CE - Sentencia 11001031500020250745200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07452-00

Accionado: MAIRA ALEJANDRA VÁSQUEZ SILVA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, trabajo en condicion es dignas, entre otros / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – La accionante aún puede disponer de medios idóneos de defensa contemplados en el ordenamiento jurídico / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Además cursa actualmente un conflicto de competencias para conocer quien debe resolver la situación de vacaciones.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por la señora Maira Alejandra Vásquez Silva, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 21 de noviembre de 2025, la señora Maira Alejandra Vásquez Silva, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y

La demanda

1. El 21 de noviembre de 2025, la señora Maira Alejandra Vásquez Silva, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo Seccional de la Judicatura, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, trabajo en condiciones dignas, a la no discriminación por su c ondición de mujer y madre así como el descanso remunerado.

Hechos relevantes

2. La señora Maira Alejandra Vásquez Silva se encuentra vinculada a la Rama Judicial como empleada desde el 6 de octubre de 2016.

3. El 26 de octubre de 2017, a través de Resolución 019 -2017, la tutelante fue nombrada en propiedad en el cargo de escribiente del Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Bucaramanga, cargo que asumió a finales de enero de 2018.

1 Que ingresó para fallo el 3 de diciembre de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00

Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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4. El 24 de noviembre de 2022, se le otorgó una licencia de maternidad a través de resolución No 015 -2022 expedida por ese despacho. El periodo autorizado correspondía a 126 días, desde el 21 de noviembre de 2022 hasta el 26 de marzo de 2023. Se advierte que dicha licencia coincidió con la vacancia judicial del año

2022.

correspondía a 126 días, desde el 21 de noviembre de 2022 hasta el 26 de marzo de 2023. Se advierte que dicha licencia coincidió con la vacancia judicial del año 2022.

5. El 23 de marzo de 2023, la actora solicitó a la titular de ese Juzgado, la autorización de las vacaciones correspondientes al periodo de diciembre de 2022, mismas que fueron suspendidas por la licencia de maternidad. A través de oficio No. 0560, el secretario del despacho solicitó a la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración Judicial la certificación sobre las vacaciones interrumpidas por la licencia. Sin embargo, no hubo respuesta p ese a la reiteración de la solicitud para los días 6 de junio y 25 de agosto de 2023.

6. Ante el silencio de esa entidad, el 30 de agosto de 2023, la actora solicitó de manera directa que se resolvieran las peticiones relacionadas con sus vacaciones.

Situación que también fue reiterada el 10 de octubre de 2023, con copia al Director Ejecutivo Seccional y a través de oficio DESAJBUO23 -2129 del 10 de octubre de 2023, el Coordinador de Talento Humano respondió al oficio inicialmente enviado, pero sin resolver de fondo su situación.

7. Luego, la demandante solicitó a la oficina de Talento Humano precisar si estaba disfrutando de sus vacaciones como anticipadas o vencidas. A lo cual respondió, el 14 de agosto de 2024, que no registraba periodos pendientes por disfrutar según lo arrojado por el sistema de Efinómina. Esto porque se habían reconocido vacaciones de manera anticipada por pertenecer al régimen colectivo. Sumado a que durante

14 de agosto de 2024, que no registraba periodos pendientes por disfrutar según lo arrojado por el sistema de Efinómina. Esto porque se habían reconocido vacaciones de manera anticipada por pertenecer al régimen colectivo. Sumado a que durante la licencia de maternidad no se causaron vacaciones y que el periodo siguiente a causar sería del 7 de octubre de 2023 al 6 de octubre de 2024.

8. Desde el 9 de septiembre de 2024, la accionante se vinculó como auxiliar judicial del Tribunal Administrativo de Santander. Motivo por el cual ante la posible prescripción del derecho sobre el reconocimiento de sus vacaciones interrumpidas por la licencia de maternidad, elevó una petición a su nominador, quien negó la solicitud por falta de competencia el 23 de octubre de 2025. A su vez, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander a trav és de oficio CSJSA25 -2325 del 21 de noviembre de 2025, respondió que, quien debía decidir sobre esa situación era el nominador de acuerdo con el Decreto 1045 de 1978.

Pretensiones

9. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“PRIMERO. AMPARAR mis derechos fundamentales a la igualdad, al descanso remunerado, dignidad humana, trabajo en condiciones dignas y a la no discriminación por mi condición de mujer y madre.

SEGUNDO. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDERDESPACHO 006, y al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, como protección constitucional de mis derechos, que, en un término no mayor a 48 horas, expidan los actos

SANTANDERDESPACHO 006, y al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, como protección constitucional de mis derechos, que, en un término no mayor a 48 horas, expidan los actos administrativos necesarios, para garantizar el disfrute de mi derechoRadicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00

Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

3 fundamental a las vacaciones para el periodo causado en la vacancia judicial 2022, suspendidas con ocasión a la licencia de maternidad que gozaba para la época”2.

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte demandante sostiene que hay una desigualdad frente a otras servidoras judiciales a las cuales se les concedió la licencia de maternidad con la vacancia y a quienes se les reconoció el derecho correspondiente. Pues han transcurrido tres años sin que haya una respuesta efectiva.

11. Asimismo, la tutelante aduce que cumple específicamente el requisito de subsidiariedad porque, de acuerdo con la Sentencia SU -296 de 2023, dictó como regla de unificación que la acción de tutela constituye el único mecanismo judicial eficaz con el que cuenta un servidor judicia l cuando se niega el disfrute de vacaciones y la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por parte de la DEAJ para la protección de los derechos fundamentales.

12. Finalmente, señala que la acción de tutela es procedente de conformidad con los artículos 1,2,5 y 9 del Decreto 2591 de 1991, pues lo que se pretende es que se

de la DEAJ para la protección de los derechos fundamentales.

12. Finalmente, señala que la acción de tutela es procedente de conformidad con los artículos 1,2,5 y 9 del Decreto 2591 de 1991, pues lo que se pretende es que se garantice el derecho a la dignidad humana, la igualdad, el descanso, el trabajo digno, la salud. Lo anterior busca hacer efectivo un derecho. Además que si existe otro medio de defensa, la acción de tutela no siempre resulta improcedente. Esto porque en diferentes ocasiones se puede concluir que alguno de los otro medios existentes es tan eficaz como la acción de tutela. Sustento de lo anterior, citó la Sentencia T-526 del 18 de septiembre de 1992 de la Sala Primera de Revisión.

Trámite procesal

13. Mediante auto del 26 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santander, como tercero con interés en las resultas del proceso. También se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que interviniera si lo consideraba necesario.

Intervenciones

14. En primer lugar, el Tribunal Administrativo de Santander mencionó que luego de que negara las vacaciones de la accionante, remitió al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander para que fuera dicha autoridad quien resolviera la situación, sin embargo, promovió conflicto negativo de competencias, por no ser el competente para pronunciarse sobre el asunto.

15. En segundo lugar, expuso que la negativa de la solicitud se debe a que no existe

situación, sin embargo, promovió conflicto negativo de competencias, por no ser el competente para pronunciarse sobre el asunto.

15. En segundo lugar, expuso que la negativa de la solicitud se debe a que no existe una prueba o certificación oficial sobre la existencia del período pendiente. Además que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Recursos Humanos, en una de sus comunicaciones, indicó que la servidora venía disfrutando

2 Ver pág. 3 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00

Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

4 vacaciones de manera anticipada y que el próximo período por causa r era del 7/10/2023 al 06/10/2024 (sic) pero solo si no había interrupciones antes de la fecha estipulada. Por esto, la información impide determinar la existencia de dichas vacaciones pendientes.

16. Por último, argumentó que la suspensión o interrupción del descanso vacacional no se produjo por ese Tribunal sino en el Juzgado Segundo de Familia, autoridad que no ha expedido ninguna certificación que permita verificar la reclamación.

Sumado a que las vacaciones en ese despacho son colectivas.

17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que la presente acción de tutela involucra una discusión de naturaleza prestacional como lo son las vacaciones entre la accionante y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga – Santander sobre los trámites administrativos para certificar unos periodos de vacaciones. Por ello, se verificó que mediante reporte de

vacaciones entre la accionante y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga – Santander sobre los trámites administrativos para certificar unos periodos de vacaciones. Por ello, se verificó que mediante reporte de tiempos de servicio del 1°. de diciembre de 2025, la accionante, no prestó sus servicios a nivel central, por ello corres ponde es a la Dirección Seccional atender ese requerimiento. Esto porque las pretensiones requeridas no guardan relación con las funciones técnicas ni administrativas asignadas a la DEAJ. Incluso mencionó la competencia funcional asignada por la Ley 270 de 1996 y la sentencia 201600482-00 del Consejo de Estado.

18. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga – Santander solicitó la improcedencia de la acción, debido a que dicha entidad cumple a cabalidad con las funciones, atri buciones y competencias designadas en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, por ello, no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante, a la luz de las disposiciones normativas alegadas, por esto, se opone a la prosperidad de las pretensiones.

19. A su vez, explicó que dicho asunto no cumple con el requisito de subsidiariedad porque esa entidad no es quien tiene la facultad para conceder o autorizar el periodo de vacaciones solicitado por la servidora judicial, porque no es la nominadora de esta. Por tanto, la negativa de la solicitud corresponde a la normatividad vigente relacionada con el régimen de vacaciones de la Rama Judicial. Además, señaló que dicho asunto expuesto por la accionante no corresponde a uno que deba ser resuelto en esa instanci a excepcional porque no se demuestra un perjuicio

relacionada con el régimen de vacaciones de la Rama Judicial. Además, señaló que dicho asunto expuesto por la accionante no corresponde a uno que deba ser resuelto en esa instanci a excepcional porque no se demuestra un perjuicio irremediable ni el agotamiento de los mecanismos ordinarios idóneos para sacar avante sus pretensiones.

20. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander expuso que a través de oficio CSJSAO25-2325 del 21 de noviembre, dio respuesta al magistrado, quien a la fecha es el nominador de la accionante. Allí le indicó que aunque la funcionaria estuvo sometida al régimen de vacaciones colectivas en el Juzgado Segundo de Familia, durante ese periodo se encontraba disfrutando de licencia de maternidad.

Conforme a la Ley 270 de 1996, por ello, un servidor judicial no puede encontrarse en dos situaciones administrativas, es decir, que las vacaciones no pudieron surtirse en ese momento. Por lo anterior, la resolución No. 031 no analizó esa normativa ni evaluó si existió una interrupción o aplazamiento de las vacaciones.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00

Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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21. Por lo anterior, mencionó que no es la competente para resolver esa solicitudes o situaciones administrativas de empleados que no pertenecen a su pla nta, de acuerdo con el artículo 101 de la Ley 270 de 1996. La competencia para decidir corresponde al nominador de la servidora es decir el magistrado del Tribunal. Mismo

o situaciones administrativas de empleados que no pertenecen a su pla nta, de acuerdo con el artículo 101 de la Ley 270 de 1996. La competencia para decidir corresponde al nominador de la servidora es decir el magistrado del Tribunal. Mismo que debe analizar el expediente administrativo remitido por el Juzgado Segundo de Familia y determinar si procede el reconocimiento y disfrute de las vacaciones interrumpidas por la licencia de maternidad. Por último informó que a través de resolución No. CSJSAR25 -1032 del 26 de noviembre de 2025, remitió el conflicto negativo de competencias planteado por el Despacho 06 del Tribunal Administrativo de Santander y remitió las actuaciones adelantadas a la Sala de Consulta de Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

22. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en acuerdo 080 de 20193.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al disponer la parte acci onante de otros medios de defensa dentro del ordenamiento jurídico para resolver su situación respecto de la vacaciones no disfrutadas con ocasión de su licencia de maternidad y además se encuentra pendiente la definición de un conflicto de competencias ad ministrativas relevante para atender sus solicitudes?

jurídico para resolver su situación respecto de la vacaciones no disfrutadas con ocasión de su licencia de maternidad y además se encuentra pendiente la definición de un conflicto de competencias ad ministrativas relevante para atender sus solicitudes?

24. De resultar afirmativo la respuesta del anterior interrogante, se resolverá ¿si Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo Seccional de la Judicatura, vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, trabajo en condiciones dignas, a la no discriminación por su condición de mujer y madre, así como el descanso remunerado de la parte accionante por negar la solicitud de vacaciones?

25. Para responder los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) el requisito de subsidiariedad como presupuesto formal de la acción de tutela; y (ii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones de la administración, en particular requisito de subsidiariedad

26. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela procede únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial de

3 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00

Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

6 defensa, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En concordancia con esta disposición, la Corte Constitucional ha señalado que los mecanismos judiciales ordinarios previstos en la ley son medios

6 defensa, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En concordancia con esta disposición, la Corte Constitucional ha señalado que los mecanismos judiciales ordinarios previstos en la ley son medios de carácter preferente a los cuales debe acudir la persona para obtener la protección de sus derechos fundame ntales. Por ello, la tutela tiene una naturaleza residual y excepcional4.

27. En consecuencia, el juez constitucional debe verificar, en primer lugar, la existencia de otros medios judiciales de defensa en el ordenamiento jurídico, con el fin de establecer si el solicitante puede lograr la protección de sus derechos dentro del proceso ordinario. Si encuentra que existen dichos mecanismos, deberá examinar si son idóneos y eficaces para garantizar la protección oportuna de los derechos invocados, atendiendo las circunstancias específicas del caso5.

28. Así mismo, esta Corporación ha precisado que la idoneidad y eficacia de los mecanismos ordinarios solo pueden evaluarse de manera concreta, y no de forma general o abstracta 6. Aunque todo proceso debe respetar y prote ger los derechos constitucionales, no todos los medios ordinarios previstos por el legislador aseguran una protección efectiva. Por ello, la valoración de su idoneidad y eficacia debe atender las particularidades del caso analizado. Finalmente, la acción d e tutela también procede cuando se acredita su utilización como mecanismo transitorio destinado a evitar un perjuicio irremediable

29. En la Sentencia SU -296 de 2023 , la Corte Constitucional consideró que no resulta razonable exigir la interposición del recurso de reposición como un requisito

destinado a evitar un perjuicio irremediable

29. En la Sentencia SU -296 de 2023 , la Corte Constitucional consideró que no resulta razonable exigir la interposición del recurso de reposición como un requisito estricto de procedibilidad de la acción de tutela, en particular cuando dicho recurso no ha sido previsto por el legislador como condición para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa. En esa medida, el exa men de subsidiariedad debe concentrarse en determinar si existen medios de control idóneos y eficaces dentro de esa jurisdicción para garantizar la protección oportuna de los derechos fundamentales. La Corte advirtió, además, que la ausencia de criterios u niformes entre los jueces de tutela y las secciones del Consejo de Estado había generado incertidumbre sobre cuál era el acto administrativo realmente controvertido —la circular del Consejo Superior de la Judicatura, la negativa de las direcciones seccionales de administración judicial o la decisión del nominador—, lo que tornaba impreciso el análisis de subsidiariedad.

30. En consecuencia, la Sala Plena unificó su jurisprudencia y estableció que la acción de tutela es procedente para proteger el derecho al de scanso remunerado de los jueces penales , quienes se encuentran sometidos a un régimen especial de vacaciones distinto al régimen colectivo , cuando la negativa de conceder dicho descanso proviene de la interacción de varios actos administrativos que impiden su disfrute efectivo. En estos casos, la Corte sostuvo

4 Corte Constitucional. Sentencias T-106 de 1993, T-1017 de 2006, T-285 de 2014, T-341 de 2019 y SU-296 de 2023.

4 Corte Constitucional. Sentencias T-106 de 1993, T-1017 de 2006, T-285 de 2014, T-341 de 2019 y SU-296 de 2023. 5 Decreto Ley 2591 de 1991, artículo 6.1. 6 Al respecto, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone expresamente que la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales “será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante.”Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00

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7 que exigir a los funcionarios judiciales acudir ante el juez contencioso administrativo resultaría desproporcionado, dado que la negativa injustificada de las vacaciones puede ocasionar un perjuicio irremediable en su salud física y mental , lo que justifica la intervención del juez constitucional como mecanismo inmediato de protección.

Caso concreto

31. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad.

32. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Pol ítica7, así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 19918 precisan el carácter subsidiario de la acción de tutela, puesto que ésta sólo es procedente cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial.

así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 19918 precisan el carácter subsidiario de la acción de tutela, puesto que ésta sólo es procedente cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial.

33. En el caso bajo estudio, la parte accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales igualdad, dignidad humana, trabajo en condiciones dignas, a la no discriminación por su condición de mujer y madre así como el descanso remunerado, con ocasión de la negativa de sus vacaciones no disfrutadas en el año 2022 por la licencia de maternidad que le fue otorgada en ese momento.

34. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, en primer lugar se advierte que, la accionante puede acu dir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 9 de la Ley 1437 de 2011, el cual constituye un medio idóneo y efectivo de defensa, a través del cual la accionante podía plantear ante el juez de lo contencio so administrativo los argumentos que ahora presenta en sede constitucional. Lo anterior debido a que la tutelante tiene la posibilidad de controvertir los actos administrativos definitivos a través de los cuales se niegue el reconocimiento de sus vacaciones, cuando estos

7 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenaza dos por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. “(…). “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

que éstos resulten vulnerados o amenaza dos por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. “(…). “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (se destaca). 8 “ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: “1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales , salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irrem ediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” (se destaca). 9 “ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o

del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00

Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

8 sean emitidos y queden en firme. En este punto, es importante recordar que existe la posibilidad de que la prescripción de estas prestaciones sociales se suspenda con la formulación de su solicitud ante las entidades administrativas.

35. Conjuntamente, esta Sala de Subsección considera relevante explicar que la situación fáctica y jurídica de la accionante difiere de los supuestos que dieron lugar a la regla de unificación fijada en la Sentencia SU -296 de 2023, por lo que la aplicación directa de dicha providencia en este caso resulta improcedente o, cuando menos, debe efectuarse con un alcance claramente restringido, como se explicará a continuación.

36. En primer lugar, en los expedientes acumulados resueltos en la Sentencia SU296 de 2023 la Co rte Constitucional partió de un escenario en el que jueces y empleados de despachos penales veían frustrado de manera sistemática el goce efectivo de sus vacaciones , justamente porque la negativa de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarcaempleados de despachos penales veían frustrado de manera sistemática el goce efectivo de sus vacaciones , justamente porque la negativa de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial de Bogotá y CundinamarcaDESAJ Bogotá y Cundinamarca - de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal impedía al nominador conceder el descanso, lo que generaba una cadena de actos administrativos (circular del Consejo Superior, negativ a de la DESAJ y posterior negativa del nominador) que hacía desproporcionado exigir el agotamiento de los medios contencioso -administrativos ordinarios. Con base en ello, la Sala Plena del Tribunal Constitucional resaltó que lo verdaderamente en juego era la afectación actual e intensa del derecho al descanso y, con él, de la salud física y mental de los funcionarios judiciales, al punto de justificar la procedencia excepcional de la tutela como vía principal.

37. En contraste, la actora en el presente asunto se encuentra sometida al régimen de vacaciones colectivas de la Rama Judicial, del cual efectivamente ha sido beneficiaria. Ello implica que, a diferencia de los jueces penales cuyos casos fueron estudiados en la SU -296 de 2023, su situación no es la de un a servidora que ha sido privada de todo periodo de descanso anual, sino la de una funcionaria que sí ha disfrutado de un descanso remunerado periódico, aunque existe una controversia puntual sobre la forma en que deben contabilizarse y reconocerse determinados días de vacaciones en un periodo específico que coincidió con su licencia de maternidad y, eventualmente, sobre años previos. Es decir, aquí no se discute la imposibilidad material de descansar, sino el alcance prestacional y

determinados días de vacaciones en un periodo específico que coincidió con su licencia de maternidad y, eventualmente, sobre años previos. Es decir, aquí no se discute la imposibilidad material de descansar, sino el alcance prestacional y temporal de un derecho de vacaciones ya ejercido parcialmente.

38. En segundo lugar, en la Sentencia SU -296 de 2023, la Corte consideró que resultaba desproporcionado exigir el uso de los medios de control contencioso administrativos porque lo que se pretendía era, de manera inmediat a, habilitar el goce del periodo vacacional ya causado, frente a una situación de sobrecarga laboral que se prolongaba en el tiempo, con riesgo cierto para la salud de los funcionarios. La regla de unificación se construyó precisamente sobre la idea de que la tutela opera allí donde la negativa de la DESAJ de Bogotá y Cundinamarca a expedir el certificado presupuestal y la consecuente imposibilidad del nominador de designar reemplazo hacen ineficaz, en la práctica, el medio judicial ordinario, dada la urgencia de proteger la integridad física y mental del trabajador.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00

Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: Acción de tutela (Segunda in