CE - Sentencia 11001031500020250752100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

Accionante: Belcy Esther Canales Paredes

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Niega el amparo por no configurarse el defecto alegado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela instaurada por la señora Belcy Esther Canales Paredes, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad; así como al principio de favorabilidad, ocurrida con la expedición de la sentencia del 22 de mayo de 2025, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-3333-002-2024-00200-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Belcy Esther Canales Paredes ostenta la calidad de docente oficial en

33-002-2024-00200-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Belcy Esther Canales Paredes ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 2B del escalafón regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

3. Entre los años 2008 y 2009 el Gobierno Nacional dispuso incrementos porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial de los empleados del Estado. En virtud de lo anterior, los docentes ubicados en categorías inferiores como la 2A resultaron beneficiados con mayores incrementos salariales.

4. Inconforme, la accionante presentó reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, con la finalidad de que se le reconociera y pagara las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales e injustificados decretados entre los años 2008 y 2009.

5. Sin embargo, la Secretaría de Educación del Municipio de Valledupar, mediante oficio del 15 de febrero de 2024 negó la petición. Luego, la accionante interpusoAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

Accionante: Belcy Esther Canales Paredes

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2 recurso de reposición y en subsidio apelación. Sin embargo, la entidad confirmó su decisión, a través del oficio del 15 de abril del mismo año.

6. Con posterioridad, el Ministerio de Educación Nacional, por medio del oficio del

2 recurso de reposición y en subsidio apelación. Sin embargo, la entidad confirmó su decisión, a través del oficio del 15 de abril del mismo año.

6. Con posterioridad, el Ministerio de Educación Nacional, por medio del oficio del 27 de febrero de 2024 negó la solicitud de la señora Canales Paredes.

7. En consecuencia, la señora Belcy Canales interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y municipio de Valledupar, con el objetivo de que se inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 , se declarara la nulidad de los actos administrativos previamente mencionados y a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias salariales correspondientes.

8. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024 desestimó las pretensiones de la demanda, al considerar que la diferencia salarial se fundamentaba en parámetros objetivos, discernibles y razonables establecidos en los Decretos 624 de 2008 y 702 de 2009, modificados parcialmente por los Decretos 714 de 2008 y 1238 de 2009, respectivamente.

9. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la sentencia del 22 de mayo de 2025 confirmó la decisión judicial anterior.

2.2. Fundamento jurídico

10. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los

siguientes defectos:

• Sustantivo: debido a que desconoció el régimen normativo que gobierna la

2.2. Fundamento jurídico

10. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los

siguientes defectos:

• Sustantivo: debido a que desconoció el régimen normativo que gobierna la estructura salarial del personal docente, particularmente la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, los cuales exigen que la remuneración se determine con base en criterios objetivos como la formación académica, la experiencia, las responsabilidades del cargo y el mérito demostrado.

• Fáctico: por «indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón, como es el caso del escalafón 2A, en comparación con la accionante, quien se encontraba en la categoría 2B, respondiera a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas».

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia proferida el día 22 DE MAYO DE 2025, en el expediente radicado bajo número 20001-33-33-002-2024-00200-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD delAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

Accionante: Belcy Esther Canales Paredes

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

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3 (la) señor (a) BELCY ESTHER CANALES PAREDES, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente BELCY ESTHER CANALES PAREDES a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 27 de noviembre de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar como accionado y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, la Nación – Ministerio de Educación - Departamento del Cesar - Secretaría de Educación del Cesar como terceros interesados en el resultado del proceso.

13. La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Cesar sostuvo que todos los despachos administrativos del circuito de Valledupar y del Tribunal Administrativo han mantenido una línea uniforme en la decisión de los procesos

13. La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Cesar sostuvo que todos los despachos administrativos del circuito de Valledupar y del Tribunal Administrativo han mantenido una línea uniforme en la decisión de los procesos relacionados con el incremento salarial por concepto de escalafón docente, en el sentido de desestimar las demandas presentadas.

14. El Ministerio de Educación indicó que la acción de tutela se torna improcedente, toda vez que versa sobre un asunto netamente económico que no compromete ningún derecho fundamental.

15. La Gobernación del Cesar solicitó ser desvinculada del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

17. Si bien la parte accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, lo cierto es que su planteamiento resultó genérico, en la medida que no identificó de manera concreta cuáles pruebas considera que no se valoraron en debida forma y la incidencia que su análisis hubiera tenido en el sentido de la decisión, motivo por el cual no satisface la carga mínima argumentativa que imponga su estudio en sede de tutela. En consecuencia, esta Subsección se abstendrá de analizar dicha causal.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

Accionante: Belcy Esther Canales Paredes

abstendrá de analizar dicha causal.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

Accionante: Belcy Esther Canales Paredes

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4 3.3. Problema jurídico

18. El problema jurídico se circunscribe en determinar si la acción de tutela cumple los requisitos exigidos para cuestionar providencias judiciales. En el evento en que, así sea, deberá establecerse si el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en el defecto sustantivo al proferir la sentencia del 22 de mayo de 2025 al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001 -33-33-0022024-00200-01.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

19. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

20. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello , en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

21. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

22. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;

(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande elAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

Accionante: Belcy Esther Canales Paredes

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5 amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 26 de ma yo de 2025 la interposición de la acción de tutela, es decir, el 26 de noviembre de la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental derivada de la presunta incursión en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, en relación con un supuesto incremento salarial inequitativo de los empleados estatales entre los años 2008 y 2009, causales que se encuentran debidamente fundamentadas.

23. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

24. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes

3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

24. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes

términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»1.

1 Corte Constitucional, sentencia T -1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

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25. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando

de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente p erjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías q ue identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»2.

26. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas

a los expresamente señalados por el legislador»2.

26. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa

2 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

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7 aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.4.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

27. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo, debido a que desconoció el régimen normativo que gobierna la estructura salarial del personal docente, particularmente la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, los cuales exigen que la remuneración se determine con base en criterios objetivos como la formación académica, la experiencia, las responsabilidades del cargo y el mérito demostrado.

28. Sobre el particular, la autoridad judicial accionada consideró lo siguiente:

«[S]e tiene que la estructura del escalafón docente se encuentra conformada por 3

responsabilidades del cargo y el mérito demostrado.

28. Sobre el particular, la autoridad judicial accionada consideró lo siguiente:

«[S]e tiene que la estructura del escalafón docente se encuentra conformada por 3 grados (1, 2 y 3) en el que serán ubicados con base a su formación académica y 4 niveles salariales en los que se inscribirán o ascenderán una vez superado la evaluación del peri odo de prueba o las evaluaciones de desempeño y competencias, conforme fue dispuesto en el artículo 2030 y siguientes del Decreto 1278 de 2002.

Ahora bien, para el año 2008 fue expedido en el mes de febrero el Decreto 624, que fijó la asignación básica mensual para los docentes del grado 2 distinguiendo solo por grado de escalafón y nivel salarial, no obstante, por medio del Decreto 714 de marzo del mismo año, se modificó el decreto anterior en el sentido que se fijó para los docentes del grado 2 en sus distintos niveles una asignación diferente para quienes tuviesen título de especialización y quienes no, beneficiando a quienes tuvieran mejor nive l de formación profesional, lo cual se encuentra conforme con los objetivos y criterios de la Ley 4 de 1992.

En el caso concreto se evidencia que, la parte demandante se encuentra ubicada en el escalafón 2B sin especialización y se encuentra inconforme con el aumento del salario del grado 2A sin especialización respecto al suyo, es decir, con un grupo que, si bien comparte el mismo grado, no comparte el mismo nivel salarial, pues uno se encuentra en el A y otro en el B. Al respecto ha de indicarse que, si bien es cierto que el incremento de quienes se encuentran en el escalafón 2B fue inferior a

que, si bien comparte el mismo grado, no comparte el mismo nivel salarial, pues uno se encuentra en el A y otro en el B. Al respecto ha de indicarse que, si bien es cierto que el incremento de quienes se encuentran en el escalafón 2B fue inferior a los miembros del escalafón 2A, estos corresponden a niveles salariales diferentes y no podría predicarse de ellos la igualdad, en tanto no son comparables, por lo que resulta infundado el cargo formulado.

No obstante, pese a que se evidencia una diferencia en el porcentaje de aumento entre los niveles 2A y 2B, no se puede desconocer que al nivel 2B le correspondió una asignación salarial superior a quienes se encontraban en el nivel 2A, por lo que el decreto demandado acató los criterios y objetivos del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, toda vez que el nivel 2B es de una categoría superior a la 2A, hecho que destaca nuevamente la imposibilidad de compararlos.

De lo anterior se desprende que no existe discriminación al aplicar incrementos salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones, bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del escalafón docente cl asifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación académica y prevé que estos puedan ascender en el escalafón si cumplen con los requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba, desempeño o competencias según el caso, descrito s en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002, y en el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

1278 de 2002, y en el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

Accionante: Belcy Esther Canales Paredes

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8 Bajo esa óptica, no es posible evidenciar una vulneración al principio de “a trabajo igual salario igual” bajo el entendido que conforme fue indicado en párrafos precedentes, la población que se encuentra en el escalafón 2A y 2B no son iguales, dado que para pertenecer a uno o al otro se necesita acreditar el cumplimiento de unos requisitos que disten entre sí , en consecuencia, se despacharan desfavorablemente estos cargos.

De manera conclusiva, la diferencia porcentual en el aumento de la asignación salarial para los dos grupos de docentes es ajustada a derecho, pues contrario a lo afirmado por el apelante el Gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual el valor año tras año, por el contrario cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar la escala salarial en tanto se ajuste a lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, como lo hizo en el caso de estudio».

29. De conformidad con lo anterior, esta Sala observa que las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial accionada no obedecieron al desconocimiento del marco normativo aplicable, sino a una interpretación razonada y acorde a los criterios establecidos en la Ley 4° de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, como

marco normativo aplicable, sino a una interpretación razonada y acorde a los criterios establecidos en la Ley 4° de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, como pasa a explicarse:

30. En efecto, la decisión judicial cuestionada analizó de manera detallada la estructura del escalafón docente y precisó que los grados y niveles salariales corresponden a diferencias objetivas asociadas a la formación académica a los requisitos de ascenso previstos en la normatividad vigente, elementos que impiden equiparar a los docentes ubicados en los niveles 2A y 2B.

31. Asimismo, el Tribunal explicó que la fijación de asignaciones salariales diferenciadas según el nivel de formación profesional encuentra respaldo en los criterios previstos en la Ley 4° de 1992, que autorizan al Gobierno Nacional a establecer escalas remun eratorias basadas en factores como la capacitación, experiencia y el mérito.

32. En ese sentido, la autoridad judicial accionada concluyó que el Decreto 714 de 2008, se ajustaba al marco legal, en la medida en que favorecía a quienes acreditaban un mayor nivel académico, sin desconocer los principios de igualdad y progresividad laboral.

33. En ese contexto, esta Subsección estima que no se configurara el defecto sustantivo, pues el Tribunal no fundamentó su decisión en normas contrarias al asunto objeto de estudio, ni inaplicó disposiciones obligatorias. Tampoco interpretó el ordenamiento jurídico de manera caprichosa o irrazonable.

34. Por el contrario, efectuó un análisis cualitativamente detallado del mismo,

asunto objeto de estudio, ni inaplicó disposiciones obligatorias. Tampoco interpretó el ordenamiento jurídico de manera caprichosa o irrazonable.

34. Por el contrario, efectuó un análisis cualitativamente detallado del mismo, acorde con el propósito de la ley marco y con la estructura del régimen salarial docente, frente al cual concluyó que no resultaba adecuado comparar a empleados ubicados en diferen tes niveles salariales o exigir incrementos porcentuales idénticos.

35. Lo que se evidencia entonces es una discrepancia de la parte accionante frente a la decisión que resulta contraria a sus intereses, pero no representa la vulneración de sus derechos fundamentales, ni configura el defecto alegado.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07521-00

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36. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es de corrección sino de validez 3, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento es arbitrario o caprichoso.

37. En conclusión, la Sala considera que no se configuró el defecto sustantivo, toda vez que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002 si trasgredir los derechos fundamentales invocados por la accionante.

vez que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002 si trasgredir los derechos fundamentales invocados por la accionante.

38. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pret