CE - Sentencia 11001031500020250741400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07414-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: FUNDACIÓN UNIÓN COLOMBO ESPAÑOLA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA

VEZ QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA

SUBSIDIARIEDAD. LA PARTE ACTORA CUENTA CON OTRO

MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL PARA PRETENDER EL AMPARO DE

SUS DERECHOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL

DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN 1 y la SALA SÉPTIMA DE

ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

ANTIOQUIA2.

1 En adelante el Juzgado. 2 En adelante el Tribunal.2

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que el contrato finalizó el 31 de diciembre de 2014 y que, a pesar de la terminación, continuó prestando custodia, administración y bodegaje, circunstancia que le hizo incurrir en gastos operativo s que no fueron reconocidos por el ICBF.

Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el ICBF, con el fin de obtener el pago de los perjuicios morales y materiales en la modalidad de daño emergente , por el presunto enriquecimiento sin causa por parte de esa entidad.

Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2017-00202-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, en sentencia de 18 de febrero de 2019, denegó las pretensiones.

Adujo que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 11 de junio de 2025, confirmó la decisión del a quo, pero bajo el entendido que los hechos objeto estudio se derivaron de la ejecución y finalización de un contrato estatal , por lo que no era procedente ventilar las pretensiones a través del medio de control de reparación directa4

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pretensiones a través del medio de control de reparación directa4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en error judicial al omitir reconducir, corregir o adoptar medidas para adecuar la demanda al medio de control procedente y proferir una decisión de fondo frente a las pretensiones formuladas.

Señaló que a la demanda s e le impartió el trámite de reparación directa, a pesar de que los hechos ventilados se derivaron de un contrato estatal y, cuestionó que , durante el tiempo que estuvo vigente el proceso no se efectuó la debida adecuación del medio de control, obviando los artículos 170 y 171 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

Aseguró que “[…] aun reconociendo el error, el Tribunal omitió reconducir, corregir, declarar nulidad o adoptar cualquier medida para permitir un fallo de fondo, consolidando así el defecto procedimental. […] Como consecuencia directa, la Fundación quedó privada de una decisión real y efectiva sobre sus pretensiones contractuales, vulnerándose sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y confianza legítima […].”

I.4.- Pretensiones5

privada de una decisión real y efectiva sobre sus pretensiones contractuales, vulnerándose sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y confianza legítima […].”

I.4.- Pretensiones5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia:

“[…] 1. Declarar que dentro del proceso 05001 -33-33-024-201700202-01 se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia.

2. Ordenar a los despachos accionados abstenerse de repetir actuaciones que desconozcan los artículos 170 y 171 del CPACA.

3. Disponer, sin modificar el contenido decisorio de las sentencias, que se deje constancia oficial de la irregularidad procedimental identificada, como medida correctiva mínima y garantista.

4. Ordenar medidas de no repetición, incluyendo capacitación institucional sobre la correcta calificación del medio de control […]”.

(Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO indicó que en la decisión que profirió en su momento se observaron las normas sustanciales y procesales, asimismo, se realizó un análisis factico, jurídico y del material probatorio aportado al proceso.

momento se observaron las normas sustanciales y procesales, asimismo, se realizó un análisis factico, jurídico y del material probatorio aportado al proceso.

I.5.2.- El TRIBUNAL señaló que la sentencia de segunda instancia cuestionada atendió el debate jurídico planteado por las partes, siguió el derrotero de los hechos y los argumentos de derecho, por lo que no incurrió en ninguna arbitrariedad que afecte las garantías fundamentales de la actora.

Aseguró que la solicitud de amparo carece de relevancia6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constitucional y además no acredita los defectos alegados.

I.5.3.- El ICBF, tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que la solicitud de amparo pretende promover una tercera instancia, a fin de obtener una decisión eventualmente favorable a sus intereses, para lo cual no está concebido el mecanismo constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cua ndo el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los principios de confianza

acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los principios de confianza legítima y legalidad, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y TRIBUNAL, en razón al trámite presuntamente irregular que se le impartió al medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00202-01.

Los disensos de la actora radican en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en error judicial al omitir reconducir, corregir o adoptar medidas para adecuar la demanda instaurada al medio de control procedente y proferir una decisión de fondo frente a las pretensiones formuladas.8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que a la demanda se le impartió el trámite de reparación directa, a pesar de que los hechos ventilados se derivaron de un contrato estatal y, cuestionó que, durante el tiempo que estuvo vigente el proceso no se efectuó la debida adecuación del medio de control, obviando los artículos 170 y 171 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

enero de 2011.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales , salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable . La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional y subsidiario , pues solo es procedente cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional y subsidiario , pues solo es procedente cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo contrario « deberá declarar la improcedencia de la acción de amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades planteadas por el actor en este trámite constitucional recaen en que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos

4 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio.10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los principios de confianza

www.consejodeestado.gov.co fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los principios de confianza legítima y legalidad , por cuanto incurrieron en error judicial al omitir reconducir, corregir o adoptar medidas para adecuar la demanda al medio de control procedente y proferir una decisión de fondo, frente a las pretensiones formuladas dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2017-00202-01.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, la presente acción de tutela es improcedente por carencia del requisito de subsidiariedad, habida cuenta que la actora tiene a su disposición la existencia de otro mecanismo judicial como lo es el medio de control de reparación directa previsto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, como medio de defensa para pretender el amparo de los derechos deprecados con relación al presunto error judicial que se les atribuye a las autoridades judiciales accionadas, pues sería en ese escenario judicial donde el juez natural del asunto lograría determinar si existió algún tipo de trasgresión de las garantías constitucionales invocadas.

Aunado a lo anterior, no se puede desatender en manera alguna el carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, habida cuenta que, su desconocimiento afectaría el ordenamiento jurídico en el sentido de que la garantía de los derechos fundamenta les no11

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en el sentido de que la garantía de los derechos fundamenta les no11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sería examinada por el juez natural para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el legislador.

Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 5 que, frente al tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de

respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.

En esa medida, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, pues de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

5 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.12

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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general de la subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.13

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.