CE - Sentencia 11001031500020250764900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07649-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: RAMIRO JOSÉ PACHECO SUÁREZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA. LA

DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE ASPECTOS QUE FUERON

RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL

ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMEN TALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, LIBERTAD, LIBRE

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, DIGNIDAD HUMANA Y FAMILIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 1 y la SALA DE DE CISIÓN NÚM. 1 DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR2.

1 En adelante el Juzgado. 2 En adelante el Tribunal.2

DE CARTAGENA 1 y la SALA DE DE CISIÓN NÚM. 1 DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR2.

1 En adelante el Juzgado. 2 En adelante el Tribunal.2

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Actor: RAMIRO JOSÉ PACHECO SUÁREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor RAMIRO JOSÉ PACHECO SUÁREZ , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad, al libre desarrol lo de la personalidad, a la dignidad humana, a la familia y al principio de reparación integral, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido la s providencias de 1o. de septiembre de 2023 y 30 de septiembre de 2024 , respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2016-00120-01.

I.2.- Hechos

Sostuvo que fue privado de la libertad el 20 de septiembre de 2002 en el marco de una investigación penal y, mediante sentencia de 5 de julio de 2007 , el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla ordenó su libertad inmediata.3

en el marco de una investigación penal y, mediante sentencia de 5 de julio de 2007 , el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla ordenó su libertad inmediata.3

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Señaló que, pese a lo anterior, permaneció recluido de forma ilegal por 7 años , 1 mes y 15 días , razón por la que presentó acción de habeas corpus la cual fue resuelt a de for ma favorable mediante sentencia de 20 de agosto de 2014.

Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se declarara la responsabilidad Estatal por los perjuicios derivados de la presunta privación injusta de la libertad a la que fue sometido , la cual fue identificada con el número único de radicación 2016-00120-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, en sentencia de 1o. de septie mbre de 2023, denegó las pretensiones de la demanda.

Aseguró que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 30 de septiembre de 2024, confirmó la decisión del a quo.

Precisó que “[…] La debilidad argumentativa del fallo del Tribunal se evidencia en la Aclaración de Voto que acompañó la Sentencia del 30

providencia de 30 de septiembre de 2024, confirmó la decisión del a quo.

Precisó que “[…] La debilidad argumentativa del fallo del Tribunal se evidencia en la Aclaración de Voto que acompañó la Sentencia del 30 de septiembre de 2024. En este documento se expresa que, a juicio4

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de uno de sus miembros, "ni siquiera está probado el daño antijurídico...". Esta posición demuestra la falta de consenso y la arbitrariedad en la valoración probatoria […]”.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico por valoración probatoria irrazonable y arbitraria, al ignorar las pruebas documentales que certifican la ilegalidad de la detención.

Manifestó que fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad personal y a la reparación integral, por cuanto la privación de la libertad exige siempre un mandamiento por escrito de la autoridad judicial.

Resaltó que las autoridades judiciales accionadas también incurrieron en desconocimiento del precedente judicial al desatender la sentencia de unificación de 4 de junio de 2021 , proferida por el Consejo de Estado, que establece de manera clara y vinculante que la prolongación indebida de la privación de la libertad, sin título legal,5

sentencia de unificación de 4 de junio de 2021 , proferida por el Consejo de Estado, que establece de manera clara y vinculante que la prolongación indebida de la privación de la libertad, sin título legal,5

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configura un daño antijuridico imputable al Estado, situándolo así en una posición de desigualdad material y jurídica frente a la jurisprudencia consolidada.

Sumado a lo anterior, aseguró que también se incurrió en defecto sustantivo por interpretación y aplicación irrazonable del artículo 167 del Código General del Pro ceso relativo a la carga probatoria, haciendo inoperante el derecho a la reparación integral del daño antijurídico y desconociendo la primacía del derecho fundamental a la libertad.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS las siguientes providencias por incurrir en Vía de Hecho:

• Sentencia No. 34/2024 del 30 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. • Sentencia No. 096 del 1 de septiembre de 2023 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo.6

2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. • Sentencia No. 096 del 1 de septiembre de 2023 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo.6

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• TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 001, que dentro del términ o máximo e improrrogable de diez (10) días , profiera una nueva

sentencia sustitutiva que:

1. DECLARE la responsabilidad patrimonial de la Nación.

2. Se AJUSTE estrictamente al precedente vinculante sobre prolongación indebida de la libertad.

3. DISPONGA la Repa ración Integral de los perjuicios causados por la detención ilegal.

CUARTO: SOLICITAR a esta Alta Corporación que, de conformidad con la normativa constitucional y legal, ordene la remisión del expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual Revisión (Selección para Revisión), dada la trascendencia y gravedad del caso que involucra la afectación masiva del derecho a la libertad […]” (Destacado pertenece al texto).

I.5.- Defensa

I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ) solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que

I.5.- Defensa

I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ) solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene injerencia alguna en las pretensiones incoadas y, además, que se deniegue el amparo solicitado, por cuanto no se vislumbra la vulneración alguna de los derechos fundamentales invocado s, así como tampoco la configuración de algún defecto.

Señaló que la tesis acogida por la Sala Plena del Consejo de Estado7

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dispone la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, únicamente en los casos en que se vulneren los derechos fundamentales constitucionales relacionados con el debido proceso y el acceso a la administración de justici a, por tratarse precisamente de garantías esenciales de un proceso de naturaleza constitucional.

I.5.2. La DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional, por cuanto no ha vulnerado ni amen azado derecho fundamental alguno.

I.5.3. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, denegar el amparo solicitado, toda vez que no se han vulnerado los derechos

derecho fundamental alguno.

I.5.3. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, denegar el amparo solicitado, toda vez que no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor y lo que se pretende es convertir la acción constitucional en una tercera instancia, lo cual, a su juicio, no solo incumple los requisitos exigidos por la Corte Constitucional sino también la carga probatoria que se le exige a las partes.8

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I.5.4. La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitó declarar improcedente la presente acción constitu cional, debido a que lo pretendido por el accionante es reabrir el debate legal ya definido, terminado y ejecutoriado y, además, solicitó s er desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.5.5. El INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) solicitó s er desvinculado por falta de legitimación en la causa por pasiva , por cuanto no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales invocados por el actor y, además, son las autoridades judiciales accionadas las llamadas a responder por las pretensiones de la demanda.

I.5.6. El JUZGADO se limitó a enviar el expediente del medio de

además, son las autoridades judiciales accionadas las llamadas a responder por las pretensiones de la demanda.

I.5.6. El JUZGADO se limitó a enviar el expediente del medio de control de reparación directa objeto del presente estudio.

I.5.7. El TRIBUNAL y los señores ANA LUCÍA SUÁREZ PACHECO,

PEDRO JOSÉ PACHECO RIQUEME , MIGUEL ÁNGEL, MARCIAL,

AMANDA DEL CARMEN , JESÚS MARÍA y JUAN ANTONIO

PACHECO SUÁREZ , ANA FELICIA ROMERO ORDOÑEZ ,

YARLEDIS GORDÓN BELLO y RAFAEL ENRIQUE ÁVILA9

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PACHECO, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la DEAJ, la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el INPEC, solicitaron ser desvinculados de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.10

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el méri to de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite11

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Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite11

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procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la co nducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que las citadas entidad es fungieron como parte demandada y fueron vinculadas dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2016-00120-01, objeto del presente estudio, les asiste interés directo en las resultas del proceso de la referencia, razón por la cual la Sala denegará su s solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela12

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contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional13

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so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de

perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbor de institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principi os de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crí menes de lesa humanidad,

con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crí menes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que gen eraron la vulneración como los derechos14

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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afec tación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias pro feridas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud

los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias pro feridas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalad o la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia imp ugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo15

o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo15

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la familia y al

amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la familia y al principio de reparación integral y, en consecuencia, se deje n sin efectos las providencias de 1o. de septiembre de 2023 y 30 de septiembre de 2024, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2016-00120-01.

A la s citadas providencias se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a juicio del16

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actor, se incurrió en los defectos fáctico , sustantivo y desconocimiento del precedente al realizar una valoración irrazonable y arbitraria de las pruebas documentales que certificaban la ilegalidad de su detención y al apartarse del precepto jurisprudencial, pues era claro que la privación de la libertad de la que fue objeto fue injusta, por lo que se debió declarar la responsabilidad del Estado.

En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se presentó contra el JUZGADO y el TRIBUNAL, lo cierto es que la providencia de 30 de septiembre de 2024 fue la que puso fin al

En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se presentó contra el JUZGADO y el TRIBUNAL, lo cierto es que la providencia de 30 de septiembre de 2024 fue la que puso fin al proceso, razón por la que la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados a la sentencia proferida por el ad quem.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en l os defectos fáctico , sustantivo y desconocimiento del precedente, al haber proferido la providencia de 30 de17

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Actor: RAMIRO JOSÉ PACHECO SUÁREZ

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septiembre de 2024 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2016-0012001.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, e n especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, e n especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo e sta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicit ud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías18

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Actor: RAMIRO JOSÉ PACHECO SUÁREZ

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esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones compro metedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto q