CE - Sentencia 11001031500020250733400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07334-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: HASS DIAMOND COMPANY SAS

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO

SUPERADO. DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN LA

UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DEAJ DIO RESPUESTA A LA

SOLICITUD DE LA ACTORA.

DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la

UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ)1.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

1 En adelante DEAJ.2

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La sociedad HASS DIAMOND COMPANY S.A.S. , actuando a través de su representante legal, en ejercicio de la acción de tutela

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La sociedad HASS DIAMOND COMPANY S.A.S. , actuando a través de su representante legal, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado po r el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la DEAJ por cuanto no ha recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica, el 25 de septiembre de 2025, en la que pidió “[…] solicito respetuosamente que nos informen el estado actual de la devolución del recurso pagado en exceso, el cual aún permanece en su poder sin haber sido reintegrado. […]”.

I.2 Hechos

Sostuvo que el 14 de noviembre de 2024, a través de correo electrónico dirigido a la DEAJ, solicitó la devolución de la suma pagada en exceso , en cumplimiento de una orden judicial proferida dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 2022-00088-00, que conoció el JUZGADO

PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE URRAO2.

2 En adelante el JUZGADO.3

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Indicó que el 26 de junio de 2025 la DEAJ por medio de correo

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Indicó que el 26 de junio de 2025 la DEAJ por medio de correo electrónico solicitó al JUZGADO la documentación pertinente para dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución núm. 5298 de 2023, mediante la cual estableció los requisitos para atender las devoluciones de sumas de dinero . Ante ese requerimiento el despacho judicial remitió la subsanación solicitada ; no obstante, no la allegó completa, por lo que el 27 de junio de este año, le reiteraron las exigencias a cumplir para realizar el respectivo trámite.

Resaltó que han transcurrido tres meses desde la remisión de la subsanación y, que el 25 de septiembre de la presente anualidad envió un nuevo correo solicitando el estado actual de la devolución de lo pagado en exceso, sin que a la fecha haya obtenido respuesta o se haya dado trámite alguno.

I.3. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental invocado como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] Primero: Tutelar el derecho fundamental de petición a favor de Hass Diamond Company S.A.S. identificada con NIT 900.998.536.

Segundo: Solicito ordenar a Consejo Superior de la

Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial –4

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Unidad de Presupuesto, brindar respuesta sobre el estado del trámite de devolución de la suma pagada en exceso por parte de mi representada.

Tercera: Dar respuesta, oportuna, total y de fondo a la petición elevada el día 25 de septiembre de 2025. […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La DEAJ realizó un recuento de las solicitudes recibidas y adujo que a la fecha ni la accionante ni el despacho judicial mencionado han remitido la documentación necesaria para dar trámite a la solicitud de devolución de dinero, por lo que considera que no ha vulnerado los derechos fundamentales a los que alude la parte accionante.

Finalmente, solicitó declarar improcedente la presente acción por la configuración del hecho superado , en atención a que ha realizado todas las actuaciones pertinentes en el marco de su competencia.

I.5. Vinculado

I.5.1.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.5

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 3. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

3 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».6

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solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la sociedad HASS DIAMOND COMPANY S.A.S., actuando a través de su representante legal , instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la DEAJ, toda vez que a la fecha de presentación de la acción de tutela de la referencia no le habían dado respuesta a la solicitud que presentó el 25 de septiembre de 2025.

En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la parte demandada vulneró el derecho fundamental de petición invocado por la accionante.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, que textualmente indica:7

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“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones

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“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del der echo de petición, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia C -818 de 2011 4, estableció que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos estructurales esenciales del derecho fundamental de petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la Sentencia T -466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición del actor

de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola circunstancia impedía al a -quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una de dos circunstanci as: (i) que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de

4 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.8

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una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i) -; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

frustrar su presentación – circunstancia (i) -; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889 de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes elementos: ( i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) una respuesta que debe ser pronta y opor tuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales como el de información, participación política y libertad de expresión.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales como el de información, participación política y libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría9

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la posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado ; ser puesta en conocimiento del peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 5 se ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el Título II del Código de Proce dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se refirió así la citada Ley:

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los

se refirió así la citada Ley:

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario

5 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.10

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invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimient o de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.”

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.”

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley 1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de información o consultas a las autoridades en relación con las materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días, respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Por último, si la autoridad a la que se dirige la petición no es la competente, debe informar de inmediato al interesado si este

actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe11

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remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará (Ley 1755, artículo 21).

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remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará (Ley 1755, artículo 21).

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala analizará el acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se observa que la DEAJ dio respuesta a la solicitud de la accionante, mediante correo electrónico de 2 de diciembre de 2025. En efecto:12

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En ese entendido, para la Sala es evidente que la DEAJ resolvió la petición de la actora explicándole que a la fecha no ha recibido la documentación requerida para dar trámite a la devolución de los recursos en la modalidad de conversión, asimismo, le indicó que una vez el JUZGADO radique dichos documentos, se iniciará el proceso para la devolución del dinero en caso de cumplir con todos los requisitos exigidos, res puesta que le fue enviada al

los recursos en la modalidad de conversión, asimismo, le indicó que una vez el JUZGADO radique dichos documentos, se iniciará el proceso para la devolución del dinero en caso de cumplir con todos los requisitos exigidos, res puesta que le fue enviada al correo electrónico que para tal fin informó la actora así:

Ahora, teniendo en cuenta que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 20 de noviembre de 2025 y la petición de la actora fue contestada por la DEAJ y notificada debidamente mediante correo electrónico el 2 de diciembre de 2025, la Sala declarara la carencia actual de objeto por hecho superado, pues la petición presentada el 25 de septiembre de 2025, ante dicha entidad ya fue atendida de forma clara, completa y de fondo,14

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como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto, por hecho superado, debido a que la solicitud de la parte actora ya fue resuelta durante el trámite de la acción de tutela mediante correo electrónico de 2 de diciembre de 2025 , notificado en esa misma fecha al correo electrónico gerencia@hassdiamond.co.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados»6. Y en la misma sentencia se precisó que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan

6 Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.15

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solo es procedente el resarcimiento del dañ o originado por la violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.

violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actu alidad, no se encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de

1. .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en casos en que como producto del acaecimiento de una situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del juez de tutela […]”7 (Negrilla fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección

fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la intervención preferente del juez constitucional.

7 Ibídem.16

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Se sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su finalidad constitucion al por cuanto la decisión que pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se va a lograr el ampar o solicitado. La jurisprudencia constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento

evento en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se va a lograr el ampar o solicitado. La jurisprudencia constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna […]”8.

En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno en el asunto sometido a consideración de la Sala, debido a que los hechos que originaron la presente acción de tutela han sido superados, razón por la que se declarará la carencia actual de objeto, por hecho superado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. sentencia de 14 abril de 2016. Radicación número: 2016-0006101(AC).17

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F A L L A:

PRIEMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO , POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 11 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Presidente

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.