CE - Sentencia 11001031500020250735200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. doce (12) diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07352-00

Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el proceso con radicado 85001-3333-002-2020-00016-01.

SÍNTESIS1

El accionante enjuició la sentencia que negó las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual buscaba la revocatoria de la Resolución No. RDO-2018-03077 de 31 de agosto de 2018, por medio de la que la Unidad de Gestión Pensional y ParafiscalesUGPP profirió la liquidación oficial por omisión en la afiliación o vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral y sancionó al demandante por omisión en la declaración correspondiente al año 2014, y de la Resolución RDC-2019-01784, del 18 de septiembre del año 2019, mediante la cual la UGPP,

Social Integral y sancionó al demandante por omisión en la declaración correspondiente al año 2014, y de la Resolución RDC-2019-01784, del 18 de septiembre del año 2019, mediante la cual la UGPP, según las pruebas de pago de aportes realizados por el señor Valderrama Parra , modificó los aportes determinados en la liquidación oficial y la sanción previamente impuesta en la Resolución RDO-2018-03077 del 31 de agosto de 2018 . En su concepto, el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra señaló que la providencia judicial cuestionada incurri ó en violación del derecho al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia e incurrió en un defecto sustantivo y fáctico. La Sala declarará improcedente la demanda de tutela porque no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El señor Álvaro Enrique Valderrama Parra , en nombre propio , interpuso demanda de acción de tutela contra las sentencias del 31 de julio de 2024 y del 22 de mayo de 2025, proferidas, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente. Esto con el fin de obtener el amparo de su s derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de seguridad jurídica, reserva de ley y equidad, así como los derechos al debido proceso y a la igualdad.

2. A su juicio, dicha s garantías constitucionales fueron vulneradas por las sentencias cuestionadas, las cuales negaron las pretensiones de la demanda presentada por el señor

la igualdad.

2. A su juicio, dicha s garantías constitucionales fueron vulneradas por las sentencias cuestionadas, las cuales negaron las pretensiones de la demanda presentada por el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra en contra de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, en adelante, “UGPP” , en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00

Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra Acción de tutela

2 restablecimiento del derecho, tramitada bajo el radicado 85001-3333-002-2020-00016-0001.

3. Las pretensiones elevadas por el actor en la acción de tutela son las siguientes (se

transcribe):

“PRIMERA. Sírvase señor Juez Constitucional, amparar los derechos vulnerados al debido proceso, propiedad privada e igualdad, en conexidad con el principio de confianza legítima, así como cualquier otro derecho que encuentre vulnerado mediante la subsistencia de los fallos del treinta y uno (31) de julio de 2024 (Juzgado 04 Administrativo de Yopal) y del veintidós (22) de mayo de 2025 (Tribunal Administrativo de Casanare). SEGUNDA. En consecuencia, solicito se DEJEN SIN EFECTO las sentencias proferidas por e l Juzgado 04 Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, por haberse incurrido en defectos facticos y sustantivos derivados en la omisión de las situaciones concretas del caso, el desconocimiento y aplicación errónea de la normativida d; así mismo, por la

04 Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, por haberse incurrido en defectos facticos y sustantivos derivados en la omisión de las situaciones concretas del caso, el desconocimiento y aplicación errónea de la normativida d; así mismo, por la vulneración al derecho de igualdad y principios de confianza legítima y equidad tributaria.

TERCERA: Ordenar a los jueces accionados que, en el término perentorio que se señale, profieran una nueva providencia debidamente motivada, en la cual se realice: a) la observancia de la ausencia normativa que determinara el IBC para el año 2014 y que, por tanto, me exoneraba de los valores en aportes impuestos. b) Una valoración integral y objetiva de las pruebas obrantes en el expediente, incluyendo la que demuestra los periodos cuyo resultado dio perdida contable razón por la cual no debí cotizar a seguridad social. c) El reconocimiento de la exoneración de la sanción por exculpación en línea con la jurisprudencia del Consejo de Estado”2.

B. Hechos

4. El 13 de septiembre de 2016, la UGPP emitió requerimiento de información No. RQI-710, al señor Álvaro Enrique Valderrama Parra , en el que se informa que , en virtud del seguimiento al estado de cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, se había evidenciado que para el año 2014 no se atendieron las obligaciones de afiliación y aporte en calidad de cotizante. Asimismo, que tal situación lo hacía acreedor de la sanción establecida en el numeral 1° del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014.

situación lo hacía acreedor de la sanción establecida en el numeral 1° del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014.

5. El 15 de diciembre de 2017 , la UGPP expidió el requerimiento RCD-2017-04051 para declarar y/o corregir, mediante el cual se fiscalizó el per íodo comprendido entre el 1 ° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 . En este se tuvo en cuenta la declaración de renta para el año gravable 2014 presentada por el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra frente al primer requerimiento.

6. El 20 de abril de 2018, el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra objetó la liquidación de aportes y la sanción a pagar, previstas en el segundo requerimiento de la UGPP.

7. El 31 de agosto de 2018, la UGPP emitió la Resolución No. RDO-2018-03077 del 31 de agosto de 2018 , por medio de la cual se adoptó la liquidación oficial por omisión en la afiliación o vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral , y se sancionó por omisión en la declaración para el referido periodo 2014.

8. El 2 de noviembre de 2018, el señor Valderrama Parra interpuso el recurso de reconsideración en contra del acto administrativo mencionado en el numeral anterior, para lo cual adjuntó doce planillas integradas de liquidación de aportes para el año 2014 e indicó que solo tuvo ingresos efectivamente percibidos en los meses de enero, octubre y diciembre del año fiscal 2014. Frente a los demás meses, alegó que se presentaron pérdidas, a pesar

que solo tuvo ingresos efectivamente percibidos en los meses de enero, octubre y diciembre del año fiscal 2014. Frente a los demás meses, alegó que se presentaron pérdidas, a pesar

2 Índice 2 Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00

Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra Acción de tutela

3 de lo cual aportó al Sistema de la Seguridad Social sobre un salario mínimo legal vigente, aunque, en su criterio, no era obligatorio aportar en dichos meses por presentar perdidas para el contribuyente.

9. El 18 de septiembre del año 2019 , la UGPP emitió la Resolución No. RDC -2019-01784, mediante la cual, según las pruebas de pago de aportes realizados por el señor Valderrama Parra, modificó los aportes determinados en la liquidación oficial No RDO -2018-03077 del 31 de agosto de 2018 y la sanción previamente impuesta. Así, fijó la suma de once millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($11.480.000) y modificó la sanción por omisión impuesta al señor Valderrama Parra en la suma de veintidós millones novecientos sesenta mil pesos

($22.960.000).

10. El 31 de agosto de 2020, el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra, por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declarara la nulidad de las resoluciones referidas en los numerales anteriores y, a título de restablecimiento del derecho , se declarara que estaba exonerado del pago de la

apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declarara la nulidad de las resoluciones referidas en los numerales anteriores y, a título de restablecimiento del derecho , se declarara que estaba exonerado del pago de la liquidación y de la sanción establecida por la UGPP, y que se encontraba a paz y saldo con dicha entidad por los conceptos establecidos en los actos demandados. Subsidiariamente, en caso de no decretar la nulidad absoluta, solicitó tener como ingreso base de liquidación un salario mínimo mensual vigente del año 2014, ya que para entonces no estaban tipificados los elementos del pago de dichos aportes para los independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital, en consecuencia, sostiene que voluntariamente podía cotizarse sobre dicho valor.

11. Como fundamento de sus peticiones, adujo , fundamentalmente, la vulneración del principio de legalidad y tipicidad en el ejercicio del ius puniendi por parte de la UGPP, con la consecuente afectación del derecho fundamental al debido proceso. Lo anterior, debido a que para el año 2014 no existía norma expresa que estableciera el Ingreso Base de Cotización (en adelante IBC) necesario para la liquidación de los aportes al sistema de seguridad social en salud por parte de los trabajadores independientes que no contaban con contrato de prestación de servicios . Dicha indeterminación tendría su origen en que estaba pendiente la reglamentación por parte del Gobierno Nacional de la presunción de ingresos de los mencionados trabajadores, según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 20073, texto vigente para el año 2014.

estaba pendiente la reglamentación por parte del Gobierno Nacional de la presunción de ingresos de los mencionados trabajadores, según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 20073, texto vigente para el año 2014.

12. Mediante sentencia del 31 de julio de 2014, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal negó las pretensiones del demandante, por considerar que los actos administrativos impugnados se ajustan a la legalidad y que la normatividad vigente en 2014 era suficiente para exigir la cotización y determinar la base gravable para trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital.

12.1. El juez de primera instancia señaló que para el caso en concreto, en materia pensional, por tratarse de un trabajador independiente por cuenta propia, se debe acudir a lo dispuesto

3 Ley 1122 de 2007. Artículo 18. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá autorizar a la entidad contratante el descuento y pago de la cotización sin que ello genere relación laboral. Para los demás contratos y tipos de ingresos el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades económicas, la región de operación, la estabilidad y estacionalidad del ingreso. PARÁGRAFO. Cuando el contratista pueda probar que ya está cotizando sobre el tope máximo de cotización, no le será aplicable lo dispuesto en el presente artículo.”Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00

Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra

cotizando sobre el tope máximo de cotización, no le será aplicable lo dispuesto en el presente artículo.”Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00

Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra Acción de tutela

4 en los artículos 154 y 195 de la Ley 100 de 1993, modificad os por los artículos 3 y 6 de la Ley 797 de 2003 , respectivamente, los cuales establece n para los trabajadores independientes la obligación de cotizar sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente recibidos y sin que sean menores a un salario mínimo legal vigente . Adicionalmente, señaló que los artículos 1 6 y 3 7 del Decreto 510 de 2003 establecen qué debe entenderse por ingresos efectivamente percibidos, aquellos que nominalmente se reciben menos las sumas que se deben erogar para desarrollar la actividad económica, según lo previsto en el artículo 107 del Estatuto Tributario8.

4 Ley 100 de 1993. Artículo 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la mod alidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.

modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. También serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, y se regirán por todas las disposiciones contenidas en esta ley para todos los efectos, los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol, a partir de la vigencia de la presente ley. Durante los tres (3) años siguientes a la vigencia de esta ley, los Servidores públicos en cargos de carrera administrativa, afiliados al régimen de prima media con prestación definida deberán permanecer en dicho régimen mientras mantengan la calidad de ta les. Así mismo quienes ingresen por primera vez al Sector Público en cargos de carrera administrativa estarán obligatoriamente afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, durante el mismo lapso. 5 Ley 100 de 1993. Artículo 19. Base de Cotización de los trabajadores independientes. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos. (…) 6 Ley 100 de 1993. Artículo 1°. De conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, las personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado b ajo la modalidad de contratos de prestación de

modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, las personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado b ajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, deberán estar afiliados al Sistema General de Pensiones y su cotización deberá corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el afiliado. Para este propósito, él mismo deberá declarar en el formato que para tal efecto establezca la Superintendencia Bancaria, ante la administradora a la cual se afilie, el monto de los ingresos que efectivamente percibe, manifestación que se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento. El afiliado deberá actualizar dicha información, cuando se produzcan cambios significativos en sus ingresos, es decir, en más del 20%, respecto de su declaración inicial y, en todo casa, por lo menos una vez al año dentro de los dos primeras meses. Lo anterior, se efectuará sin perjuicio, de que se realicen los descuentos directos que establezca el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003 y así mismo, de que cuando se realicen los cruces de información previstos por el literal f) del parágrafo 1° de dicho artículo y se establezca que los aportes realizados son inferiores a los debidos, el afiliado deba realizar los aportes correspondientes. Parágrafo. Se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del

para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario. 7 Ley 100 de 1993. Artículo 3°. La base de cotización del Sistema General de Pensiones será como mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, límite este que le es aplicable al Sistema de Se guridad Social en Salud. Este límite se aplicará a las cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo. La base de cotización para el Sistema General de Pensiones deberá ser la misma que la base de la cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo que el afiliado cotice para el Sistema General de Pensiones sobre una base inferior a la mínima establecida para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. (…)” 8 Estatuto Tributario. ARTICULO 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. <Fuente original compilada: D. 2053/74 Art. 45> Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan r elación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuentaRadicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00

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12.2. Por otra parte, el juez de primera instancia indicó que en materia de salud la obligación

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12.2. Por otra parte, el juez de primera instancia indicó que en materia de salud la obligación derivaba, en primer lugar, de lo dispuesto en el artículo 204 9 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 1122 de 2007, y reglamentado por los artículos 2610 y 6611 del Decreto 806 de 1998, los cuales a su vez fueron desarrollados por la Resolución núm. 9 de 1996, por medio del cual se establece el sistema de presunciones de los trabajadores independientes, y el artículo del Decreto 1406 de 1999 , en virtud del cual se advierte que, inicialmente la presunción de ingresos operaba sobre los formularios de afiliación que voluntariamente diligenciaba el contribuyente ante el sistema general de seguridad social; sin embargo, cuando los ingresos reales eran superiores a la aplicación de las fórmulas de presunción, los aportes debían hacerse con base en los ingresos realmente percibidos.

12.3. Finalmente, destacó que el artículo 33 de la Ley 1438 de 201112 establece la presunción legal de capacidad de pago de aquellas personas que declaran renta, norma de la cual se

las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes. (…)” 9 Ley 100 de 1993. Artículo 204. inciso 1o. modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007. La cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del empleador

al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de la cotización serán trasladados a la subcuenta de Solidaridad del Fosyga para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. Las cotizaciones que hoy ti enen para salud los regímenes especiales y de excepción se incrementarán en cero punto cinco por ciento (0,5%), a cargo del empleador, que será destinado a la subcuenta de solidaridad para completar el uno punto cinco a los que hace referencia el presente artículo. El cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional reemplaza en parte el i ncremento del punto en pensiones aprobado en la Ley 797 de 2003, el cual sólo será incrementado por el Gobierno Nacional en cero punto cinco por ciento (0,5%). 10 Decreto 806 de 1998. ARTÍCULO 26. Afiliados al Régimen Contributivo. Las personas con capacidad de pago deberán afiliarse al Régimen Contributivo mediante el pago de una cotización o aporte económico previo, el cual será financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador. Serán afiliados al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en

Salud:

1. Como cotizantes: a) Todas aquellas personas nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, vinculadas mediante contrato de trabajo que se rija por las normas colombianas, incluidas aquellas personas que presten sus servicios en las sedes diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país;

a) Todas aquellas personas nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, vinculadas mediante contrato de trabajo que se rija por las normas colombianas, incluidas aquellas personas que presten sus servicios en las sedes diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país; b) Los servidores públicos; c) Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes o sustitutos, tanto del sector público como del sector privado. En los casos de sustitución pensional o pensión de sobrevivientes deberá afiliarse la persona beneficiaria de dicha sustitución o pensión o el cabeza de los beneficiarios; d) Los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas y en general todas las personas naturales residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador y cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes; (…)” 11 Decreto 806 de 1998. ARTÍCULO 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superi ntendencia Nacional de Salud. En ningún caso el monto de la cotización de los trabajadores independientes podrá ser inferior al equivalente al 12% de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.” 12 Ley 1438 de 2011. Artículo 33. Presunción de capacidad de pago y de ingresos. Se presume con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser afiliados oficiosamente: 33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto a las ventas e impuesto de industria y comercio.

de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser afiliados oficiosamente: 33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto a las ventas e impuesto de industria y comercio. 33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso establecido para pertenecer al Régimen Contributivo. 33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del Sisbén, de acuerdo con las normas sobre la materia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00

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6 desprende la obligación del señor Valderrama Parra de afiliarse y pagar cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.

13. El actor apeló la decisión e indicó que las normas vigentes para el año 2014 no eran las aplicadas por el juez de primera instancia, sino únicamente el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 que ordenaba la reglamentación de la presunción de ingresos para los trabajadores independientes, la cual solo fue reglamentada en el año 2022 en virtud de una acción de cumplimiento. Por lo anterior, a su juicio, para la época de los hechos sub lite (2014) no existía reglamentación sobre el IBC para la cotización , por lo que no estaban todos los elementos del tributo, específicamente, la base gravable correspondiente al IBC.

13.4. De manera adicional, señaló que la sentencia apelada se fundamentó en la Ley 1438

elementos del tributo, específicamente, la base gravable correspondiente al IBC.

13.4. De manera adicional, señaló que la sentencia apelada se fundamentó en la Ley 1438 de 2011 , sin tener en consideración que, como lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado, - cita la sentencia No. 25000-23-41-000-2022-00033-01 del 5 de mayo de 2022, consejero ponente Luis Alberto Álvarez Parra, - el artículo 33 de la referida ley no regulaba el IBC de los trabajadores independientes.

13.5. Además, reprochó que la sentencia justificara la incoherencia descrita en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 , el cual exige al contribuyente ajustar periodos acorde s a su declaración de renta, lo que lo deja en un escenario contradictorio y vacío sobre la obligación de cotización de los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios. Asimismo, a su juicio, erró la sentencia al no considerar de forma subsidiaria todos los periodos en los que en el año 2014 tuvo perdida, en lugar de utilidad, y la exculpación que aplica a todos los trabajadores independientes, comerciantes y rentitas de capital, a los que no se les diseñó un sistema acorde a la fluctuación impredecible de sus ingresos.

13.6. Señaló que tampoco era legitimo determinar que para el año 2014 la base gravable o Ingreso base de cotización del subsistema en pensión se encontraba fundamentado en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797 de 2003, y reglamentados con los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de 2003. En relación con

artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797 de 2003, y reglamentados con los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de 2003. En relación con la última disposición, teniendo en cuenta que para el año 2014, dicho Decreto había perdido vigencia con fundamento en el artículo 8 del Decreto 3085 de 2007, que reg lamentó precisamente los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993.

13.7. De manera subsidiaria, consideró que el despacho no se pronunció sobre la incoherencia de generar aportes sobre los periodos de 2014 -1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 12 , teniendo en cuenta que durante estos interregnos el actor presentó pérdidas en su actividad comercial, por lo cual no existía la obligación de realizar cotizaciones, al menos por estos períodos.

14. Mediante sentencia del 22 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la decisión de negar las pretensiones del demandante. En primer lugar, analiza y ratifica la facultad de la UGPP para la determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social y para imponer las sanciones que correspondan , dada la omisión de la obligación de afiliación al sistema y pago de las referidas contribuciones.

El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al sistema estos últimos deberán ser ajustados.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00

las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al sistema estos últimos deberán ser ajustados.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00

Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra Acción de tutela

7 14.1. Por otra parte, analizó el deber de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud y señala lo dispuesto en los artículos 15613 y 15714 de la Ley 100 de 1993, el artículo 26 del Decreto 806 de 1998, el artículo 16 del Decreto 1406 de 1999 15 y el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3 3 de la Ley 797 de 2003. Asimismo, citó el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, que establece la presunción de capacidad de pago y de ingresos.

14.2. Sobre la base gravable y la presunción de capacida