CE - Sentencia 11001031500020250746500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07465-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ

QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE

ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA

AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ASUNTO ECONÓMICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor CRISTIAN ESTEBAN ARIAS GARCÍA , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1 En adelante el Tribunal.2

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Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

1 En adelante el Tribunal.2

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Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de reparación integral , los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido las providencias de 30 de agosto de 2024 y 29 de agosto de 2025, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2019-00382-01.

I.2. Hechos

Señaló que ingresó a la POLICÍA NACIONAL con el fin de prestar el servicio militar obligatorio en calidad de auxiliar de policía, adscrito a la compañía comisiones denominada “GUGED-DISEC”.

Afirmó que el 23 de noviembre de 2017, mientras se encontraba en las instalaciones del club social de agentes y patrulleros de la policía, le fueron asignadas labores logísticas en la celebración del aniversario de la “Dirección de Seguridad Ciudadana ”, y que al realizar actividades de carg ue y descargue de materiales, sufrió un fuerte dolor en la columna que le impidió movilizarse por sus propios medios, razón por la que fue remitido al HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, en el que le diagnosticaron trastorno del disco lumbar con radiculopatía.3

medios, razón por la que fue remitido al HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, en el que le diagnosticaron trastorno del disco lumbar con radiculopatía.3

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Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que junto con los señores FRANCISCO JAVIER ARIAS

JIMÉNEZ, ALIX JENY GARCÍA SÁNCHEZ , LUIS ALFONSO

CANTE, MARÍA STELLA JIMÉNEZ DE ARIAS, GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ y ANGIE PAOLA ARIAS GARCÍA , presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALPOLICÍA NACIONAL2, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios de orden moral y material con ocasión a la s lesiones que sufrió mientras prestaba su servicio militar obligatorio.

Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2019-00382-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO CINCUENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 3 que, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y le ordenó a la POLICÍA NACIONAL reconocer y pagar los perjuicios morales y el daño a la salud reclamados.

noviembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y le ordenó a la POLICÍA NACIONAL reconocer y pagar los perjuicios morales y el daño a la salud reclamados.

Advirtió que inconformes con dicha decisión, interpusieron recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 30 de agosto de 2024, modificó la sentencia del a quo y, en su lugar, ajustó el monto de la indemnización por el daño moral reconocido a su

2 En adelante Policía Nacional. 3 En adelante el Juzgado.4

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Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co padrastro y aclaró el monto del perjuicio material bajo la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro.

Aseguró que presentó solicitud de aclaración, corrección y adición de la sentencia ante el TRIBUNAL que, mediante providencia de 29 de agosto de 2025 , la corrigió en el sentido de modificar el monto reconocido por concepto de lucro cesante consolidado y futuro.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las providencias judiciales cuestionadas fueron proferidas sin motivación, ya que no indicaron las razones por las que no se tuvo en cuenta en la liquidación del perjuicio material la fecha en la que ocurrieron los hechos, esto es, el 23 de noviembre de 2017, pues se realizó tomando en cuenta la fecha en

por las que no se tuvo en cuenta en la liquidación del perjuicio material la fecha en la que ocurrieron los hechos, esto es, el 23 de noviembre de 2017, pues se realizó tomando en cuenta la fecha en la que se determinó el porcentaje de pérdida de su capacidad laboral, esto es, el 25 de marzo de 2022.

Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, por cuanto realizó una indebida valoración de las pruebas obrantes en el expediente que le permitían establecer la fecha en la que ocurrieron los hechos , por lo que insiste en que , no hay razón para considerar que la consolidación de la lesión fue en una fecha posterior.5

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Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en defecto material o sustantivo, ya que al liquidar los perjuicios materiales se evidencia una clara contradicción entre la fecha de la ocurrencia de los hechos y la que se tuvo en cuenta para liquidar el monto de la indemnización.

