CE - Sentencia 11001031500020250758300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07583-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: LUIS EDUARDO VARGAS BRICEÑO

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO

SUPERADO FRENTE A LA PRESUNTA MORA JUDICIAL ALEGADA . SE

DECLARA IMPROCEDENTE FRENTE AL DERECHO DE PETICIÓN

FRENTE A AUTORIDAD JUDICIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA, PETICIÓN, VIDA, SALUD Y DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C” - DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y su SECRETARÍA.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor LUIS EDUARDO VARGAS BRICEÑO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

1 En adelante el Tribunal.2

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Actor: LUIS EDUARDO VARGAS BRICEÑO

1 En adelante el Tribunal.2

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de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales de petición, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la salud y a la dignidad humana , los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, con ocasión de la presunta mora judicial injustificada en el trámite impartido dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2025-00392-00, por cuanto, presuntamente, no se ha pronunciado respecto de la admisión de la demanda ni tampoco se ha resuelto la solicitud de medida cautelar allí deprecada, actuación esta última que requirió mediante escritos de 24 de octubre y 18 de noviembre de 2025.

I.2.- Hechos

Indicó que el 6 de agosto de 2025 promovió medio de control de reparación directa contra la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2, al cual se le asignó el número único de radicación 202500392-00 y le correspondió por reparto a TRIBUNAL que, mediante auto de 6 de octubre de 2025, inadmitió la demanda.

2 En adelante Fiscalía.3

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auto de 6 de octubre de 2025, inadmitió la demanda.

2 En adelante Fiscalía.3

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Advirtió que el 16 de octubre de 2025 presentó el respectivo escrito de subsanación y que, a la fecha de la presentación de la presente acción de tutela, el TRIBUNAL no había proferido pronunciamiento alguno acerca de la admisión de la demanda y la medida provisional allí deprecada.

Mencionó que referida solicitud de medida cautelar tiene como fin garantizar su supervivencia.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que la autoridad judicial accionada ha incurrido en una mora judicial injustificada, por cuanto no se ha pronunciado acerca de la admisión de la demanda y la medida cautelar allí solicitada.

Resaltó que dicha circunstancia le está causando un perjuicio irremediable, pues se le están vulnerando directamente los derechos a la vida y la salud.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:4

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“[…] III.- PRETENSIONES:

En mérito de lo expuesto, solicito respetuosamente:

1. Tutelar mis derechos fundamentales a la VIDA, SALUD,

DIGNIDAD HUMANA, PETICIÓN y ACCESO EFECTIVO A LA

JUSTICIA.

2. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Magistrado Ponente DR. ANDREW JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ que en un plazo IMPRORROGABLE de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS: a) Resuelva de fondo la Medida Cautelar Humanitaria solicitada. b) Decida de inmediato la orden de protección urgente para que la empresa OXÍGENO DE COLOMBIA se abstenga de retirar mis equipos de soporte vital […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que el actor presentó demanda a través del medio de control de reparación directa, el cual fue repartido el 12 de agosto de 2025 al despacho núm. 003 , del cual es titular el magistrado ANDREW JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ que, mediante auto de 6 de octubre de este año, inadmitió la demanda.

Aseguró que 16 de octubre de 2025 el actor presentó escrito mediante el cual presuntamente subsanó la demanda.

Resaltó que mediante auto de 2 de diciembre de esta anualidad,

Aseguró que 16 de octubre de 2025 el actor presentó escrito mediante el cual presuntamente subsanó la demanda.

Resaltó que mediante auto de 2 de diciembre de esta anualidad, rechazó la demanda, puesto que no se subsanó en debida forma la demanda instaurada.5

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Manifestó que en el presente caso se debe declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que lo pretendido por el actor fue resuelto.

I.5.2.- la FISCALÍA indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por la parte actora, por lo que solicitó que ser desvinculada del presente amparo por falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.5.3.- la SECRETARÍA pese a ser notificada en debida forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.6

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.6

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Cuestión previa

La Sala advierte que la FISCALÍA solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le

sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferen te y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.7

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La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aqu élla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite

el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduc e que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el res ponsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la entidad en mención fue demandada dentro del proceso de reparación directa objeto de tutela, la Sala concluye que le asiste interés directo en la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos result en vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley8

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2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia , a la vida, a la salud y a la dignidad humana, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, al haber incurrido en una presunta mora judicial injustificada, por cuanto presuntamente no se ha pronunciado respecto de la admisión de la demanda dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2025-00392-00, ni tampoco se ha resuelto la solicitud de medida cautelar allí deprecada, actuación esta última que requirió mediante escritos de 24 de octubre y 18 de noviembre de 2025. En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".9

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invocados por el actor, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludido, de igual forma si se vulneró su garantía individual de petición al presuntamente no dar respuesta de fondo, clara y concreta a las solicitudes formuladas por el actor.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados, pero, antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales.

En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido.

De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solic itud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de10

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cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de10

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que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de julio de 20084, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2008 -0051700, en la que se indicó lo siguiente:

“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de p etición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC -2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso) 5, la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado

Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso) 5, la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte

Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial

4 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 5 Criterio que contó con salvamento de voto de los señores consejeros doctores Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.11

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puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden dis tinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el

jueces pueden dis tinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T -377 de 2000 MP

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimi entos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades ju diciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades ju diciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.”

(Sentencia T -178-00. MP JOSÉ GREGOR IO HERNANDEZ

GALINDO)”. [...]”.12

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Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferent es asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc)6.

la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc)6.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Esta do, pero circunscrita al ámbito propio de la competencia7 que le asigna la ley8 […]”.

6 Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. 7 Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las siguientes características: “La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad. La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,

imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general”. 8 Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.13

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En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor es que el TRIBUNAL de respuesta a las solicitudes de 24 de octubre y 18 de noviembre de 2025, de forma clara, de fondo y concreta, lo cual implica una actuación del juez ordinario dentro del proceso judicial objeto de estudio, por lo que consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el ampa ro solicitado respecto del derecho de petición alegado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la autoridad judicial accionada incurrió en una mora judicial injustificada dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2025-00392-00.

Ello, por cuanto en atención al criterio adoptado por esta Sección en sentencia de 17 de noviembre de 2017 9 -según el cual en estos eventos el juez deberá abordar el estudio de la acción de tutela bajo

Ello, por cuanto en atención al criterio adoptado por esta Sección en sentencia de 17 de noviembre de 2017 9 -según el cual en estos eventos el juez deberá abordar el estudio de la acción de tutela bajo la égida de una posible afectación al derecho fundamental al debido proceso como consecuencia de haberse incurrido en una mora

9 Consejo de Estado, Sección Primera; M.P.: María Elizabeth García González; Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia Hernández Valenzuela; Demandado: Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila.14

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judicialprocede la Sala a analiz ar si en el sub examine se acreditó la mora judicial injustificada.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “ […] fenómeno multicausal y estructural […] ”10 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justi cia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional 11 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.

10 Corte Constitucional, Sala Primer a de Revisión , sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María Victoria Calle Correa. 11 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño15

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En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada.

Al respecto, la Corte12 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los de rechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable,

incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora 13. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaz a al debido proceso y por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.

12 Ibidem. 13 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)».16

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• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos e ventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”14.

13.5. En la providencia T-230 de 201315, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el vol umen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la

de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional16.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la Corte (i) niega la protección constitucional17, en otros, (ii) ordena la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de especial protección y/o vulnerabilidad 18; y, en otros, (iii) dispone un amparo transitorio19.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU -394

14 «En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido e