CE - Sentencia 11001031500020260419401 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260419401 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04194-01
Accionante: NELSON HARVEY FONSECA QUINTERO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – DIVISIÓN
DE COBRO COACTIVO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: RELEVANCIA CONSTITUCIONAL: relevancia constitucional como requisito de procedencia de la acción de tutela. SUBSIDIARIEDAD: agotamiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo idóneo y eficaz. DERECHO A LA INFORMACIÓN: elementos esenciales del derecho a la información en el marco de procedimientos de cobro coactivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resolverá la impugnación presentada por el señor Nelson Harvey Fonseca Quintero, en nombre propio, contra la sentencia del 30 de julio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 32 del Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 1° de junio de 2026, el señor Nelson Harvey Fonseca Quintero, en nombre
de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 1° de junio de 2026, el señor Nelson Harvey Fonseca Quintero, en nombre propio, promovió acción de tutela contra la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
(DEAJ), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al mínimo vital y a la seguridad jurídica.
Hechos relevantes
2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el expediente, se extrae lo siguiente.
3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial inició un proceso de cobro coactivo (radicado 11001-07-90-000-2019-08961-00) contra el señor Nelson Harvey Fonseca Quintero con ocasión de una multa por valor de $353.700.000 impuesta por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en el marco de un proceso penal por el delito de extorsión (radicado 11001-60-00-705-2013-8000700).Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04194-01
Accionante: Nelson Harvey Fonseca Quintero Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – División de Cobro Coactivo Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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4. En el curso del proceso de cobro coactivo, el 18 de noviembre de 2019, la abogada ejecutora de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realizó un cobro persuasivo respecto de la obligación.
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4. En el curso del proceso de cobro coactivo, el 18 de noviembre de 2019, la abogada ejecutora de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realizó un cobro persuasivo respecto de la obligación.
5. Mediante Resolución núm. DEAJGCC20-1264 del 28 de febrero de 2020, la abogada ejecutora de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá libró mandamiento de pago a favor del Consejo Superior de la Judicatura contra el señor Nelson Harvey Fonseca Quintero por la suma de $353.700.000 más los intereses moratorios causados desde que se hizo exigible.
6. A través de la Resolución núm. DEAJGCC23-8073 del 20 de diciembre de 20231, la autoridad ordenó el embargo de los productos bancarios del obligado.
7. Mediante la Resolución núm. DEAJGCC24-9219 del 4 de julio de 2024, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de abogado ejecutor, ordenó seguir adelante con la ejecución, así como evaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados o los que se llegaren a embargar.
8. El 18 de septiembre de 2024, Bancolombia informó al actor que el 17 de julio de 2024 había consignado la suma de $25.137.292,53 en la cuenta de depósito judicial núm. 110019196303 del Banco Agrario, en atención a una medida de embargo sobre su producto bancario.
9. A través de la Resolución núm. DEAJGCC25-9969 del 15 de octubre de 2025, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, declaró la prescripción de la acción
sobre su producto bancario.
9. A través de la Resolución núm. DEAJGCC25-9969 del 15 de octubre de 2025, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, declaró la prescripción de la acción de cobro coactivo y ordenó la terminación del proceso. En consecuencia, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, el archivo del expediente y el retiro del actor del Boletín de Deudores Morosos del Estado. En dicho acto, la autoridad hizo un recuento de las actuaciones del proceso de cobro coactivo e indicó que no se había constituido un depósito judicial a favor de dicho proceso con cargo a algún producto del obligado.
10. Mediante la Resolución núm. DEAJGCC26-1601 del 12 de febrero de 2026, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio de abogado ejecutor, decretó el desembargo de las sumas de dinero y productos bancarios que se tenían a nombre del demandante.
11. El 12 de febrero de 2026, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de abogado ejecutor, respondió a una petición interpuesta por el actor en la que solicitó que no se continuara con la orden de embargo y que se procediera con la devolución del dinero. De acuerdo con la autoridad, ya se había ordenado levantar el embargo de los productos del señor Nelson Harvey Fonseca Quintero, orden que fue notificada a las entidades bancarias. Respecto a la devolución de dinero, señaló que no se había constituido depósito judicial a favor de dicho proceso. Además, en gracia de discusión, afirmó que, si se hubiera constituido un depósito judicial, no sería posible devolver el dinero, el cual se aplicaría como pago de la obligación.
que no se había constituido depósito judicial a favor de dicho proceso. Además, en gracia de discusión, afirmó que, si se hubiera constituido un depósito judicial, no sería posible devolver el dinero, el cual se aplicaría como pago de la obligación. 1 La Sala advierte que este acto no fue allegado por la División de Cobro Coactivo de la DEAJ, pero aquel es referenciado a lo largo del proceso de cobro coactivo.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04194-01
Accionante: Nelson Harvey Fonseca Quintero Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – División de Cobro Coactivo Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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12. El 30 de marzo de 2026, Bancolombia informó al actor que no registraba un proceso de embargo aplicado a su nombre sobre sus productos ni un bloqueo de estos, por lo que su cuenta se encontraba activa.
Pretensiones
13. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRIMERO: TUTELAR mi derecho fundamental al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, MÍNIMO VITAL y a la SEGURIDAD JURÍDICA, vulnerados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y/o al Abogado Ejecutor de la causa que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a oficiar al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a fin de ubicar de forma física y sistemática el título correspondiente al depósito judicial consignado el
que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a oficiar al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a fin de ubicar de forma física y sistemática el título correspondiente al depósito judicial consignado el 17/07/2024 en la cuenta N° 110019196303 por valor de $25.137.292,53.
TERCERO: ORDENAR a la entidad accionada que, una vez localizado dicho depósito judicial, proceda de forma inmediata a realizar el endoso en propiedad, fraccionamiento o transferencia electrónica de devolución de la totalidad de los recursos de capital e intereses causados a favor del suscrito NELSON HARVEY FONSECA QUINTERO, por encontrarse el proceso coactivo terminado y archivado definitivamente.”2
Fundamentos de la demanda de tutela
14. En su escrito, el actor argumentó que la suma de dinero embargada provenía directamente de una liquidación prestacional girada por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, CAJA HONOR, con destinación específica para vivienda nueva o usada. Por ello, sostuvo que el dinero era inembargable. Al respecto, afirmó que el Decreto Ley 1791 de 2000 y la Ley 973 de 2005 establecen que el dinero correspondiente a las asignaciones de retiro, pensiones y fondos administrados por Caja Honor son inembargables. Igualmente, sostuvo que el artículo 594 del Código General del Proceso establece que las pensiones, asignaciones de retiro y dinero depositado en cuentas destinadas al pago de prestaciones sociales son inembargables, salvo excepciones de ley.
15. Además, afirmó que se vulneró su derecho al debido proceso, al mínimo vital y a la propiedad, pues la autoridad retuvo de manera injustificada sus bienes. Señaló
prestaciones sociales son inembargables, salvo excepciones de ley.
15. Además, afirmó que se vulneró su derecho al debido proceso, al mínimo vital y a la propiedad, pues la autoridad retuvo de manera injustificada sus bienes. Señaló que el cobro coactivo es una facultad excepcional del Estado para hacer efectivas obligaciones a su favor. Sin embargo, cuando la administración declara la prescripción del cobro, la obligación jurídica desaparece. Por ello, el dinero no podía retenerse, puesto que no existía un acto ejecutoriado que ordene su apropiación como pago. En ese sentido, argumentó que su derecho al debido proceso fue vulnerado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, toda vez que aquella indicó que no existía dinero para devolver. En contra de ello, sostuvo que la entidad estaba en la obligación de confrontar sus sistemas de depósitos judiciales con el Banco Agrario, localizar el dinero ingresado a la cuenta núm. 110019196303 y proceder a su devolución.
2 Ver archivo “002_2ED_Demanda”, pág. 4.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04194-01
Accionante: Nelson Harvey Fonseca Quintero Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – División de Cobro Coactivo Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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16. Igualmente, el actor afirmó que la permanencia del dinero embargado en los fondos de la Rama Judicial configura un enriquecimiento sin causa. En esa medida, el Estado no puede lucrarse ni retener el patrimonio de un particular sin que medie un título. Finalmente, relacionó varias decisiones de la Corte Constitucional3, en
fondos de la Rama Judicial configura un enriquecimiento sin causa. En esa medida, el Estado no puede lucrarse ni retener el patrimonio de un particular sin que medie un título. Finalmente, relacionó varias decisiones de la Corte Constitucional3, en donde se indica que el embargo de dineros de subsistencia a partir de un proceso de cobro coactivo constituye una vulneración al mínimo vital.
Trámite procesal en primera instancia
17. Por medio de auto del 5 de junio de 2026, el despacho del consejero Wilson Ramos Girón de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura y a los directores de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la División de Cobro Coactivo. De igual modo, ordenó vincular a Bancolombia y al Banco Agrario de Colombia. Entre otras decisiones.
Intervenciones en primera instancia
18. El Banco Agrario de Colombia solicitó ser desvinculado de la tutela, pues sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del accionante. Afirmó que los depósitos judiciales son constituidos a favor de los despachos judiciales bajo la titularidad de la Nación, la cual actúa como cliente del banco. La función del Banco es actuar como custodio y administrador de información reservada sobre depósitos judiciales. Por ello, sostuvo que cualquier solicitud presentada por los usuarios de la justicia debe ser remitida directamente al despach o judicial a cargo del expediente. Por lo anterior, argumentó que no tenía legitimación en la causa por activa. Además, señaló que la tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad, toda vez que ni la autoridad judicial ni el accionante habían elevado solicitud alguna
expediente. Por lo anterior, argumentó que no tenía legitimación en la causa por activa. Además, señaló que la tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad, toda vez que ni la autoridad judicial ni el accionante habían elevado solicitud alguna respecto de los depósitos o títulos judiciales que presuntamente estaban a su nombre.
19. La División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de abogado ejecutor, solicitó ser desvinculada del proceso, puesto que la DEAJ no vulneró derechos fundamentales. Afirmó que la tutela no estaba dirigida a cuestionar el proceso de cobro coactivo, el cual terminó por la declaratoria de prescripción de la acción administrativa ejecutiva. Informó que había indagado con el Banco Agrario de Colombia sobre la existencia de depósito judicial a nombre del Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de las medidas cautelares ordenadas respecto del señor Nelson Harvey Fonseca Quintero. Informó que la entidad dio respuesta en la que indicaron que el depósito “se encuentra bajo la administración de la cuenta judicial 110019196303– Dirección de Responsabilidad Fiscal J.C.AUD. (cuenta coactiva)”4, la cual señaló que se encontraba a nombre de la Contraloría General de la República. Por ello, sostuvo que la Rama Judicial no estuvo en posesión ni tampoco negó la devolución de la suma reclamada, así que solicitó su desvinculación.
3 Sentencias T-416 de 2021, T-013 de 2020 y T-535 de 2017.
4 Ver “018_18_MemorialWeb_Respuesta-005RESPUESTAACCION”, pág. 7Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04194-01
Accionante: Nelson Harvey Fonseca Quintero Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – División de Cobro Coactivo Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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20. Bancolombia S. A. solicitó que se declare su falta de legitimación y, en consecuencia, ser desvinculada del proceso. Al respecto, afirmó que las pretensiones se dirigen a que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial oficie al Banco Agrario con el fin de ubicar y devolver la suma solicitada por el actor. En esa medida, sostuvo que Bancolombia no es la competente para intervenir en la satisfacción de esos requerimientos.
21. El despacho de la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de magistrada auxiliar, solicitó que se declarara su falta de legitimación y, en consecuencia, ser desvinculada del proceso. Señaló que la dependencia llamada a ejercer la defensa dentro del proceso es la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues se trata de un órgano independiente. Asimismo, destacó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial delegó la facultad coactiva a las direcciones seccionales de administración judicial, por lo que estas últimas tienen la potestad de adelantar este tipo de procedimientos. Por ello, señaló que el Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a responder por actuaciones u omisiones de los consejos seccionales, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o sus seccionales.
La sentencia de primera instancia
Superior de la Judicatura no es el llamado a responder por actuaciones u omisiones de los consejos seccionales, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o sus seccionales.
La sentencia de primera instancia
22. Mediante sentencia del 30 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela. Después de una valoración de las pruebas, la Sala observó que la División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó información al Banco Agrario de Colombia respecto del depósito judicial núm.
110019196303. Indicó que, en respuesta a la solicitud, el Banco Agrario informó que dicha constitución “corresponde al 18 de julio de 2024 y se encuentra bajo la administración de la cuenta judicial 110019196303 de la Dirección de Responsabilidad Fiscal JC.AUD (Cuenta Coactiva)”5. Por lo anterior, el a quo dispuso negar el amparo, toda vez que sostuvo que la cuenta depósito estaba bajo la administración de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de que el actor pudiera pedir a esa autoridad la devolución del depósito reclamado.
La impugnación
23. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación, en la que argumentó que hubo engaño por parte de la demandada, pues respondió que no existía dinero que devolver y que nunca se enviaron los recursos. Además, indicó que el juez de primera instancia incurrió en exceso ritual manifiesto, toda vez que, ante la noticia sobre el depósito judicial, debió vincular a la Contraloría General de la República al proceso y hacer uso de sus facultades de “policía judicial”6 para
que el juez de primera instancia incurrió en exceso ritual manifiesto, toda vez que, ante la noticia sobre el depósito judicial, debió vincular a la Contraloría General de la República al proceso y hacer uso de sus facultades de “policía judicial”6 para localizar el “título valor”7. Finalmente, señaló que la demandada, al iniciar un proceso coactivo y aplicar medidas cautelares había asumido una posición de
5 Ver “036_36Sentencia_120260419400NELSONHA”, págs. 7-8. 6 Ver “041_41_MemorialWeb_Recurso-IMPUGNACIONFALLOCS”, pág. 1. 7 Ibid.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04194-01
Accionante: Nelson Harvey Fonseca Quintero Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – División de Cobro Coactivo Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
6 garante sobre el dinero. También consideró que el organismo no había informado la verdad sobre el destino de los recursos, lo que le había generado un daño.
Trámite procesal en segunda instancia
24. Mediante auto del 14 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador dispuso la vinculación de Contraloría General de la República – Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en respuesta a la tutela, dicha autoridad era la administradora de la cuenta de depósito judicial núm. 110019196303, sobre la cual versa el presente asunto.
25. Mediante memorial, la Contraloría General de la República8 informó que no
tutela, dicha autoridad era la administradora de la cuenta de depósito judicial núm. 110019196303, sobre la cual versa el presente asunto.
25. Mediante memorial, la Contraloría General de la República8 informó que no era la administradora de la cuenta de depósito judicial núm. 110019196303. Señaló que, con ocasión de la vinculación, se comunicó con la División de Cobro Coactivo de la Dirección ejecutiva de Administración Judicial, la cual le informó que el número de cuenta de depósito judicial de esa dependencia no era 110019196303, sino que correspondía a 110019196003. Adicionalmente, indicó que realizó una solicitud al Banco Agrario para que este informara cuál era la autoridad administradora de la cuenta de depósito judicial 110019196303, el cual no había respondido a la fecha de presentación del memorial.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
27. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala resolver, en primer lugar, si la acción de tutela cumple los requisitos de procedencia respecto de la pretensión dirigida a obtener la devolución de los $25.137.292,53 debitados de la cuenta bancaria del actor en desarrollo del proceso de cobro coactivo, particularmente frente a los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad,
pretensión dirigida a obtener la devolución de los $25.137.292,53 debitados de la cuenta bancaria del actor en desarrollo del proceso de cobro coactivo, particularmente frente a los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, teniendo en cuenta que dicho procedimiento terminó por prescripción y que la Dirección Ejecutiva de Administración J udicial negó la devolución solicitada mediante comunicación del 12 de febrero de 2026.
28. De superar el análisis de los requisitos de procedencia, en segundo lugar, la Subsección establecerá si el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – División de Cobro Coactivo vulneró el derecho al debido proceso administrativo, al mínimo vital, a la seguridad jurídica y a la
8 Véase índice 9 de Samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04194-01
Accionante: Nelson Harvey Fonseca Quintero Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – División de Cobro Coactivo Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
7 información del accionante por no devolver materialmente la suma de $25.137.292,53 correspondiente al depósito judicial núm. 110019196303.
29. En tercer lugar, la Sala deberá establecer si la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial vulneró el derecho fundamental a la información del señor Nelson Harvey Fonseca Quintero al no suministrarle información clara, completa, cierta y verificable acerca de la ubicación, titularidad y administración del depósito judicial núm. 110019196303, en el cual Bancolombia
información del señor Nelson Harvey Fonseca Quintero al no suministrarle información clara, completa, cierta y verificable acerca de la ubicación, titularidad y administración del depósito judicial núm. 110019196303, en el cual Bancolombia indicó haber consignado $25.137.292,53 con ocasión de la medida de embargo ordenada dentro del proceso de c obro coactivo. Aunque el actor no invocó expresamente este derecho fundamental, la Subsección lo estudiará en aplicación del principio iura novit curia9, dado que los hechos y las pretensiones de la demanda plantean materialmente una controversia sobre el acceso a dicha información.
30. Para resolver estos problemas jurídicos, la Sala analizará: (i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela respecto de la pretensión de devolución de los recursos; (ii) el contenido y alcance del derecho fundamental de acceso a la información aplicable a los depósitos judiciales constituidos con ocasión de medidas de embargo; y (iii) el caso concreto.
La procedencia de la acción de tutela respecto de la pretensión de devolución de los recursos
31. La Subsección considera relevante abordar las siguientes líneas jurisprudenciales: (i) la improcedencia general de la tutela cuando se pretende obtener la entrega o pago de una suma de dinero que puede reclamarse por vía ejecutiva; y (ii) la existencia de mecanismos ordinarios para hacer cumplir decisiones judiciales o actos administrativos que reconocen obligaciones claras, expresas y exigibles, incluso cuando estas provienen del contexto de actuaciones administrativas o de cobro coactivo.
32. De una parte, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que,
expresas y exigibles, incluso cuando estas provienen del contexto de actuaciones administrativas o de cobro coactivo.
32. De una parte, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que, cuando la pretensión consiste en obtener el pago o la entrega de una suma de dinero, la acción de tutela es, por regla general, improcedente porque el proceso ejecutivo constituye el mecanismo idóneo para procurar el cumplimiento forzado de una obligación de dar. En la Sentencia T-229 de 2022, la Corte reiteró que, en el caso de obligaciones dinerarias reconocidas en decisiones judiciales, el proceso ejecutivo es “el escenario idóneo por excelencia” para exigir su cumplimiento, siempre que la obligación sea clara, expresa y exigible. En igual sentido, las sentencias T-712 de 2016, T-261 de 2018, T-180 de 2019 y T-023 de 2022 distinguen entre obligaciones de hacer y de dar: respecto de estas últimas —como el pago de indemnizaciones, salarios, intereses, prestaciones o cualquier suma reconocida—, la tutela solo procede excepcionalmente cuando el medio ejecutivo no resulte eficaz en el caso concreto y el incumplimiento comprometa directamente derechos fundamentales, por ejemplo, el mínimo vital de una persona en situación de especial vulnerabilidad. 9 Véase Corte Constitucional, sentencia T-223 de 2026, en donde la Corte ha estudiado la vulneración de derechos no alegados expresamente por la parte actora.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04194-01
Accionante: Nelson Harvey Fonseca Quintero Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – División de Cobro Coactivo
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33. La misma línea resulta aplicable cuando existe una decisión administrativa que reconoce un derecho o impone una obligación económica. La jurisprudencia constitucional ha destacado que el ordenamiento prevé mecanismos ejecutivos para obtener su cumplimiento. El artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACAreconoce como título ejecutivo, entre otros, las sentencias ejecutoriadas de la jurisdicción contenciosoadministrativa que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero y también las copias auténticas de actos administrativos ejecutoriados en los que conste una obligación clara, expresa y exigible a cargo de una autoridad administrativa. La Corte ha reiterado esta regla en proveídos como el Auto 1133 de 2024, y ha señalado que cuando existe un título de esa naturaleza la vía natural no es la tutela, sino el correspondiente proceso ejecutivo.
34. De otro lado, en materia de cobro coactivo, la Corte ha precisado además que las controversias relacionadas con actos expedidos dentro de esos procedimientos pertenecen, como regla, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En los autos 337 de 2024 y 447 de 2024, a partir de los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006, 835 del Estatuto Tributario y 101, 104 y 138 del CPACA, la Sala Plena recordó que los actos administrativos dictados en un procedimiento de cobro coactivo pueden
835 del Estatuto Tributario y 101, 104 y 138 del CPACA, la Sala Plena recordó que los actos administrativos dictados en un procedimiento de cobro coactivo pueden ser objeto de los medios de control corr espondientes. Por tanto, si lo que se pretende es discutir la legalidad de una decisión adoptada dentro del cobro o reclamar un restablecimiento patrimonial derivado de ella, la tutela resulta en principio improcedente.
35. En suma, a partir del breve relato jurisprudencial, la Sala reconoce que cuando una persona pretende mediante tutela obtener la entrega o devolución de una suma de dinero que puede reclamarse con fundamento en una decisión administrativa o judicial ejecutoriada, la acción es, por regla general, improceden te, porque el ordenamiento prevé mecanismos ejecutivos idóneos para hacer efectiva la obligación. La tutela solo desplaza excepcionalmente esas vías cuando se demuestre que carecen de idoneidad o eficacia en el caso concreto y que la falta de pago o devolución produce una afectación grave, actual e inminente de derechos fundamentales. En consecuencia, si la discusión se limita a hacer efectiva una obligación dineraria ya definida o a obtener el reintegro de recursos cuya devolución puede exigirse ejecutivamente, el conflicto tiene carácter predominantemente patrimonial y debe tramitarse por la vía ordinaria correspondiente.
Acceso a la información y habeas data financiero
36. La Corte Constitucional ha sostenido que los derechos al habeas data y a la información son autónomos, empero están estrechamente relacionados con el derecho de petición. Conjuntamente, ha reconocido que se encuentran consagrado en el artículo 15 de la Constitución. Al respecto, ha indicado lo siguiente:
información son autónomos, empero están estrechamente relacionados con el derecho de petición. Conjuntamente, ha reconocido que se encuentran consagrado en el artículo 15 de la Constitución. Al respecto, ha indicado lo siguiente:
“El derecho al habeas data [es] entendido como la facultad que tienen los individuos de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Así mismo, estipula la obligación de respetar la libertad y demásRadicación número: 11001-03-15-000-2026-04194-01
Accionante: Nelson Harvey Fonseca Quintero Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – División de Cobro Coactivo Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
9 garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos”10
37. Sobre este derecho, el artículo 4° de la Ley estatutaria 1712 de 2014 desarrolla el acceso a la información, en donde el legislador indica que las personas tienen derecho a conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. Además, indica que el acceso a la información solo puede ser restringido por
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