CE - Sentencia 11001031500020250749400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07494-00

Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro s

Temas: Tutela vacaciones servidor de la Rama Judicial Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Mónica Margarita Moncada Chacón en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Mónica Margarita Moncada Chacón promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al trabajo y descanso, con ocasión de la negativa a concederle el disfrute de las vacaciones individuales en su condición de Juez Promiscuo de Familia de Ubaté - Cundinamarca, porque laboró al servicio de la justicia, en forma continua e interrumpida durante un año.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

condición de Juez Promiscuo de Familia de Ubaté - Cundinamarca, porque laboró al servicio de la justicia, en forma continua e interrumpida durante un año.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. La demandante desempeñó el cargo de Juez Promiscuo de Familia de Ubaté desde el 24 de julio de 2017 , hace casi 9 años. El régimen de vacaciones de los juzgados promiscuos de familia del país era individual hasta la reforma incorporada por el artículo 74 de la Ley 2430 del 9 de octubre de 2024 , por lo que, con posterioridad, aquellos ingresaron al régimen de vacaciones colectivas.

2.2. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas le concedió 25 días de vacaciones por el periodo comprendido entre el 24 de julio de 2023 al 23 de julio de 2024 para disfrutar a partir del 20 de diciembre de 2024 hasta el 13 de enero de 2025 , de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo 81 del 22 de

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07494-00

Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón octubre de 2024 y certificado de disponibilidad presupuestal 124, emitido por la Coordinadora del Área de Asuntos Laborales de la Dirección Seccional de

Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas.

2.3. El 11 de diciembre de 2024 solicitó la suspensión de las vacaciones individuales concedidas, debido a que estas se verían subsumidas por las vacaciones colectivas,

Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas.

2.3. El 11 de diciembre de 2024 solicitó la suspensión de las vacaciones individuales concedidas, debido a que estas se verían subsumidas por las vacaciones colectivas, sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura , el 30 de mayo de 2025, dio respuesta negativa con el argumento de que se causaron con las colectivas.

2.4. Insistió en su solicitud, pero la autoridad demandada argumentó que, al entrar al régimen de vacaciones colectivas ingresó de manera automática a su disfrute por lo que las correspondientes al periodo del 24 de julio de 2023 al 23 de julio de 2024 ya se le concedieron y se hicieron efectivas y pagadas en diciembre de 2024, de tal manera la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas afirmó que las únicas pendientes eran las del periodo entre el 24 de julio de 2024 y el 23 de julio de 2025.

2.5. De acuerdo con esa interpretación de las autoridades demandadas, pidió una vez más la vacaciones el 15 de septiembre de 2025 , mediante oficio 972, ante lo cual la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas, el 19 de igual mes y año, le informó que las vacaciones correspondientes al periodo mencionado serían disfrutadas y pagadas durante la vigencia judicial programada para diciembre de 2025 , conforme al calendario establecido por la Rama Judicial.

2.6. El 6 de noviembre de 2025 , mediante oficio 1185, presentó nuevamente la solicitud de vacaciones ante la presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial

establecido por la Rama Judicial.

2.6. El 6 de noviembre de 2025 , mediante oficio 1185, presentó nuevamente la solicitud de vacaciones ante la presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas , no obstante, a la fecha de presentación de este mecanismo de amparo constitucional, según su dicho, no se le dio respuesta

2.7. Al respecto, adujo: «se logra inferir que la postura de la Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas – siempre va a hacer la misma, por cuanto lo que al parecer ocurrió acá, es que, por conveniencia presupuestal, obligaron a todos los trabajadores de la rama judicial a ingresar a un Régimen de Vacaciones Colectivas de una reforma a la ley estatutaria la cual fue posterior. Claramente sin tener en cuenta el conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio, ya que, pa ra la época de la vigencia de la reforma a la Ley Estatutaria (9 de octubre de 2024), la suscrita tenía sus vacaciones causadas, reconocidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas y la misma administración inclusive había expedido el CDP. De contera obligándome a ingresar al nuevo régimen de vacaciones colectivas cercenándome el derecho a disfrutarlas y al pago de mis vacaciones individuales itero, pues lo que como consecuencia ocurrió es que las subsumieron las individuales en las colectivas y a estas alturas no las he disfrutado ni me las han pagado con el argumento que ya las disfrute y que las que se causaron en el periodo comprendido entre 24 de julio de 2024 al 24 de julio de 2025 están pendientes pero que las disfrutaré y me las pagaran en diciembre» (sic).

comprendido entre 24 de julio de 2024 al 24 de julio de 2025 están pendientes pero que las disfrutaré y me las pagaran en diciembre» (sic).

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07494-00

Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón «2) Se ORDENE a la parte demandada, adelantar las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para la provisión de los recursos y como consecuencia, se entregue el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal necesario para que al suscrito funcionario judicial le sea ordenado por el Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas, el disfrute físico de las vacaciones individuales suspendidas en la entrada en vigencia de INDIVIDUALES a COLECTIVAS AÑO 2024 en el cargo de Juez Promisc uo de Familia Circuito de Ubaté – Cundinamarca, y pueda nombrar mi reemplazo durante UN PERIODO solicitado, que van, Del VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2024 AL VEINTICUATRO DE JULIO DE 2024, POR VEINTICINCO (25) Días pues para la época era el término de las correspondientes a los Juzgados

Promiscuos de Familia del País.

1. Se advierta a las entidades demandadas, que antes de expedir acuerdos deben tenerse en cuenta los derechos laborales los cuales son inalienables, intransferibles e irrenunciables, amparados por derechos internacionales, y que, en todo caso, deben ceder ante las conveniencias presupuestales y de administración». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

irrenunciables, amparados por derechos internacionales, y que, en todo caso, deben ceder ante las conveniencias presupuestales y de administración». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas 2 solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela y su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva , en tanto no existió vulneración de derechos fundamentales de la demandante en relación con sus solicitudes de vacaciones, pues el período que ella afirma como pendiente (24/07/2023 –23/07/2024) fue debidamente concedido, pagado y disfrutado en diciembre de 2024, según certificaciones oficiales y acuerdos internos, y desde la expe dición de la Ley 2430 de 2024 su despacho pasó al régimen de vacaciones colectivas, lo que impide jurídicamente otorgar vacaciones individuales fuera de las excepciones legales, las cuales no se configuran en el caso; en consecuencia, actuó dentro de su competencia, con apego estricto a la normatividad vigente y a las certificaciones de la Dirección Seccional de Administ ración Judicial, de tal forma, resolvió las solicitudes mediante acuerdos formales y comunicación efectiva, y el debate planteado resulta de naturaleza administrativa y laboral, con mecanismos ordinarios de defensa disponibles, sin que se acredite perjuicio irremediable.

5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3 pidió declarar improcedente la solicitud de tutela y su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva con fundamento en la Ley 270 de 1996, la jurisprudencia

5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3 pidió declarar improcedente la solicitud de tutela y su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva con fundamento en la Ley 270 de 1996, la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, y el carácter subsidiario de este mecanismo constitucional. Al respecto, señaló que el asunto planteado corresponde a una discusión de naturaleza administrativa y presupuestal relacionada con la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para vacaciones y el nombramiento de reemplazo, competencia que recae en la Direc ción Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y en el nominador, y no en esa entidad por lo que concluye que no intervino en los actos que la demandante considera lesivos.

2 Archivo obrante en el índice 10 del Samai. 3 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.4

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Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón

6. La Dirección Seccional de Administración Judicial de CundinamarcaAmazonas4 solicitó declarar su improcedencia, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, en la medida en que la demandante pertenece al régimen de vacaciones colectivas, conforme lo preceptúan la Ley 270 de 1996, la Ley 2430 de 2024 y demás normatividad aplicable, por lo cual no es procedente expedir un certificado de disponibilidad presupuestal individual para el reemplazo de vacaciones, ya que ello afectaría la planeación presupuestal, la programación del servicio judicial y el principio d e responsabilidad fiscal. Además,

procedente expedir un certificado de disponibilidad presupuestal individual para el reemplazo de vacaciones, ya que ello afectaría la planeación presupuestal, la programación del servicio judicial y el principio d e responsabilidad fiscal. Además, precisó que las vacaciones causadas por la demandante serán pagadas y disfrutadas dentro del período col ectivo correspondiente, sin que exista perjuicio irremediable ni daño cierto e inminente que habilite la tutela como mecanismo transitorio, razón por l a cual la actuación administrativa se ajustó al marco constitucional y legal vigente y no generó afectación alguna a derechos fundamentales.

7. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio5.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) problema jurídico, iv) procedencia de la tutela contra actos que definen situaciones administrativas de servidores de la Rama Ju dicial; v) el derecho al descanso del servidor judicial; vi) análisis de la Sala.

2.1. Competencia.

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concord ancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros.

2.2. Cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva

10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho

contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros.

2.2. Cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva

10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulner ados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de

1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes . La acción se

4 Archivo obrante en el índice 9 del Samai. 5 Mediante auto del 27 de noviembre de 202 5, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas.5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07494-00

Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.

De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

11. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente6:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la

11. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente6:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental 7. En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “ en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” 8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

12. Ahora bien, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron que en relación con esa s entidades se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneraron derecho fundamental alguno d e la parte

Amazonas y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron que en relación con esa s entidades se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneraron derecho fundamental alguno d e la parte demandante y tampoco hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones que esas autoridades puedan desplegar para su cumplimiento.

13. Así pues, revisado el expediente, se advierte que, en el auto admisorio de la solicitud de tutela se ordenó su vinculación en calidad de demandado s al ser las autoridades contra las cuales se dirigen las pretensiones de tutela y quienes hacen parte del procedimiento administrativo para pronunciarse en lo correspondiente respecto a las solicitudes de vacaciones de los servidores de la Rama Judicial, como sucede en el asunto bajo examen , y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.

2.3. Problema jurídico

14. La Sala deberá definir: ¿ si la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad adjetiva, especialmente, el de subsidiariedad en

6 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis. 7 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 8 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. 9 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07494-00

Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón tratándose de actos que definen situaciones administrativas de servidores de la

Rama Judicial?

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07494-00

Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón tratándose de actos que definen situaciones administrativas de servidores de la

Rama Judicial?

14.1. Asimismo, ¿si las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales al trabajo y disfrute de las vacaciones de Mónica Margarita Moncada Chacón debido a la negativa a concederle el disfrute de las vacaciones individuales en su condición de juez promiscuo de familia de Ubaté - Cundinamarca, por haber laborado al servicio de la justicia, en forma continua e interrumpida durante un año?

2.4. De la procedencia de la solicitud de tutela

15. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]» . A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, dispone, entre otras, como causals de improcedencia de

la solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendien do las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

16. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 10, es decir, no es un

circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

16. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 10, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

17. Lo anterior, no quiere decir que el juez constitucional al momento de decidir acerca de la procedencia de la tutela, se limite a determinar la existencia o no de otros mecanismos de defensa judicial frente a la situación planteada, sino que debe establecer las necesidades y circunstancias propias de cada caso 11, pues no se debe olvidar que la solicitud de tutela puede interponerse como mecanismo definitivo o transitorio.

18. Debe entenderse como mecanismo definitivo, cuando frente a la situación fáctica planteada, la parte actora no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos, eficientes y eficaces frente a la problemática presentada, por lo que se hace necesaria una solución definitiva por parte del juez.

Por el contrario, se entiende la necesidad de hacer uso de la solicitud de tutela como mecanismo transitorio, cuando pese a que existen acciones ordinarias aptas para

presentada, por lo que se hace necesaria una solución definitiva por parte del juez. Por el contrario, se entiende la necesidad de hacer uso de la solicitud de tutela como mecanismo transitorio, cuando pese a que existen acciones ordinarias aptas para

10 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T -1140 de 2004, T -1093 de 2004, T -514 de 2003 y T1121 de 2003. 11 Ver sentencia SU-961 de 1999.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07494-00

Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón proveer una solución definitiva a la situación del usuario, las mismas no resultan suficientes para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

19. Dentro de este marco normativo es incuestionable que la solicitud de tutela contra actos administrativos generales (artículo 6º numeral 5º del Decreto 2591 de 1991) y contra actos administrativos particulares, es, en principio, improcedente, en la medida e n que: (i) el ordenamiento constitucional y legal ha establecido mecanismos ordinarios de defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el derecho al debido proceso con el objeto de discutir la legalidad de los mismos; y, (ii) porque en muchos eventos la pretensión de restarle validez a los mismos sólo se consigue previo un análisis legal especializado que no es competencia del juez constitucional. Frente al tópico aquí referido la Corte Constitucional en la Sentencia

T-548 de 2010, M.P. Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó:

«[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia

T-548 de 2010, M.P. Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó:

«[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se ejerce ante la jurisdicción contencioso-administrativa “gracias a la cual el interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos cuya protección se invoca. […]».

20. Pese a lo anterior, el juez de tutela, por excepción, puede suspender la aplicación de estos actos administrativos en los siguientes eventos: i) como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando éste se alegue y se pruebe dentro del proceso por la parte demandante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o ii) como mecanismo definitivo, cuando la acción principal no sea eficaz e idónea para la defensa judicial de quien demanda. Al respecto, en la

providencia T-244 de 201012 se afirmó:

«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera de esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca,

cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca, excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por la jurisprudencia de esta Corporación. […]».

21. El perjuicio irremediable, a su turno, ha sido entendido como aquel que presente las características de: inminente, esto es que amenaza o está por suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación del mismo aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente

[determinado o determinable] relevante para el afectado; e, impostergabilidad, lo

12 MP Luis Ernesto Vargas Silva,8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07494-00

Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón que determina que la tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su integridad13.

22. Ahora bien, en tratándose de la procedencia de la solicitud de tutela contra actos administrativos de la Rama Judicial que definan situaciones administrativas de servidores se entiende que por regla general es improcedente al contar con mecanismos idóneos de defensa judicial como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, además de que la pretensión de restarle validez solo se logra a través del análisis legal especializado, no obstante de comprobarse la configuración de un perjuicio irremediable en cada caso en particular se habilita la procedencia transitoria.

restarle validez solo se logra a través del análisis legal especializado, no obstante de comprobarse la configuración de un perjuicio irremediable en cada caso en particular se habilita la procedencia transitoria.

23. En el presente asunto, si bien es cierto, en principio, el acto o los actos administrativos con los que se dio respuesta negativa a la s solicitudes de vacaciones presentada s por la demandante podrían ser enjuiciados a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el que se puede solicitar como medida cautelar la suspensión provisional, no es posible omitir que, de acuerdo a la situación particular planteada por aquella, no resulta ser un medio idóneo para el amparo de los bienes ius fundamentales invocados, debido a que aquella no pretende atacar la legalidad del pronunciamiento de la administración.

24. En este orden de ideas, debido a que con la solicitud de tutela impetrada no se pretende cuestionar la legalidad del acto o actos administrativos que negaron las vacaciones solicitadas y a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no pareciera procurar una solución efectiva e inmediata con la urgencia que la situación planteada requiere, el juez constitucional debe efectuar un estudio del fondo del asunto para determinar si se configura la vulneración de garantías fundamentales invocadas.

2.5. Derecho al descanso del servidor judicial

25. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época muy temprana14, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del

muy temprana14, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del artículo 25 ibídem que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

13 Al respecto, ver las Sentencias T - 300 de 2010, T -1316 de 2001; T.225 de 1993, entre otras. La primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave , esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”. 14 Ver entre otras: Sentencias C -710 de 1996, C -059 de 1996, C -897 de 2003, C -019 de 2004, C035 de 2005.9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07494-00

Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón

26. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el

Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón

26. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales15 en su artículo 7º determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran «[…] el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos […]». En similar sentido lo indica el artículo 716 del Protocolo de San Salvador17.

27. La Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene una amplia línea jurisprudencial que ha establecido que «[…] uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]»18. En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho

15 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamble