CE - Sentencia 11001031500020250743500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-07435-00

Accionante: DIANA LORENA OSORIO MORALES

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Quindío. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 26 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Actuando por medio de apoderada judicial, la señora Diana Lorena Osorio Morales presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Quindío. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, y al principio de favorabilidad.

Quindío. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, y al principio de favorabilidad.

2. Las anteriores garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por la autoridad judicial accionada, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia, dictada

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal Administrativo del Quindío . Asimismo, se dispuso la vinculación de l Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, del Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de la Fiduprevisora S.A., y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.Accionante: Diana Lorena Osorio Morales Accionado: Tribunal Administrativo de Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2025-07435-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, que negó las pretensiones de la demanda. Ello, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-3333-003-2024-00213-00/01.

3. En concreto, la parte accionante solicitó lo siguiente:

restablecimiento del derecho con radicado 63001-3333-003-2024-00213-00/01.

3. En concreto, la parte accionante solicitó lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia proferida el día 29 de mayo de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001-3333-003-2024-00213-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora DIANA LORENA OSORIO MORALES, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular de la docente DIANA LORENA OSORIO MORA LES a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico3.

1.2. Hechos

4. La señora Diana Lorena Osorio Morales ostenta la calidad de docente oficial en escalafón 3CM, y presentó una reclamación administrativa por estimar que los Decretos 624, 714 y 1407 de 20084 tuvieron un trato discriminatorio en

4. La señora Diana Lorena Osorio Morales ostenta la calidad de docente oficial en escalafón 3CM, y presentó una reclamación administrativa por estimar que los Decretos 624, 714 y 1407 de 20084 tuvieron un trato discriminatorio en su contra, por haber incrementado en mayor cuantía el salario para los docentes del escalafón 3 DM5. En particular, solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales entre los escalafones referidos.

5. Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el municipio de Armenia negaron lo pedido a través de los Oficios 2024-EE-059093 del 28 de febrero de 2024 y ARM2024EE005706 del 3 de abril del mismo año, respectivamente.

6. En consecuencia, la accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Armenia y del Ministerio de Educación Nacional . Lo anterior , con el fin de lograr la inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 de 2024 6, que fijó la escala salarial del personal docente, y la nulidad de los actos administrativos que le negaron el

3 Transcrito literal de la solicitud de amparo. 4 El cual fijó el régimen salarial y prestacional de los empleados del Estado para el año 2011. 5 Adujo que, para el 2008, la categoría 3DM del escalafón docente recibió un incremento salarial del 44,89%, mientras que la categoría 3CM únicamente del 32,71%. 6 Por ser el único decreto vigente que regule la asignación salarial de los docentes oficiales y, por ello, en el que se ve reflejado el trato desigual que se ha arrastrado desde los años 2008, 2009 y

6 Por ser el único decreto vigente que regule la asignación salarial de los docentes oficiales y, por ello, en el que se ve reflejado el trato desigual que se ha arrastrado desde los años 2008, 2009 y 2011.Accionante: Diana Lorena Osorio Morales Accionado: Tribunal Administrativo de Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2025-07435-00

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reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales entre los empleados de diferentes escalafones.

7. Al asunto se le designó el radicado 63001-3333-003-2024-00213-00 y le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia que, mediante sentencia del 4 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda. En síntesis, explicó que no exist ió vulneración al derecho a la igualdad, debido a que las diferencias salariales entre los grados del escalafón docente tienen la finalidad de reconocer el mérito profesional, la formación y la experiencia de los que hacen parte del magisterio.

8. Inconforme, la señora Osorio Morales interpuso recurso de apelación contra la decisión mencionada7, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Quindío, a través del fallo del 29 de mayo de 2025, en el sentido de confirmar la providencia de primera instancia. Como fundamento de lo decidido, coincidió con la tesis del a quo, puesto que desvirtuó que existió el trato discriminatorio

del Quindío, a través del fallo del 29 de mayo de 2025, en el sentido de confirmar la providencia de primera instancia. Como fundamento de lo decidido, coincidió con la tesis del a quo, puesto que desvirtuó que existió el trato discriminatorio alegado, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado cuando la discusión versa acerca de la diferencia salarial de los empleados públicos.

1.3. Sustento de la vulneración

9. Según la parte accionante, al proferir la decisión cuestionada, el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, a saber:

• Sustantivo por darle una interpretación desproporcionada al artículo 13 de la Constitución Política 8, a la Ley 4 de 1992 9 y al Decreto Ley 1278 de

200210. Lo anterior, pues, a su juicio, el tribunal demandado se limitó a plantear un debate comparativo entre los grados 3CM y 3 DM del escalafón, en vez de explicar las razones objetivas y constitucionales de por qué ambas categorías tenían un incremento salarial tan desigual a partir del año 2008.

Así las cosas, estimó que se ignoró la sentencia C -1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual se estableció la exigencia que recae ante

7 Sostuvo que la sentencia de primera instancia adoleció de incongruencia, pues no se realizó un estudio sobre la ausencia de justificación del incremento salarial de manera desigual entre los docentes en los años 2008, 2009 y 2011. Además, indicó que no obraban en el expediente estudios técnicos u otro tipo de pruebas que permitiesen justificar el trato discriminatorio.

docentes en los años 2008, 2009 y 2011. Además, indicó que no obraban en el expediente estudios técnicos u otro tipo de pruebas que permitiesen justificar el trato discriminatorio. 8 ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. […] 9 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fija ción de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política ». 10 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente».Accionante: Diana Lorena Osorio Morales Accionado: Tribunal Administrativo de Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2025-07435-00

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las autoridades de presentar una justificación objetiva para los tratos diferenciados en materia salarial11.

• Fáctico por haberse realizado una indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico planteado, teniendo en cuenta que no se allegó ninguna

las autoridades de presentar una justificación objetiva para los tratos diferenciados en materia salarial11.

• Fáctico por haberse realizado una indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico planteado, teniendo en cuenta que no se allegó ninguna prueba que demostrara alguna razón válida que justificara a la administración para plasmar un trato inequitativo entre los escalafones de docentes desde el 2008.

1.4. Intervenciones

10. El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, ya que la autoridad manifestó que la accionante planteó una controversia de naturaleza estrictamente económica.

11. El Tribunal Administrativo del Quindío solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo por carecer de relevancia constitucional o, en su defecto, que se niegue el amparo solicitado, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados. En síntesis, adujo que los reproches son eminente mente legales y económicos y, en todo caso, que la providencia cuestionada no adoleció de defecto alguno.

12. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia estimó que la acción constitucional resultaba improcedente, dado que refleja una mera inconformidad con el criterio judicial adoptado en tanto en primera como en segunda instancia, sin que en ellas se hubiese cometido algún yerro.

II. CONSIDERACIONES

13. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional presentada por la señora Diana Lorena Osorio Morales. En tal sentido, se demostrará que en

segunda instancia, sin que en ellas se hubiese cometido algún yerro.

II. CONSIDERACIONES

13. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional presentada por la señora Diana Lorena Osorio Morales. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de la relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales

11 Al respecto, también trajo a colación una sentencia del 7 de diciembre de 2022 de la Corte Suprema de Justicia, en la que se estipuló que, cuando exista un trato salarial diferenciado, debe estar justificado en razones jurídicas y objetivas.Accionante: Diana Lorena Osorio Morales Accionado: Tribunal Administrativo de Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2025-07435-00

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14. El Consejo de Estado 12 y la Corte Constitucional 13, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales 14 y a la configuración de algún defecto especial15 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.

15. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna

a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.

15. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especia les de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

16. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de procedencia referidos, en el caso sub examine.

17. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

18. La Sala advierte que la señora Diana Lorena Osorio Morales está legitimada en la causa por activa, porque fungió como demandante dentro del medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Quindío está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada mediante el presente trámite constitucional.

19. Relevancia constitucional . De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional16, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus

19. Relevancia constitucional . De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional16, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate propuesto no sea exclusiva mente legal, pues este trámite no está dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 13 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005. 14 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv ) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza. 15 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza. 15 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución. 16 Sentencia SU-215 de 2022.Accionante: Diana Lorena Osorio Morales Accionado: Tribunal Administrativo de Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2025-07435-00

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y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se preten de reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

20. En este caso, a juicio de la señora Osorio Morales, al proferir la sentencia del 29 de mayo de 2025, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico . En síntesis, sostuvo que el tribunal omitió estudiar sí el Gobierno Nacional cumplió con el deber legal de sustentar con razones objetivas y jurídicas el trato discriminatorio en materia salarial. Ello, pues, a su juicio, a partir de la expedición de los Decretos 624, 714 y 1407 de 2008 se consumó un

y jurídicas el trato discriminatorio en materia salarial. Ello, pues, a su juicio, a partir de la expedición de los Decretos 624, 714 y 1407 de 2008 se consumó un trato desigual entre el incremento del salario de los docentes de los escalafones

3CM y 3DM.

21. La Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de la relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora demuestra una mera inconformidad con los criterios adoptados por la autoridad judicial accionada, sin que medie una argumentación encaminada a evidenciar la presunta transgresión de sus garantías constitucionales que justifique la intromisión del juez de tutela.

22. Resulta oportuno destacar que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío , estimó que , en virtud de la jurisprudencia constitucional17, la situación reprochada como desigual «no cumple las primeras exigencias de comparación, si se verifica que, se identifica un trato disímil, pero a sujetos distintos y en condiciones diferentes, así sean ambos docentes profesionales, son servidores a los que se les exige distinta cualificación, evaluación y experiencia, lo que, desde ya, supone la validez de la existencia de tratos diversos a diferentes sujetos».

23. De igual manera, respecto del argumento de que no obraba en el expediente algún tipo de prueba que permitiese justificar técnicamente el trato discriminatorio, la providencia enjuiciada concluyó que la demandante no probó que el Gobierno Nacional tuviese la obligación de realizar los estudios técnicos que alegó como faltantes, pues la Ley 4 de 1992 no dispone tal deber.

discriminatorio, la providencia enjuiciada concluyó que la demandante no probó que el Gobierno Nacional tuviese la obligación de realizar los estudios técnicos que alegó como faltantes, pues la Ley 4 de 1992 no dispone tal deber.

24. Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por la parte actora reflejan una mera inconformidad con lo decidido por el tribunal accionado, por concluir que no existió vulneración al derecho a la igualdad, por tratarse de sujetos en condiciones disímiles, de lo cual no se deriva una verdadera cuestión iusfundamental que justifique la intromisión del juez de tutela.

Por el contrario, la accionante se limitó a insistir en la existencia de un trato discriminatorio, con el fin de imponer su criterio jurídico al que se fijó en el fallo cuestionado, sin haberse propuesto una discusión que dé cuenta de la posible

17 Corte Constitucional, sentencias C-078 de 2012 y C-084 de 2020.Accionante: Diana Lorena Osorio Morales Accionado: Tribunal Administrativo de Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2025-07435-00

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vulneración de una garantía constitucional.

25. De hecho, se observa que el reproche por desconocimiento del precedente judicial, más allá de exponer por qué las situaciones fácticas o jurídicas de su caso implicaría la aplicación de ciertas reglas jurisprudenciales, se limitó a reiterar el desacuerdo por la forma en que se estudió la presunta vulneración al derecho

judicial, más allá de exponer por qué las situaciones fácticas o jurídicas de su caso implicaría la aplicación de ciertas reglas jurisprudenciales, se limitó a reiterar el desacuerdo por la forma en que se estudió la presunta vulneración al derecho a la igualdad en el fallo controvertido.

26. De igual forma, se advierte que el defecto fáctico invocado se planteó en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y, asimismo, fue desvirtuado por el tribunal demandado. En ese orden, se observa que la parte actora pretende convertir esta acción en una tercera instancia, dado que insistió nuevamente en los reproches planteados al interior del proceso ordinario, con el objetivo de que se estudie el presunto trato discriminatorio como ella lo propone.

De ahí que el asunto de la refere ncia no se trate de una verdadera cuestión de relevancia constitucional que justifique la intervención del juez de tutela.

27. En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el presupuesto bajo estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de una garantía iusfundamental.

2.2. Conclusión

28. Así las cosas, esta Sección concluye que, en el caso concreto, no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, se declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Diana Lorena

Osorio Morales.

cumplió con el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, se declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Diana Lorena Osorio Morales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora Diana Lorena Osorio Morales.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.Accionante: Diana Lorena Osorio Morales Accionado: Tribunal Administrativo de Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2025-07435-00

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con

Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx