CE - Sentencia 11001031500020250732100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

Accionantes: Luis Fernando Torres Acosta y otro

Accionado: Superintendencia de Notariado y Registro

Tema: Derecho de petición. Solicitud de declarar nulidad de escrituras públicas por presunto fraude y falsedad en documento . NIEGA

AMPARODECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Luis Fernando Torres Acosta y Carlos Alberto Torres Acosta, en nombre propio, en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro.

ANTECEDENTES

Los accionantes solicitan se ampare su derecho fundamental de petición, que consideran vulnerado por la autoridad accionada.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Narran que radicaron ante la Superintendencia de Notariado y Registro, director de Vigilancia y Control Notarial , solicitud de nulidad de las escrituras públicas núm. 03413 del 29 de diciembre de 2020 y 02475 del 29 de junio de 2021, argumentando una presunta falsedad ideológica en dichos documentos y una supuesta comisión de una conducta delictiva por parte de la señora Paola Xiomara Arias Hernández,

una presunta falsedad ideológica en dichos documentos y una supuesta comisión de una conducta delictiva por parte de la señora Paola Xiomara Arias Hernández, con la participación de la Notaría Primera del Círculo de Soacha.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

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Que a la fecha no han recibido respuesta alguna por parte de la autoridad accionada, situación que les viola su derecho fundamental de petición.

PRETENSIONES

Los accionantes piden:

«1. Ordenar a la Superintendencia de Notariado y Registro de Bogotá y al Director (sic) de Vigilancia y Control Notarial que, de manera inmediata, respondan a los derechos de petición interpuestos por los suscritos, conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la ley.

2. Declarar la nulidad absoluta de la escritura pública No. (sic) 02475 de fecha 29 de julio de 2021, otorgada en la Notaría Primera del Círculo (sic) de Soacha, Cundinamarca, por haber sido celebrada de manera fraudulenta, sin la autorización de los vendedores.

3. Declarar la nulidad de la escritura pública No. (sic) 03413 de fecha 29 de diciembre de 2020, que fue inadmitida por la Oficina de Registro de Soacha, debido a las inconsistencias y errores en la descripción del inmueble objeto de la compraventa.

4. Remitir la respuesta a las solicitudes interpuestas, de acuerdo con lo establecido en los derechos de petición, a los correos electrónicos

idocumentacion2025fernando@gmail.com] y

inmueble objeto de la compraventa.

4. Remitir la respuesta a las solicitudes interpuestas, de acuerdo con lo establecido en los derechos de petición, a los correos electrónicos

idocumentacion2025fernando@gmail.com] y [colombiasincorrupcion2024@gmail.com]

5. Solicitar que se remita el expediente completo relacionado con los radicados IUS -E-2024-775638 y IUC -D-2025-3924932 a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Procuraduría 1 Distrital de Instrucción de Bogotá».

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente, donde el 25 de noviembre de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó notificar a la autoridad accionada y se vinculó como terceros interesados a la Notaría 1ª del Circuito de Soacha, Cundinamarca, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Procuraduría 1ª Distrital de Instrucción de Bogotá.

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La Superintendencia de Notariado y Registro señaló que la petición núm. 2025EE023214 que radicaron los accionantes fue atendida mediante Oficio núm. SNR2025EE023676, por lo que pidió que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Notaría 1ª del Circuito de Soacha, Cundinamarca, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha y la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Procuraduría 1ª Distrital de Instrucción de Bogotá , fueron debidamente notificadas de la acción de tutela; sin embargo, guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión Previa – Impedimento

El señor doctor, Juan Camilo Morales Trujillo, consejero integrante de la Sala manifestó impedimento para conocer de la presente acción con fundamento en la causal 4ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que es parte la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad de la que dice haber sido apoderado en diferentes procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los periodos comprendidos entre 2018 a 2021 y 2023 a 2024.

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 en relación con las causales de impedimento para el conocimiento de las acciones de tutela señala que son las contempladas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, el cual establece:

«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…) 4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso»

(…) 4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso»

Según lo manifestado por el señor consejero en el sentido de que fue apoderado de la entidad hasta el año 2024, observa la Sala dual que la situación encaja en la causal 4ª invocada, por lo que se declarará fundado el impedimento y se le separará del conoc imiento del asunto, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y transparencia.

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición y III) análisis del caso concreto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

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4 Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos se vean vulne rados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución

medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado democrático de derecho.

Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde: debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la peticionada.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a lo pedido»1.

En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual, la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del

cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la

1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023. 2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T -430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019. Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES, CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

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5 Ley 1755 de 2015, artículo 14.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Análisis del caso concreto

En síntesis, los señores Luis Fernando Torres Acosta y Carlos Alberto Torres Acosta estiman que la Superintendencia de Notariado y Registro les viola su derecho fundamental de petición.

Manifestaron los accionantes que en varias ocasiones le han pedido a la Superintendencia de Notariado y Registro que declare la nulidad de las escrituras públicas núm. 03413 del 29 de diciembre de 2020 y núm. 02475 del 29 de junio de 2021, por presunta falsedad ideológica y fraude; sin embargo, no han recibido respuesta alguna.

Pues bien, de las pruebas allegadas, la Sala observa lo siguiente:

• Resolución núm. 133 de 2009, por medio de la cual se aprobó y se expidió licencia de construcción.

• Escritura Pública núm. 03800 del 27 de septiembre de 2012 de compraventa expedida por la Notaría Primera de Soacha.

• Contrato de compraventa del bien inmueble ubicado en la carrera 9 este # 3823, casa 173, conjunto Alelies del Barrio San Mateo Soacha y copia de unos pagarés.

• Escritura Pública núm. 03413 del 29 de diciembre de 2020 de compraventa expedida por la Notaría Primera de Soacha.

• Certificado de paz y salvo expedido por la tesorería del municipio de Soacha del

• Escritura Pública núm. 03413 del 29 de diciembre de 2020 de compraventa expedida por la Notaría Primera de Soacha.

• Certificado de paz y salvo expedido por la tesorería del municipio de Soacha del bien inmueble con Cédula Catastral núm. 01020000015720902900000517.

• Nota devolutiva de la Escritura Pública núm. 03413 del 29 de diciembre de 2020, por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha.

• Solicitud de aclaración de la Escritura Pública núm. 03413 elevada por la señora

Paola Xiomara Arias Hernández a la Notaría Primera de Soacha.

• Solicitud del 6 de septiembre de 2021 dirigida a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, donde los actores peticionaron:

«[…] no actualizar, o realizar ningún tipo de acto, de registro de alguna escritura o disposición del bien e inmueble, según matricula (sic)Radicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

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6 inmobiliaria 051-117458 y cedula catastral 010200001570902~17, casa 173 de este bien inmueble correspondiente ubicado en la siguiente dirección; sector san Ignacio. en la carrera 9 este no 38 - 23 casa 173 conjunto residencial alelíes propiedad horizontal Soacha Cundinamarca. ya que la escritura con número 03413 del 29 de diciembre del 2020 de la notaria (sic) primera de Soacha fue devuelta por parte de ustedes causal error de un Ítem y por tal motivo no fue

Cundinamarca. ya que la escritura con número 03413 del 29 de diciembre del 2020 de la notaria (sic) primera de Soacha fue devuelta por parte de ustedes causal error de un Ítem y por tal motivo no fue registrada en instrumentos públicos de Soacha, esta escritura que tiene una afectación de parte de la compradora que se originó, ya que no realizó ningún pago por la compra del inmueble, "ocasionando una Reciliacion (sic), en la notaria (sic) primera de Soacha resolución contractual 00269 de Reciliacion (sic) del 7 de julio del 2021, por lo cual se notifica por parte de los dueños del inmueble los señores carlos (sic) Alberto torres acosta y Luis Fernando torres acosta, como registra actualmente el certificado de tradición».

• petición del 8 de septiembre de 2021 dirigida a la Notaría Primera del Circuito de

Soacha, donde:

«[…] solicitamos muy respetuosamente (…) que las Escrituras (sic) originales que reposan en su poder en físico. Escrituras 03413 del 29 de diciembre año 2020 con código 25754000 sean entregadas a nosotros las escrituras originales y otros documentos anexos que reposan (…) con el fin de tener en custodia en físico nosotros aquí los firmantes; hasta que se solucione y aclare cualquier situación con referente a la denun cia instaurada ante la fiscalía de Bogotá del 4 de agosto del año 2021 para finiquitar la resolución contractual 0029 del 7 de julio de 2021».

• La Notaría Primera del Circuito de Soacha el 13 de septiembre de 2021 le contestó a los accionantes que de acuerdo con el Decreto 960 de 1970, una de las funciones

• La Notaría Primera del Circuito de Soacha el 13 de septiembre de 2021 le contestó a los accionantes que de acuerdo con el Decreto 960 de 1970, una de las funciones del notario es guardar y conservar en el protocolo las escrituras públicas que este autorice, por lo que era imposible entregar los originales de las escrituras pedidas.

Por otro lado, indicó que

«[l]a notaria (sic). toma atenta nota sobre la solicitud en el sentido de no realizar ningún tipo de escritura frente al inmueble ubicado en la Carrera 9 Este No. 38-23 Casa Interior 173 Conjunto Residencial Alelies P H (…) se les hará entrega de la copia auténtica de la escritura pública número 03413 de fecha 29 de diciembre de 2020, otorgada en esta notaria (sic), junto con la nota devolutiva de fecha 18 de marzo de 2021. expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha».

• La Superintendencia de Notariado y Registro el 22 de enero de 2022 respondió las solicitudes del 6 de septiembre y el 21 de octubre de 2021 indicando que mediante «radicación, 2021-051413994 t 13996 del 9 de agosto de 2021 se inscribieron las escrituras de venta 3413 del 29 de diciembre de 2020 y de aclaración 2475 del 29 de julio de 2021, por lo que sus peticiones son posteriores a una medida previa o cautelar de bloqueo solicitadas por ustedes».Radicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

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cautelar de bloqueo solicitadas por ustedes».Radicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

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También adujo que «este despacho mediante radicación 2021-051-3-4812 abrió el expediente AA 017 /2021 el 27 de octubre de 2021 para el bloqueo de la matrícula 051-117458. el cual se encuentra en espera de medidas cautelares por parte de la Fiscalía General de la Nación, para poder tener el bien inmueble fuera del comercio».

• La Superintendencia de Notariado y Registro mediante Oficio ORIP-051-2024-EE 0743 del 4 de diciembre de 2024 reiteró la respuesta citada y adicionalmente les

informó que:

«[…] con el radicado AA-013-2023 del 06 de febrero del 2023, de nuevo esta Oficina les comunicó a los interesados que al observar que paso un tiempo prudencial y no se allegó al expediente alguna medida enviada por la Fiscal ía General de la Nación, respecto de los hechos penales narrados por ustedes, que se procedió a desbloquear el folio de matrícula antes referido, por cuanto no se ten ía fundamento legal para continuar con su bloqueo.

(…)

no se atenderá positivamente su solicitud de investigación disciplinaria. Por cuanto a la fecha no se tiene decisión del órgano competente frente a los hech os por que der (sic) cierto la presunta comisión de delitos penales escritos por ustedes frente a otorgamiento de las escrituras que se encuentran publicadas en el folio de matrícula 051117458. por lo que

a los hech os por que der (sic) cierto la presunta comisión de delitos penales escritos por ustedes frente a otorgamiento de las escrituras que se encuentran publicadas en el folio de matrícula 051117458. por lo que se reitera las comunicaciones antes citadas por esta Oficina de Registro».

• La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción Penal de Bogot á mediante auto del 17 de febrero de 2025 ordenó remitir diligencias radicadas con el número 1USE-2024775638 / IUC-D-2025-3924932 a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de Notariado y Registro, por ser los competentes para adelantar el proceso disciplinario en contra de funcionarios de esa entidad. El 21 de igual mes y año la Procuraduría remitió el expediente.

• La Superintendencia de Notariado y Registro en Respuesta S NR2025EE023676

de abril de 2025 le indicó a los accionantes que:

«[…] De acuerdo con la documentación aportada dentro de los radicados SNR2024ER097479 y SNR2024ER128758, se indicó que no es nuestra competencia declarar la nulidad de las escrituras públicas Nos. (sic) Nos. 03413 del 29 de diciembre de 2020 y 02475 del 29 de junio de 2021; ni declarar el incumplimiento contractual por parte de la compradora; al contrario, és tas gozan de presunción de legalidad hasta tanto una autoridad judicial declare su nulidad o declare su incumplimiento.

Tampoco es nuestra competencia valorar y pronunciarnos sobre la

declarar el incumplimiento contractual por parte de la compradora; al contrario, és tas gozan de presunción de legalidad hasta tanto una autoridad judicial declare su nulidad o declare su incumplimiento.

Tampoco es nuestra competencia valorar y pronunciarnos sobre la supuesta conducta delictiva de la señora PAOLA XIOMARA ARIASRadicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

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8 HERNANDEZ (sic), en los hechos por Usted (sic) denunciados, porque corresponde hacerla a la justicia penal.

La Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para investigar y procesar casos de falsedad documental. Esta autoridad es la encargada de realizar la investigación, recolectar pruebas y presentar cargos ante los jueces competentes.

