones adoptadas por los jueces naturales. Sobre dicha finalidad, la Corte

Constitucional sostuvo que:

71. Esta exigencia previa no es una formalidad innecesaria, sino una garantía de que se acredite la necesidad de intervención del juez de tutela y el respeto por las competencias del juez natural. Así, si la actuación judicial no refleja una transgresión e vidente de los derechos fundamentales, la acción de tutela debe ser declarada improcedente, pues no se ha cumplido con los requisitos para que proceda el amparo constitucional. De esta forma, se busca equilibrar el derecho de acceso a la justicia y la tute la efectiva de los derechos fundamentales, respetando al mismo tiempo la independencia judicial y evitando el abuso de la acción de tutela en casos donde no exista una vulneración clara y directa. Esto asegura que la tutela se convierta en un mecanismo eficaz para corregir injusticias manifiestas, sin desbordar su función constitucional14.

34. En el caso bajo examen, sea lo primero anotar que el accionante cuestionó el hecho de que el Tribunal Administrativo de La Guajira no haya admitido su demanda

injusticias manifiestas, sin desbordar su función constitucional14.

34. En el caso bajo examen, sea lo primero anotar que el accionante cuestionó el hecho de que el Tribunal Administrativo de La Guajira no haya admitido su demanda interpuesta en ejercicio de la acción popular, por lo que los reparos los dirige frente a

13 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, proceso con radicado 25000-23-36-000-2019-00003-01(AC). 14 Corte Constitucional, sentencia T-202 de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07244-00 (11521)

Accionante: Armando Pérez Araújo

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

9

la inadmisión de su escrito introductorio, para solicitar que «se deje sin efectos el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de La Guajira negó la admisión de la Acción Popular».

35. Como se dejó reseñado en los antecedentes de esta providencia, mediante proveído del 17 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira inadmitió la demanda presentada por el señor Armando Pérez Araújo, contra el cual interpuso recurso de reposición, decidido por medio de l auto del 5 de noviembre de 2025, en el sentido de no reponer la anterior providencia.

36. En el escrito de tutela el accionante expres ó su disconformidad en cuanto no se admitió su demanda de acción popular, al estimar, en síntesis, que (i) el auto que la inadmitió fue emitido una vez superado el término de los 3 días de que trata el artículo

admitió su demanda de acción popular, al estimar, en síntesis, que (i) el auto que la inadmitió fue emitido una vez superado el término de los 3 días de que trata el artículo 20 de la Ley 472 de 1998, frente a lo cual el tribunal «elaboró unas explicaciones que no se compadecen con los asuntos vertebrales de derechos sustanciales en juego en todo lo relacionado a grandes y superiores intereses colectivos »; y (ii) no es dable exigirle el requisito previo contenido en el inc iso 3.°15 del artículo 144 del CPACA y el envío de la copia de la demanda y sus anexos a la autoridad accionada, que establece el numeral 816 del artículo 162 de esa misma normativa, porque la Ley 472 de 1998 no prevé esos requisitos «imposibles o irrazonables de cumplir».

37. Por lo anterior, adujo que el Tribunal Administrativo de La Guajira incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y violación directa de la Constitución Política, los cuales, además de las anteriores argumentaciones, los sustentó en los siguientes

términos:

En el presente caso se configura un defecto sustantivo y procedimental, por cuanto la autoridad judicial:

Interpretó erróneamente las normas que regulan la admisión de las acciones populares (Ley 472 de 1998).

Impuso requisitos inexistentes o imposibles de cumplir, lo que configura una barrera irrazonable al acceso a la justicia.

15 «Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias

irrazonable al acceso a la justicia.

15 «Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesa