CE - Sentencia 11001031500020250739400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07394-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

AREONÁUTICA CIVIL

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra el SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AREONÁUTICA CIVIL2, mediante apoderado judicial , en ejercicio de la acción de

1 En adelante la Sección Segunda. 2 En adelante AERONÁUTICA2

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tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

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tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proces o, el cual estima vulnerado por la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la providencia de 5 de mayo de 2025 dentro del medio de control de controversias contractuales identificado con el núm ero único de radicación 2021-00043-01.

I.2. Hechos

Indicó que el 20 de junio de 2017, junto con el CONSORCIO EL DORADO suscribió el contrato de obra núm. 170000360 H4, con el objeto de ejecutar la “[…] construcción para culminar el sistema complementario de calles de rodaje en el costado occidental del aeropuerto internación el dorado de Bogotá D.C., Fase 1 […]”.

Manifestó que dado lo anterior, el 19 de julio de 2017 celebró el contrato de interventoría núm. 17000995 H3 con el CONSORCIO INTERVENTORÍA CALLES DE RODAJE 2017 3, cuyo objeto consistió en realizar “[…] la interventoría técnica y administrativa de la construcción para culminar el sistema complementario de Calles de Rodaje en el costado occidental del aeropuerto internacional el Dorado fase 1 […]”.

3 En adelante Consorcio Interventoría.3

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3 En adelante Consorcio Interventoría.3

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Precisó que el referido contrato tenía plazo de ejecución de seis meses (6) meses, por un valor de $4.299.612.800 incluido el IVA, y como fecha final el 31 de diciembre de 2017.

Apuntó que por solicitud del contratista el CONSORCIO EL DORADO el 22 de diciembre de 2017 suscribió la prórroga núm. 1, la cual adicionó el contrato por 90 días, y que el 28 de marzo de 2018, firmó la prórroga núm. 2, esta con el fin de ampliar la duración del contrato por un término de 34 días. Para este última, solicitó al CONSORCIO INTERVENTORÍA ampliar el plazo, no obstante, denegó tal petición con fundamento en la falta de pago de facturas.

Explicó que mediante Resolución núm. 3698 de 2018 declaró el incumplimiento del contrato núm. 17000360 H4 y adelantó el proceso administrativo sancionatorio contra el CONSORCIO EL DORADO, decisión que fue confirmada a través de la Resolución núm. 370 de 2019.

Sostuvo que el 4 de febrero de 2021 el CONSORCIO INTERVENTORÍA promovió medio de control de controversias

DORADO, decisión que fue confirmada a través de la Resolución núm. 370 de 2019.

Sostuvo que el 4 de febrero de 2021 el CONSORCIO INTERVENTORÍA promovió medio de control de controversias contractuales en su contra, con el objeto de obtener el pago de las obligaciones derivadas del contrato núm. 17000995 H3.4

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Afirmó que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en primera instancia a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 4 que, mediante sentencia de 4 de mayo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, liquidó judicialmente el contrato núm. 17000995 H3 y le ordenó pagar a la allí demandante la suma de $73.523.379.oo.

Agregó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación ante la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 5 de mayo de 2025, modificó la decisión del a quo, en el sentido de indicar que el CONSORCIO INTERVENTORÍA cumplió con todas las obligaciones derivadas del mencionado contrato y la condenó a pagarle la suma de $3.725.955.92.

I.3 Fundamentos de la solicitud

CONSORCIO INTERVENTORÍA cumplió con todas las obligaciones derivadas del mencionado contrato y la condenó a pagarle la suma de $3.725.955.92.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurri ó en defecto sustantivo al aplicar de manera errónea lo establecido en el artículo 1498 de la Ley 84 de 26 de mayo de 18735, puesto que se le está obligando a hacer efectivo un pago por una contraprestación que no recibió ; además, no existe reciprocidad ni proporcionalidad

4 En adelante TRIBUNAL. 5 Código Civil.5

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en el reconocimiento de valores por servicios que le eran imposible prestar y garantizar al CONSORCIO INTERVENTORÍA.

Indicó que la interpretación dada por la SECCIÓN TERCERA es contradictoria a los principios contractuales previstos en los artículos 28 y 40 de la Ley 80 de 28 de octubre de 19936, ya que la buena fe y el equilibrio entre prestaciones son mandatos imperativos sobre los cuales se deben analizar las cláusulas y estipulaciones de un negocio jurídico.

Manifestó que la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente , puesto que pasó por alto fenómeno de la conexión negocial establecid a por esta Corporación

jurídico.

Manifestó que la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente , puesto que pasó por alto fenómeno de la conexión negocial establecid a por esta Corporación en sentencia de 14 de junio de 20167.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] Que cesen los efectos de la sentencia dictada por la Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado con ocasión del medio de control Controversias Contractuales expediente No. 25000233600020210004301 (70.270) del 5 de mayo de 2025, por

6 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección “A” , providencia de 14 de julio de 2016 , M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera , expediente núm. 200200362-01.6

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defecto sustantivo o material por la errónea interpretación del marco jurídico y jurisprudencial que rige la contratación estatal.

Ordenar a la Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado proferir una nueva sentencia en el proceso en referencia, en la cual

jurídico y jurisprudencial que rige la contratación estatal.

Ordenar a la Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado proferir una nueva sentencia en el proceso en referencia, en la cual se efectúe la interpretación correcta de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, a la luz del marco normativo que rige la contratación estatal, confirmando la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de mayo de 2023. Y, en consecuencia, se ordene la devolución de los dineros que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI AL DE AERONÁUTICA CIVIL pagó al contratista CONSORCIO INTERVENTORIA CALLES DE RODAJE 2017, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del 5 de mayo de 2025. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente el amparo solicitado, puesto que no concurren los presupuestos que hagan viable su estudio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La sociedad WSP PROYECTOS S.A.S., solicitó que se declare improcedente la presente solicitud de amparo, puesto que no cumple con los requisitos generales de procedencia que exige la acción de tutela contra providencia judicial.

I.6.2.- El TRIBUNAL y la sociedad CHS INFRAESTRUCTURA S.A.S.8, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

8 Las mencionadas sociedades conforman el Consorcio Interventoría.7

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8 Las mencionadas sociedades conforman el Consorcio Interventoría.7

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento8

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento8

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un9

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deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades

sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud10

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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para

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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)11

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En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 5 de mayo de 2025, proferida por la SECCIÓN TERCERA dentro del medio de control de controversias contractuales identificado con el número único de radicación 202100043-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración del derecho fundamental deprecado, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en defecto sustantivo al aplicar de manera errónea lo establecido en

00043-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración del derecho fundamental deprecado, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en defecto sustantivo al aplicar de manera errónea lo establecido en el artículo 1498 de la Ley 84 de 26 de mayo de 1873, puesto que se le está obligando a hacer efectivo un pago por una contraprestación que no recibió ; además, no existe reciprocidad ni proporcionalidad en el reconocimiento de valores por servicios que le eran imposible prestar y garantizar al CONSORCIO INTERVENTORÍA.

Indicó que la interpretación dada por la SECCIÓN TERCERA es contradictoria a los principios contractuales previstos en los artículos 28 y 40 de la Ley 80, ya que la buena fe y el equilibrio entre prestaciones son mandatos imperativos sobre los cuales se debe n analizar las cláusulas y estipulaciones de un negocio jurídico.

Aseguró que también incurrió en desconocimiento del precedente, puesto que pasó por alto fenómeno de la conexión12

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negocial establecida por esta Corporación en sentencia de 14 de junio de 20169.

Así las cosas, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

negocial establecida por esta Corporación en sentencia de 14 de junio de 20169.

Así las cosas, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN TERCERA vulneró el derecho deprecado e incurrió en los defectos alegados al haber proferido la providencia de 5 de mayo de 2025, cuestionada.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la inmediatez.

Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se controvierten providencias judiciales

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección “A”, providencia de 14 de julio de 2016 , M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera , expediente núm. 200200362-01.13

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como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del mecanismo […]”10.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso, para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que11:

10 Corte Constitucional, sentencia T -941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 11 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.14

Mendoza Martelo. 11 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.14

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“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En tercer lugar, evi tar ‘el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, sostuvo12:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados.

[…]

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial para la protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales , por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía de tutel a’. Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce c omo violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.15

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[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere

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[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material , que la hace definitiva e inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”. (Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las constancias obrantes en el expediente del proceso origen de controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI, la providencia de 5 de mayo de 2025, aquí cuestionada, fue notificada a las partes mediante correo electrónico el 14 de ese mes y este año, por lo que en aplicación del artículo 201 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, se entiende debidamente notificada el 16 del mismo mes y anualidad.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la referencia se presentó el 21 de noviembre de 2025, esto es, transcurrido más de 6 meses, superando así el término que ha sido estimado por la jurisprudencia como término razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin16

transcurrido más de 6 meses, superando así el término que ha sido estimado por la jurisprudencia como término razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin16

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que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la solicitud de amparo.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción de tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que puedan excusar su presentación por fuera del término es tablecido por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.

Se destaca que, en la sentencia SU -354 de 2017 13, la Corte Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses establecido por regla general como tiempo razo nable, dadas las particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses establecido por regla general como