CE - Sentencia 11001031500020250729100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07291-00

Demandante: Adán Hinestroza Palacios Demandado: Corte Constitucional Acción: Acción de tutela Tema: Derecho de petición Decisión: Declara improcedente y carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por Adán Hinestroza Palacios en contra de la Presidencia de la Corte Constitucional.

1. SÍNTESIS DEL CASO El señor Adán Hinestroza Palacios, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la Corte Constitucional, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición, el cual consideró vulnerado por parte de l a autoridad judicial accionada al no habérsele dado respuesta a la solicitud formulada el día 24 de julio de 2025.

Como pretensiones se indicaron las siguientes:

PRIMERA: Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados, amparar mi derecho constitucional y fundamental de petición, a obtener una respuesta pronta,

día 24 de julio de 2025.

Como pretensiones se indicaron las siguientes:

PRIMERA: Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados, amparar mi derecho constitucional y fundamental de petición, a obtener una respuesta pronta, congruente, precisa y de fondo conforme a lo planteado en el escrito de petición enviado el día 24 de julio de 2025 ; ordenándole al señor Presidente de la Corte Constitucional de Colombia Magistrado JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR o quien haga sus veces en el momento de la notificación de la Tutela, a dar estricta respuesta al Derecho Fundamental de Petición enviado el día 24-07-2025, dentro de los términos a que aluden los artículos 27° y 29° del Decreto Ley 2591 de 1991.

2. SITUACIÓN FÁCTICA En el escrito de tutela, el accionante expuso, en síntesis, los siguientes hechos:

Indicó que el 24 de julio de 2025 envió, por correo electrónico, un derecho de petición dirigido a la Presidencia de la Corte Constitucional, en el cual solicitó:

1. Cuales fueron los fundamentos normativos de rango constitucional y de ley, que tuvo o tuvieron para aplazar la entrada de la vigencia total de la Ley 2381 de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07291-00

Accionante: Adán Hinestroza Palacios

Accionado: Corte Constitucional

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2. Por favor, enviar copia del Auto Interlocutorio de la anterior decisión.

Señaló que el 29 de julio de 2025 recibió un correo proveniente de la División de Servicios Digitales y Atención al Usuario, informándole que su petición había sido remitida a la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.

Sostuvo que, desde la radicación de la solicitud, no ha recibido respuesta por parte de la autoridad judicial accionada.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes dentro del trámite fueron las siguientes:

3.1. La acción de tutela fue admitida mediante auto de 21 de noviembre de 20251, en el cual se ordenó notificar 2 a la Presidencia de la Corte Constitucional , en su condición de autoridad judicial accionada. Igualmente, se dispuso vincular al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que rindiera informe sobre la presente solicitud de amparo.

3.2. El Consejo Superior de la Judicatura 3 rindió informe en el que solicitó su desvinculación del asunto, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Indicó que recibió la petición elevada por el actor a través del correo electrónico info@cendoj.ramajudicial.gov.co y que, una vez revisado su contenido, procedió a redireccionarla a la Corte Constitucional.

Indicó que recibió la petición elevada por el actor a través del correo electrónico info@cendoj.ramajudicial.gov.co y que, una vez revisado su contenido, procedió a redireccionarla a la Corte Constitucional.

3.3. La Presidencia de la Corte Constitucional4 allegó informe en el que solicitó negar el amparo o, en subsidio, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Explicó que, con base en el reporte del 25 de noviembre de 2025 del Jefe del Área de Sistemas, la cuenta info@cendoj.ramajudicial.gov.co no pertenece ni es administrada por la Corte, sino por el Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, entidad ajena a su infraestructura tecnológica.

En consecuencia, la Corte no tiene acceso ni trazabilidad sobre los mensajes enviados a dicha cuenta, por lo que la comunicación remitida por el actor no fue recepcionada directamente por esa Corporación.

No obstante, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría General y los anexos de la tutela, el 29 de julio de 2025 se recibió un mensaje enviado desde el mismo canal del CENDOJ, mediante el cual fue redireccionado a la Corte el escrito pre sentado por el accionante.

1 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07291-00. 2 Esta orden se cumplió el 25 de noviembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-03-15-000-2025-07291-00.

2 Esta orden se cumplió el 25 de noviembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-03-15-000-2025-07291-00. 3 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07291-00. 4 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-03-15-000-2025-07291-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07291-00

Accionante: Adán Hinestroza Palacios

Accionado: Corte Constitucional

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En atención a lo anterior, y una vez verificada la materia y el objeto del escrito, este fue incorporado al expediente D-15989, correspondiente al proceso de constitucionalidad que se adelanta respecto de la Ley 2381 de 2024.

Precisó que la incorporación no se efectuó en calidad de derecho de petición, sino como un escrito ciudadano presentado en el marco del trámite de control abstracto de constitucionalidad de la referida Ley.

Lo anterior, por cuanto el contenido de la comunicación elevada por el accionante consistió, esencialmente, en solicitar un pronunciamiento de la Corte sobre “los fundamentos normativos de rango constitucional y de ley que se tuvieron en cuenta para aplazar la entrada en vigencia total de la Ley 2381 de 2024” , así como en requerir copia

fundamentos normativos de rango constitucional y de ley que se tuvieron en cuenta para aplazar la entrada en vigencia total de la Ley 2381 de 2024” , así como en requerir copia del auto mediante el cual se dispuso la suspensión del trámite en el expediente D-15989.

Finalmente, indicó que el día 26 de noviembre de 2025 , remitió respuesta a la petición elevada por el accionante a la dirección electrónica hinepal1970@hotmail.com.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 5 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 6 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 7, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 8, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

Se observa que el Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional en su informe.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T -416 del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:

[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T -416 del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:

[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia fa vorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 6 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 7 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 8 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07291-00

Accionante: Adán Hinestroza Palacios

de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07291-00

Accionante: Adán Hinestroza Palacios

Accionado: Corte Constitucional

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La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

(…)

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. (Subrayas fuera del texto original).

En atención a lo expuesto, la Sala considera que no procede acceder a la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que fue a la dirección de correo electrónico info@cendoj.ramajudicial.gov.co, administrada por dicha autoridad, a la cual el accionante remitió su petición.

En consecuencia, su presencia procesal resulta necesaria para garantizar la eficacia de la decisión que se adopte dentro de este trámite constitucional. Por ello, no es procedente su desvinculación y deberá permanecer en el trámite procesal.

4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

su desvinculación y deberá permanecer en el trámite procesal.

4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

4.3.1. El accionante presentó un derecho de petición el 24 de julio de 2025 dirigido a la Presidencia de la Corte Constitucional; sin embargo, remitió su solicitud a la dirección electrónica info@cendoj.ramajudicial.gov.co.

4.3.2. El 29 de julio de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura – CENDOJ redireccionó la petición a la Secretaría General de la Corte Constitucional, al considerar que no era de su competencia.

4.3.3 El 26 de noviembre de 2025, la Corte Constitucional remitió respuesta al peticionario, la cual envió a la dirección electrónica hinepal1970@hotmail.com.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

4.4.1. Del ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales

La Sala ha sostenido en su jurisprudencia que el ejercicio del derecho de petición no es procedente cuando se pretende obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para logra r dicho cometido. En tal sentido, el operador constitucional debe determinar si la solicitud presentada persigue cuestiones estrictamente judiciales o administrativas, dado que solo en este último evento procede la protección del derecho fundamental.

Al respecto, en sentencia de 17 de julio de 20089, la Sala precisó lo siguiente:

(…) En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de

(…) En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de

9 Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07291-00

Accionante: Adán Hinestroza Palacios

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petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales,

curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo

los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial (…) (Negrilla fuera del texto)

En el asunto objeto de estudio, se observa que el accionante, el 24 de julio de 2025, a través del correo electrónico hinepal1970@hotmail.com, formuló ante la Corte Constitucional la siguiente solicitud:

(…) Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, y el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 que fue modificado por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de2015; además, teniendo en cuenta lo informado por los medios de comunicacion es de nivel nacional, referente al trámite de las demandas públicas de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024, presentada ante dicha Corporación Judicial; de la manera más cordial, me permito preguntar y solicitar lo siguiente:Radicado: 11001-03-15-000-2025-07291-00

Accionante: Adán Hinestroza Palacios

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1. Cuales fueron los fundamentos normativos de rango constitucional y de ley, que tuvo o tuvieron para aplazar la entrada de la vigencia total de la Ley 2381 de 2024.

2. Por favor, enviar copia del Auto Interlocutorio de la anterior decisión. (…)

que tuvo o tuvieron para aplazar la entrada de la vigencia total de la Ley 2381 de 2024.

2. Por favor, enviar copia del Auto Interlocutorio de la anterior decisión. (…)

Como se desprende de su contenido, la petición pretende obtener pronunciamientos sobre aspectos propios del trámite judicial de control abstracto de constitucionalidad adelantado respecto de la Ley 2381 de 2024. Por tanto, dichas solicitudes deben resolverse mediante los mecanismos y procedimientos previstos para ese proceso específico, y no a través del derecho de petición.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo respecto del derecho de petición invocado por la parte accionante, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Ahora bien, en relación con el hecho vulnerador alegado, la Sala procederá a determinar si se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, a la luz del informe allegado por la autoridad judicial accionada.

4.4.2. Carencia actual de objeto por hecho superado en el caso concreto

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Así mismo, procede a falta de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable, lo cual justifica la necesidad de una decisión por parte del jue z constitucional.

Sin embargo, si luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o

irremediable, lo cual justifica la necesidad de una decisión por parte del jue z constitucional.

Sin embargo, si luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma, no tendría sentido un pronunciamiento, por cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua y, por tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción como es la protección inmediata y actual de derechos fundamentales 10, situación que la jurisprudencia ha denominado “carencia actual de objeto”.

El alto Tribunal Constitucional ha señalado que se configura la carencia actual de objeto en tres situaciones a saber: i) por hecho superado; ii) por daño consumado; y iii) por hecho sobreviniente.

El hecho superado se presenta cuando, durante el trámite de amparo, las acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, puesto que el derecho ya no se encuentra en riesgo11.

Por su parte, estamos ante el daño consumado cuando se ha producido la violación o amenaza del derecho fundamental que se pretendía evitar con la acción de tutela, de

10 Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 11 Corte Constitucional, sentencia T-662 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07291-00

Accionante: Adán Hinestroza Palacios

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modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro12.

Por último, el hecho sobreviniente constituye13 una nueva categoría diseñada para cubrir escenarios que no encajan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado, por lo que remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”14.

En el presente proceso, el accionante afirmó que la Corte Constitucional no había dado respuesta a la solicitud elevada el 24 de julio de 2025. Al respecto, se observa que dicha autoridad judicial respondió el 26 de noviembre de 2025, en los siguientes términos:

(…) Sobre la competencia de la Corte Constitucional para absolver consultas la Sentencia C-113 de 1993 de esta corporación señaló: “Ni en las once funciones descritas en el artículo 241, ni en ninguna otra norma constitucional, se asigna a la Corte la facultad de servir de órgano consultivo”.

Sobre las peticiones de consulta, la Circular No. 06 de 2018 de la Corte Constitucional, precisa que se considera como tal,

“el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada, relacionada con los temas a cargo de la misma y dentro del marco de su

Constitucional, precisa que se considera como tal,

“el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada, relacionada con los temas a cargo de la misma y dentro del marco de su competencia adicional y legal. La Corte Constitucional, como órgano de naturaleza judicial, no se encuentra facultada ni obligada a absolver consultas jurídicas -emitir opiniones - en aras de preservar su juicio únicamente para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. La asesoría jurídica o la función consultiva escapan a las funciones constitucionales de esta Corte (artículo 241 de la constitución). Sin comprometer su juicio, es posible simplemente remitir a la norma o a la jurisprudencia pertinente en la materia. Sí es posible responder consultas, por parte de la coordinación administrativa, respecto de su función meramente administrativa”.

Por lo anterior, en consideración a los límites de su competencia, la Corte no brindará explicaciones sobre los fundamentos constitucionales y legales a partir de los cuales dispuso la suspensión de la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 en el Auto 841 de 2025.

Adicionalmente, es preciso recordar que las deliberaciones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, al igual que las surtidas en las demás altas cortes, son reservadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley 2067 de 1991 y 38 del Reglamento Interno.

Finalmente, en atención a la solicitud de copia del Auto 841 de 2025, se observa necesario poner de presente al peticionario que puede consultar el estado del expediente D-15.989, así como la providencia solicitada en el expediente digital

Finalmente, en atención a la solicitud de copia del Auto 841 de 2025, se observa necesario poner de presente al peticionario que puede consultar el estado del expediente D-15.989, así como la providencia solicitada en el expediente digital publicado en la página web de la Corte Constitucional, ya que es de público acceso. Para su mayor facilidad adjunto el enlace: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2025/a841-25.htm (...)

Se advierte igualmente que dicha respuesta fue remitida a la dirección electrónica hinepal1970@hotmail.com, informada por el accionante, veamos:

12 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07291-00

Accionante: Adán Hinestroza Palacios

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Así las cosas, la Sala concluye que las circunstancias que motivaron la interposición de la presente acción de tutela desaparecieron, en la medida en que la autoridad judicial accionada sí emitió respuesta a la solicitud presentada el 24 de julio de 2025.

En consecuencia, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el presunto hecho vulnerador cesó con la expedición de la respuesta referida.

accionada sí emitió respuesta a la solicitud presentada el 24 de julio de 2025.

En consecuencia, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el presunto hecho vulnerador cesó con la expedición de la respuesta referida.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente al derecho de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07291-00

Accionante: Adán Hinestroza Palacios

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Presidenta Consejera de Estado

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA

NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO

CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.