CE - Sentencia 11001031500020250758100 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dice (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: MAILEN DEL PILAR SALCEDO JIMÉNEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

SE INVOCA UN DEFECTO S USTANTIVO Y SE NIEGA EL

AMPARO INVOCADO. PRINCIPIO DE LA NON

REFORMATIO IN PEJUS.

Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia de segunda instancia, mediante la cual se revocó la decisión que accedió a las pretensiones y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda. La Sala negará el amparo solicitado porque no se probó la configuración de los defectos invocados.

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por la señora Mailen del Pilar Salcedo Jiménez 1, , en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar para la protección de sus derechos fundamentales debido proceso, dignidad humana, defensa, igualdad y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29, 13, 25 y 229 de la Constitución Política, pres untamente vulnerados con ocasión de la providencia de 14 de febrero de 2025, proferida por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

ocasión de la providencia de 14 de febrero de 2025, proferida por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción, la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El señor Adolfo Arroyo Barandica prestó sus servicios como como infante de marina regular (IMAR) en la Armada Nacional Infantería de Marina Bafín II Cartagena.

1 Mediante escrito radicado el 28 de noviembre de 2025, índice 1, Samai.2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela 2) El 22 de enero de 2005, siendo las 9:30 AM, durante la prestación del servicio y en desempeño de una actividad conectada con la función normativamente asignada a la entidad como guardia en el peaje de Bayu nca (Bolívar), sufrió una herida con proyectil de arma de fuego de largo alcance con el fusil de dotación militar que portaba, con la cual se impactó a la altura de su abdomen.

1. En virtud de las lesiones adquiridas fue trasladado a la Clínica Madre Bernarda, donde se le realizaron algunos procedimientos quirúrgicos, sin embargo, por las complicaciones de salud y la mala condición que padecía , tuvo que ser trasladado al Hospital Naval de

Cartagena.

1. El 6 de marzo de 2012, la Junta Médico Laboral Militar clasificó su pérdida de capacidad laboral en un 34.00% , como quedó consignado en el Acta no. 049 del 06 de

Cartagena.

1. El 6 de marzo de 2012, la Junta Médico Laboral Militar clasificó su pérdida de capacidad laboral en un 34.00% , como quedó consignado en el Acta no. 049 del 06 de marzo de 2012.

1. El 12 de julio de 2012, el accionante presentó ante la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerza Militares, solicitud de revocatoria de esa acta con el objeto de que se modificara el porcentaje de la evaluación de la disminución de la capa cidad laboral y le otorgaran una indemnización mayor, toda vez que ingresó a las fuerzas militares navales en perfectas condiciones de salud.

1. El 14 de diciembre de 2012, mediante Acta No. 3598 del Tribunal Médico Laboral se determinó la disminución de su capacidad laboral en un 40.27%

1. Mediante orden administrativa de personal no. 173 del 22 de marzo de 2013, la Armada Nacional ordenó reconocer tres meses de alta al señor Adolfo Arroyo Barandica, acorde con lo previsto por el Decreto 2827 de 1968.

1. El actor solicitó el pago de una indemnización por la pérdida de su capacidad laboral y el reconocimiento de una pensión de invalidez , no obstante, mediante Resolución no. 1342 del 07 de octubre de 2013, el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional negó la reclamación de reconocimiento y pago de esas prestaciones , porque no se generó el derecho al reconocimiento indemnizatorio, ya que los hechos se enmarcaron en la causal “D” del Decreto 2728 de 1968 , esto es, ocurrieron “ en contra de la ley, el

generó el derecho al reconocimiento indemnizatorio, ya que los hechos se enmarcaron en la causal “D” del Decreto 2728 de 1968 , esto es, ocurrieron “ en contra de la ley, el reglamento, o la orden superior” porque aparentemente se trató de un daño autoinfligido.3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela 9) El actor presentó recurso de reposición, para que se modificara el numeral 2 de la parte resolutiva, se le reconociera la indemnización por disminución de capacidad laboral y, adicionalmente, solicitó dejar sin efectos jurídicos la categorización de los hechos con base causal “D”, pues estos no se dieron “en contra de la ley, el reglamento, o la orden superior”.

1. En Resolución no. 0779 del 13 de mayo de 2014, el Ministerio de Defensa – Armada Nacional resolvió no reponer la decisión y la confirmó en todas sus partes.

1. Paralelo a ello, e l señor Adolfo Arroyo Barandica fue investigado por el Juzgado Ciento Uno de Instrucción Penal Militar, por presuntamente haberse causado el daño con su fusil, sin embargo, en esa investigación se declaró su inocencia, pues se probó que se trató de un accidente de trabajo.

1. El actor demandó los actos que le negaron la indemnización y en sentencia de 30 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena concedió parcialmente las pretensiones tras considerar que el actor padece una pérdida de capacidad laboral del 77.02%, originada por un accidente de trabajo imputable al servicio,

parcialmente las pretensiones tras considerar que el actor padece una pérdida de capacidad laboral del 77.02%, originada por un accidente de trabajo imputable al servicio, de conformidad con el dictamen no. 13992 del 05 de octubre de 2018 proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar.

1. Por otro lado, en relación con las pretensiones subsidiarias planteadas por el demandante, reconoció la pensión de invalidez y ne gó la solicitud de pago de la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica al considerar que se encontraba cubierta con el reconocimiento pensional.

1. La parte accionada recurrió la sentencia de primera instancia y para el efecto alegó que: i) el dictamen no. 13992 del 05 de octubre de 2018 proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, no desvirtúa la legalidad de los actos enjuiciados; ii) todas las afecciones calificadas en el dictamen 13992 del 05 de octubre de 2018 proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar no fueron adquiridas en el servicio activo ni eran consecuencia directa de la lesión sufrida en servicio, por lo que tampoco se cumpl ió con el porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral, y iii) porque aun cuando estuvieren acreditados todos los requisitos para la concesión de la pensión reclamada, la fecha tomada como causación se apartó de la línea jurisprudencial sobre la materia.4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela

de la línea jurisprudencial sobre la materia.4

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Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela

1. En sentencia de 14 de febrero de 2025 , el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar , negó las pretensiones de la demanda tras considerar que el actor no cumplió con el requisito previsto en el artículo 162 CPACA, que prevé como requisito de toda demanda en la que se impugnen actos administrativos la indicación de las normas violadas y la explicación de l concepto de su violación, por lo que no era procedente estudiar la legalidad de las actas m édico laborales; no obstante, aclaró que el dictamen no. 13992 del 5 de octubre de 2018 proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar tampoco desvirtuaba los dictámenes del 2012, los cuales se realizaron teniendo en cuenta el accidente laboral.

1. De igual forma, indicó que el actor no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía de demostrar los supuestos de hecho de los que se pretendía derivar la nulidad de las actas acusadas.

Fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales con ocasión de la providencia proferida el 14 de febrero de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto sustantivo.

En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que la autoridad judicial demandada se extralimitó al proferi r la sentencia de segunda instancia, toda vez que no se debían

cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto sustantivo.

En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que la autoridad judicial demandada se extralimitó al proferi r la sentencia de segunda instancia, toda vez que no se debían estudiar los cargos de nulidad de los actos demandados al no ser parte del recurso de apelación.

Finalmente indicó que, por tratarse de un caso de apelante único, el ad quem debía limitarse exclusivamente a estudiar los asuntos planteados por el apelante, de modo que con la providencia enjuiciada violó el principio de non reformatio in pejus y el principio de congruencia.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solic itó que se acceda a las siguientes súplicas:5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela “Teniendo en cuenta que en este asunto nos encontramos frente a eventos de violación de derechos de orden superior, solicitamos se ordene la tutela de manera definitiva o provisional por la violación a los Derec hos Fundamentales Constitucionales a la dignidad humana, el debido proceso, el derecho de defensa, confianza legítima, igualdad y el acceso a la justicia que se funda en los artículos 29 y 228 de la Carta, las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25.1 CADH en concordancia con el art. 93 Const.), especialmente cuando TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR profirió una Sentencia de segunda instancia de fecha 14/02/2025, notificada el

efectiva (arts. 8 y 25.1 CADH en concordancia con el art. 93 Const.), especialmente cuando TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR profirió una Sentencia de segunda instancia de fecha 14/02/2025, notificada el 24/07/2025, revocando la Sentencia de Primera instancia del 30/03/2023, dentro del proceso Rad. 13 -001-33-33-002-2015-00410-01 violando el marco fundamental de competencia, de doble instancia, la reformatio in pejus, competencia limitada, competencia restrictiva, frente al apelante único (la demandada) operan tanto el principio de congruencia, como el principio dispositivo, ya que sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso, y transgrediendo estos principios resolvió pronunciarse sobre aspectos formales de la demanda, que no propuso la parte demandada, ni en la demanda inicial, ni en los alegatos, ni en el recurso de Apelación mismo, por lo que dicha Corporación se excedió en sus facultades, y por cuanto no hay un mecanismo ordinarios para evitar el perjuicio irremediable que se causa a la accionantes y a su joven hijo, que fueron reconocidos como suc esores procesales en virtud del fallecimiento del demandante inicial, durante el trámite tortuoso que demoró diez (10) años, quedando en absoluto abandono del Estado, desamparados y a la mendicidad publica, por lo que le solicitamos no permitir que se prolongue en el tiempo este

demandante inicial, durante el trámite tortuoso que demoró diez (10) años, quedando en absoluto abandono del Estado, desamparados y a la mendicidad publica, por lo que le solicitamos no permitir que se prolongue en el tiempo este comportamiento contrario a los derechos fundamentales del accionante, contenido en una actuación arbitraria e injusta por parte de la accionada, actuando en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico esp ecialmente al sustentar su extralimitación para revisar asuntos generales del proceso sin que hayan sido propuestos por el apelante único y en consecuencia en este asunto nos encontramos frente a eventos que vulnera de manera evidente los derechos constitucionales, por lo que incurrió en lo que la jurisprudencia denomina requisitos específicos de procedibilidad, por Defecto Sustantivo por indebida interpretación de las normas procesales aplicables al caso, por violación directa de la constitución, y que por lo tanto requieren decisiones urgentes, impostergables, por la inminencia de los efectos definitivos de la decisión, al igual que le solicitamos no permitir que se prolongue en el tiempo este comportamiento contrario a los derechos fundamentales del accionante, por lo que requerimos adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos conculcados, y/o cualquier otro derecho fundamental que su señoría estime violado, y que se ordene declarar la falla procedimental y que se ordene adoptar una decisió n de reemplazo atendiendo, exclusivamente, los aspectos expuestos en la apelación formulada por el apelante único, de lo contrario sería una absoluta denegación de justicia .”. (negrillas y mayúsculas propias del original, archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice 3).

apelante único, de lo contrario sería una absoluta denegación de justicia .”. (negrillas y mayúsculas propias del original, archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice 3).

Actuación procesal

Mediante auto de 1 de diciembre de 20252, se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de

2 Índice 11, Samai.6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela Bolívar; así como, al titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, al ministro de defensa, la Armada Nacional y el director de la dirección de Sanidad Militar, para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar3 indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales endilgados, máxime cuando al proceso se le ha impartido el trámite correspondiente y la sentencia fue proferida con un análisis jurídico, fáctico y probatorio, motivo por el cual solicitó que se rechace la acción de tutela toda vez que no se cumplen con los requisitos generales y específicos de procedencia señalados por la jurisprudencia

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena precisó que no ha vulnerado de ninguna forma los derechos fundamentales del actor, pues la sentencia de primera instancia no obedece a la voluntad subjetiva del despacho que profirió el fallo, sino que se dio aplicación a la ley, conforme a la reiterada interpretación del Consejo de

vulnerado de ninguna forma los derechos fundamentales del actor, pues la sentencia de primera instancia no obedece a la voluntad subjetiva del despacho que profirió el fallo, sino que se dio aplicación a la ley, conforme a la reiterada interpretación del Consejo de Estado y del Tribunal.

Las demás autoridades guardaron silencio, pese a que fueron notificados en debida forma.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regul an la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

3 Índice 12, Samai.7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial pr eestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

o variar los procedimientos de reclamo judicial pr eestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo de Bolívar, con el fin de que se protejan los derechos constitucionale s fundamentales antes enunciados, presuntamente vulnerados por dicha autoridad, debido a que revocó la decisión que había accedido a las pretensiones de la demanda en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

En los términos en que se propuso la controversia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, por las razones que aquí se expondrán:

Lo primero es señalar que el presente caso cumplió los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles para la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; ( ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada4; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; ( iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron; ( v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente; ( vi) la cuestión qu e se discute resulta de relevancia constitucional porque en la acción de tutela se expusieron las razones por las cuales se consideró que

tutela y, finalmente; ( vi) la cuestión qu e se discute resulta de relevancia constitucional porque en la acción de tutela se expusieron las razones por las cuales se consideró que el amparo deprecado debe ser valorado por el juez constitucional por la presunta configuración de un defecto sustantiv o, planteamientos que no pudieron ser discutidos en el trámite del proceso ordinario y que tienen relación directa con garantías

4 La providencia cuestionada se notificó el 24 de julio de 2025 y la acción de tutela se presentó ante esta Corporación el 28 de noviembre de 2025.8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia.

2.1 Caracterización del defecto sustantivo

1. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”5.

1. La Corte Constitucional estableció6 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso de las partes por la erróne a elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una

razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso de las partes por la erróne a elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem - o claram ente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o verticalsin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso7.”.

2.2 Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto

1. La parte demandante endilgó a la autoridad demandada la configuración de un defecto sustantivo en la providencia cuestionada con fundamento en que el tribunal accionado se extralimitó al proferir la sentencia de segunda instancia, toda vez que, por tratarse de un

5 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.

extralimitó al proferir la sentencia de segunda instancia, toda vez que, por tratarse de un

5 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo. 6 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado. 7 Corte Constitucional, sentencia T830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela caso de apelante único, el ad quem debía limitarse exclusivamente a estudiar los asuntos planteados por el apelante, de modo que no se debían estudiar los cargos de nulidad de las Resoluciones no. 1342 del 07 de octubre de 2013 y no. 0779 del 13 de mayo de 2014 al no ser parte del recurso de apelación.

1. Sobre el particular, esta instancia reconoce que una de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra sujeta la competencia del juez de segunda instancia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, en virtud de la cual no es válidamente posible que se agrave, empeore o desmejore la situación que hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.

1. Dicha garantía, que imposibilita al juez de la segunda instancia desmejorar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio, se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien obra como apelante único y encuentra expresa consagración en el artículo 31 de la Constitución Política, a cuyo tenor:

"Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las

cuestionamiento del fallo proviene de quien obra como apelante único y encuentra expresa consagración en el artículo 31 de la Constitución Política, a cuyo tenor:

"Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.”. (negrillas adicionales).

1. En el presente caso la Sala considera, sin mayores dilaciones, que la autoridad judicial demandada no desconoció dicha garantía ni agravó la situación de la parte actora, pues la providencia cuestionada se ajustó a los parámetros legales relacionados con el deber de motivación judicial, en los términos del artículo 187 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1. En el recurso de apelación, los demandados alegaron expresamente que el dictamen no. 13992 del 05 de octubre de 2018 proferido por la Junta Regional de Calificación de

8 “Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamen te necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.”.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela Invalidez de Bolívar no desvirtuaba la legalidad del dictamen del 31 de octubre de 2012, en el que se calificó la pérdida de la capacidad laboral del actor e n el 40.27% ni las Resoluciones no. 1342 del 07 de octubre de 2013 y no. 0779 del 13 de mayo de 2014,

de la siguiente manera:

" Sea lo primero precisar que el dictamen recaudado en este proceso data del 05 de octubre de 2018, y no de 2015, que el mismo no estableció fecha de estructuración, y en cuanto al origen solo dos de las patologías evaluadas fueron relacionadas con el servicio, sin precisar de manera expresa su origen.

Discrepa la suscrita de la sentencia recurrida porque: i) el dictamen No. 13992 del 05 de octubre de 2018 proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, no desvirtúa la legalidad de los actos enjuiciados, ii) todas las afecciones calificadas en el dictamen 13992 del 05 de

Calificación de Invalidez de Bolívar, no desvirtúa la legalidad de los actos enjuiciados, ii) todas las afecciones calificadas en el dictamen 13992 del 05 de octubre de 2018 proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar no fueron adquiridas en el servicio activo ni son consecuencia directa de la lesión sufrida en servicio, por lo que tampoco se cumple con el porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral y iii) porque aun cuando estuvieren acreditados todos los requisitos para la concesión de la pensión reclamada, la fecha tomada como causación por el Despacho se aparta de la línea jurisprudencial sobre la materia.”. (negrillas adicionales).

1. Al respecto, si bien el tribunal coligió inicialmente que no se cumplió con la carga de enunciar las normas violadas y explicar el concepto de la violac ión, lo que, en principio, impedía analizar la legalidad de los actos, en todo caso resolvió los cargos de la apelación en tanto realizó un estudio de l os actos censurados y concluyó que una vez analizadas las valoraciones médicas realizadas por la Junta Regional de Invalidez, se advirtió que no existía claridad frente al hecho de que los hallazgos encontrados en el dictamen no. 13992 del 05 de octubre de 2018 fueran realmente secuelas del accidente con arma de fuego del 22 de enero de 2005, por lo que , como lo alegó en su recurso de alzada la demandada, encontró que aquel dictamen no desvirtuaba el practicado por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía el 31 de octubre de 2012, en el que se

demandada, encontró que aquel dictamen no desvirtuaba el practicado por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía el 31 de octubre de 2012, en el que se calificó la pérdida de la capacidad laboral del actor en el 40.27%, así:

“Discrepa la parte demandada de la sentencia recurrida, en cuanto a la aplicación del índice de pérdida de la capacidad laboral establecido en el dictamen No. 13992 del 05 de octubre de 2018 proferido po r la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, ya que todas las afecciones calificadas no fueron adquiridas en el servicio activo, ni son consecuencia directa de la lesión sufrida en servicio, por lo que tampoco se cumple con el porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral; además, no se desvirtuó la legalidad de los actos enjuiciados expedidos por la Junta y el Tribunal Médico Militar.

En primer lugar, advierte la Sala que, ciertamente en el libelo demandatorio se elevaron pretensiones de nulidad de los actos administrativos contenidos en la Junta Médico Laboral de 6 de marzo de 2012, y el acta del11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07581-00

Demandante: Mailen del Pilar Salcedo Jiménez Acción de tutela Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. 3598 MDNSGTML-41 de 31 de octubre de 2012; indicando como cargo de nulidad la infracción de las normas en que debían fundarse, y citando una sentencia de la Corte Constitucional; sin embargo, desconoció el demandante en el

TML-41 de 31 de octubre de 2012; indicando como cargo de nulidad la infracción de las normas en que debían fundarse, y citando una sentencia de la Corte Constitucional; sin embargo, desconoció el demandante en el libelo demandatorio la exigencia contenida en el numeral 4º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, que prevé como requisito de toda demanda en la que se impugnen actos administrat