CE - Sentencia 11001031500020250728200 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07282-00

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Pérdida de la capacidad laboral / Defecto fáctico Decisión: Negar la solicitud de amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud formulada por Ever Enrique Martínez Salazar, Carmen Martínez Salazar y Rosa Marcela Castillo Moreno en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Ever Enrique Martínez Salazar y otros promovieron solicitud de tutela con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales «A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL, AL DEBIDO PROCESO, A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA CONFIANZA LEGÌTIMA, A LA BUENA FE Y A LA PROTECCIÓN DEL

JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL, AL DEBIDO PROCESO, A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA CONFIANZA LEGÌTIMA, A LA BUENA FE Y A LA PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y A UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA DE LOS NIÑO » (sic), los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de l Cesar en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 20001333300120200022101.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. Colpensiones profirió la Resolución SUB-180963 de 7 de julio de 2018 con la que le reconoció una pensión de invalidez a partir del 1.° de julio de 2018, para lo cual tuvo en cuenta el dictamen de pérdida de capacidad laboral 2018262611FG de 28 de febrero de 2018 emitido por ASALUD, en el cual se determinó una pérdida de capacidad laboral del 55,40%, estructurada el 12 de enero de 2017.

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07282-00

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros 2.2. El demandante interpuso recurso de reposición contra el referido acto y solicitó pago del retroactivo, frente al cual Colpensiones emitió la Resolución SUB-221511 del 22 de agosto de 2018 con la que confirmó la Resolución SUB-180963 del 7 de julio de 2018.

pago del retroactivo, frente al cual Colpensiones emitió la Resolución SUB-221511 del 22 de agosto de 2018 con la que confirmó la Resolución SUB-180963 del 7 de julio de 2018.

2.3. La Gerencia de Prevención del Fraude dio apertura al proceso administrativo especial 568-18, conforme a lo dispuesto en la Resolución 555 de 2015 emitida por la Presidencia de C olpensiones, con el fin de revisar el proceso que concluyó con el reconocimiento de la pensión de invalidez del demandante. Esto, tras conocerse el proceso penal adelantado por la Fiscalía 12 de Valledupar en contra de 206 personas que habrían obtenido pensiones de invalidez de forma fraudulenta sin cumplir los requisitos legales y con documentación irregular. En ella se logró establecer que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar y médicos vinculados a ASALUD emitían dictámenes espurios de pérdida de capacidad laboral a cambio de dinero, para que trabajadores de las empresas mineras D rummond, Cerrejón y P rodeco se pensionaran y solicitaran créditos bancarios y pólizas, actuaciones en las cuales se legalizó la captura de 10 personas en desarrollo de las audiencias concentradas.

2.4. En el marco de la Investigación Administrativa Especial, C olpensiones solicitó a la Corporación para el desarrollo de la Seguridad Social (CODESS), realizar una valoración documental de la historia clínica utilizada para la calificación de la pérdida de capacidad laboral que dio lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez del demandado de lo cual concluyó ese informe técnico que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral era inferior al tomado en cuenta para el reconocimiento

de capacidad laboral que dio lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez del demandado de lo cual concluyó ese informe técnico que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral era inferior al tomado en cuenta para el reconocimiento pensional, pues correspondía realmente a 29,17% y con fecha de estructuración del 30 de enero de 2018.

2.5. Conforme a las conclusiones del informe en mención, la Investigación Administrativa Especial 568-18 determinó que el reconocimiento de la pensión de invalidez a favor de Ever Enrique Martínez Salazar se realizó de manera indebida y basada en información falsa que no reflejaba su verdadera condición médica, que indujo a que le reconociera una prestación económica que no debió tener lugar.

2.6. Con base en el Auto de Cierre 1530 del 25 de septiembre de 2019 proferido dentro de la investigación administrativa especial 568 -18, Colpensiones emitió la Resolución SUB -274703 de 4 de octubre de 2019, en la cual revocó las Resoluciones SUB-180963 de 7 de julio de 2018 y SUB-221511 de 22 de agosto de 2018, por medio de las cuales reconoció una pensión de invalidez a favor del demandante, considerando que se cumplieron los presupuestos exigidos por el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 para modificar y/o revocar el acto administrativo de reconocimiento pensional sin consentimiento del beneficiario de la irregularidad.

2.7. Colpensiones emitió la Resolución 297394 de 26 de octubre de 2019 con la que ordenó al demandado el reintegro de la suma adeudada por concepto de mesadas,

consentimiento del beneficiario de la irregularidad.

2.7. Colpensiones emitió la Resolución 297394 de 26 de octubre de 2019 con la que ordenó al demandado el reintegro de la suma adeudada por concepto de mesadas, entre el 1.° de julio de 2018 y el 31 de octubre de 2019, que asciende a $40.018.882.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07282-00

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros

2.8. Colpensiones p resentó demanda, en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el aquí demandante para que se declarara la nulidad de las Resoluciones SUB -180963 de 7 de julio de 2018 y SUB -221511 de 22 de agosto de 2018 , toda vez que se demostró que el porcentaje de PCL fue adulterado y como consecuencia no cumple con los requisitos de la Ley para ser beneficiario de la prestación.

2.9. El Juzgado Primero Administrativo de Valledupar profirió sentencia del 18 de mayo de 2022 con la que negó las pretensiones de la demanda, con el argumento de que la resolución demandada no tiene ningún vicio de ilegalidad, dado en el momento del reconocimiento de la prestación se acreditaron los requisitos para acceder a la misma, y en actos posteriores, Colpensiones no logró demostrar a través del procedimiento determinado para tal efecto, que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral fue inferior al 50%. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el pronunciamiento de primera instancia.

2.10. El Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia del 4 de septiembre de

de capacidad laboral fue inferior al 50%. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el pronunciamiento de primera instancia.

2.10. El Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia del 4 de septiembre de 2025 con la que revocó lo resuelto por el a quo, al considerar que C olpensiones colmó la carga probatoria y demostró que, en el trámite de reconocimiento de pensión de invalidez, se presentaron pruebas fraudulentas, que le permitieron acceder de manera irregular al reconocimiento pensional por invalidez, lo cual fue corroborado con el informe del CODESS y dem ás pruebas recaudadas en la investigación administrativa especial.

2.11. La autoridad judicial demandada vulner ó sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico, por cuanto adoptó su decisi ón con una valoración arbitraria o con un alcance probatorio indebido a las pruebas obrantes en el expediente. Además:

2.5.1. Se valoró de manera indebida el dictamen de pérdida de capacidad laboral del CODESS sin tener en cuenta que aquel corresponde a una entidad privada que no firma parte del sistema de seguridad social.

2.5.2. Se desestimaron pruebas clínicas relevantes, debido a que se dio prelación a historias clínicas antiguas y desactualizadas sobre las recientes, se desconocieron patologías progresivas y degenerativas.

2.5.3. Se desconoció el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena que el 6 de mayo de 2022 estableció una pérdida de la capacidad laboral del 60.43%.

1.1.1. Pretensiones

del Magdalena que el 6 de mayo de 2022 estableció una pérdida de la capacidad laboral del 60.43%.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07282-00

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros «[…] 2. Que, en consecuencia, de la declaración anterior, se ordené Revocar la Sentencia de segunda instancia de fecha 4 de septiembre de 2025 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en el proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, con radicado No. 20 -001-33-33-001-202000221-01.

3. Que, en consecuencia, del amparo deprecado, Sírvanse Honorables Magistrados Ordenar al ADMINISTRATIVO DEL CESAR que, en su lugar profiera una nueva sentencia acorde a la protección de los derechos fundamentales vulnerados.

4. C omo consecuencia de la declaración anterior, Revocar en su integridad el acto administrativo Resolución No. 274703 DEL 04/10/2019, por medio del cual la Subdirección de Determinación V de COLPENSIONES resolvió revocar las resoluciones SUB 180963 del 7 de ju lio del 2018 y SUB 221511 del 22 de agosto del 2018, por las cuales se reconoció la pensión de invalidez a EVER ENRIQUE MARTÍNEZ SALAZAR.

5. Que, en consecuencia, del amparo constitucional deprecado, ordenar a Colpensiones, “a que incluya a EVER ENRIQUE MARTINEZ SALAZAR, identificado con cédula de

5. Que, en consecuencia, del amparo constitucional deprecado, ordenar a Colpensiones, “a que incluya a EVER ENRIQUE MARTINEZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1064788369 en el registro nacional de pensionados.

6. Como consecuencia de lo anterior, se ordene de inmediato el pago de las mesadas pensionales dejada de percibir y el restablecimiento de la prestación económicas reconocida a favor del señor Ever Enrique Martínez Salazar a través de la Resolución SUB 180963 del 7 de julio de 2018, confirmada en todas sus partes por la resolución SUB 221511 del 22 de agosto de 2018. […]». (sic)

1.2. Informe rendido en el proceso

4. La Administradora Colombiana de Pensiones 2 solicitó que se declare la improcedencia o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda, pues pretende reabrir un litigio ya definido mediante sentencia ejecutoriada del Tribunal Administrativo del Cesar, que revocó el reconocimiento de la pensión de invalidez al demostrarse fraude en las pruebas que dieron origen al beneficio. Argumentó que la tutela no puede usarse como tercera instancia ni para controvertir decisiones judiciales amparadas por cosa juzgada, que existen medios ordinarios idóneos para discutir pretensiones pensionales, y que no se configura ninguno de los defectos que hab ilitan excepcionalmente la tutela contra providencias judiciales. Además, hizo énfasis en la obligación constitucional de proteger el patrimonio público y la sostenibilidad del sistema pensional, que se verían afectados si se ordenara el restablecimiento de una prestación reconocida de manera irregular.

hizo énfasis en la obligación constitucional de proteger el patrimonio público y la sostenibilidad del sistema pensional, que se verían afectados si se ordenara el restablecimiento de una prestación reconocida de manera irregular.

5. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio3.

2. Consideraciones

6. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el

2 Archivo obrante en el índice 9 del Samai. 3 Mediante auto del 24 de noviembre de 202 5, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular al Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, al Tribunal Administrativo del Cesar .5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07282-00

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia.

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

8. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado 4 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

8. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado 4 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 5. Al

respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente . […]»,

9. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

10. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 6 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86

Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 6 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07282-00

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros

11. Ahora bien, la Corte Constitucional7 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que

cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudenc ial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

12. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos8, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales9.

13. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

14. La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos fundamentales de la parte demandante con ocasión de la providencia del

debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

14. La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos fundamentales de la parte demandante con ocasión de la providencia del 4 de septiembre de 2025, que revocó, en segunda instancia, el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez en su favor, con la que incurrió, presuntamente, en defecto fáctico?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

15. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto fáctico

16. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que el actor le atribuye a la

7 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 9 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07282-00

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional10, tiene una dimensión negativa y otra positiva.

17. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional10, tiene una dimensión negativa y otra positiva.

17. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez» 11, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»12. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»13.

18. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.3. Sobre el caso concreto

19. Ever Enrique Martínez Salazar y otros acudieron al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia proferida el 4 de septiembre de 202 5 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en cuanto declaró la nulidad del reconocimiento y pago de su pensión de invalidez al estar fundamentado en pruebas fraudulentas.

20. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico, pues, se dejó de valorar el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena del 6 de mayo de 2022, que arrojaba como resultados una

fáctico, pues, se dejó de valorar el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena del 6 de mayo de 2022, que arrojaba como resultados una invalidez del 60.43 %.

21. Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado 20001333300120200022101 y el pronunciamiento cuestionado, contrario a lo afirmado por la parte demandante, es posible avizorar una motivación suficiente y

coherente que justifica su sentido, así:

«[…] Así, la pensión de invalidez que fue reconocida por medio de la Resolución SUB180963 del 7 de julio de 2018, no fue adquirida con justo título por el señor Ever Enrique Martínez Salazar, en tanto el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por COLPENSIONES a través de la empresa ASALUD que sirvió de fundamento para el reconocimiento, fue alterado por la médico laboral Teresa de Jesús de la Hoz Solano en favor del afiliado a cambio de una suma de dinero, quien en el curso de la investigación penal y con la finalidad de colaborar con la justicia entregó un listado de las personas a las que había modificado su dictamen, entre los cuales se encuentra señalado accionado, sin que pueda aceptarse válidamente que no conocía tal circunstancia puesto

10 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 11 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 11 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 12 Sentencia SU -159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 13 Sentencia T-538 de 1994.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07282-00

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros que el único favorecido con el aumento del porcentaje de pérdida de capacidad laboral era él como beneficiario espurio de una pensión de invalidez.

Como argumento adicional es válido tomar en cuenta el contenido del dictamen de pérdida de capacidad laboral No. 1064788369 – 771 de fecha 6 de mayo de 2021, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena en el que se calificaron las patologías del salir Ever Martínez y se concluyó que el mismo tenía una pérdida de capacidad laboral del 60,43%, con fecha de estructuración del 23 de octubre de 2019, para precisar que si bien el porcentaje supera el 50% exigido para el reconocimiento de la pensión de invalidez, en el mismo fueron tenidos en cuenta conceptos de:

Ortopedia (18/06/2018, 31/07/2018, 16/08/2018, 18/08/2018, 17/01/2019), psicología

(28/06/2019), psiquiatría (11/07/2019, 24/10/2019, 30/01/2020, 22/12/2020 y 09/02/2021), medicina interna (23/08/2019), fonoaudiología (08/10/2019), cardiología (21/10/2019), neuropsicóloga (23/10/2019), neumología (23/11/2019), gastroenterología (02/07/2020) y alergología (11/02/2021), emitidos con posterioridad a la fecha de emisión del dictamen No: 2018262611FG que data del 28 de febrero de 2018.

Estas patologías no fueron tenidas en cuenta por COLPENSIONES al momento de reconocer la pensión de invalidez del accionado y por tanto no puede concluirse que en esa fecha sí le asistía derecho al porcentaje de pérdida de capacidad laboral otorgado por quien afirmó haberlo sobrevalorado.

En síntesis, es claro que la gestora pensional demandante demostró con pruebas suficientes que el afiliado incurrió en una conducta contraria a la buena fe para acceder al derecho pensional que en su momento le fue reconocido, y por lo tanto, es procedente acceder a las pretensiones de nulidad de los actos de reconocimiento de la pensión y devolución de los emolumentos que de ellos devinieron por concepto de mesadas pensionales, máxime si se tiene en cuenta que sus actuaciones se enmarcan en los supuestos de hecho señalados en las sentencias SU-182 de 2019 y C-835 de 2003 para habilitar la posibilidad de que la administradora de pensiones el recobro por mala fe del afiliado.

Por lo anterior, se declarará la nulidad de los actos administrativos contenidos en las

habilitar la posibilidad de que la administradora de pensiones el recobro por mala fe del afiliado.

Por lo anterior, se declarará la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos. SUB -180963 del 7 de julio de 2018 y SUB -221511 de 22 de agosto de 2018 a través de los cuales se le reconoció pensión de invalidez al señor Ever Enrique Martínez Salazar y se ordenará el reintegro de los valores recibidos desde día 1° de julio de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019, con ocasión a la prestación que le fuera reconocida. […]». (sic)

22. Una vez precisado el contenido de la providencia atacada, es necesario indicar, de primera mano, que el mecanismo de amparo constitucional no puede ser utilizado como una tercera instancia para reabrir discusiones jurídicas ya concluidas y resueltas por el juez natural del asunto.

23. Sin embargo, lo anterior no es óbice para que esta Sala de decisión no efectúe algunas precisiones tendientes a aclarar las razones por las cuales se considera que en el asunto bajo estudio no se configuró del defecto fáctico endilgado.

24. Así, se evidencia que la autoridad judicial demandada efectuó un estudio integral del asunto al concluir que debía accederse a las pretensiones de la parte demandante en lesividad, en la medida en que acreditó adelantar las actuaciones e investigaciones pertinentes para verificar que el dictamen de pérdida de capacidad laboral en el que se fundamentó el reconocimiento pensional de invalidez de Ever9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07282-00

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros

laboral en el que se fundamentó el reconocimiento pensional de invalidez de Ever9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07282-00

Demandante: Ever Enrique Martínez Salazar y otros Enrique Martínez Salazar era fraudulento, motivo por el cual no se puede pretender utilizar la solicitud de tutela para que el juez constitucional efectúe una valoración probatoria contraria. Al respecto, se dijo en la decisión acusada:

«[…] Efectuado el anterior recuento de los supuestos fácticos acreditados, corresponde analizar los fundamentos tenidos en cuenta por COLPENSIONES para establecer que el acto administrativo de reconocimiento de la pensión de invalidez del demandado, fue proferido como consecuencia de un dictamen de pérdida de capacidad laboral fraudulento, al concluir que el porcentaje asignado dista del real, según el cotejo efectuado con un dictamen rendido por CODESS (que concluyó que la pérdida real de capacidad laboral del actor era del 29.17%), dentro de la investigación administrativa especial iniciada por la entidad para revisar el acto mentado.

En el Auto No. 1530 de 25 de septiembre de 2019 con el cual COLPENSIONES ordena el cierre de la investigación administrativa, fueron tenidos en cuenta los siguientes aspectos probatorios y fácticos para adoptar esa decisión:

De lo anterior se desprende que el señor Martínez Salazar fue enunciado con su número de identificación, en el listado de quienes se favorecieron de la gestión que los tramitadores adelantaban ante la señora Teresa de la Hoz, Médico Laboralista Calificadora de COLPENSIONES.

Así las cosas, de las manifestaciones realizadas por la investigada es posible concluir

tramitadores adelantaban ante la señora Teresa de la Hoz, Médico Laboralista Calificadora de COLPENSIONES.

Así las cosas, de las manifestaciones realizadas por la investigada es posible concluir que el dictamen que sirvió como soporte para el reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Ever Enrique Martínez, fue objeto de un hecho fraudulento señalado por quien confesó haberlo perpetrado a cambio de una suma dineraria, lo que condujo al demandado a obtener una prestación para la que no cumplía con las condiciones dispuestas por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.

En ese mismo sentido, la entidad demandante en el curso de la investigación administrativa encontró probada la comisión de fraude para la obtención de la prestación pensional con fundamento en el informe técnico presentado por la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social -CODESS-, que valoró la historia clínica del afiliado tenida en cuenta para el dictamen inicial, en el que se determinó que el porcentaje de PCL para la época era de 29,17% en el que concluyó:10

Radic