CE - Sentencia 11001031500020250729800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07298-00

Accionante: IVÁN MARENCO CURE

Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Iván Marenco Cure solicitó, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con el principio de buena fe, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 25000-23-42-000-2019-01056-00/01.

Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 25000-23-42-000-2019-01056-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23-42-000-2019-01056-00/01 contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio OJUE-0880-2019 de 27 de febrero de 2019 expedido por el jefe de la oficina asesora jurídica de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios Sur que negó la existencia de una relación laboral entre el 14 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2019.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07298-00

Accionante: Iván Marenco Cure

2.2. Señaló que el asunto le fue asignado a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, mediante providencia de 31 de octubre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.3. Indicó que interpuso recurso de apelación y mediante sentencia de 4 de septiembre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la

demanda.

2.3. Indicó que interpuso recurso de apelación y mediante sentencia de 4 de septiembre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Manifestó que la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, al incurrir en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial.

3. Adujo que “[…] la sentencia, no analizó en forma sistemática las pruebas obrantes dentro del proceso, pues conforme a las declaraciones rendidas en el proceso y las pruebas documentales, es factible tener por acreditados todos los elementos que demuestran la relación laboral surgida entre mi mandante y la E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, la cual se ocultó con la suscripción de contratos de prestación de servicios. […] se hará énfasis respecto al requisito de dependencia o subordinación, el cual conforme a la documental -contratos de prestación de servicios y cuadros de turno-, testimonial -declaraciones de Hansel de Jesús Gari García, Euler Andrés Pérez Almenarez, Diana Esmeralda Moreno Abaunza y María Karin Bernal - y, finalmente, interrogatorio de parte rendido por Iván Marenco Cure, se halla acreditado. […]”.

4. Manifestó que “[…] El referido interrogatorio y las citadas declaraciones permiten inferir que, en primer lugar, que los deponentes fueron compañeros de trabajo del demandante durante el tiempo en que este prestó sus servicios en la SUBRED

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., desempeñándose en las

inferir que, en primer lugar, que los deponentes fueron compañeros de trabajo del demandante durante el tiempo en que este prestó sus servicios en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., desempeñándose en las mismas unidades asistenciales o compartiendo turnos con él. En segundo término, existe plena coincidencia en que el demandante debía someterse a horarios previamente fijados por la entidad, consistentes en turnos rotativos —de 8, 12 o 24 horas— elaborados y controlados por sus jefes inmediatos, entre ellos los doctores Andrés Cortés, Jorge Castellanos y Mauricio Jiménez, quienes eran médicos de planta de la institución […]”.

5. Concluyó que “[…] las pruebas obrantes en el proceso —turnos asignados unilateralmente, supervisión continua de coordinadores, obligación de cumplir protocolos institucionales exigidos y control operativo absoluto— revelan una subordinación real, cotidiana y suficiente para estructurar la existencia de una relación laboral encubierta. La sentencia impugnada desconoce el principio de primacía de la realidad y omite valorar adecuadamente las condiciones fácticas bajo las cuales el actor ejecutó sus servicios, privilegiando una apariencia contractual sobre la verdad material demostrada en el expediente […] es evidente que, la finalidad de la3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07298-00

Accionante: Iván Marenco Cure

demandada era eludir el pago de prestaciones sociales, para este efecto, utilizó de manera oculta la facultad que otorgó el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 […]”.

6. Frente al desconocimiento del precedente judicial hizo referencia a las siguientes

manera oculta la facultad que otorgó el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 […]”.

6. Frente al desconocimiento del precedente judicial hizo referencia a las siguientes providencias: “[…] Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso AdministrativoSección Segunda - Subsección "A", en sentencia del veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015), Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00067-01 (3038-13), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren […]” y “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 68001-23-31-000-201000056-01 (2543-14), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter […]”.

III. PRETENSIONES

7. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRETENSIONES PRINCIPALES

PRIMERO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” el cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, por medio de la cual se decidió revocar la decisión de primer grado de carácter condenatorio y, en consecuencia, dispuso negar las pretensiones pues se consideró que, no se había demostrado el elemento de dependencia o subordinación de mi mandante para con la E.S.E., dentro del medio de control de nulidad y

en consecuencia, dispuso negar las pretensiones pues se consideró que, no se había demostrado el elemento de dependencia o subordinación de mi mandante para con la E.S.E., dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-2342-000-2019-0105601.

SEGUNDO: Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” que en un término no mayor a treinta (30) días, se sirva proferir una nueva decisión dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido IVÁN MARENCO CURE contra la E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE, identificado bajo el radicado No. 25000-2342-000-2019-01056-01, en el que se tenga en cuenta la totalidad del material probatorio incorporado en debida forma al proceso y se respete el precedente jurisprudencial decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO en asuntos de primacía de la realidad, accediendo a las súplicas invocadas en el escrito introductorio y sin someter a tarifa legal la prueba acopiada en el trámite ordinario

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

PRIMERO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” el cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, por medio de la cual se decidió revocar la decisión de4

cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, por medio de la cual se decidió revocar la decisión de4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07298-00

Accionante: Iván Marenco Cure

primer grado de carácter condenatorio y, en consecuencia, dispuso negar las pretensiones pues se consideró que, no se había demostrado el elemento de dependencia o subordinación de mi mandante para con la E.S.E., dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-2342-000-2019-01056-01.

SEGUNDO: Que se CONFIRME LA SENTENCIA proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), resolvió acceder a las súplicas, declarando la nulidad del acto administrativo acusado, en el mismo sentido, declaró la relación laboral entre mi prohijado y SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en el periodo comprendido entre el 14 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2019 y, como consecuencia de ello, condenó a la demandada al pago de la totalidad de prestaciones sociales reclamadas (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y las primas que haya a lugar) conforme al salario de un médico especialista en ginecología y obstetricia de planta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. No. 25000vacaciones y las primas que haya a lugar) conforme al salario de un médico especialista en ginecología y obstetricia de planta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. No. 250002342-000-2019-01056-00[…]”. [Negrilla original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

8. Mediante auto de 26 de noviembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la presente acción de tutela . Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca.

V. INTERVENCIONES

9. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,

se allegó el siguiente informe:

9.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca detalló cada una de las actuaciones surtidas en primera instancia dentro del proceso ordinario cuestionado y las razones por la cuales en primera instancia se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.5

noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07298-00

Accionante: Iván Marenco Cure

1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 4, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se

deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los defectos sustantivo y fáctico, en desconocimiento del precedente y en la causal de violación directa de la constitución.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y

manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”.

4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07298-00

Accionante: Iván Marenco Cure

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de

SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

8 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 9 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.

Palacio. 9 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 10 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

normas establecidas en la Constitución Política. 10 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07298-00

Accionante: Iván Marenco Cure

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

20. El señor Iván Marenco Cure solicitó, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con el principio de buena fe, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 25000-23-42-000-201901056-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción

11 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 12 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 13 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar

2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 13 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 14 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 15 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07298-00

Accionante: Iván Marenco Cure

de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la af ección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tut ela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].

tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 16 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes

del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Po lítica o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, apli car o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela in terpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al

a la administración de justicia. […]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela in terpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

16 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07298-00

Accionante: Iván Marenco Cure

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)

derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensi ones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los juece s ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales18.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de estudio la parte accionante alega que Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de estudio la parte accionante alega que Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con el principio de buena fe, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial.

29. Adujo que “[…] la sentencia, no analizó en forma sistemática las pruebas obrantes dentro del proceso, pues conforme a las declaraciones rendidas en el proceso y las

17 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de marzo de 2023. 18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015 -00283-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C .P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016 -01063-00, C.P