CE - Sentencia 11001031500020250759500 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de diciembre dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Demandante: RAFAEL ANTONIO OVALLE ARCHILA

Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. NIEGA EL REPARO POR

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia de segunda instancia que revocó la decisión de primer grado que había declarado la nulidad del acto de llamamiento al señor Jorge Edgar Flórez Herrera a ocupar una curul en el concejo municipal de Bucaramanga, como miembro de la coalición Unidad Alternativa y militante del partido político Polo Democrático Alternativo, para el término restante del período constitucional 2020 -2023. Sin embargo, la Sala declarará improcedente el defecto procedimental por incumplir el requisito de relevancia constitucional en cuanto a los reproches anotados frente a la sentencia, toda vez que la acción de tutela no está prevista para cuestionar desacuerdos meramente subjetivos de las partes inconformes con el sentido de las decisiones judiciales, sino para enmendar violaciones evidentes y trascendentes

prevista para cuestionar desacuerdos meramente subjetivos de las partes inconformes con el sentido de las decisiones judiciales, sino para enmendar violaciones evidentes y trascendentes de derechos fundamentales derivadas de actuaciones judiciales abiertamente arbitrarias, al tiempo se negará el defecto por desconocimiento del precedente.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Rafael Antonio Ovalle Archila1, por intermedio de apoderado judicial, en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 5 de junio de 2025, proferida por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

1 El escrito fue radicado el 28 de noviembre de 2025.2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones para integrar el Concejo Municipal de Bucaramanga, período 2020-2023, en las cuales el señor Jorge Édgar Flórez Herrera participó como candidato por la coalición Unidad Alternativa, integrada, entre otras colectividades, por el Partido Polo Democrático Alternativo (PDA), organización política de la cual era militante.

1. Los miembros con las votaciones más altas fueron Jorge Edgar Flórez Herrera con

entre otras colectividades, por el Partido Polo Democrático Alternativo (PDA), organización política de la cual era militante.

1. Los miembros con las votaciones más altas fueron Jorge Edgar Flórez Herrera con 2,136 votos y Rafael Antonio Ovalle Archila con 815 votos.

1. Sin embargo, en aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, la Coalición debió ceder su curul al señor Jaime Andrés Beltrán, quien fue el segundo aspirante a la alcaldía municipal de Bucaramanga con la segunda votación más alta.

1. El señor Jorge Edgar Flórez Herrera, quien cedió su curul, decidió continuar con su

carrera política como aspirante a la Cámara de Representantes, por el partido Alianza Verde, para el periodo constitucional 2022-2026.

1. El 19 de julio de 2023, el señor Jaime Andrés Beltrán presentó su renuncia como concejal y, en consecuencia, quedó vacante el cargo.

1. El 26 de julio de 2023, mediante Oficio CNE-S-2023-004648-DVIE-700, el Consejo Nacional Electoral informó al Concejo Municipal de Bucaramanga a quién debía recaer la provisión de la curul vacante en dicha corporación y señaló que el llamado correspondía al señor Jorge Édgar Flórez Herrera, en representación de la coalición

Unidad Alternativa.

1. El 30 de julio de 2023, en sesión plenaria, el Concejo Municipal de Bucaramanga realizó el llamamiento a ocupar la curul y la toma de posesión y juramento al señor Jorge Édgar Flórez Herrera, como miembro de la colectividad mencionada, después de

realizó el llamamiento a ocupar la curul y la toma de posesión y juramento al señor Jorge Édgar Flórez Herrera, como miembro de la colectividad mencionada, después de constatar una certificación de su afiliación vigente a dicho partido el 27 de julio de 2023.3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

1. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor Rafael Antonio Ovalle Archila presentó demanda en contra de los Oficios nos. CNE-S-2023-004648-DVIE-700 y CNE-E-DI-2023-000917, expedidos por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con los cuales, el 30 de julio de 2023, en sesión plenaria en el Concejo Municipal de Bucaramanga se realizó la toma de posesión y juramento al señor Jorge Édgar Flórez Herrera, como miembro de la coalición Unidad Alternativa, y militante del partido político Polo Democrático Alternativo, para el término restante del período constitucional 2020-20232.

1. Mediante sentencia anticipada del 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del Oficio no. CNE-S-2023-004648-DVIE-700, tras determinar que el señor Flórez Herrera presentó su renuncia al Partido Polo Democrático Alternativo para postularse a las elecciones al Congreso de la República para el periodo 2022-2026 con el aval del partido Alianza Verde, situación que lo hizo perder los derechos que tenía hasta ese momento con el régimen estatutario del PDA.

1. Luego entonces la reafiliación posterior al partido le confirió nuevamente la calidad

2022-2026 con el aval del partido Alianza Verde, situación que lo hizo perder los derechos que tenía hasta ese momento con el régimen estatutario del PDA.

1. Luego entonces la reafiliación posterior al partido le confirió nuevamente la calidad de militante, pero no el restablecimiento del derecho a ocupar una eventual curul sobreviniente en el Concejo de Bucaramanga para el periodo 2020-2023, por considerar que tal interpretación desconocería la prohibición de doble militancia, ya que sería tanto como considerar que el demandado tenía derecho a conservar la expectativa de elección con el PDA, mientras que aspiraba a una curul a la Cámara de Representantes con el Partido Verde para el periodo 2022-2026.

1. En conclusión, el llamamiento a ocupar curul del demandado se dio con falta de los requisitos constitucionales y legales y, por ende, con infracción a las normas en que debería fundarse.

1. El demandado interpuso recurso de apelación que se basó en que i) conforme con las pruebas obrantes en el expediente, al momento de la posesión en la curul vacante cumplía más de un año de militancia ininterrumpida en el partido Polo Democrático Alternativo; ii) mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 2022, el partido Alianza Verde informó que no era posible expedir certificado de renuncia, por cuanto no existía registro de su inscripción o militancia en dicha colectividad; iii) en el fallo cuestionado se

2 El proceso se registró con el número de radicación 68001-23-33-000-2023-00408-00/01.4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

reconoció que el secretario general del Polo Democrático Alternativo informó que, tras revisar la documentación, se encontró una nueva afiliación a esa organización política el 3 de diciembre de 2022; iv) aun si hubiese pertenecido en algún momento a otra colectividad, ello no alteraba la curul a la que fue llamado a posesionarse, pues correspondía al mismo partido, lo que configuraría un caso atípico y al momento de la posesión cumplía todos los requisitos legales y v) de conformidad con la jurisprudencia aplicable las curules pertenecen a los partidos y no a las personas, por lo que, al haber sido el partido el Polo Democrático Alternativo la colectividad que obtuvo la curul dentro de la coalición Unidad Alternativa y ser el demandado su candidato más votado, no se vulneró el principio de representación partidaria.

1. En providencia del 5 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la decisión que declaró la nulidad de los actos demandados y, en su lugar, negó las pretensiones, tras concluir que el llamamiento a ocupar una curul vacante no se agota en la constatación de que esta pertenece a un partido político, sino que exige verificar, de manera concurrente, el orden sucesivo y descendente de la lista y la militancia efectiva del llamado en la colectividad titular al momento en que se configuró la vacancia.

1. Así mismo, analizó el alcance de la renuncia previa presentada por el demandado para aspirar por otra colectividad y concluyó que dicha circunstancia no tenía la virtualidad

1. Así mismo, analizó el alcance de la renuncia previa presentada por el demandado para aspirar por otra colectividad y concluyó que dicha circunstancia no tenía la virtualidad de impedir el llamamiento, en la medida en que lo relevante no era la situación partidaria pasada, sino la existente al momento de la vacancia, en ese sentido, consideró acreditado que la posterior afiliación al Polo Democrático Alternativo era válida y suficiente para cumplir el presupuesto subjetivo exigido constitucionalmente.

1. De igual forma, descartó la aplicación automática de las disposiciones estatutarias del partido que prevén la pérdida de derechos, por estimar que estas no constituyen normas constitucionales ni legales directamente aplicables al acto de llamamiento y, además, que tales consecuencias se predican de quien ejerce una curul en representación del partido, supuesto que no se configuraba en el caso concreto.

1. Finalmente, reiteró que las curules pertenecen a las organizaciones políticas y no a las personas, por consiguiente, el llamamiento controvertido respetó el principio de representación partidaria, pues recayó en el candidato que seguía en el orden de votación dentro de la lista de la colectividad que obtuvo la curul.5

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Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

Fundamento de la vulneración

El actor alegó que la sentencia de segunda instancia incurrió en defecto procedimental absoluto por desconocer los efectos jurídicos definitivos de la renuncia presentada por el señor Jorge Edgar Flórez Herrera al partido Polo Democrático Alternativo para aspirar a un cargo de elección popular con el aval de otra colectividad.

absoluto por desconocer los efectos jurídicos definitivos de la renuncia presentada por el señor Jorge Edgar Flórez Herrera al partido Polo Democrático Alternativo para aspirar a un cargo de elección popular con el aval de otra colectividad.

A su juicio, la Sección Quinta del Consejo de Estado introdujo una regla no prevista en el orden constitucional ni legal por considerar que la posterior reafiliación al partido permitía restablecer el derecho a ser llamado a ocupar una curul vacante, pese a que la renuncia había extinguido los derechos y expectativas derivados de la lista y de la coalición para el período constitucional 2020-2023.

Así mismo, el actor sostuvo que la providencia cuestionada desconoció el precedente jurisprudencial por apartarse de la línea reiterada de la Sección Quinta del Consejo de Estado conforme con la cual la renuncia a un partido político comporta la pérdida de los derechos políticos derivados de la pertenencia a la lista electoral, sin que una afiliación posterior tenga la entidad de revivir situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad3.

Dicho precedente fue correctamente aplicado por el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia de primera instancia, pero injustificadamente desconocido por la decisión mayoritaria de segunda instancia.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“Solicito respetuosamente al Honorable CONSEJO DE ESTADO, hacer las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Declarar al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, responsable de la vulneración del derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, en consonancia con el derecho

PRIMERA: Declarar al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, responsable de la vulneración del derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, en consonancia con el derecho

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, magistrado ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 17 de julio de 2014, radicado: 11001 -03-28-000-201300040-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de noviembre de 2024, rad. 27001-23-33-000-2023-00110-01 (Principal).6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

fundamental de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, al incurrir en un DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO y en DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, al proferir la sentencia de segunda instancia dentro del trámite de la acción de nulidad electoral proveniente del Tribunal Administrativo de Santander, y surtida bajo radicado 68001-23-33-0002023-00408-01.

SEGUNDA: Ordenar a la CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el día cinco (5) de junio de 2025, dentro del trámite de la acción de nulidad electoral proveniente d el Tribunal Administrativo de Santander, y surtida bajo radicado 68001-23-33-000-2023sentencia de segunda instancia proferida el día cinco (5) de junio de 2025, dentro del trámite de la acción de nulidad electoral proveniente d el Tribunal Administrativo de Santander, y surtida bajo radicado 68001-23-33-000-202300408-01, y en su lugar proveer el fallo judicial que corresponda, dando aplicación al precedente jurisprudencial de la Corporación, citado en el salvamento de voto del Honorable Magistrado Dr. OMAR JOAQUÍN BARRETO

SUÁREZ.

TERCERA: Proveer lo que en derecho corresponda”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI- índice 2).

Actuación procesal

Mediante auto del 1 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al tiempo que se vinculó como tercero con interés, al señor Jorge Édgar Flórez Herrera, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, a los miembros del Concejo Municipal de Bucaramanga (Santander) y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 05 de Samai).

Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Santander manifestó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor (índice 15 de Samai).

La Registraduría Nacional del Estado Civil carece de competencia para pronunciarse en

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Santander manifestó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor (índice 15 de Samai).

La Registraduría Nacional del Estado Civil carece de competencia para pronunciarse en cuanto a las pretensiones del accionante toda vez que, la Constitución y la Ley le asignó la misionalidad de “(…) dirección organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas”, por su parte, la expedición de autos y sentencias en los procesos judiciales está a cargo de los jueces de la República (índice 16 de Samai).7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

El Consejo Nacional Electoral solicitó ser desvinculado del presente trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez q ue no expidió la providencia cuya vulneración se predica y señaló que la única relación que existió con el caso en concreto fue mediante los Oficios CNE-S-2023-004648-DVIE-700 y CNE-E-DI-2023-000917, a través de los cuales se limitó exclusivamente a resolver una consulta formulada, sin que en dichos pronunciamientos se haya adoptado decisión de fondo alguna respecto a la posesión del concejal (índice 18 de Samai).

La magistrada ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional o, en su defecto, se niegue el amparo por no configurarse los defectos alegados (índice 19 de Samai).

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

relevancia constitucional o, en su defecto, se niegue el amparo por no configurarse los defectos alegados (índice 19 de Samai).

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitudes de desvinculación y 3) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

Solicitudes de desvinculación

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, la Sala negará dichas solicitudes, toda vez que ambos fueron vinculadas al presente trámite en

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, la Sala negará dichas solicitudes, toda vez que ambos fueron vinculadas al presente trámite en calidad de terceros con interés por haber intervenido en el proceso de nulidad electoral, con el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción y para que aportaran los elementos probatorios que obraran e n su poder, sin que ello implique atribuirles responsabilidad respecto de la providencia judicial cuestionada.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 5 de junio de 2025.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional el defecto procedimental y negará el desconocimiento del precedente, por las siguientes razones:

La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientad os a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente4, la Corte ha reiterado

convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente4, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal5”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto

planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto

4 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022. 5 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales6”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00

Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila Acción de tutela

providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.7

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la C orte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni r eabrir litigios legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en

de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El