Por lo anterior, reiteramos lo señalado en nuestras comunicaciones SNR SNR2024EE117864 y SNR2024EE098431¸ salvo que la autoridad penal determine la posible participación de trabajadores de la Notaria (sic) Primera del Círculo de Soacha en los hechos puestos a nuestra consideración».

• La misma Superintendencia, mediante oficio SNR202SER024603 del 3 de mayo

de 2025 respondió a los tutelantes lo siguiente:

«En respuesta al radicado descrito en la referencia, la Dirección de Vigilancia y Control Notarial, en desarrollo de las facultades otorgadas en el numeral 4 del artículo 26 del Decreto 2723 de 2014; modificado por el decreto 1554 de 2022, pone de presente que dicha petición fue remitida

Vigilancia y Control Notarial, en desarrollo de las facultades otorgadas en el numeral 4 del artículo 26 del Decreto 2723 de 2014; modificado por el decreto 1554 de 2022, pone de presente que dicha petición fue remitida a la Notaría descrita en su petición, lo anterior, con la finalidad de que se brinden las explicaciones del caso ante esta Dirección.

Consecuentemente, se informa que una vez sea obtenido el respectivo pronunciamiento por parte de la Notaría, se brindará una respuesta de fondo a su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 14 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015».

Los tutelantes no especificaron cuál o cuáles de sus peticiones no han sido resuelta por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro y, contrario a ello, de las pruebas aportadas se evidencia que la entidad contestó de manera clara, precisa y de fondo, cada un a de las solicitudes acreditadas. De ahí que, no se configura la violación del derecho fundamental de petición, por lo que se negará dicho amparo.

En relación con el oficio del 3 de mayo de 2025 aportado por la Superintendencia, no es posible determinar el contenido de la petición a la que se refiere, por lo que no se puede afirmar que esté pendiente otro tipo de respuesta en relación con ella. Lo anterior, si se tiene en cuenta, además, que también la Notaría otorgó respuestas a peticiones de los aquí accionantes.

Valga resaltar que el derecho de petición se encuentra satisfecho independientemente de que la respuesta otorgada sea favorable o no a lo pedido.

Frente a la pretensión de declarar la nulidad de las escrituras públicas núm. 03413

Valga resaltar que el derecho de petición se encuentra satisfecho independientemente de que la respuesta otorgada sea favorable o no a lo pedido.

Frente a la pretensión de declarar la nulidad de las escrituras públicas núm. 03413 del 29 de diciembre de 2020 y 02475 del 29 de julio de 2021, la Sala advierte que los tutelantes cuentan con los mecanismos ordinarios, tales como las acciones contenciosas administrativas y/o la nulidad de la escritura por incumplimientoRadicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

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9 contractual del comprador.

De igual forma, los actores no demuestran , siquiera de manera sumaria, una afectación grave y significativa , que justifique la intervención del juez de tutela en forma transitoria, para adoptar medidas urgentes e impostergables que eviten la materialización de un perjuicio irremediable; máxime si se tiene en cuenta que el derecho de petición que se alega no guarda relación con el presunto hecho que genera la violación , esto es, que en la expedición de las escrituras públicas se incurrió en falsedad ideológica y en fraude. Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

En cuanto a la pretensión de ordenar que se remita el expediente completo relacionado con los radicados IUS -E-2024-775638 y IUC -D-2025-3924932 a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Procuraduría 1 Distrital de Instrucción

relacionado con los radicados IUS -E-2024-775638 y IUC -D-2025-3924932 a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Procuraduría 1 Distrital de Instrucción de Bogotá, es del caso recordar que la Procuraduría en auto del 17 de febrero de 2025 ordenó enviar el expediente a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de Notariado y Registro, por ser los competentes para adelantar el proceso disciplinario en contra de funcionarios de esa Superintendencia.

En este caso, la Sala no encuentra cómo la no remisión del expediente a la oficina que indican los accionantes afecta sus derechos; razón por la cual se negará el amparo invocado.

En consecuencia, se negará el amparo del derecho fundamental de petición y se declarará improcedente la acción de tutela en relación con la pretensión de declarar la nulidad de las escrituras públicas núm. 03413 del 29 de diciembre de 2020 y 02475 del 29 de julio de 2021.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, acorde con lo expuesto

Segundo: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Tercero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con la pretensión de declarar la nulidad de las escrituras públicas núm. 03413 del 29 de

consideraciones expuestas en esta providencia.

Tercero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con la pretensión de declarar la nulidad de las escrituras públicas núm. 03413 del 29 de diciembre de 2020 y 02475 del 29 de julio de 2021.

Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07321-00

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Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente