CE - Sentencia 11001031500020250739200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-07392-00

Accionante: Adriana Gómez López

Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá

Tema: Derechos: debido proceso e igualdad, entre otros . Acto administrativo nombramiento vacante temporal . Requisito de

subsidiariedad. DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Adriana Gómez López, en nombre propio, en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Plena, Sala Civil, Presidencia y Sala de Gobierno.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales a l debido proceso, a la igualdad, «mérito, ascenso en el empleo público, publicidad y transparencia».

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 25 de julio de 2025 publicó en su portal la vacante temporal del cargo de juez del Juzgado 25 Civil Municipal de Bogotá, para conocimiento de los interesados.

Que la accionante está en propiedad en el cargo de secretaria del Tribunal Superior y manifestó su interés y remitió su hoja de vida.2

Bogotá, para conocimiento de los interesados.

Que la accionante está en propiedad en el cargo de secretaria del Tribunal Superior y manifestó su interés y remitió su hoja de vida.2

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Que manifestaron interés para ocupar el cargo citado la tutelante y el señor Juan Enrique Barrera Bernal. El Tribunal mediante Resolución núm. 515 del 28 de julio de 2025 nombró en provisionalidad al señor Barrera, quien ostenta el cargo de oficial mayor «en propiedad en el despacho y se encontraba en licencia ejerciendo otro cargo en la Rama Judicial», acto que no le fue notificado y del cual se enteró dado que es secretaria del Tribunal.

Estima que se le vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, al mérito y a la igualdad , dado que el acto administrativo care ce de motivación, pues solo señaló que el señor Barrera cumplía con los requisitos. Adujo que ella también cumple esa condición y, además, ocupa «una posición jerárquica superior en el escalafón de la carrera judicial».

Que promovió revocatoria directa en contra del acto de nombramiento y solicit ó la suspensión provisional de la resolución, antes de que se formalizara la posesión del juez, esto es, el 4 de agosto de 2025. El Tribunal a través de la Resolución 312 del 15 de septiembre de 2025 decidió no revocar el acto.

suspensión provisional de la resolución, antes de que se formalizara la posesión del juez, esto es, el 4 de agosto de 2025. El Tribunal a través de la Resolución 312 del 15 de septiembre de 2025 decidió no revocar el acto.

Que ha postulado su hoja de vida en 4 ocasiones para el cargo de juez categoría municipal, en atención a los avisos publicados; sin embargo, dice que no ha recibido notificación alguna sobre los resultados de dichas convocatorias, además, resalt ó que «[r]esulta llamativo que el contenido de los avisos haya variado: en algunos se exige únicamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, mientras que en otros se añade la exigencia de hasta tres años de experiencia relacionada, requisito que no está previsto para este cargo».

PRETENSIONES

Solicita que se amparen sus derechos invocados dejando sin efectos la Resolución 515 del 28 de julio de 2025 , y, en consecuencia, que se disponga realizar el nombramiento del cargo de Juez (sic) 25 Civil Municipal, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Ley 909 de 2004.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente, donde el 25 de noviembre de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó notificar a las accionadas y se vinculó como tercero interesado al señor Juan Enrique Barrera Bernal.

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS

La Presidencia y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá señalaron que mediante Resolución núm. 492 del 23 de julio de 2025 se

Bernal.

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS

La Presidencia y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá señalaron que mediante Resolución núm. 492 del 23 de julio de 2025 se concedió al señor Juan Esteban Zapata Montoya, en calidad de juez 25 Civil3

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Municipal del Distrito Judicial de Bogotá, licencia, a partir del 29 de julio del año en curso, para desempeñar otro cargo en provisionalidad en la Rama Judicial, sin que exceda el término de 3 años.

En Resolución núm. 515 del 28 de julio de 2025 la Sala de Gobierno del Tribunal nombró en provisionalidad por vacancia temporal al doctor Juan Enrique Barrera Bernal, a partir de la fecha y por el término de la licencia concedida al servidor que ostenta el cargo en propiedad. «Lo anterior, en virtud de la delegación efectuada por la Sala Plena Extraordinaria No. 18 de 03 de junio de 2014, ratificada en Sala Plena No. 09 de 18 de julio de 2022».

Manifestaron que las postulaciones sometidas a consideración y la posterior votación en Sala de Gobierno o Sala Plena, son el resultado de un ejercicio autónomo por parte de las salas especializadas del Tribunal, al momento de estudiar y comparar cada una de las hojas de vida de los empleados de la Rama Judicial

votación en Sala de Gobierno o Sala Plena, son el resultado de un ejercicio autónomo por parte de las salas especializadas del Tribunal, al momento de estudiar y comparar cada una de las hojas de vida de los empleados de la Rama Judicial eligiendo así al que satisfaga los requisitos legales para la vacante.

Resaltó que la Sala Civil Especializada de esta corporación, dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 2° del artículo 132 de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, construye su criterio para postulación no sólo verificando que el empleado judicial esté en carrera judicial, sino también, la última calificación obtenida en el ejercicio de sus funciones, experiencia dentro de la Rama Judicial y su formación académica contenida en las hojas de vida.

Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva , frente a los hechos y pretensiones narrados por la accionante, dado que la decisión de nombramiento en provisionalidad por vacancia temporal del doctor Juan Enrique Barrera Bernal como juez 25 Civil Municipal del Distrito Judicial de Bogotá D.C., «se fundamentó y dio cumplimiento a los parámetros contenidos dentro del Acuerdo núm. PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017 y en observancia de lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024».

La presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil indicó que la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, porque la accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde puede demandar el Acto núm. 515 de 2025.

POSICIÓN DEL VINCULADO

de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, porque la accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde puede demandar el Acto núm. 515 de 2025.

POSICIÓN DEL VINCULADO

El señor Juan Enrique Barrera Bernal pide que se declare improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad , porque la tutelante cuenta con otro mecanismo judicial.4

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CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito de subsidiariedad en la acción de tutela y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos se vean vulne rados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela

autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.

La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales, además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho.

Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus tantos pronunciamientos expuso la Corte:

«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio

cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la5

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protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales»1.

Por lo demás, tampoco desconoce la Sala la amplia jurisprudencia constitucional con relación a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar la suspensión provisional de sus efectos; mediante los medios de control, así lo dijo la

Corte Constitucional:

«(…) Además, tal y como se señaló anteriormente (ver supra, fundamentos jurídicos 44 -56), la Ley 1437 de 2011 consagró una serie de posibles medidas cautelares para la protección y garantía provisional del objeto del proceso o para la efectividad de la sentencia. Entre las que se cuentan el restablecimiento inmediato de un derecho, la suspensión de un procedimiento o actuación, o la suspensión de los efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las medidas cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. (…)»2

En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más

efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las medidas cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. (…)»2

En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más excepcional, dada la eficacia de las acciones ordinarias para la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Análisis del caso concreto

La señora Adriana Gómez López considera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Plena, Sala Civil, Presidencia y Sala de Gobierno le transgreden sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al «mérito, ascenso en el empleo público, publicidad y transparencia», con ocasión de la expedición de la Resolución núm. 515 del 28 de julio de 2025.

Al respecto, la Sala observa que mediante la Resolución núm. 492 del 23 de julio de 2025 la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá concedió al doctor Juan Esteban Zapata Montoya, en calidad de juez 25 Civil Municipal del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., licencia, a partir del 29 de julio de 2025, para desempeñar otro cargo en provisionalidad en la Rama Judicial, sin que exceda el término de tres (3) años, de conformidad con la solicitud del servidor y lo consagrado en el parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996 modificado por la Ley 2430 del 2024.

A través de la Resolución núm. 515 del 28 de julio de 2025 la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá n ombró en provisionalidad por vacancia temporal al doctor Juan Enrique Barrera Bernal, como j uez 25 Civil

A través de la Resolución núm. 515 del 28 de julio de 2025 la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá n ombró en provisionalidad por vacancia temporal al doctor Juan Enrique Barrera Bernal, como j uez 25 Civil Municipal del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., a partir de la fecha, por el término de la licencia concedida al servidor que ostenta el cargo en propiedad.

1 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 2 Sentencia T-149 de 20236

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La Sala encuentra que la acción de tutela resulta improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, pues la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde puede alegar la supuesta falta de motivación del acto administrativo de nombramiento y el desconocimiento de las normas en materia de carrera administrativa y judicial, entre ellos los lineamientos establecidos en la Ley 909 de 20043.

Dicho medio de control resulta ser idóneo y eficaz para la protección oportuna e inmediata de los derechos que la accionante considera afectados, pues la tutelante puede pedir medidas cautelares incluso de urgencia, como lo es la suspensión del acto acusado mientras que se resuelve la solicitud de nulidad.

inmediata de los derechos que la accionante considera afectados, pues la tutelante puede pedir medidas cautelares incluso de urgencia, como lo es la suspensión del acto acusado mientras que se resuelve la solicitud de nulidad.

Por otro lado, la accionante no argumentó y mucho menos allegó prueba siquiera sumaria que demuestre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar que se configure un perjuicio irremediable y, el juez constitucional tampoco evidencia que exista una circunstancia de especial protección constitucional que amerite un estudio de fondo, para la protección de los derechos invocados.

Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

Por último, la accionante refiere que en los avisos publicados de convocatorias para el cargo de juez categoría municipal se está exigiendo aparte de los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la ley, 3 años de experiencia relacionada, presupuesto que no está previsto para este cargo y adicionalmente, indicó que no ha recibido respuesta alguna sobre su postulación.

Sobre el particular, la Sala encuentra que se trata de afirmaciones genéricas, de la que no se aportó soporte alguno; lo que impide un estudio del asunto por parte del juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que interpuso la señora Adriana Gómez López, en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que interpuso la señora Adriana Gómez López, en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bogotá-Sala Plena, Sala Civil, Presidencia y Sala de Gobierno.

3 Regula el sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regir el ejercicio de la gerencia pública, basándose en criterios objetivos e imparciales y la misma sea notificada a los postulantes.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07392-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas

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Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente