CE - Sentencia 11001031500020250734800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07348-00

Demandantes: Eusebio Manuel Torres Solano y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Lesión de PPL dentro de establecimiento carcelario . Caducidad. Defecto fáctico. Desconocimiento del precedente.

Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Irene Enith Torres Solano, Pedro Pascual Torres Solano, Cler Del Carmen Torres Solano y Cristina Isabel Vargas Solano, Eusebio Manuel Torres Solano, RTMW 1, Adriana María Rodríguez Hernández, Onedith Solano Sánchez, Francisco Javier Torres Solano, Dianis Edith Torres Solano, Wilmer Javier Torres Solano, Francisco Javier Torres Pastrana y Pedro Pascual Solano Gómez contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado 2 Administrativo de Quibdó.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 20 de junio de 2025, la parte actora , a través de apoderado, presentó acción de tutela con el fin de proteger sus derechos fundamentales al debido

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 20 de junio de 2025, la parte actora , a través de apoderado, presentó acción de tutela con el fin de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia , los cuales fueron transgredidos por el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado 2 Administrativo de Quibdó. A título de amparo, solicitó que se dejaran sin efectos las Sentencias de 24 de octubre de 2024 del Juzgado 2 Administrativo de Quibdó y 28 de mayo de 2025 del Tribunal Administrativo del Chocó proferidas dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 27001-33-33-002-2022-00566-00/01 y, en consecuencia, se ordenara la continuación del proceso, desde la primera audiencia.

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, manifestó que Eusebio Manuel Torres Solano había sido recluido en el Centro Penitenciario Anayanci de Quibdó , en cumplimiento de una medida de aseguramiento de

1 En aras de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, así como su interés superior, se suprime su nombre de las providencias judiciales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07348-00

Demandantes: Eusebio Manuel Torres Solano y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 detención preventiva por el delito de concierto para delinquir agravado desde el «31 de junio de 2019».

www.consejodeestado.gov.co 2 detención preventiva por el delito de concierto para delinquir agravado desde el «31 de junio de 2019».

3. El 19 de abril de 2020, en su condición de recluso, fue víctima de una tentativa de homicidio con un arma corto contundente al interior del establecimiento carcelario. Indicó que , sufrió lesiones en la espalda, cabeza, extremidades superiores y otras partes del cuerpo, las cuales le generaron graves secuelas físicas y mentales, tales como deformidad física permanente, perturbación funcional y afectación de varios nervios de sus extremidades superiores.

4. El 6 de octubre de 2022, el señor Torres Solano y su grupo familiar 2 radicaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el propósito de que se declarara la responsabilidad administrativa y extracontractual del Estado por la presunta falla del servicio derivada de la tentativa de homicidio ocurrida el 19 de abril de 2020 en el Centro Penitenciario Anayanci de Quibdó.

5. El 24 de octubre de 2024, el Juzgado 2 Administrativo de Quibdó declaró probada la excepción de caducidad formulada por el INPEC y, en consecuencia, dio por terminado el proceso. Consideró que el término de caducidad de 2 años debía contabilizarse desde el 20 de abril de 2020, fecha en la cual se tuvo conocimiento cierto del daño. Sin embargo, señaló que los términos se encontraban suspendidos y que, por ello, el conteo debía iniciarse a partir del 1 de julio de 2020, fecha en la

cierto del daño. Sin embargo, señaló que los términos se encontraban suspendidos y que, por ello, el conteo debía iniciarse a partir del 1 de julio de 2020, fecha en la cual se levantó la suspensión3. Precisó que, el 29 de marzo de 2022 , se radicó la solicitud de conciliación, lo que también suspendió el término de caducidad hasta el 27 de mayo de 2022, día en que se expidió y entregó el acta de no acuerdo. Concluyó que , entre el 1 de julio de 2020 y el 29 de marzo de 2022 , habían transcurrido 1 año, 8 meses y 28 días; por tanto, al reanudarse el conteo a partir del 27 de mayo de 2022, aún restaban 3 meses y 2 días para el vencimiento del término de caducidad, el cual se extendía hasta el 29 de agosto de 2022. No obstante, l a demanda se presentó el 6 de octubre de 2022, fecha para la cual el término de 2 años ya se encontraba vencido.

6. El 1 de noviembre de 2024, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia tras considerar que la consolidación del daño no coincidía con la acción de tentativa de homicidio del 19 de abril de 2020, pues se requirieron diversos diagnósticos y valoraciones para que se determinara la magnitud y características del perjuicio. Adicionalmente, sostuvo que resultaba desproporcionado exigirle un conocimiento cierto y concreto del daño desde el primer día de las lesiones, dado que solo con exámenes médicos, valoraciones y diagnósticos posteriores habría sido posible que se estableciera la gravedad real de las afectaciones sufridas.

primer día de las lesiones, dado que solo con exámenes médicos, valoraciones y diagnósticos posteriores habría sido posible que se estableciera la gravedad real de las afectaciones sufridas.

2 «Willy Manuel Torres Rodríguez, Adriana María Rodríguez Hernández, Irene Enith Torres Solano, Pedro Pascual Torres Solano, Onedith del Carmen Solano Sánchez, Cler del Carmen Torres Solano, Francisco Javier Torres Pastrana, Cristina Isabel Vargas Solano, Dianis Edith Torres Solano, Wilmer Javier Torres Solano». 3 Decreto 564 de 2020 y Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07348-00

Demandantes: Eusebio Manuel Torres Solano y otros

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7. El 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la Sentencia de 24 de octubre de 2024. Sostuvo que, si bien la parte actora insistía en que la consolidación del daño no coincidía temporalmente con la tentativa de homicidio de 19 de abril de 2020 , pues en ese momento existía incertidumbre respecto de la naturaleza y características de las lesiones, lo cierto era que en las pretensiones de la demanda se buscaba que se le atribuyera responsabilidad al INPEC por la falla del servicio que, presuntamente, había ocasionado los perjuicios derivados de dicho ataque. Por ello, concluyó que el término de caducidad debía contarse desde el momento en que se tuvo conocimiento del daño inicial y no a partir de los perjuicios que posteriormente se fuero n manifestando como

derivados de dicho ataque. Por ello, concluyó que el término de caducidad debía contarse desde el momento en que se tuvo conocimiento del daño inicial y no a partir de los perjuicios que posteriormente se fuero n manifestando como consecuencia del mismo. Determinó que el accionante tenía plazo hasta el 26 de septiembre de 2022 para interponer la demanda; sin embargo, señaló que esta solo se radicó el 6 de octubre de 2022, excediendo el término de 2 años previsto para ello.

8. Como fundamentos de la vulneración , la parte actora sostuvo que las autoridades judiciales incurrieron en defectos tanto fáctico como desconocimiento del precedente. Señaló que se realizó una indebida valoración probatoria dentro del proceso, en la medida en que las autoridades habrían pasado por alto que la fecha de consolidación del daño, así como su determinación y la de sus secuelas, correspondía al 5 de septiembre de 2022, fecha en la cual el dictamen de medicina legal habría permitido conocer de manera cierta y concreta el daño sufrido en su condición de detenido.

9. Finalmente, advirtió que también se había desconocido el precedente jurisprudencial aplicable al cómputo del término de caducidad en el medio de control de reparación directa, para lo cual citó las Sentencias SU-216 de 2022 y SU-659 de 2015 de la Corte Constitucional.

Intervenciones4

10. El Juzgado 2 Administrativo de Quibdó envió el enlace de acceso al expediente digital del proceso ordinario.

11. El Tribunal Administrativo del Chocó solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, en tanto consideró que no se satisfizo el

expediente digital del proceso ordinario.

11. El Tribunal Administrativo del Chocó solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, en tanto consideró que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional. Asimismo, sostuvo que tampoco se cumplía con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante disponía de otro medio judicial, específicamente el recurso extraordinario de revisión.

4 Mediante Auto de 24 de noviembre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo de Chocó y el Juzgado 2 Administrativo de Quibdó y, se vinculó a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), Eusebio Manuel Torres Solano, RTMW , Adriana Marín Rodríguez Hernández, Onedith Solano Sánchez, Francisco Javier Torres Solano, Dianis Edith Torres Solano, Wilmer Javier Torres Solano, Francisco Javier Torres Pastrana y Pedro Pascual Solano Gómez. Se advierte que, mediante escrito de 27 de noviembre de 2025, el apoderado de la parte accionante subsanó el requerimiento y allegó los poderes correspondientes, asimismo, señaló que el nombre correcto de Francisco Javier Torres Solano era Francisco Javier Torres Pastrana quien actúa en calidad de accionante. Al igual que precisó que Pedro Pascual Solano Gómez no se encontraba relacionado como accionante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07348-00

Demandantes: Eusebio Manuel Torres Solano y otros

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Demandantes: Eusebio Manuel Torres Solano y otros

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12. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y se negaran las pretensiones de amparo.

Consideró que el daño cuya indemnización se perseguía se había materializado en un único momento, específicamente , el 19 de abril de 2020 y el cómputo de la caducidad se encontraba ajustado a las consideraciones realizadas por las autoridades judiciales.

13. Señaló que el daño cuya reparación se pretendía tenía un carácter eminentemente instantáneo, en la medida en que su ocurrencia se había agotado en un solo momento temporal, cuando se produjeron las lesiones al interior del Centro Penitenciario Anayanci de Quibdó. Sostuvo que el Consejo de Estado había diferenciado entre el daño instantáneo o inmediato y el daño continuado o de tracto sucesivo, precisando que el primero era susceptible de identificarse en un instante determinado y, aunque podía generar perju icios proyectados en el tiempo, existía únicamente en el momento en que se producía; mientras que el segundo correspondía a aquel que se prolongaba en el tiempo, ya fuera de forma continua o intermitente.

14. El Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) , pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el

debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

16. Para efectos de precisar la legitimación en la causa por activa en la presente acción de tutela, la Sala tendrá en cuenta los poderes allegados por el abogado del extremo activo. En virtud de ello, se reconocerá como parte actora a Irene Enith Torres Solano, Pedro Pascual Torres Solano, Cler Del Carmen Torres Solano, Cristina Isabel Vargas Solano, Eusebio Manuel Torres Solano en representación de su hijo RTMW5, Adriana María Rodríguez Hernández, Onedith Solano Sánchez, Dianis Edith Torres Solano, Wilmer Javier Torres Solano, Francisco Javier Torres

Pastrana.

17. Asimismo, revisado el escrito de tutela, se advierte que los reparos de la accionante están encaminados a que se dejen sin efectos las Sentencias de 24 de octubre de 2024 del Juzgado 2 Administrativo de Quibdó y 28 de mayo de 2025 del Tribunal Administrativo del Chocó . No obstante, el análisis de la presunta vulneración se centrará en la Sentencia de 28 de mayo de 2025, toda vez que esta

5 En aras de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, así como su interés superior, se suprime su nombre de las providencias judiciales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07348-00

5 En aras de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, así como su interés superior, se suprime su nombre de las providencias judiciales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07348-00

Demandantes: Eusebio Manuel Torres Solano y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 providencia fue la que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia y definió el asunto objeto de debate.

18. Finalmente, es necesario señalar que el accionante, en su escrito de tutela, afirma que el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió tanto en un defecto fáctico como en un desconocimiento del precedente judicial. En atención a ello y con fines metodológicos, se analizarán de manera conjunta ambos cuestionamientos. Lo anterior obedece a que la línea argumentativa expuesta por e l accionante revela una estrecha conexión entre los 2 reparos, en la medida en que ambas se orientan a reprochar cuál debía ser la forma para computar del término de caducidad en el caso concreto.

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo del Chocó, en su calidad de juez de segunda instancia, vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al establecer el alcance e interpretación de la fecha a partir de la cual debía comenzar a contabilizarse el término de caducidad, tratándose de las lesiones sufridas por el señor Torres Solano dentro de un centro penitenciario.

de la fecha a partir de la cual debía comenzar a contabilizarse el término de caducidad, tratándose de las lesiones sufridas por el señor Torres Solano dentro de un centro penitenciario.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

20. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de procedencia, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional, comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, no se trata de una discusión de raigambre eminentemente legal ni económico; (2) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el proceso de reparación directa y, por el otro, el Tribunal Administrativo del Chocó profirió la decisión que se cuestiona; (3) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que tenían para procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela se presentó el 15 de octubre de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia de 28 de mayo de 2025; (5) se cuestionó una irregularidad procesal determinante para el caso ; (6) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

21. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de

argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

21. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de la controversia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07348-00

Demandantes: Eusebio Manuel Torres Solano y otros

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Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

22. La Sala negará la solicitud de amparo , por las razones que se exponen a

continuación:

23. No se advierte, en el presente caso, que el Tribunal Administrativo del Chocó haya incurrido en los defectos alegados al proferir la Sentencia de 28 de mayo de 2025 , mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada . En ese sentido, se observa que la decisión adoptada por el juez de segunda instancia se ajustó a lo establecido en la Sentencia de 28 de octubre de 2019 , proferida por el Consejo de Estado 6. En la cual se reiteró la importancia de identificar si el daño debía ser considerado, por un lado, como instantáneo o inmediato y , por el otro, como un daño continuado o de tracto sucesivo , esto con el propósito de definir el cómputo del término de caducidad del medio de control.

24. De acuerdo con dicha jurisprudencia, le corresponde al juez analizar, caso

como un daño continuado o de tracto sucesivo , esto con el propósito de definir el cómputo del término de caducidad del medio de control.

24. De acuerdo con dicha jurisprudencia, le corresponde al juez analizar, caso por caso, el momento en que el demandante tuvo conocimiento del daño. Si bien la norma general es que el daño y el hecho dañoso coincidan en el tiempo, esta situación no se presenta en todos los supuestos. Así, cuando el conocimiento del daño se produce con posterioridad a los hechos, el término de caducidad debe contarse desde ese momento. En part icular, en casos como el presente, relacionados con reclusos que resultan lesionados físicamente durante su detención en un centro penitenciario, no existe una regla general según la cual se diga que el término se debe computar desde que se expidió el dictamen de medicina legal sobre la magnitud o secuelas del daño. Por el contrario, el juez debe establecer si el daño fue conocido, con base en el material probatorio obrante en el expediente, lo que impide asumir, de manera general, que dicho dictamen marque el inicio del término de caducidad.

25. En ese orden, el Tribunal Administrativo del Chocó consideró que el hecho de haberse realizado exámenes médicos, diagnósticos y otras valoraciones no modifica el momento en que realmente ocurrieron los hechos causantes del daño y se adquirió certeza del mismo , ya que dichos análisis solo comprendían estudios sobre la magnitud del daño que se causó por las lesiones recibidas el 19 de abril de 2020, conclusión que se derivó de los medios probatorios allegados al proceso.

26. En el caso concreto, el accionante afirmó que solo tuvo certeza de la

2020, conclusión que se derivó de los medios probatorios allegados al proceso.

26. En el caso concreto, el accionante afirmó que solo tuvo certeza de la magnitud del daño con ocasión del dictamen de 5 de septiembre de 2022 emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , y que dicho dictamen debía ser tenido en cuenta para efectos del cómputo de la caducidad. Sin embargo, del análisis de la providencia cuestionada se desprende que el tribunal no desconoció el material probatorio allegado al proceso, ni las distintas fechas relevantes de valoraciones médicas . Por el contrario, analizó fechas concretas y, con base en criterios fácticos y jurídicos respaldados por la jurisprudencia,

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2017-00344-01 (61804).Radicado: 11001-03-15-000-2025-07348-00

Demandantes: Eusebio Manuel Torres Solano y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 determinó cuál debía tomarse como punto de partida para computar el término de caducidad.

27. En particular, señaló que dicho término no podía contarse desde el dictamen, ya que este solo valoraba la magnitud del daño, pero no definía el momento en que el accionante tuvo conocimiento del mismo, el cual, de acuerdo con el expediente, ya se encontrab a determinado desde el 19 de abril de 2020 ,

dictamen, ya que este solo valoraba la magnitud del daño, pero no definía el momento en que el accionante tuvo conocimiento del mismo, el cual, de acuerdo con el expediente, ya se encontrab a determinado desde el 19 de abril de 2020 , cuando fue víctima de una tentativa de homicidio con un arma corto contundente al interior del establecimiento carcelario y sufrió lesiones derivadas de dicho ataque.

28. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Chocó realizó una interpretación razonada de la jurisprudencia aplicable y de las circunstancias fácticas del proceso, para establecer el momento en que la parte actora tuvo conocimiento del daño y, a partir de allí, contabilizar el término de caducidad del medio de control.

29. Así las cosas, en virtud del principio de autonomía e independencia judicial, no le corresponde al juez constitucional sustituir la interpretación jurídica adoptada por el juez natural en ejercicio de su competencia, salvo que esta resulte arbitraria, irrazonable o manifiestamente contraria al ordenamiento. En este caso, se advierte que la decisión fue adoptada con fundamento en los hechos del expediente y conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado.

30. Por tanto, la Sala concluye que el tribunal realizó un estudio razonable de los hechos y de la jurisprudencia aplicable al caso concreto. Que la decisión no haya satisfecho las expectativas de la parte accionante no implica, por sí sola, que esta haya sido contraria a derecho.

Conclusión

31. La Sala negará la acción de tutela interpuesta, al no acreditarse que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó haya vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora.

Conclusión

31. La Sala negará la acción de tutela interpuesta, al no acreditarse que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó haya vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la acción de tutela presentada por Irene Enith Torres Solano, Pedro Pascual Torres Solano, Cler Del Carmen Torres Solano, Cristina Isabel Vargas Solano, Eusebio Manuel Torres Solano en representación de su hijo RTMW7, Adriana María Rodríguez Hernández, Onedith Solano Sánchez, Dianis

7 En aras de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, así como su interés superior, se suprime su nombre de las providencias judiciales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07348-00

Demandantes: Eusebio Manuel Torres Solano y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Edith Torres Solano, Wilmer Javier Torres Solano, Francisco Javier Torres Pastrana, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPA CA.