CE - Sentencia 11001031500020250728300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-07283-00

Accionante: Carlos Enrique Chala Martínez y otros

Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión.

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Privación injusta de la libertad. Régimen de responsabilidad aplicable. NIEGA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por los señores Carlos Enrique Chala Martínez; Cristian Esteven Chala Córdoba; Ricardo Arturo Segura Gómez, en nombre propio y en representación del menor Carlos Arturo Segura Rivera; Alex Aurilio Chala Bedoya; Andrés Felipe Chala Córdoba; Aurilio Chala Murillo; Bertha Elisa Bedoya Murillo; Carmen Elena Asprilla Torres; Leidys Yaneth Soto Caicedo; Danny Rosero Cáceres; Juan David Rosero Cáceres; Ronald Santiago Rosero Cáceres; Doris Antonia Murillo; Elizab eth Chala Bedoya y Oney Chala Hurtado en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión , por la

Cáceres; Doris Antonia Murillo; Elizab eth Chala Bedoya y Oney Chala Hurtado en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión , por la expedición de la sentencia del 27 de mayo de 2025 en el medio de control de reparación directa , al que le fue asignado el radicado 27001-33-33-002-201700069-00/01.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la dignidad, a la igual dad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

La parte accionante narra que el 12 de octubre de 2011 en el municipio de Nuquí, Chocó, miembros de la Armada Nacional capturaron en flagrancia a los señoresRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07283 -00

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Carlos Enrique Chala Martínez, Alex Aurilio Chala Bedoya, Ricardo Arturo Segura Gómez y Dany Rosero Caceres, por la presunta comisión de la conducta punible de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Que los detenidos permanecieron privados de su libertad por un tiempo aproximado de 24 meses, de los cuales 6 meses y 3 días fueron en el establecimiento penitenciario y carcelario ANAYANCY de la ciudad de Quibdó, sin que esa situación

Que los detenidos permanecieron privados de su libertad por un tiempo aproximado de 24 meses, de los cuales 6 meses y 3 días fueron en el establecimiento penitenciario y carcelario ANAYANCY de la ciudad de Quibdó, sin que esa situación obedeciera a culpa grave o dolo de aquellos.

Que instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa-Armada Nacional, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación , por los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad, y el 3 de mayo de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó accedió parcialmente a las pretensiones, mediante sentencia aclarada a través del auto del 21 de marzo de 2022.

Que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial interpusieron recurso de apelación y el 27 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, revocó la providencia y, en su lugar, negó las pretensiones porque no encontró demostrado que el daño fuera imputable a las entidades demandadas.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en las siguientes causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial:

1. desconocimiento del precedente judicial contenido en la Sentencia SU072/18 de la Corte Constitucional, según el cual cuando la absolución penal ocurre porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta es atípica el juez debe aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, y en la Sentencia SU-363/21, acorde con la cual incluso si una medida de aseguramiento inicialmente fue razonable puede ser fuente de responsabilidad objetiva, cuando se constata que la conducta

responsabilidad, y en la Sentencia SU-363/21, acorde con la cual incluso si una medida de aseguramiento inicialmente fue razonable puede ser fuente de responsabilidad objetiva, cuando se constata que la conducta era atípica o no existió dolo imputable al procesado, postura que también compartió el Consejo de Estado en la sentencia de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-05020-01 y es acorde con el estándar convencional establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ii) defecto sustantivo, pues impuso como condición para la declaratoria de responsabilidad la acreditación de una falla del servicio, sin tener en cuenta que el régimen subjetivo no es el único aplicable y que en el caso debió aplicarse el objetivo, pues acorde con la sentencia absolutoria penal del 17 de octubre de 2013 los investigados actuaron convencidos de colaborar con la Armada Nacional en una operación lícita, sin voluntad de traficar estupefacientes, por lo cual no había tipicidad subjetiva; iii) violación directa de la Constitución, ya que desconoció el artículo 90 superior, al negar la reparación, pese a que la privación de la libertad fueRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07283 -00

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cierta, prolongada y oficialmente reconocida; la absolución penal se dio por tipicidad subjetiva; y el daño fue cierto, grave y personalizable, con lo cual trasladó el daño a las víctimas;

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cierta, prolongada y oficialmente reconocida; la absolución penal se dio por tipicidad subjetiva; y el daño fue cierto, grave y personalizable, con lo cual trasladó el daño a las víctimas; iv) defecto fáctico y «motivación insuficiente» de la sentencia porque valoró de manera irrazonable pruebas decisivas, como la solicitud de absolución de la Fiscalía, los informes y actas de inteligencia sobre la colaboración con la autoridad y la duración efectiva de la detención y sus efectos en la cuantificación de los perjuicios ; basó su decisión en la captura en flagrancia y la existencia de la medida de aseguramiento , lo que no resultaba suficiente para negar las pretensiones , máxime cuando encontró demos trado que los capturados estaban actua ndo en colaboración con la Armada Nacional; y efectuó una justificación aparente e incongruente con los fundamentos del juzgador de primera instancia; y v) defecto procedimental porque negó las pretensiones con base en el hecho de que la Armada Nacional había sido excluida del litigio por falta de legitimación en la audiencia inicial , y desconoció reglas jurisprudenciales sobre el régimen aplicable , sin justificar su separación del precedente.

PRETENSIONES

Solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 27 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, y se ordene restablecer los efectos de la sentencia del 3 de mayo de 2021 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó , y a la autoridad judicial accionada que emita directrices internas para garantizar la aplicación del precedente y la

restablecer los efectos de la sentencia del 3 de mayo de 2021 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó , y a la autoridad judicial accionada que emita directrices internas para garantizar la aplicación del precedente y la debida ponderación de las pruebas determinantes en casos de privación injusta de la libertad.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 25 de noviembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Ministerio de Defensa -Armada Nacional, a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, como terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, afirmó que la sentencia discutida está ajustada a derecho y fue proferida con total apego a la normativa, a la jurisprudencia del Consejo de Estado vigente y aplicable al caso y al análisis del acervo probatorio, lo cual lo llevó a concluir que no se configuraron los elementos que comprometían la responsabilidad estatal . En consecuencia, ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales, solicitó negar las pretensiones.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07283 -00

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Quibdó – Chocó pidió negar las pretensiones en lo a que esa entidad concierne, pues carece de

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Quibdó – Chocó pidió negar las pretensiones en lo a que esa entidad concierne, pues carece de legitimación en la causa por pasiva, en tanto el desacuerdo de la parte actora radica en las actuaciones de la autoridad judicial accionada y dentro de sus funciones no se encuentra la de intervenir en los procesos judiciales.

La Fiscalía General de la Nación expuso que no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues la decisión cuestionada no está relacionada con su competencia ; que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la parte accionante está utilizando la acción como un mecanismo para reabrir el debate legal ya definido; y que con la sentencia controvertida no se vulneraron las garantías de los solicitantes del amparo. Por lo tanto, pidió declarar la improcedencia de la acción.

Se decidirá previo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07283 -00

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«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde

que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07283 -00

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución.»3

sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

Caso concreto

A esta Subsección corresponde verificar si se superan los requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

Al respecto, se encuentra que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la incursión en los defectos alegados por la a ctora; ii) la acción se presentó con inmediatez, pues el 3 de junio de 2025 se envió mensaje de datos para notificar la sentencia discutida en esta sede y esta acción fue instaurada el 1 8 de noviembre

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07283 -00

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del presente año; iii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos

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del presente año; iii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; v) no se trata de una sentencia de tutela; y vi) se está invocando una irregularidad procesal que podría resultar decisiva.

En consecuencia, se procederá al estudio de fondo de los desacuerdos planteados, los cuales serán analizados de forma conjunta, pues su fundamento se encuentra en la falta de aplicación del régimen objetivo de responsabilidad.

En la sentencia discutida en esta sede, la autoridad judicial encontró acreditado el daño consistente en la privación de la libertad de los señores Carlos Enrique Chalá Martínez, Alex Aurilio Chalá Bedoya, Dany Rosero Cáceres y Ricardo Arturo Segura Gómez del 16 de octubre de 2011 hasta el 19 de abril de 2012, por lo cual procedió a verificar si este era imputable a las entidades demandadas. Para el efecto, analizó tanto las pruebas obrantes en el expediente como los artículos 306, 308 y 313 de la Ley 906 de 2004.

A partir de dicho análisis la Sala advirtió que las actuaciones investigativas y judiciales de la Fiscalía y de la Rama Judicial se realizaron con fundamento en los parámetros legales y teniendo en cuenta que en la captura realizada por la Armada Nacional encontró a los implicados llevando consigo una cantidad significativa de estupefacientes, por lo cual no se presentó una falla del servicio ni podía imputársele el daño a las demandadas.

Sobre el particular, observó que la primera de las mencionadas solicitó la imposición

estupefacientes, por lo cual no se presentó una falla del servicio ni podía imputársele el daño a las demandadas.

Sobre el particular, observó que la primera de las mencionadas solicitó la imposición de la medida con base en pruebas que evidenciaban la presunta comisión de la conducta punible de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes , cuya pena principal era la privación de la libertad en establecimiento carcelario ; elementos probatorios que llevaron a acceder a la medida. Además, advirtió que los imputados para ese momento constituían un peligro para la sociedad , al tratarse de una conducta grave.

Además, precisó que, si bien la captura se dio en el marco de la participación de los implicados en un procedimiento adelantado en acuerdo con la Armada Nacional, ese hecho era desconocido por las demás autoridades, máxime cuando fue dicha entidad la que puso a los capturados a disposición de la Fiscalía, por lo cual en caso de ser discutible la atribución del daño tendría que analizarse la imputabilidad de este a la Nación -Ministerio de Defensa -Armada Nacional, pero esa parte fue excluida de la litis por f alta de legitimación en la causa por pasiva en la audiencia inicial celebrada el 25 de abril de 2018 , decisión que no fue apelada por los demandantes, por lo que no podía emitir pronunciamiento alguno frente a aquella.

Efectuado el anterior recuento de los razonamientos que llevaron a la autoridad judicial aquí accionada a revocar la decisión de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa, se advierte que ciertamente

Efectuado el anterior recuento de los razonamientos que llevaron a la autoridad judicial aquí accionada a revocar la decisión de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa, se advierte que ciertamente tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido laRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07283 -00

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posibilidad de aplicar el régimen objetivo de responsabilidad cuando el hecho investigado no existió o la conducta era objetivamente atípica , lo cual no fue desconocido por la Sala accionada. De hecho, en la sentencia cuestionada afirmó que en dichos eventos era posible aplicar dicho régimen, acorde con la Sentencia SU-072/18 de la Corte Constitucional.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el presente asunto la autoridad judicial evidenció varias particularidades que la llevaron a determinar que en el caso , el daño podría haberse imputado eventualmente a la Armada Nacional , quien tenía conocimiento de que los investigados estaban implicados en un operativo adelantado en colaboración con esa fuerza pública y pese a ello los capturó y puso en disposición del juez de control de garantías.

En esa medida, si bien es cierto en la decisión controvertida en esta sede, la autoridad judicial no analizó expresamente la responsabilidad objetiva de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, lo cierto es que ello obedeció a las circunstancias específicas del caso, que la llevaron a evidenciar que en el asunto el

autoridad judicial no analizó expresamente la responsabilidad objetiva de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, lo cierto es que ello obedeció a las circunstancias específicas del caso, que la llevaron a evidenciar que en el asunto el daño podría haberse causado por una eventual falla en el servicio por parte de otra autoridad, pero esa imputación no podía ser analizada porque en la audiencia inicial se declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva , decisión que no fue controvertida.

Sobre este último aspecto, la parte actora manifestó su desacuerdo porque, a su juicio, esa decisión adoptada en primera instancia no impedía el análisis de responsabilidad. Sin embargo, como lo concluyó la autoridad judicial accionada, era una decisión que se encontraba ejecutoriada y que no fue d iscutida por la parte demandante, por lo cual si esta consideraba que a la Armada Nacional le asistía responsabilidad debió recurrir esa determinación, pero no lo hizo, lo que conllevó que en la sentencia de segun da instancia no se analizara si incumplió sus obligaciones de ley y si esto fue la causa del daño , lo que evidencia que no se configuró el defecto procedimental alegado.

Lo expuesto permite también desvirtuar el desconocimiento del precedente judicial, pues la autoridad judicial no desatendió la postura de la Corte Constitucional sobre el régimen de responsabilidad aplicable. En este punto, debe aclararse que los solicitantes del amparo también aludieron a la sentencia del 6 de mayo de 2024

proferida por el Consejo de Estado en el proceso con ra dicado 11001-03-15-0002023-05020-01, pero se trata de una decisión con efectos inter partes, al haber sido proferida en sede de tu tela y que además no versa sobre los mismos supuestos fácticos, ya que en esa ocasión el reproche del juez de tutela obedeció a que el Tribunal allí accionado desconoció el motivo real por el cual se absolvió penalmente a los allí investigados, lo que no sucedió en el caso aquí analizado.

En cuanto al defecto fáctico y la falta de motivación, se advierte que la Sala sí tuvo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la captura de los investigados y su posterior absolución penal, distinto es que las especificidadesRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07283 -00

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del asunto lo llevaran a aplicar el régimen subjetivo de responsabilidad , lo cual justificó debidamente y de forma razonable, por lo cual no puede ser objeto de reproche constitucional.

De otro lado , se observa que la autoridad judicial analizó los elementos de la responsabilidad, de conformidad con el artículo 90 constitucional, pero no encontró acreditado el elemento de la imputación, lo que permite descartar la estructuración de la violación directa de la Constitución.

Ahora, aunque la parte actora alegó la configuración de un defecto fáctico, lo cierto es que no señaló la norma concreta que consideró indebidamente aplicada u

de la violación directa de la Constitución.

Ahora, aunque la parte actora alegó la configuración de un defecto fáctico, lo cierto es que no señaló la norma concreta que consideró indebidamente aplicada u omitida, lo que impide un estudio minucioso sobre el particular.

En consecuencia, al no encontrarse demostrado ninguno de los defectos planteados por la parte actora, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR el amparo solicitado por la parte accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente