CE - Sentencia 11001031500020250744500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Referencia: Acción de tutela

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR

INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,

PUES LO PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL

PROCESO ORDINARIO. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE

ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA

AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, IGUALDAD Y TRABAJO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 1 y la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B” - DEL CONSEJO DE

ESTADO2.

I – ANTECEDENTES

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante la Sección Tercera.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

2 En adelante la Sección Tercera.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1. La Solicitud

Los señores GUILLERMO PABLO MENESES NÚÑEZ , NIEVES

MARÍA ARGEL LERMA , KAREN DANIELA , LUIS FERNANDO, PEDRO ANTONIO y GRISELIS MENESES ARGEL , actuando mediante apoderado judicial , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit aron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y al principio del d erecho sustancial sobre el formal , los cuales estima n vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA , al haber proferido, respectivamente, las providencias de 15 de noviembre de 2024 y 3 de junio de 2025, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2023-00468-01.

I.2. Hechos

Manifestaron que el señor GUILLERMO PABLO MENESES NÚÑEZ laboró como auxiliar de obra en la empresa SERRANO Y SILVA CONSTRUCCIONES S.A.S., y que 16 de febrero de 2017 sufrió un accidente de trabajo.3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

CONSTRUCCIONES S.A.S., y que 16 de febrero de 2017 sufrió un accidente de trabajo.3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comentaron que el 15 de febrero de 2017 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le determinó al señor MENESES NÚÑEZ una pérdida de capacidad laboral del 21.10%.

Indicaron que después de varias atenciones médicas, el 31 de enero de 2019, luego de haber sido diagnosticado con “[…] S4 contusión del hombro y de brazo y s463 traumatismo de tendón y musculo del tríceps […]”, se agregó un nuevo concepto médico “[…] AMPUTACIÓN FUNCIONAL DE LA EXTREMIDAD de manera voluntaria […]”

Arguyeron que a partir del 31 de enero de 2019, el señor MENESES NÚÑEZ asistió a múltiples citas médicas y psiquiátricas ante el evidente deterioro de su salud.

Alegaron que a través de un nuevo dictamen médico laboral de 23 de julio de 2021 , se estableció la pérdida de capacidad laboral del 29.80% y, posteriormente, el 23 de junio de 2023, en otra valoración, del 65.63%.

Aseguraron que el 7 de julio de 2023 , radicaron la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación ,

valoración, del 65.63%.

Aseguraron que el 7 de julio de 2023 , radicaron la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación , la cual se realizó el 15 de septiembre de ese año y se declaró fallida.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguraron que presentaron demanda de reparación directa contra la sociedad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., el CENTRO DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL LTDA. y la CLÍNICA LA RIVIERA DE BUCARAMANGA , por los daños y perjuicios ocasionados por la falla en la prestación de los servicios médicos brindados al señor MENESES NÚÑEZ.

Indicaron que la anterior demanda fue identificada con el número único de radicación 2023-00468-00 y le correspondió por reparto en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante providencia de 15 de noviembre de 2024 , rechazó la demanda por considerar que había operado la caducidad del medio de control instaurado.

Aseveraron que inconformes con la anterior decisión , interpusieron recurso de apelación ante la SECCIÓN TERCERA que, en providencia de 3 de junio de 2025, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de la solicitud

recurso de apelación ante la SECCIÓN TERCERA que, en providencia de 3 de junio de 2025, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las providencias cuestionadas incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que desconocieron el grave estado de salud del señor MENESES NÚÑEZ, el cual se agravó al no recibir de manera pronta la orden médica para practicarse la amputación del miembro superior derecho.5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico al omitir la s valoraciones médicas hechas con posterioridad, las cuales evidenciaban el deterioro constante del estado de salud del señor MENESES NÚÑEZ, lo que significaba que correspondía a un daño de tracto sucesivo, situación que fue obviada dentro del proceso ordinario cuestionado.

Aseguró que también incurrieron en violación directa de la Constitución Política al desconocer sus derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de la justicia, pues no se realizó un análisis exhaustivo del caso concreto.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, solicitó:

se realizó un análisis exhaustivo del caso concreto.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, solicitó:

“[…] 1.- Que se le tutelen o garanticen a los señores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ, C.C. No. 91.320.734, de Puerto Wilches: NIVES MARIA ARGEL LERMA, C.C. No. 28.312.729 de Puerto Wilches, en su condición de compañera permanente de aquel; y a los señores: KARE N DANIELA MENESES ARGEL, C.C. No. 1.098.071.776 de Bucaramanga: y GRISELIS MENESES ARGEL, en su condición de hijos de los dos primeros; todos vecinos y residentes en Bucaramanga; sus derechos fundamentales conculcados: DEBIDO PROCESO, Artículo 29 de la C.N.: DERECHO DE IGUALDAD Y PROTECCION ESPECIAL AL DISMINUIDO FISICAMENTE y EN ESTADO DE NECESIDAD, Artículo 13 de la C.N.; PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL PROCESAL, Artículo 228 de la C.N.; y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Artículo 229 de la C.N.; que les fueron transgredidos por6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

el CONSEJO DE ESTADO / SALA DE LO CONTENCIOSO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

el CONSEJO DE ESTADO / SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / SECCION TERCERA / SUBSECCIÓN B, M.P.

Doctor: ALBERTO MONTAÑA PLATA, y por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, M.P. Doctora: CAROLINA ARIAS FERREIRA, al incurrir estas autoridades judiciales en los: DEFECTO FACTICO; DEFECTO PROCEDIMENTAL: y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCION NACIONAL, con la expedición de las decisiones judiciales del día 03 de Junio de 2025, y del día 15 de Noviembre de 2024, respectivamente, decisiones emitidas dentro del MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA Y CUMPLIMIENTO, Radicado No. 68001233300020230046800 (01), promovido contra las entidades: NACIÓN - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.: ADMINISTRADORA DE RIESGO S LABORALES POSITIVA "A.R.L. POSITIVA", y solidariamente contra

CLINICA LA RIVIERA, CENTRO DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL

LIMITADA.

2.- Como consecuencia de esa protección especial constitucional, solicito RESPETUOSAMENTE al HONORABLE JUEZ

CONSTITUCIONAL: CONSEJO DE ESTADO / SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SECCION PRIMERA, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS o REVOCAR el AUTO del día 0 3 de Junio de

CONSTITUCIONAL: CONSEJO DE ESTADO / SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SECCION PRIMERA, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS o REVOCAR el AUTO del día 0 3 de Junio de 2025 y del 15 de Noviembre de 2024, emitidos por el CONSEJO DE

ESTADO / SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /

SECCION TERCERA / SUBSECCIÓN B. M.P. Doctor: ALBERTO

MONTAÑA PLATA, y el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, M.P. Do ctor: CAROLINA ARIAS FERREIRA, respectivamente, y en su reemplazo se sirva ordenar a las autoridades judiciales entuteladas, que dentro de las dentro de las 48 horas siguiente a la notificación del fallo de tutela, se sirvan ADMITIR LA DEMANDA, dando el TRÁMITE al MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA Y CUMPLIMIENTO, con Radicado No. 68001233300020230046800 (01) que en derecho corresponda. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción, dado que no concurren los presupuestos de procedibilidad que permitan su estudio.

I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la presente7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acción constitucional, puesto que la parte actora no logró demostrar que hubiese incurrido en los defectos alegados , además no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados.

Recalcó que la solicitud de amparo pretende implementar la acción constitucional en una tercera instancia para reabrir un debate procesal ya resuelto, y que la discrepancia de los actores frente a la decisión no constituye, por sí sola, una vulneración de los derechos fundamentales alegados.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- la sociedad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por la parte actora, por lo que solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.2.- La CLÍNICA LA RIVIERA DE BUCARAMANGA solicitó negar las pretensiones incoadas en la demanda, así también ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no está llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales reclamados, puesto que el inconformismo presentado es contra unas autoridades judiciales.8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

presentado es contra unas autoridades judiciales.8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.6.3.- El señor DEIVER YESINIO MENESES NÚÑEZ y el CENTRO DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL LTDA ., a pesar de ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la sociedad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y la CLÍNICA LA RIVIERA DE BUCARAMANGA , solicitaron ser desvinculadas de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

de legitimación en la causa por pasiva.9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensi ón de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal

contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M .P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su c ontra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que las entidades en mención fueron vinculadas dentro del proceso de reparación directa objeto de tutela , la Sala concluye que le asiste interés directo en la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Ple na de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

jurisprudencialmente.11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa

no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan a gotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbord e institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbord e institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad pr ocesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímen es de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generar on la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectaci ón de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carec e, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fáct icos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 15 de noviembre de 2024 y 3 de junio de 2025, proferidas, respectivamente, por el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA, dentro del medio de control de reparación14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directa identificado con el número único de radicación 2023-0046801.

A la s citadas providencias se le s atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y al principio del derecho sustancias sobre el formal, habida cuenta que, a juicio de los actores, incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que desconoci eron el grave estado de salud del

administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y al principio del derecho sustancias sobre el formal, habida cuenta que, a juicio de los actores, incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que desconoci eron el grave estado de salud del señor MENESES NÚÑEZ, el cual se agravó al no recibir de manera pronta la orden médica para practicarse la amputación del miembro superior derecho.

Indicaron que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico al omitir las valoraciones médicas hechas con posterioridad, las cuales evidenciaban el deterioro constante del estado de salud del señor MENESES NÚÑEZ, lo que significaba que correspondía a un daño de tracto sucesivo, situación que fue obviada dentro del proceso ordinario cuestionado.

Aseguraron que también incurrieron en violación directa de la Constitución Política al desconocer sus derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de la justicia, pues no se realizó un análisis exhaustivo del caso concreto.15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos tanto la providencia de 15 de noviembre de 2024 proferida por el TRIBUNAL, como la dictada el 3 de junio de 2025

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos tanto la providencia de 15 de noviembre de 2024 proferida por el TRIBUNAL, como la dictada el 3 de junio de 2025 por la SECCIÓN TERCERA, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso para la parte actora.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07445-00

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actores: GUILLERMO PABLO MENESES NUÑEZ Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquel