CE - Sentencia 11001031500020260112801 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260112801 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Cinco (5) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-01128-01

Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Demandado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BARRANQUILLA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca el fallo que declaró la improcedencia por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional, para en su lugar, acceder al amparo solicitado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala procede a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 17 de julio de 2026, dictado por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Luciano Grisales Londoño, en nombre propio y en su calidad de director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Luciano Grisales Londoño, en nombre propio y en su calidad de director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia.

La parte actora estimó que sus garantías constitucionales se vulneraron con ocasión de las providencias proferidas el 23 de octubre y 12 de noviemb re de 2025 en el incidente de desacato identificado con el radicado 08001 -33-33-0062025-00132-00/01.Demandante: UGPP

Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

Primero. Se ACCEDA al decreto de la medida provisional de suspensión de la sanción de multa de 1 smlmv impuesta al señor LUCIANO GRISALES LONDOÑO en su calidad de Director General de la Unidad dentro de la acción de tutela 202500132 en auto del 18 de julio de 2025 emitido por el JUZGADO SEXTO

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y modificado por el

en su calidad de Director General de la Unidad dentro de la acción de tutela 202500132 en auto del 18 de julio de 2025 emitido por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y modificado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN “C” en sede de consulta en decisión del 05 de agosto de 2025, mientras se resuelve de fondo el caso que se pone de presente ante su señoría.

Como consecuencia de tal medida se ordene lib rar los oficios ante las autoridades de cobro coactivo pertinentes y al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA con el fin de que emitan las decisiones ante las autoridades pertinentes.

Segundo. Sean AMPARADOS los derechos fundament ales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor LUCIANO GRISALES LONDOÑO en su calidad de Director General de la Unidad, en razón a la negativa de acceder a inaplicar la sanción de multa y el consecuente levantamiento de tal medid a a él impuesta dentro del trámite incidental de la acción de tutela 2025 -00132 ante el cabal cumplimiento de la sentencia del 20 de junio de 2025 con la expedición de la Resolución RDP 008621 del 24 de julio de 2025, la cual fue debidamente notificada a quien acciona desde el 31 de julio de 2025.

Tercero. Consecuentemente DEJAR sin efectos los autos del 23 de octubre de 2025 y 12 de noviembre de 2025 dictados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA dentro de la acción

Tercero. Consecuentemente DEJAR sin efectos los autos del 23 de octubre de 2025 y 12 de noviembre de 2025 dictados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA dentro de la acción de tutela 08001333300620250013200 donde se negó inaplicar la sanción de multa impuesta al señor LUCIANO GRISALES LONDOÑO, en su calidad de Director General de la Unidad, por la grave configuración del defecto material o sustantivo en razón al desconocimiento que de los precedentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado hizo ese estrado judicial para resolver nuestras peticiones del 08 de agosto de 2025 y 24 de octubre de 2025.

Cuarto. ORDENAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQ UILLA, que expida una decisión judicial en la cual se ACCEDA AINAPLICAR la sanción de multa que le fue impuesta al señor LUCIANO GRISALES LONDOÑO, en su calidad de Director General de la Unidad ante el cabal cumplimiento de la sentencia de tutela y como consecuencia de ello se ordene librar los oficios de levantamiento de tal medida económica ante las autoridades pertinentes por no existir orden pendiente de ejecución.

Como medida provisional solicitó la suspensión de la sanción por multa que le fue impuesta, hasta que se resuelva la presente acción de tutela.

1.3. Hechos

La parte demandante sostuvo que la señora Yolanda Joselina González Llinás promovió acción de tutela contra la UGPP por la falta de respuesta a su solicitud del 19 de septiembre de 202 4, relativa a l reconocimiento y pago de una

La parte demandante sostuvo que la señora Yolanda Joselina González Llinás promovió acción de tutela contra la UGPP por la falta de respuesta a su solicitud del 19 de septiembre de 202 4, relativa a l reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva.Demandante: UGPP

Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Expuso que el 20 de junio de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla ordenó emitir y notificar una respuesta clara y de fondo dentro de los dos días siguientes a la notificación del fallo.

Indicó que, debido al incumplimiento de la orden de amparo, mediante auto del 29 de julio de 2025, el juzgado sancionó al señor Luciano Grisales Londoño, como director general de la UGPP, con multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Afirmó que el 1° de agosto de 2025 presentó un escrito en el que pidió que se revocara la sanción pues cumplió la orden con la Resolución RDP 008621 del 24 de julio de 2025, notificada el 31 de julio siguiente , pero que e l Tribunal Administrativo del Atlántico, al resolver la consulta el 5 de agosto del mismo año, redujo la multa a un salario mínimo legal mensual vigente.

Mencionó que el 8 de agosto del mismo año solicitó inaplicar la sanción, pero el

Administrativo del Atlántico, al resolver la consulta el 5 de agosto del mismo año, redujo la multa a un salario mínimo legal mensual vigente.

Mencionó que el 8 de agosto del mismo año solicitó inaplicar la sanción, pero el juzgado mediante providencia del 23 de octubre de 2025 denegó lo pedido y con auto del 12 de noviembre siguiente resolvió desfavorabl emente el recurso de reposición, al considerar que la autoridad no actuó con la diligencia necesaria para cumplir oportunamente el fallo de tutela y porque el cumplimiento tardío no desvirtuaba la conducta negligente que dio lugar a la sanción.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que la sanción impuesta al señor Luciano Grisal es Londoño carecía de finalidad una vez cumplida la orden de tutela y que mantenerla desconocía la naturaleza del incidente de desacato.

Alegó la configuración de un «defecto sustantivo » por desconocimiento del precedente, para lo cual hizo referencia a las sentencias T -421 de 2003, T-171 de 2009 y SU -034 de 2018, entre otras, así como a decisiones del Consejo de Estado del 24 de septiembre de 2015, 19 de mayo de 2016 y 14 de mayo de 20201, en las que se acogió la tesis según la cual es posible levantar la sanción de desacato cuando se haya cumplido la orden tutelar, incluso cuando se haya decidido el grado jurisdiccional de consulta, pues la finalidad del desacato es persuasiva y no sancionatoria.

Cuestionó que el tribunal que resolvió la consulta no hubiera valorado oportunamente el memorial presentado el 1° de agosto de 2025.

persuasiva y no sancionatoria.

Cuestionó que el tribunal que resolvió la consulta no hubiera valorado oportunamente el memorial presentado el 1° de agosto de 2025.

1.5. Trámite

Mediante auto del 23 de febrero de 2026, el a quo admitió la acción de tutela y, por consiguiente, ordenó notificar al juzgado demandado.

1 La parte actora no identificó los expedientes de dichas providencias.Demandante: UGPP

Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Asimismo, vinculó al Tribunal Administrativo del Atlántico y a la señora Yolanda Joselina González Llinás y deneg ó la medida provisional al considerar que tenía el mismo propósito que la demanda c onstitucional y que no se observaba un perjuicio irremediable que se mitigara con la suspensión de la decisi ón demandada.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla

Este despacho judicial solicitó declarar improcedente el amparo, al considerar que la UGPP no acreditó la diligencia suficiente que justificara inaplicar la multa, pues el cumplimiento de la orden fue tardío.

Sostuvo que la presente acción de tutela debe declararse improcedente, por cuanto la sanción fue impuesta con observancia del precedente constitucional, en particular de la sentencia SU-034 de 2018.

el cumplimiento de la orden fue tardío.

Sostuvo que la presente acción de tutela debe declararse improcedente, por cuanto la sanción fue impuesta con observancia del precedente constitucional, en particular de la sentencia SU-034 de 2018.

Resaltó que no se acreditaron circunstancias excepcionales que hubieran impedido el cumplimiento oportuno del fallo ni actuaciones positivas encaminadas a demostrar la voluntad real de acatarlo.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Atlántico

Esta corporación solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, subsidiariamente, denegar el amparo deprecado por la parte actora.

Indicó que el memorial del 1° de agosto de 2025 solo fue registrado por la secretaría el 14 de agosto siguiente , después de la decisión que resolvió el grado jurisdiccional de consulta.

Manifestó que la providencia demandada no incurrió en alguno de los d efectos alegados, pues fue adoptada con fundamento en las pruebas que obraban en el expediente y que se encontraban a disposición del despacho para el 5 de agosto de 2025.

Sostuvo que de la lectura de la demanda de tutela se evidencia que la UGPP pretende reabrir un debate ya decidido por el juez natural.

Agregó que el auto del 5 de agosto de 2025 fue notificado el 6 de agosto siguiente, mientras que la presente acción de tutela fue interpuesta el 16 de febrero de 2026, circunstancia que, a su juicio, evidencia el incumplimiento del requisito de inmediatez.Demandante: UGPP

Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla

febrero de 2026, circunstancia que, a su juicio, evidencia el incumplimiento del requisito de inmediatez.Demandante: UGPP

Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-01 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.3. Yolanda Joselina González Llinás

La referida vinculada guardó silencio, pese a su notificación.

1.7. Sentencia de primera instancia

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado2, mediante fallo del 17 de julio de 2026 declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Señaló que, si bien se comprendía la inconformidad de la UGPP frente a la negativa de acceder a dicha solici tud, lo cierto era que no se advertía que la autoridad judicial accionada hubiera adoptado una decisión arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable que justificara la intervención excepcional del juez de tutela.

Indicó que las decisiones demandadas se encontraban motivadas , que el debate pretendía reabrir la valoración judicial del cumplimiento del fallo de tutela objeto del incidente e imponer la propia interpretación sobre las consideraciones de la autoridad demandada y porque lo cuestio nado correspondía a aspectos de la estricta legalidad de la sanci ón, así como a las consecuencias económicas derivadas de su mantenimiento.

autoridad demandada y porque lo cuestio nado correspondía a aspectos de la estricta legalidad de la sanci ón, así como a las consecuencias económicas derivadas de su mantenimiento.

Adujo que la discrepancia sobre la multa no evidenciaba, por sí sola, una afectación constitucional.

1.8. Impugnación

La parte actora impugnó oportunamente el fallo de primera instancia, para lo cual solicitó que se revocara dicha decisión y se accediera al amparo solicitado.

Sostuvo que la controversia no era meramente económica, pues se discutía la permanencia de una sanción por desacato y la protección del debido proceso.

Reiteró que la Resolución RDP 008621 del 24 de julio de 2025 satisfizo íntegramente la orden, que no existe obligación pendiente por cumplir y que el juzgado desconoció precedentes que p ermiten inaplicar sanciones incluso después de su ejecutoria.

Recordó que la sanción exige responsabilidad subjetiva y que no se probó conducta negligente atribuible al funcionario sancionado.

2 El consejero William Barrera Muñoz al advertir que el proyecto de fallo presentado en la sesión de Sala celebrada el 17 de abril de 2026 fue derrotado, mediante auto del 22 de junio de 2026 ordenó remitir el expediente al despacho de la magistrada Adriana Polidura Castillo para la elaboración de la correspondiente ponencia En cumplimiento de lo anterior, el 24 de junio de 2026 el expediente ingresó al despacho de la magistrada en mención para su correspondiente trámite.Demandante: UGPP

Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla

En cumplimiento de lo anterior, el 24 de junio de 2026 el expediente ingresó al despacho de la magistrada en mención para su correspondiente trámite.Demandante: UGPP

Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.9. Trámite posterior

Mediante auto del 28 de septiembre de 2026 se requirió a la parte actora para que aportara en debida forma el poder conferido y acreditara la calidad del señor Luciano Grisales Londoño como director general de la UGPP.

Con escrito del 5 de octubre de 2026, la parte demandante aportó las imágenes del correo de otorgamiento y aceptación del mandato y el Decr eto 1104 del 4 de julio de 2023, por el cual se nombró al señor Grisales Londoño como director General de la UGPP.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de tutela de primera instancia , según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20193.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo

del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20193.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo del 17 de julio de 2026, dictado por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de procedencia , se analizará si se vulneraron los derechos fundamentale s de la parte accionante con ocasión de las providencias proferidas el 23 de octubre y 12 de noviembre de 2025, dictadas en el incidente de desacato identificado con el radicado 08001 -3333-006-2025-00132-00/01, con las que se denegó inaplicar la multa por desacato, pese al cumplimiento posterior de la orden de tutela.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas en un incidente de desacato y, iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

3 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.Demandante: UGPP

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

3 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.Demandante: UGPP

Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co … [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de f ondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criteri o sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento p or la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento p or la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constituci onalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del a mparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.Demandante: UGPP

Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-01 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tanto, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas en un incidente de desacato

Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, en los siguientes términos:

Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte

desacato, en los siguientes términos:

Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada.4

Del texto trascrito se puede colegir que, en principio, la acción de tutela resulta procedente en los casos en que se le atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales a las providencias proferidas dentro del trámite de un incidente de desa cato. Esta postura complementa lo establecido por esa misma corte en la sentencia SU -627 de 2015 5, en la que estableció como excepciones a la regla general de improcedencia de la tutela contra sentencias de la misma naturaleza, las siguientes:

corte en la sentencia SU -627 de 2015 5, en la que estableció como excepciones a la regla general de improcedencia de la tutela contra sentencias de la misma naturaleza, las siguientes:

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional [68]6.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias j udiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se

4 Corte Constitucional, sentencia T-482 de 2013. 5 Corte Constitucional, expediente T4.496.402. 6 «Supra II, 4.3.5.»Demandante: UGPP

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Circuito Judicial de Barranquilla Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit ); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece co n posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite de l incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.7

2.5. Caso concreto

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.7

2.5. Caso concreto

El señor Luciano Grisales Londoño, en n ombre propio y en su calidad de director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia.

Tales garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las providencias proferidas el 23 de octubre y 12 de noviembre de 2025 en el incidente de desacato identificado con el radicado 08001 -33-33-006-2025-0013200/01.

Para ello, la parte actora alegó la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente al considerar que resultaba procedente la inaplicación de la sanción impuesta debido al cumplimiento de la orden de tutela.

El a quo declaró improcedente la acción de tutel a por no cumplir el requisito d e la relevancia constitucional. La parte actora impugnó.

Así las cosas, para resolver se considera lo siguiente:

En lo referente al presupuesto de la relevancia constitucional cabe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de tutela debe

Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de tutela debe

7 Destacado por la Sala.Demandante: UGPP

Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-01 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene v edado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

En ese sentido, el alto tr ibunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se z anjaron por el juez natural.

Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este mecanismo se convierta en una

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