CE - Sentencia 11001031500020250731500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07315-00

Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINA MARCA –

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derecho fundamental al debido proceso / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Prima de dirección establecida en el artículo 7.° del Decreto 4050 de 2008 / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso de reparación directa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela 1 instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por conducto de apoderada, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 18 de noviembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica.

Hechos relevantes

2. El señor Gustavo Pineda Rodríguez interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de obtener la nulidad: (i) del Oficio núm. 100151185 -002206 del 28 de septiembre d e 2023, que negó el reconocimiento y pago de la prima de dirección como factor salarial y el respectivo retroactivo de las prestaciones sociales; y ii) de la Resolución

1 Que ingresó para fallo el 1.° de diciembre de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07315-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela

2 núm. 009080 del 30 de octubre de 2023, por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición y se confirmó la anterior decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho, el señor Gustavo Pineda Rodríguez

solicitó:

de reposición y se confirmó la anterior decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho, el señor Gustavo Pineda Rodríguez

solicitó:

“[…] condenar a la entidad demandada a: i) tener la prima de dirección como factor salarial desde el 22 de octubre de 2008; ii) reconocer la prima de dirección con carácter salarial para todos los efectos legales y prestacionales desde el 22 de octubre de 2008 y durante toda la relación existente con la entidad demandada; iii) reliquidar y pagar las prestaciones sociales percibidas desde el 22 de octubre de 2008 como son: prima de navidad, auxilio sobre las cesantías, vacaciones, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por recreación, incentivo de desempeño nacional, prima de gestión tributaria, aduanera y cambiaria, incentivo de desempeño en fiscalización y cobranza y bonificación por servicios prestados y demás emolumentos prestacionales liquidados sobre el ingreso salarial devengado teniendo en cuenta la prima de dirección como salario; iv) actualizar con el índice de precios al consumidor las prestaciones desde el momento en que fueron pagadas sin incluir la prima de dirección como factor sa larial hasta el momento del pago efectivo y ordenar el pago conforme lo establece el Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011”2.

4. El proceso correspondió al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, por medio de sentencia del 3 de octubre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. Como fundamento de su decisión, el a quo sostuvo que el artículo 7.° del Decreto 4050 de 2008 creó la prima de dirección para los empleados públicos del sistema

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. Como fundamento de su decisión, el a quo sostuvo que el artículo 7.° del Decreto 4050 de 2008 creó la prima de dirección para los empleados públicos del sistema

específico de carrera de la DIAN, destinada a quienes ejercían funciones propias de las jefaturas cuando eran designados para ello. En esa disposición también se incluyó que dicha prima “no constituye factor salarial”, sin embargo, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de mayo de 2023, dentro de un proceso de simple nulidad, declaró la nulidad de esa expresión.

6. Explicó que la entidad demandante destacó que el señor Gustavo Pineda

Rodríguez no acreditó ocupar un cargo de carrera administrativa, puesto que su incorporación a la DIAN habría sido automática. No obstante, precisó que tal discusión no formaba parte del objeto del litigio, pues se trataba de una asignación que el demandante dentro del medio de contr ol venía recibiendo y, además, en el expediente reposaba la certificación laboral del 19 de marzo de 2024, en la que constaba que sí estuvo vinculado en carrera administrativa. Con ello, el Juzgado concluyó que efectivamente el señor Gustavo Pineda Rodrígu ez era empleado de carrera en el cargo de Analista III, Código 203, Grado 03.

7. Por otra parte, señaló que la DIAN negó el reajuste de las prestaciones sociales del trabajador con la inclusión de la prima de dirección, bajo el argumento de que la sentencia que anuló la expresión “no constituye factor salarial” del artículo 7.° del Decreto 4050 de 2008 sólo producía efectos hacia el futuro. Frente a ello, el Juzgado

sentencia que anuló la expresión “no constituye factor salarial” del artículo 7.° del Decreto 4050 de 2008 sólo producía efectos hacia el futuro. Frente a ello, el Juzgado

2 Folio 1 de la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07315-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela

3 advirtió que, aunque dicha providencia no indicó expresamente los efectos temporales de la nulidad, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado debía aplicarse la r egla general, es decir, que las sentencias de nulidad emitidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo producen efectos ex tunc e implican la eficacia retroactiva de la sentencia que decreta la nulidad de un acto administrativo.

8. En consecuencia, al haber sido anulada la expresión “no constituye factor salarial” y al operar dicha nulidad con efectos ex tunc , consideró procedentes las pretensiones de la demanda. Por ello declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó a la entidad demandada re liquidar las prestaciones sociales del señor Gustavo Pineda Rodríguez con la inclusión de la prima de dirección que venía percibiendo. Además, ordenó el pago de las diferencias que resultaran a su favor entre lo ya recibido y lo que resultara de la nueva liquidación.

Gustavo Pineda Rodríguez con la inclusión de la prima de dirección que venía percibiendo. Además, ordenó el pago de las diferencias que resultaran a su favor entre lo ya recibido y lo que resultara de la nueva liquidación.

9. Finalmente, el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró probada la excepción de prescripción trienal, formulada por la DIAN, frente a las diferencias prestacionales causadas con anterioridad al 19 de septiembre de 2020.

10. Contra la decisión de primera instancia ambas partes presentaron recurso de apelación. Su estudio correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por medio de sentencia del 28 de

julio de 2025, resolvió:

“PRIMERO: REVOCAR el ordinal PRIMERO de la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por Gustavo Pineda Rodríguez contra la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, conforme a lo expuesto en esta providencia

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el ordinal TERCERO de la sentencia apelada, el cual, conforme a lo expuesto en esta providencia, quedará así:

TERCERO.- Como consecuencia de la declaración de nulidad, a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN a reliquidar las prestaciones sociales devengadas por GUSTAVO PINEDA RODRÍGUEZ , identificado con C.C.

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN a reliquidar las prestaciones sociales devengadas por GUSTAVO PINEDA RODRÍGUEZ , identificado con C.C. No. 19.240.221, con la incidencia de la prima de dirección como factor salarial y pagar las diferencias que resulten a su favor entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la comentada sentencia apelada, conforme a lo analizado en esta providencia. […]”3.

11. El ad quem concluyó que debía confirmarse la decisión que declaró la nulidad de los actos demandados, pues, como acertadamente señaló el juez de primera instancia, la anulación por parte del Consejo de Estado de la expresión “no constituye factor salarial”, contenida en el artículo 7.° del Decreto 4050 de 2008, y

3 Folio 23 de la sentencia del 28 de julio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07315-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela

4 los efectos ex tunc de dicha decisión generaban, en el caso del señor Gustavo Pineda Rodríguez, el derecho a que la entidad demandada reliquidara sus prestaciones sociales con la inclusión de la prima de dirección que percibió.

4 los efectos ex tunc de dicha decisión generaban, en el caso del señor Gustavo Pineda Rodríguez, el derecho a que la entidad demandada reliquidara sus prestaciones sociales con la inclusión de la prima de dirección que percibió.

12. No obstante, el Tribunal revocó el ordinal primero y modificó parcialmente el ordinal tercero de la sentencia apelada, en cuanto estos aplicaron una prescripción trienal que no resultaba procedente en el sub lite.

Pretensiones

13. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se

transcribe textualmente):

“7.1. PRIMERO: Se tutele en favor de la DIAN el derecho fundamental al debido proceso, en congruencia con el principio de seguridad jurídica, vulnerados por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, por incurrir en un defecto material o sustantivo.

7.2. SEGUNDO: Se deje sin valor y efectos las decisiones proferidas por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, los días 3 de octubre de 2024 y 28 de julio de 2025, respectivamente.

7.3. TERCERO: Se ordene al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia de la presenta acción de tutela, profiera una nueva sentencia de primera i nstancia dentro del proceso con radicado 11001334205120240008300, en el que se dé aplicación a la jurisprudencia

la notificación de la sentencia de la presenta acción de tutela, profiera una nueva sentencia de primera i nstancia dentro del proceso con radicado 11001334205120240008300, en el que se dé aplicación a la jurisprudencia sentada sobre la incorporación automática en carrera de los empleados de la DIAN, en especial, la sentencia de unificación del 19 de mayo de 20 16, emitida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

14. La DIAN sostiene que con la providencia del 28 de julio de 2025 se incurrió en un desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 19 de mayo de 2016, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se estableció que los empleados incorporados a la entidad automáticamente no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, por cuanto no accedieron al empleo mediante concurso de mérito, ni acreditaron inscripción en propiedad en el sistema específico

de carrera administrativa.

15. Afirma que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han

coincidió en concluir que los empleados incorporados automáticamente en carrera administrativa no gozan de los derechos propios de la misma, toda vez que estos sólo nacen después de haber superado un concurso de méritos.

4 Folio 12 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07315-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela

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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela

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16. De igual modo, señaló que se configura un defecto sustantivo por la falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.° del Decreto 4050 de 2008, norma que establece que la prima de dirección es una retribución económica que se reconoce

a los empleados públicos del sistema específico de carrera de la DIAN, por el ejercicio de las funciones inherentes a las jefaturas, cuando han sido designados para el efecto.

Trámite procesal

17. Mediante auto del 21 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionados y al Ministerio Público, al señor Gustavo Pineda Rodríguez y a los demás intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-42-051-2024-00083-00/01, como terceros con interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe.

18. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Intervenciones

19. El señor Gustavo Pineda Rodríguez , por intermedio de apoderado, sostuvo que la acción presentada por la DIAN tiene como único propósito buscar por medio

que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Intervenciones

19. El señor Gustavo Pineda Rodríguez , por intermedio de apoderado, sostuvo que la acción presentada por la DIAN tiene como único propósito buscar por medio de una acción constitucional una tercera instancia al proceso ordinario, por lo que la demanda deviene improcedente.

20. Indicó que la sentencia de unificación del 19 de mayo de 2016, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, no resulta aplicable para este caso, precisamente porque no hay una unidad de materia, pues se trata de dos hipótesis diferentes: la primera asociada con un requerimiento para reconocer una prestación que no ha sido pagada, y la segunda para solicitar el reconocimiento de unos factores salariales de una prestación ya reconocida por haber aceptado que el funcionario reúne las condiciones para percibirla.

