CE - Sentencia 11001031500020250733600 de 2025

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250733600 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07336-00

Accionante: DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A.

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Tema: MORA JUDICIAL. Se niegan las pretensiones de la acción de amparo - La autoridad judicial accionada no ha incurrido en mora judicial.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Dragados Hidráulicos S.A. solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo con el número de radicación 47001-23-33-000-2023-00188-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que el 25 de agosto de 2023 radicó la demanda ejecutiva núm.

que motivan la solicitud de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que el 25 de agosto de 2023 radicó la demanda ejecutiva núm. 47001-23-33-000-2023-00188-00 contra el Municipio de Ciénaga, con el fin de ejecutar el pago de la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2020, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 47001233100320110010100.

2.2. Señaló que el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante auto de 23 de febrero de 2024 libró mandamiento de pago a favor de la Sociedad Dragados Hidráulicos S.A. en contra del Municipio de Ciénaga, por la suma de trescientos treinta y ocho millones novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos ($338.998.998).2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07336-00

Accionante: Dragados Hidráulicos S.A.

2.3. Adujo que interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, y que a través de providencia de 18 de junio de 2025 el Tribunal repuso la decisión para en su lugar:

“[…] “Primero: Librar mandamiento de pago a favor de compañía Dragados Hidráulicos S.A. en contra del Municipio de Ciénaga, por la suma de quinientos ocho millones ochocientos seis mil doscientos noventa pesos ($508.806.290), por concepto de capital indexado e intereses moratorios” […]”.

2.4. Manifestó que han transcurrido más de cinco (5) meses sin que se registre alguna actuación o movimiento del proceso.

por concepto de capital indexado e intereses moratorios” […]”.

2.4. Manifestó que han transcurrido más de cinco (5) meses sin que se registre alguna actuación o movimiento del proceso.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Primero. Se amparen los derechos fundamentales al Debido Proceso y de Acceso a la Administración de Justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política Nacional, respectivamente.

Segundo: Se ordene al accionado que, dentro de las (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, el Tribunal Administrativo del Magdalena, proceda con la etapa procesal correspondiente.

Tercero. Se ordene al accionado que, una vez producida la decisión definitiva en cuestión, remita a su despacho constancia del cumplimiento a lo ordenado, con copia al suscrito, con las formalidades de ley, so pena de las sanciones por desacato a lo ordenado por sentencia de tutela […]”. [Negrilla y subrayado del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 26 de noviembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso al Municipio de Ciénaga.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuada la notificación a la autoridad accionada, se allegó el siguiente informe:

5.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena informó que la última actuación proferida dentro del proceso ejecutivo 47001-23-33-000-2023-00188-00,

5.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena informó que la última actuación proferida dentro del proceso ejecutivo 47001-23-33-000-2023-00188-00, corresponde al auto de 18 de junio de 2025, el cual se notificó por estado de 18 de junio de la misma anualidad.

5.2. Señaló que “[…] por un yerro, no se procedió a la notificación personal del auto de fecha 18 de junio de 2025, la cual se debía realizar […]”, toda vez que, a través del último proveído, se modificó el mandamiento de pago. Solicitó se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07336-00

Accionante: Dragados Hidráulicos S.A.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:

de 10 de diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar: b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante por presuntamente haber incurrido en mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo radicado número 47001-23-33-000-2023-00188-00.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VI.3. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior de los procesos judiciales

9. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno multicausal y estructural […]”7, que se presenta en razón al “[…] alto número de procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión judicial […]”8.

10. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo de 2017. 8 Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 9 de diciembre de 2010.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07336-00

Accionante: Dragados Hidráulicos S.A.

que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos

Accionante: Dragados Hidráulicos S.A.

que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”9.

11. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo

de 201710 precisó lo siguiente:

“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

[…]

[L]a mora judicial se justifica cuando:

-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles

integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”11

13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno era, excepcional […].

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201612, destacó que el

9 Ibidem.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201612, destacó que el

9 Ibidem. 10 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo de 2017. 11 “En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada”. 12 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07336-00

Accionante: Dragados Hidráulicos S.A.

derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”. [Negrilla fuera del texto].

12. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución oportuna del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta

12. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución oportuna del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta imprescindible analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial de la respectiva dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las partes de sus deberes de impulso procesal13.

VI.4. El caso concreto

13. La sociedad Dragados Hidráulicos S.A. solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo con el número de radicación 47001-23-33-000-2023-00188-00.

14. Descendiendo al caso objeto de estudio, se advierte que una vez revisado el expediente en el aplicativo para la gestión judicial SAMAI, se observó como última actuación corresponde al auto del 18 de junio de 2025, a través del cual se resolvió reponer el numeral primero del auto de 23 de febrero de 2024 en los siguientes

términos:

“[…] “Primero: Librar mandamiento de pago a favor de compañía Dragados Hidráulicos S.A. en contra del Municipio de Ciénaga, por la suma de quinientos ocho millones ochocientos seis mil doscientos noventa pesos ($508.806.290), por concepto de capital indexado e intereses moratorios” […]”.

Hidráulicos S.A. en contra del Municipio de Ciénaga, por la suma de quinientos ocho millones ochocientos seis mil doscientos noventa pesos ($508.806.290), por concepto de capital indexado e intereses moratorios” […]”.

15. La anterior decisión fue notificada por estado electrónico de 19 de junio de 2025.

16. La Sala observa que dentro del proceso identificado con el núm. 47001-23-33000-2023-00188-00, el accionante no ha presentado memoriales de impulso procesal ni existen solicitudes pendientes por resolver.

17. Mediante informe de tutela de 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó se declare la carencia actual por hecho superado.

18. No obstante, la Sala considera que en el presente asunto no es posible conceder a dicha solicitud, pues: i) la última actuación procesal se profirió el 18

13 Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07336-00

Accionante: Dragados Hidráulicos S.A.

de junio de 2025, ii) dicha providencia fue notificada a las partes por estado de 19 de junio de 2025, y iii) revisado el expediente, no se advierte que el accionante haya presentado escritos de impulso o solicitudes que se encuentren pendientes de decisión.

19. En este sentido, es pertinente recordar que para la configuración de la mora judicial deben concurrir dos elementos: primero: un componente objetivo, consistente en el incumplimiento o vencimiento del término judicial previsto para

de decisión.

19. En este sentido, es pertinente recordar que para la configuración de la mora judicial deben concurrir dos elementos: primero: un componente objetivo, consistente en el incumplimiento o vencimiento del término judicial previsto para adelantar actuaciones procesales; y segundo: un componente subjetivo, relacionado con la “[…] falta de diligencia y la omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

20. Por lo anterior, aun cuando la autoridad judicial informó que el auto de 18 de junio de 2025 debía notificarse personalmente – trámite secretarial que se surtió en el curso de la presente acción constitucional14-, lo cierto es que entre la fecha de dicha actuación y la de interposición de esta acción, el accionante no ejerció la carga procesal de impulsar el trámite secretarial.

21. En consecuencia, la Sala considera que no se configura la mora judicial en el caso concreto, pues el tiempo transcurrido desde la última actuación (18 de junio de 2025) hasta la presentación de la acción de amparo no resulta irrazonable ni evidencia inactividad atribuible al despacho judicial.

22. Adicionalmente, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable excepcional, o que se encontrara en alguna circunstancia particular de la que se pudiera advertir la necesidad de impartir una orden orientada a agilizar el proceso ejecutivo en la menor brevedad posible.

23. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, al haberse comprobado que la autoridad judicial accionada no incurrió en mora judicial, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

23. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, al haberse comprobado que la autoridad judicial accionada no incurrió en mora judicial, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

14 La presente acción de tutela se radicó el 20 de noviembre de 2025.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07336-00

Accionante: Dragados Hidráulicos S.A.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera de Estado Presidenta

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Consejero de Estado

Consejera de Estado Presidenta

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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