CE - Sentencia 11001031500020250731200 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-07312-00

Demandante: JEHIDY YOHANNA CEPEDA GÓMEZ

Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

TUTELA POR INMEDIATEZ.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia que declaró la caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo; sin embargo, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez , porque se interpuso por fuera del término jurisprudencial que se ha establecido como razonable para reclamar la protección de los derechos fundamentales.

La Sala decide la acción de tutela presentada 1 por la señora Jehidy Yohana Cepeda Gómez en contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para l a protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, trabajo, mínimo vital y acceso a la administración pública, consagrados en los artículos 29, 25, 53 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con

de Cundinamarca para l a protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, trabajo, mínimo vital y acceso a la administración pública, consagrados en los artículos 29, 25, 53 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 21 de noviembre de 2024 proferida por dicha autoridad judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 11001-33-42-046-2021-00268-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1 Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 19 de noviembre de 2025. (índice 00002 del aplicativo SAMAI)2

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Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez Acción de tutela

1. La señora Jehidy Yohana Cepeda Gómez prestó sus servicios de manera personal en las instalaciones del Es tablecimiento de Sanidad Policial de Atención Básica de Sibaté, en el cargo de técnico auxiliar de enfermería.

1. En escrito presentado el 28 de octubre de 2019 ante la Seccional de Sanidad de Cundinamarca de la Policía Nacional solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.

1. La entidad demandada, a través del Oficio no. S-2019-442803 del 20 de noviembre de 2019, dio respuesta a la reclamación administrativa de manera negativa , ya que la demandante fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios,

1. La entidad demandada, a través del Oficio no. S-2019-442803 del 20 de noviembre de 2019, dio respuesta a la reclamación administrativa de manera negativa , ya que la demandante fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, por lo que no había lugar a reconocer el pago de prestaciones sociales.

1. El 21 de septiembre de 2021, p resentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía NacionalDirección de Sanidad el que solicitó la nulidad del oficio no. S -2019-442803 del 20 de noviembre de 2019 y el reconocimiento de las prestaciones sociales.

1. Mediante sentencia de 4 de septiembre de 2023 , el Juzgado Cuarenta y Seis

Administrativo del Circuito de Bogotá DC accedió parcialmente a las suplicas de la demanda.

1. Inconforme con la decisión la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional - Dirección de Sanidad presentó recurso de apelación en el que afirmó que el a quo no realizó una adecuada valoración de las piezas probatorias obrantes en el expediente y arribó a una inadecuada conclusión al tener por demostrada la existencia del elemento de subordinación.

1. En sentencia de 21 de noviembre de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó parcialmente la sentencia de primera instancia ; en primer lugar , declaró probada la excepción de caducidad 2 respecto a las pretensiones relativas al reconocimiento de prestaciones económicas toda vez que la actora contaba hasta el 14 de mayo de 2021 para presentar la

primera instancia ; en primer lugar , declaró probada la excepción de caducidad 2 respecto a las pretensiones relativas al reconocimiento de prestaciones económicas toda vez que la actora contaba hasta el 14 de mayo de 2021 para presentar la demanda, mientras que la solicitud de conciliación solo se presentó hasta el 28 de mayo

2 El conteo de la caducidad se realizó atendiendo la notificación por conducta concluyente, es decir, desde la fecha en que la demandante otorgó poder a su abogado para presentar solicitud de conciliación extrajudicial, esto es, el 13 de enero de 2021.3

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de 2021, esto es, por fuera de la oportunidad; sin embargo, declaró la nulidad del oficio no. S-2019-442803 del 20 de noviembre de 2019, en cuanto le negó a la demandante el reconocimiento de una relación laboral y el giro de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, motivo por el cual condenó a la demandada a girarlos al respectivo Fondo de Pensiones al que se encontraba afiliada la actora.

2. Los fundamentos de la vulneración

La actora alegó que la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

Respecto al defecto fáctico, afirmó que la Sala de decisión valoró las pruebas de forma ligera, poco racional y caprichosa, pues no le dio valor alguno al hecho probado de que la entidad demandada nunca notificó, ni comunicó, ni dio aviso o entregó copia alguna

ligera, poco racional y caprichosa, pues no le dio valor alguno al hecho probado de que la entidad demandada nunca notificó, ni comunicó, ni dio aviso o entregó copia alguna del acto administrativo demandado , tanto que nunca lo pudo probar ni lo aleg ó en su defensa

Por el contrario, certificó y afirmó, es decir, aceptó, que nunca cumplió con esa carga, por lo que no se puede tener como fecha de conocimiento el 13 de enero de 2021.

Frente al defecto sustantivo , indicó que se desconoció de forma absurda la decisión judicial de primera instancia, debidamente fundamentada y argumentada en las pruebas y alegatos presentados por las partes , toda vez que la caducidad resulta en una falacia distractora que desvía el discurso argumentativo y esquiva la real controversia.

El tribunal falló de manera extra petita al pronunciarse sobre cuestiones que no fueron materia de la controversia y que no podían contemplarse de oficio, lo que resultó en un exceso de poder y una violación al principio de congruencia.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el de igualdad (Art. 13 C.P.), el de la garantía al acceso efectivo a la administración de justicia (Arts. 228 y 229 C.P.) y el derecho a la protección del trabajo y al mínimo vital (Arts.53 C.P. el cual puntualiza que: “Toda persona tiene derecho4

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Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez Acción de tutela

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Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez Acción de tutela

al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.”)

SEGUNDO: DECLARAR que la Sentencia de Segunda Instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Segunda, Subsección A, integrada por los Magistra dos atrás referidos, en la parte pertinente que se reclama, vulneró los artículos 13, 25, 29, 53, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia y las reglas del CPACA al dar trámite a la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, fallando de manera extra petita y con desconocimiento de los principios de la no reformatio in pejus, del debido proceso y del principio de preferencia de la norma sustancial sobre la procesal y del fondo sobre la forma, generando un exceso de procesalismo judicial que conlleva al desconocimiento de los derechos fundamentales atrás enunciados y desconocimiento del derecho de acceso efectivo a una justicia pronta y cumplida.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el artículo primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Segunda, Subsección A, de fecha 21 de noviembre de 2024, a fin que se garantice el debido proceso y el a cceso efectivo a la Justicia y se protejan los demás derechos que resulten

CUNDINAMARCA, Sección Segunda, Subsección A, de fecha 21 de noviembre de 2024, a fin que se garantice el debido proceso y el a cceso efectivo a la Justicia y se protejan los demás derechos que resulten vulnerados, declarando que no existe o no se configura la caducidad decretada.

CUARTO: ORDENAR AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Segunda, Subsección A que profiera una nueva sentencia que reconozca los derechos que tiene nuestra poderdante a la liquidación, pronto pago y debidamente indexadas de las sumas correspondientes a todas sus prestaciones sociales derivadas de la relación laboral subyacente o encubierta (c ontrato realidad) que mantuvo con la entidad demandada (La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.) durante los períodos señalados en la demanda primigenia, tal como el propio Tribunal Administrativo TUTELADO, como juez de segunda instancia, lo analizo y reconoció en la parte final de su propia sentencia .”. (mayúsculas del original - archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 21 de noviembre de 2025 (índice 0004 del aplicativo Samai) se admitió la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al titular del Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá, al ministro de defensa nacional, al comandante general de la Policía Nacional y al

Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al titular del Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá, al ministro de defensa nacional, al comandante general de la Policía Nacional y al director o quien haga sus veces de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional , entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07312-00

Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez Acción de tutela

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (índice 0009 del aplicativo SAMAI) indicó que no vulneró los derechos fundamentales de la actora, toda vez que la sentencia se basó en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado aplicable al caso concreto3, por lo que no quedó duda de que, respecto de la pretensión de pago de aportes a seguridad social, por tener el carácter de prestación periódica, debía aplicarse la regla de caducidad, razón por la cual solicitó negar las pretensiones de la demanda.

El Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el proceso de la referencia, sin manifestar respuesta.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 30 de marzo de 2023, radicado Nº 11001-03-15-000-2022-04156-01, CP Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia 22 de marzo de 2023, radicado Nº 25000-23-42-000-2015-05534-00; auto 9 de febrero de 2023, radicado Nº 66001-23-33-000-2015-00124-01, CP Gabriel Valbuena Hernández.

Sentencia del 25 de agosto de 2016, Radicado: 23001 -23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2005-16, CP Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-06054-00, CP. José Roberto Sáchica Méndez; y Sección Primera, sentencia del 8 de agosto de 2025, radicado: 1100103-15-000-2025-02702-01, CP Oswaldo Giraldo López.6

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Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez Acción de tutela

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demand a por esta vía constitucional a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se protejan los derechos fundamentales antes mencionados presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 21 de noviembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito inmediatez, por las

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito inmediatez, por las razones que procederán a exponerse:

2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que vulneren o amenacen sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un término prudencial y razonable en la medida que, e n tanto mecanismo de protección “inmediata4” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado

4 En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece: “ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces , en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”. (negrillas adicionales).7

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que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”. (negrillas adicionales).7

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que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y alcance de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no se entiende por qué si l a amenaza o violación del derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además el principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5”.

En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la vulneración o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra

afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la vulneración o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o ejecutoria de la provide ncia y la presentación de la acción debe ser razonable, so pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos y se legitime.

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que su contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos, lo que desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar principios tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

5 Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07312-00

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Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,

enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias, pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la principal herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo o vulneren garantías iusfundamentales, en ocasiones, aplicar de manera estricta el término de 6 meses puede resultar en estricto riguroso.

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez, a saber:

“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”6.

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”6.

En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos7”, el juez debe valorar si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las cuales el amparo constitucional siempre será procedente.

2. 2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto

1. En el asunto sub examine, la parte actora alegó que el tribunal omitió valorar la fecha

6 Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009. 7 Ibidem.9

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Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez Acción de tutela

de la notificación del acto, por lo que no resultaba oportuno realizar el conteo de la caducidad desde el otorgamiento del poder.

1. En cuanto al requisito de inmediatez, manifestó que se supera en tanto “actualmente se encuentra radicado el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, según prueba allegada con el presente escrito, acreditándose con este requisito el cumplimiento de la inmediatez para presentar esta acción constitucional”.

1. Al respecto, la Sala advierte que, contrario a lo manifestado por la parte actora, en este caso no se cumplió con ese presupuesto, puesto que la sentencia cuestionada fue la proferida el 21 de noviembre de 2024 y notificada, por correo electrónico, el 6 de

este caso no se cumplió con ese presupuesto, puesto que la sentencia cuestionada fue la proferida el 21 de noviembre de 2024 y notificada, por correo electrónico, el 6 de diciembre del mismo año, mie ntras que la acción de tutela se presentó el 19 de noviembre de 2025, esto es, por fuera del plazo de los 6 meses que se estableció como razonable para presentar el amparo, lo cual permite denotar que se ejerció extemporáneamente, cuando habían transcurrido más de once meses.

1. Asimismo, la Sala observa que en este caso no se explicó ni justificó la presentación tardía de la acción, pues la actora no esgrimió ningún i) motivo válido o situación personal que justificara su inactividad; ii) no se aprecia que s e esté ante una vulneración a amenaza permanente; iii) que el fundamento de la acción haya surgido después de acaecida la actuación violatoria de los derechos; o iv) ninguna otra circunstancia especial que permita flexibilizar el término de inmediatez.

1. La Sala aclara que, contrario a lo manifestado por la actora , no es posible contar la inmediatez desde la decisión que resuelva el recurso extraordinario de revisión en tanto no se ha proferido sentencia y la decisión que se cuestiona en este trámite constitucional es la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho del 21 de noviembre de 2024, no así la eventual decisión que se profiera en el curso del recurso extraordinario de revisión.

1. En gracia de discusión, aun si se aceptara que se encuentra en t érmino para interponer la acción de tutela , lo cierto es tampoco cumpliría con el requisito de

extraordinario de revisión.

1. En gracia de discusión, aun si se aceptara que se encuentra en t érmino para interponer la acción de tutela , lo cierto es tampoco cumpliría con el requisito de subsidiariedad, pues, tal como lo mencionó la misma actora, a la fecha se encuentra en trámite el recurso extraordinario de revisión que versa sobre los mismos argumentos aquí planteados.

1. En consecuencia, como la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable y10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07312-00

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tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional o justifique la interposición tar día del proceso de acción de tutela se deberá declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

1º) Declárase improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,

telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Magistrado Magistrado (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado (Firmado electrónicamente) Aclara voto parcial

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.