21. Así, concluyó que no es posible argumentar la violación del precedente jurisprudencial, puesto que en la sentencia de unificación que la accionada pretende que sea aplicable a este caso se plantea como requisito para acceder a la prima técnica que los func ionarios no hubiesen sido incorporados automáticamente a la planta de personal.

22. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que, contrario a lo referido por la parte accionante, la sentencia del 28 de julio de 2025 fue dictada en estricto acatamiento de la normativa y jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado sobre la materia, a partir de lo cual se logró verificar que, “con ocasión de la declaratoria de nulidad dispuesta por

y jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado sobre la materia, a partir de lo cual se logró verificar que, “con ocasión de la declaratoria de nulidad dispuesta por esa Corporación de la expres ión “no constituye factor salarial” de la prima deRadicación número: 11001-03-15-000-2025-07315-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela

6 dirección contenida en el artículo 7.° del Decreto 4050 de 2008 y los efectos ex tunc que tal decisión produjo respecto al caso del señor Gustavo Pineda Rodríguez, al mismo le asiste el derecho a que la DI AN reliquide sus prestaciones sociales por motivo de la incidencia que esa prima que llegó a tener durante su vinculación con dicha entidad”5.

23. En ese sentido, solicitó que se mantenga incólume la sentencia acusada, mediante la cual se confirmó parcialmente el fallo apelado que accedió parcialmente las súplicas de la demanda instaurada contra la entidad aquí accionante, toda vez que, contrario a lo señalado en la demanda de tutela, no se incurrió en ningún defecto.

24. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-42-051-2024-00083-00/01.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-42-051-2024-00083-00/01.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

26. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular la relevancia constitucional, al presentar una a rgumentación encaminada a reabrir el debate surtido en el proceso ordinario?

27. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 6, con la expedición de la sentencia del 28 de julio de 2025, incurrió en un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante?

28. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

5 Folio 3. Visible archivo “026_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-20250731500Contes”.

del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

5 Folio 3. Visible archivo “026_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-20250731500Contes”. 6 Si bien la acción de tutela de la referencia también se dirige contra la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el estudio se centrará en la decisión en segun da instancia del 28 de julio de 2025, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por ser esta la que puso fin al proceso.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07315-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela

7 Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

29. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

30. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judi ciales, el juez de tutela debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,

generales de procedencia en contra de providencias judi ciales, el juez de tutela debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del co ntrol abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 10 o el Consejo de Estado 11, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-12; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 13 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneo s o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad pr ocesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance

asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad pr ocesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

31. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente al juez ordinario.

7 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 8 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 9 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver , entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 11 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 12 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 13 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07315-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y

13 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07315-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela

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32. La Corte Constitucional indicó 14 que la tutela contra providencias judiciales no puede convertirse en una insta ncia adicional para cuestionar sentencias ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simpl e inconformidad con la decisión judicial.

33. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el eventos en que se pretende reabrir el debate 15: (i) el debate debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la apl icación y el desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

34. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen

para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.

Caso concreto

35. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

36. Revisada la demanda, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción de tutela con el propósito de que se estudie nuevamente si, como se discutió en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Gustavo Pineda Rodríguez podía ser acreedor del reconocimiento del carácter salarial de la prima de dirección, debido a que no fue vinculado a la DIAN mediante un concurso de méritos sino por incorporación automática a esa entidad. En ese sentido,

sostiene que el trabajador no tendría derechos de carrera adminis trativa que lo habiliten para acceder a esa prestación, pues el artículo 7.° del Decreto 4050 de 2008 exige esa condición para ser acreedor de la aludida prima.

37. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural, que en la presente acción se plantearon los mismos argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra la

providencia de primera instancia, a saber:

definidos por el juez natural, que en la presente acción se plantearon los mismos argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra la providencia de primera instancia, a saber:

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018. 15 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07315-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela

9 “2.2.1. La sentencia impugnada a pesar de que tuvo como material probatorio la historia laboral del demandante, no reviso la Resolución aludida anteriormente y por tanto no tuvo en cuenta la prueba que evidencia que el Demandante NO INGRESO POR CONCURSO DE MÉRITOS, sino que su Incorporación fue de forma automática conforme al Decreto 2117 de 1992, según acta de posesión del 26 de agosto de 1991, documental aportado con la contestación de la demanda. […]

Sólo reseñó este aspecto de trascendental importancia , y no hizo ningún análisis al respecto, pasó por alto, y no le dio ningún valor probatorio, pues el Decreto 4050 del 22 de octubre de 2008 art. 7°, establece: “…Prima de Dirección. Es la retribución económica que se reconoce a los empleados públicos del s istema específico de carrera de la Unidad Administrativa

el Decreto 4050 del 22 de octubre de 2008 art. 7°, establece: “…Prima de Dirección. Es la retribución económica que se reconoce a los empleados públicos del s istema específico de carrera de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el ejercicio de las funciones inherentes a las Jefaturas,