CE - Sentencia 11001031500020250739900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07399-00

Accionante: Ofelia Cardona Viera y otros

Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Niega el amparo por no configurarse los defectos alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela instaurada por los señores Ofelia Cardona Viera, Raúl Puerta Londoño, Luis Humberto Puerta Londoño y María Lucilda Cardona Viera, quienes actúan por conducto de apoderado en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral supuestamente ocurrida con ocasión de la providencia expedida el 14 de octubre de 2025, al interior del medio de control de reparación directa seguido bajo el radicado núm. 76111-33-33-003-2017-00029-00/01.

II. ANTECEDENTES

de 2025, al interior del medio de control de reparación directa seguido bajo el radicado núm. 76111-33-33-003-2017-00029-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

3. El señor Jairo Puerta Cardona fue privado de su libertad con ocasión de la imposición de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria , tras ser capturado en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones . Con posterioridad, se decretó la preclusión por la atipicidad del hecho investigado, bajo el argumento de que no se afectó el bien jurídico de la seguridad pública.

4. Los señores Jairo Puerta Cardona y otros interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con la finalidad de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios derivados de una privación injusta de la libertad del señor Puerta

Cardona.

5. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga mediante sentencia delAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07399-00

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2 27 de noviembre de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda , tras argumentar que la privación de la libertad del señor Puerta Cardona correspondió a

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2 27 de noviembre de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda , tras argumentar que la privación de la libertad del señor Puerta Cardona correspondió a uno de los casos definidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como escenarios de aplicación de la responsabilidad objetiv a donde el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos, toda vez que la conducta reprochada resultó objetivamente atípica.

6. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la sentencia del 14 de octubre de 2025 revocó la decisión judicial anterior, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda , al considerar que la medida de aseguramiento impuesta al señor Puerta Cardona se fundamentó en diversos elementos materiales probatorios , el cumplimiento de las finalidades específicas previstas en la Ley y los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en los

siguientes defectos:

• Fáctico: por la indebida valoración de las pruebas obrantes en el plenario, en particular de aquella que da cuenta de que el proceso penal precluyó por atipicidad de la conducta, circunstancia que imponía la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad.

• Desconocimiento del precedente judicial: en relación con la Sentencia de Unificación SU -072 del 5 de julio de 2018 proferida por la Corte Constitucional, toda vez que negó las pretensiones de la demanda, pese a que se decretó la preclusión por atipicidad de la conducta.

Unificación SU -072 del 5 de julio de 2018 proferida por la Corte Constitucional, toda vez que negó las pretensiones de la demanda, pese a que se decretó la preclusión por atipicidad de la conducta.

2.3. Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, manifestó lo siguiente:

«PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral que fueron vulnerados por la accionada a los señores Ofelia Cardona Viera, Raúl Puerta Londoño, Luis Humberto Puerta Londoño y María Lucilda Cardona Viera.

SEGUNDO. Que, como consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fechada el catorce (14) de octubre del año dos mil veinticinco (2025) y notificada por correo electrónico del veinte (20) de octubre de ese mismo año.

TERCERO. Corolario de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del respectivo fallo de tutela, profiera una decisión de reemplazo atendiendo al análisis objetivo y cuidadoso del acervo probatorio en consonancia con el precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, motivando de manera suficiente su proveído». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

9. La acción de tutela objeto de análisis fue admitida mediante auto del 24 de noviembre de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal AdministrativoAcción De Tutela

2.4. Intervenciones

9. La acción de tutela objeto de análisis fue admitida mediante auto del 24 de noviembre de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal AdministrativoAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07399-00

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3 del Valle del Cauca como accionado y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga, a la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Buga como terceros interesados en el resultado del proceso.

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues la parte accionante pretende revivir el análisis efectuado por la autoridad judicial, desconociendo que la acción de tutela no es una instancia adicional.

11. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga allegó el expediente digital.

12. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga sostuvo que en el proceso penal resolvió precluir la investigación iniciada en contra del señor Jairo Puerta Cardona por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, toda vez que se acreditó la causal de atipicidad de la conducta.

investigación iniciada en contra del señor Jairo Puerta Cardona por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, toda vez que se acreditó la causal de atipicidad de la conducta.

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación del proceso por falta de leg itimación por pasiva , pues, a su juicio, no incurrió en ninguna vulneración de garantías fundamentales.

14. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

16. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en determinar si la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad contra providencia judicial. En el evento en que así sea, se deberá establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del 14 de octubre de 2025 al interior del proceso de reparación directa con radicado 76111 -33-33-003-2017-0002900/01.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

17. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las

17. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primerAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07399-00

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4 decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de d efensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

18. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales.

19. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad i nvestida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los

principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad i nvestida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

20. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

21. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

22. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;

(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la

ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07399-00

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5 3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de

recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde que se notificó la última providencia cuestionada, esto es, el 20 de octubre de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 21 de noviembre de esta anualidad.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental derivada de la presunta configuración de l os defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial al negarse las pretensiones de la demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad, pese a que se decretó la preclusión por atipicidad de la conducta, aspectos que se encuentran considerablemente sustentados.

23. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

24. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

«Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa , y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y

«Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa , y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

Una dimensión positiva 3, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar».

25. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de

carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionar io, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»4.

26. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que

1 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 2 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 3 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 4 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07399-00

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6 ordinariamente conoce de un asunto.

3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

27. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18965, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

28. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del

razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

28. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

29. Respecto del precedente vertical 6, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

30. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso7.

31. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial ; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación8.

32. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad

32. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto

33. La parte accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas obrantes en el plenario, en particular de aquella que da cuenta de que el proceso penal precluyó por atipicidad

5 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 6 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 7 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 8 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07399-00

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7 de la conducta, circunstancia que , a su juicio, imponía la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad.

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7 de la conducta, circunstancia que , a su juicio, imponía la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad.

34. Asimismo, consideró que se incurrió en el desconocimiento del precedente judicial en relación con la Sentencia de Unificación SU -072 del 5 de julio de 2018 proferida por la Corte Constitucional, toda vez que negó las pretensiones de la demanda, pese a que se decretó la preclusión por atipicidad de la conducta.

35. Sobre el particular, la autoridad judicial accionada indicó lo siguiente:

«En criterio de la Sala, para el momento en que la medida de aseguramiento se impuso al señor Jairo Puerta Cardona el 25 de julio de 2014, la Fiscalía contaba con suficientes elementos probatorios para iniciar investigación en contra del demandante a fin d e esclarecer la posible participación de este en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, de los cuales se destacan:

El día de la captura cuando la policía de vigilancia solicitó un registro, se encontró su poder 11 proyectiles de diferentes clasificaciones y calibres. De igual forma se aportó por parte del ente investigador:

• Reporte de iniciación FPJ-1 • Informe ejecutivo FPJ-3. • Informe de la Policía de vigilancia en casos de captura de flagrancia -FPJ5- • Acta de consentimiento -FPJ28- • Registro cadena de custodia en el que se relacionaron los 11 cartuchos incautados con sus características. • Individualización y arraigo • Solicitud de análisis de EMP y EF-FPJ-12-
• Constancia CINAR

• Registro cadena de custodia en el que se relacionaron los 11 cartuchos incautados con sus características. • Individualización y arraigo • Solicitud de análisis de EMP y EF-FPJ-12- • Constancia CINAR • Informe investigador de laboratorio -FPJ-13

Vale la pena destacar del proceso penal, que quedó plenamente demostrado que el señor Jairo Puerta Cardona según oficio emanado por el Batallón de Artillería No. 3 -Seccional No. 71 control comercio armas, municiones y explosivos certificó que el hoy demandante no contaba ningún tipo de permiso para porte, tenencia de armas de fuego, municiones y/o explosivos.

Conforme con lo anterior, la Fiscalía solicitó la imposición de una medida de aseguramiento, la jueza natural consideró que esta resultaba necesaria y proporcional frente a la conducta desplegada por el actor, con fundamento en los elementos probatorios al legados por el ente investigador (antes relacionados), los cuales permitieron establecer una inferencia razonable de autoría o coautoría respecto del delito imputado.

A partir de lo expuesto, la Sala se aparta del criterio que adoptó la juez de primera instancia al concluir que la medida de aseguramiento que se impuso no cumplió con los presupuestos establecidos en el ordenamiento procesal penal para su procedencia. Pues tal como se indicó, la Fiscalía aportó suficiente material probatorio que fue sustento para el juzgado de control de garantías adoptar la medida preventiva de aseguramiento. (…) [N]o le asiste razón al A quo al sostener que no existió certeza sobre los fundamentos que tuvo en cuenta la Juez de Control de Garantías para concluir que el implicado

de aseguramiento. (…) [N]o le asiste razón al A quo al sostener que no existió certeza sobre los fundamentos que tuvo en cuenta la Juez de Control de Garantías para concluir que el implicado representaba un probable peligro para la comunidad, que existía riesgo de no comparecencia al proceso, la gravedad de la conducta o la eventual reincidencia del procesado.

En criterio de esta Sala, del análisis integral y bajo las reglas de la sana crítica de los elementos probatorios aportados por el ente investigador, así como del contenido delAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07399-00

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8 acta de la diligencia —la cual sí obra en el expediente —, se desprende que la decisión de imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en lugar de residencia fue jurídicamente fundada.

Adicionalmente, no puede olvidarse que dicho punible afecta de manera directa el bien jurídico de la seguridad pública, al crear un peligro abstracto que pone en riesgo la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, además de generar zozobra en la comunidad y afectar el monopolio del Estado sobre las armas.

También, conforme a lo previsto en el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, se trata de un delito con pena mínima privativa de la libertad significativa -9 años-, investigable de oficio y no querellable, razones por las que se concluye la procedencia de la detención preventiva. (…)

Penal, se trata de un delito con pena mínima privativa de la libertad significativa -9 años-, investigable de oficio y no querellable, razones por las que se concluye la procedencia de la detención preventiva. (…) La Sala no comparte las consideraciones expuestas por el A quo, en el sentido de que, si bien la preclusión se decretó el 5 de diciembre de 2014 por atipicidad del hecho, en su momento sí concurrieron hechos y circunstancias que motivaron la investigación penal y la posterior privación de la libertad del demandante. De ahí que dicha circunstancia no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta, razón por la cual no resulta posible imputar responsabilidad al Estado por la privación de la lib ertad del actor, dado que la misma no se tornó en antijurídica bajo un criterio subjetivo de responsabilidad, el cual es el imperante en la actualidad.

Cabe agregar que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, la detención preventiva —ya sea en establecimiento carcelario o domiciliaria — no requiere la existencia de una prueba concluyente sobre la responsabilidad penal del imputado. Basta con que exista un mandamiento escrito expedido por autoridad judicial competente, que cumpla con los requisitos legales y se funde en motivos expresamente previstos en la ley, como la existencia de elementos que permitan inferir razonablemente su participación en el hecho investigado.

En el presente caso, dichas exigencias fueron satisfechas conforme al análisis efectuado por el juez de control de garantías, máxime cuando la captura se produjo en situación de flagrancia.

Para la Sala, es claro que las decisiones que se tomaron en el proceso penal

efectuado por el juez de control de garantías, máxime cuando la captura se produjo en situación de flagrancia.

Para la Sala, es claro que las decisiones que se tomaron en el proceso penal cumplieron con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, es decir, resultaba ajustado a la ley imponer la medida de aseguramiento contra el ahora demandante, comoquiera que las pruebas obtenidas al momento de la captura, la naturaleza del delito y las circunstancias mismas de la captura. Cabe decir que el tiempo en el que estuvo detenido el procesado, aquí demandante, no fue generado con el deseo de los funciona rios de generarle un perjuicio, además tampoco es posible inferir que haya sido excesivo, prolongado o fuera del término razonable el tiempo que estuvo detenido».

36. Como se advierte, la autoridad judicial accionada consideró que la imposición de la medida de aseguramiento de privación de la libertad se fundamentó en los elementos materiales probatorios recaudados al momento de la captura, en especial: los informes de flagrancia, los registros de cadena de custodia, los reportes policiales y la certificación sobre la ausencia de permiso para el porte o tenencia de armas o municiones.

37. Aunado a lo anterior, estimó que la imposición de la medida de ase guramiento cumplió los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, por lo que concluyó que la preclusión por atipicidad del hecho investigado no tenía la potencialidad d e desvirtuar dicha decisión , toda vez que su legalidad debía examinarse conforme a las condiciones fácticas y los elementos materiales probatorios existentes al momento de su adopción.Acción De Tutela

potencialidad d e desvirtuar dicha decisión , toda vez que su legalidad debía examinarse conforme a las condiciones fácticas y los elementos materiales probatorios existentes al momento de su adopción.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07399-00

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38. En ese sentido, esta Subsección no encuentra acred itado que la autoridad judicial accionada incurriera en una indebida valoración probatoria de la preclusión por atipicidad del hecho investigado, por