Aseguró que “[…] el TAC me está vulnerando mis derechos fundamentales al debido proceso, a la justicia y la reparación integral, por cuanto su omisión y yerros cercenaron aproximadamente 5 años de indemnización, y de paso, me revictimizaron frente a la lesión sufrida durante mi servicio militar obligatorio, cuyos efectos y secuelas cambiaron mi vida por completo

integral, por cuanto su omisión y yerros cercenaron aproximadamente 5 años de indemnización, y de paso, me revictimizaron frente a la lesión sufrida durante mi servicio militar obligatorio, cuyos efectos y secuelas cambiaron mi vida por completo […]”.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA - AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, justicia y reparación integral vulnerados como consecuencia de los defectos en que incurrieron la sentencia de segunda instancia del 30 de agosto de 2024, y auto de adición y corrección del 29 de agosto de 2025, proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente de reparación directa radicado con el No. 11001334305920190038201, los cuales fueron expuestos en esta demanda, así como cualquier otro derecho fundamental que el juez constitucional encuentre conculcado por el obrar u omisión de la accionada.6

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Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDA - Consecuencialmente, ORDENAR al Tribunal Administrativo Cundinamarca, liquidar los perjuicios materiales (lucro cesante), utilizando para tal fin la fecha en que sufrí la lesión, esto es, 23 de noviembre de 2017, y cualquier otra que el Despacho consideré pertinente y necesaria para reivindicar mis derechos

(lucro cesante), utilizando para tal fin la fecha en que sufrí la lesión, esto es, 23 de noviembre de 2017, y cualquier otra que el Despacho consideré pertinente y necesaria para reivindicar mis derechos fundamentales […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia que le permita controvertir la decisión judicial que resultó ser contraria a sus intereses.

I.5.2.- El MINISTERIO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que la providencia cuestionada fue proferida de acuerdo con el material probatorio aportado al expediente, en la que se logró determinar la procedencia del reconocimiento de los perjuicios producto de la prestación del servicio militar obligatorio.

I.5.3.- Los señores los señores FRANCISCO JAVIER ARIAS JIMÉNEZ, ALIX JENY GARCÍA SÁNCHEZ , LUIS ALFONSO CANTE, GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ y ANGIE PAOLA ARIAS GARCÍA, vinculados en calidad de terceros con interés directo en las7

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Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultas del proceso, manifestaron que apoyan las pretensiones de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultas del proceso, manifestaron que apoyan las pretensiones de la solicitud de amparo.

I.5.4.- El JUZGADO, pese a ser notificado del presente trámite, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la8

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Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez

constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se

especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].11

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1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 30 de agosto de 2024 y 29 de agosto de 2025, proferidas por el TRIBUNAL dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2019-00382-01.

A la s citadas providencias se le s atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de reparación integral, habida cuenta que, a juicio del actor, fueron proferidas sin motivación, ya que no indicaron las razones por las que no se tuvo en cuenta en la liquidación del perjuicio material la fecha en la que ocurrieron los hechos, esto es, el 23 de noviembre de 2017, pues se realizó tomando en cuenta la fecha en la que se determinó el porcentaje de

liquidación del perjuicio material la fecha en la que ocurrieron los hechos, esto es, el 23 de noviembre de 2017, pues se realizó tomando en cuenta la fecha en la que se determinó el porcentaje de pérdida de su capacidad laboral, esto es, el 25 de marzo de 2022.

Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, por cuanto realizó una indebida valoración de las pruebas obrantes en el expediente que le permitían establecer la fecha en la que ocurrieron los hechos, por lo que insiste en que, no hay razón para considerar que la consolidación de la lesión fue en una fecha posterior.12

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Mencionó que las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en defecto material o sustantivo, ya que al liquidar los perjuicios materiales se evidencia una clara contradicción entre la fecha de la ocurrencia de los hechos y la que se tuvo en cuenta para liquidar el monto de la indemnización.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y ii) de superarse tal derrotero , establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y ii) de superarse tal derrotero , establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional. De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción13

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07465-00

Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

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Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del

importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”15

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Actor: CRISTIÁN ESTEBAN ARIAS GARCÍA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son,

de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos