CE - Sentencia 11001031500020260508801 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260508801 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-05088-01
Demandante: JOSÉ ANTONIO ARCOS ARRECHEA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del 6 de agosto de 2026, a través de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito radicado el 2 de julio de 2026, el señor José Antonio Arcos Arrechea, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y protección de las expectativas legítimas.
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y protección de las expectativas legítimas.
Consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2025, que confirmó la decisión del 30 de enero de 2023, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) con radicado 05001-23-33-000-2021-01251-02, promovida por la Universidad de Antioquia contra el demandante de la presente acción de tutela.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y protección de las expectativas legítimas.Demandante: José Antonio Arcos Arrechea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-05088-01
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 6 de noviembre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado (Sección Segunda).
3. ORDENAR a la Universidad de Antioquia la reanudación inmediata de los pagos de la subrogación pensional, reconociendo mi condición de sujeto de especial
Consejo de Estado (Sección Segunda).
3. ORDENAR a la Universidad de Antioquia la reanudación inmediata de los pagos de la subrogación pensional, reconociendo mi condición de sujeto de especial protección y la vigencia de los Decretos 2527 de 2000 y 2337 de 1996.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada se sustenta en los siguientes hechos:
La Universidad de Antioquia promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) contra el señor José Antonio Arcos Arrecha con el propósito de obtener la nulidad de las resoluciones No. 031 del 22 de febrero de 2002 y No. 410 de 1 6 de agosto de 2002, mediante las cuales le reconocieron al accionante la pensión de jubilación con la diferencia resultante de la aplicación del IBL del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir de 13 de enero de 2003.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 30 de enero de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda . En consecuencia, pese a que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, el tribunal negó la pretensión encaminada al reintegro de los dineros que pagó la universidad como resultado del reconocimiento pensional, prestaciones que fueron pagadas de buena fe . En cuanto a la declaración de nulidad de las resoluciones demandadas , consideró que la universidad había excedido sus competencias al reconocer y pagar la diferencia que, a su juicio, existía entre el monto reconocido por el Instituto de Seguros Sociales (en adelante, ISS) y el
resoluciones demandadas , consideró que la universidad había excedido sus competencias al reconocer y pagar la diferencia que, a su juicio, existía entre el monto reconocido por el Instituto de Seguros Sociales (en adelante, ISS) y el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 1. Lo anterior, por cuanto, con la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, los entes universitarios oficiales perdieron la competencia para reconocer pensiones a sus servidores.
Tanto la universidad 2 como el señor Arcos Arrechea 3 impugnaron la decisión. Mientras que la parte demandante se limitó a manifestar su voluntad de ejercer el recurso de apelación , la parte demandada sostuvo que el régimen pensional aplicable era el previsto en la Ley 33 de 1985, por lo que la mesada debía liquidarse con el 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicio. Asimismo, afirmó que la Universidad era competente para reconocer la pensión, dado que el demandante había prestado más de 20 años de servicio al Estado y no se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales.
El conocimiento del recurso correspondió al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que, en providencia del 6 de noviembre de 2025, confirmó el fallo de primera instancia , manteniendo la denegación del reintegro de las prestaciones pagadas de buena fe . Para el efecto, también coincidió en señalar que la Universidad de Antioquia no tenía competencia para reconocer a favor del señor
1 Norma que hace referencia al ingreso base de liquidación de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición.
Universidad de Antioquia no tenía competencia para reconocer a favor del señor
1 Norma que hace referencia al ingreso base de liquidación de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición. 2 Índice 31 de SAMAI, dentro del expediente del proceso ordinario con radicado 05001-23-33-0002021-01251-00. 3 Índice 32 de SAMAI, ídem.Demandante: José Antonio Arcos Arrechea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-05088-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co José Antonio Arcos Arrechea un mayor valor en su ingreso base de liquidación, como lo hizo a través de la Resolución 031 de 22 de febrero de 2002. La corporación argumentó que el reconocimiento y pago de la pensión le correspondía al ISS, como finalmente lo hizo a través de la resolución 04419 de 24 de abril de 2002, por lo que, era dicha entidad ante quien debió el pensionado reclamar eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional aplicable.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora adujo que la decisión cuestionada vulneró sus garantías fundamentales, por cuanto incurrió en los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional, al anular los actos administrativos mediante los cuales la Universidad de Antioquia había compensado el monto de su pensión.
En primer lugar, sobre el defecto sustantivo, sostuvo que la providencia erró al
del precedente constitucional, al anular los actos administrativos mediante los cuales la Universidad de Antioquia había compensado el monto de su pensión.
En primer lugar, sobre el defecto sustantivo, sostuvo que la providencia erró al adjudicarle validez a su afiliación al ISS. A su juicio, este análisis fue incorrecto, toda vez que, incumplía los requisitos legales exigidos para su perfeccionamiento. Al respecto, señaló que el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A, reconoció expresamente que el formulario de afiliación al ISS, del 4 de julio de 1995, no se encontraba firmado por el demandado. En ese sentido, afirmó que la decisión desconoció el artículo 4.º del Decreto 1068 de 1995, pues la ausencia de su firma evidenciaba la falta de manifestación de voluntad necesaria para validar dicha afiliación.
A partir de lo anterior, alegó que la afiliación irregular al ISS no había desplazado la competencia de la Universidad de Antioquia para reconocer y pagar integralmente su pensión, de conformidad con el artículo 4º, numeral 3º, del Decreto 2337 de 1996, qu e condicionaba dicha competencia a que el servidor no estuviera afiliado a alguna de las administradoras del Sistema General de Pensiones. Asimismo, señaló que la sentencia cuestionada erró al considerar que las solicitudes presentadas por él ante el ISS convalidaban la competencia de esa entidad, toda vez que, conforme a la sentencia T-1044 de 2001, las normas de competencia son de origen legal y no pueden quedar determinadas por la voluntad del interesado.
De igual manera, citó el artículo 1 .º, numeral 3 .º, del Decreto 2527 de 2000, del
competencia son de origen legal y no pueden quedar determinadas por la voluntad del interesado.
De igual manera, citó el artículo 1 .º, numeral 3 .º, del Decreto 2527 de 2000, del cual, en su criterio, se desprendía que las entidades públicas debían continuar reconociendo y pagando las pensiones de quienes acreditaran veinte años de servicio a la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, independientemente de su afiliación a dicho sistema. Por ello, afirmó que la Universidad de Antioquia tenía la obligación legal de reconocer y pagar integralmente su prestación y que, en consecuencia, el Tribun al Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A , habían incurrido en un defecto sustantivo al declarar la nulidad de las resoluciones 031 y 410 de 2002, mediante las cuales se había compensado el monto de su pensión.
Asimismo, invocó la sentencia C-789 de 2002, particularmente su apartado 3.3, para sostener que el régimen de transición constituía una expectativa legítima merecedora de protección constitucional y que resultaba desproporcionado desconocer las condiciones pensionales a las que aspirab a quien había cumplido más del 75% del tiempo de servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 100 deDemandante: José Antonio Arcos Arrechea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-05088-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1993. Afirmó que la anulación de los actos administrativos que permitían
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1993. Afirmó que la anulación de los actos administrativos que permitían compensar el monto de su pensión desconocía el esfuerzo laboral realizado durante ese período.
Por último, citó las sentencias SU-165 de 2022 y T-832A de 2013 para señalar que las autoridades debían respetar la confianza legítima de los pensionados, aplicar integralmente el régimen más favorable que los amparara y proteger el esfuerzo económico y laboral efectuado durante su vida activa. En consecuencia, alegó que su derecho a obtener una pensión liquidada integralmente conforme a la Ley 33 de 1985 constituía un derecho eventual sujeto a protección constitucional y que no podía desconocerse con fundamento en una controversia meramente formal sobre la competencia administrativa.
Finalmente, manifestó que la providencia enjuiciada afecta su mínimo vital por cuanto i) la suspensión de la subrogación después de más de 23 años de pago afecta gravemente su subsistencia y ii) es una persona de avanzada edad y con problemas de salud (hipertensión, diabetes, glaucoma y afecciones cardíacas), por lo que solicitó una protección reforzada.
1.5. Trámites y contestaciones
Mediante auto del 9 de julio de 2026 4, la Sección Primera de esta corporación admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que conforman la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
De igual forma, ordenó vincular a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que conforman la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
De igual forma, ordenó vincular a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y a la Universidad de Antioquia en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
El 1 5 de julio de 2026 5, el tribunal presentó escrito en el que informó que tuvo conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la Universidad de Antioquia contra el señor José Antonio Arcos Arrechea desde el 2 de julio de 2021.
Señaló que en providencia del 30 de enero de 2023 declaró la nulidad de las resoluciones 031 de 2002 y 410 de 2002 mediante las cuales la Universidad le reconoció y pagó al accionante un valor adicional a su pensión por concepto de una supuesta diferencia en el ingreso base de liquidación. El tribunal, al respecto, consideró que el ente universitario carecía de competencia para reconocer factores salariales no previstos por la ley.
4 Notificado el 15 de julio de 2026. Índices 4 y 7 del aplicativo SAMAI. 5 Índice 8 de SAMAI.Demandante: José Antonio Arcos Arrechea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-05088-01 5
5 Índice 8 de SAMAI.Demandante: José Antonio Arcos Arrechea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-05088-01 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que el 4 de marzo de 2026 se dispuso a obedecer lo dispuesto por el superior, toda vez que en la decisión de segunda instancia del 6 de noviembre de 2025 el Consejo de Estado confirmó su decisión.
Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia por cuanto, a su juicio, los argumentos plateados en la presente acción de tutela ya fueron debatidos en las instancias del proceso ordinario y el accionante busca utilizar este instrumento constitucional como una tercera instancia.
1.5.2 Universidad de Antioquia
Mediante escrito presentado el 17 de julio de 20266, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se encontraban satisfechos los requisitos generales ni especiales de procedencia excepcional del amparo contra providencias judiciales. Al respecto, sostuvo que el accionante no habí a expuesto de manera clara, específica y suficiente los defectos en los que presuntamente incurrió la decisión cuestionada, sino que se había limitado a reiterar los argumentos formulados durante el proceso contencioso administrativo y a manifestar su desa cuerdo con la interpretación jurídica efectuada por el Consejo de Estado. Por consiguiente, afirmó que no se había demostrado una vulneración constitucional autónoma que permitiera desvirtuar la presunción de acierto y legalidad de la providencia judicial.
de Estado. Por consiguiente, afirmó que no se había demostrado una vulneración constitucional autónoma que permitiera desvirtuar la presunción de acierto y legalidad de la providencia judicial.
En primer lugar, señaló que el asunto carecía de relevancia constitucional, pues, a pesar de que el accionante había invocado la vulneración de sus derechos fundamentales, su inconformidad se dirigía realmente a cuestionar la interpretación del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , respecto del régimen normativo aplicable a la subrogación pensional y a la competencia de la Universidad de Antioquia para reconocer y mantener el pago de la prestación. En ese sentido, manifestó que lo que pretende e l actor es utilizar esta instancia constitucional como una tercera instancia y que el juez de tutela reexamine el análisis jurídico del juez natural.
En segundo lugar, adujo que tampoco se cumplía el requisito de inmediatez, toda vez que el fallo cuestionado había sido notificad o el 27 de enero de 2026 y el accionante había acudido a la acción constitucional más de cuatro meses después, sin justificar de manera objetiva, suficiente o razonable la tardanza ni acreditar circunstancias excepcionales que permitieran flexibilizar dicho presupuesto de procedibilidad.
Por otra parte, sostuvo que la parte actora no había explicado suficientemente la configuración de los requisitos especiales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, pues se había limitado a expresar su desacuerdo con la interpretación acogida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sin identificar de manera concreta el defecto en el que habría incurrido la sentencia.
providencias judiciales, pues se había limitado a expresar su desacuerdo con la interpretación acogida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sin identificar de manera concreta el defecto en el que habría incurrido la sentencia.
Finalmente, precisó que la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado no había omitido el análisis del argumento relacionado con la falta de firma del formulario de afiliación al ISS, sino que había identificado expresamente dicho
6 Índice 9 de SAMAI.Demandante: José Antonio Arcos Arrechea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-05088-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reparo como uno de los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por José Antonio Arcos Arrechea.
Por ello, consideró que la controversia evidenciaba una discrepancia entre la conclusión jurídica adoptada por el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosoadministrativa y la interpretación que el actor estimaba más favorable a sus intereses, por lo que indicó que no se advertía ninguna acción u omisión atribuible al órgano judicial colegiado ni a la Universidad de Antioquia que permitiera establecer la vulneración de las garantías fundamentales invocadas.
1.6. Sentencia de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Arcos Arrechea por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Consideró que la argumentación que esgrimió la parte
La Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Arcos Arrechea por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Consideró que la argumentación que esgrimió la parte actora para ac reditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales devela únicamente la mera inconformidad con la decisión adoptada el 6 de noviembre de 2025 en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 05001-23-33-000-2021-01251-02.
Asimismo, señaló que los argumentos del actor van dirigidos a la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial y que no permite afirmar, prima facie , la presunta transgresión de derechos fundamentales; lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento puso de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que pretendía utilizar este mecanismo como una instancia adicional.
Por lo anterior, el a quo enfatizó en que el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso , invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
1.7. Impugnación
Mediante escrito radicado el 25 de agosto de 20267, el actor solicitó que se revocara la decisión cuestionada y, en su lugar, se ampararan sus derechos fundamentales y se restableciera el pago de la subrogación pensional reconocida por la Universidad de Antioquia mediante las Resoluciones 031 del 22 de febrero de 2002
la decisión cuestionada y, en su lugar, se ampararan sus derechos fundamentales y se restableciera el pago de la subrogación pensional reconocida por la Universidad de Antioquia mediante las Resoluciones 031 del 22 de febrero de 2002 y 410 del 18 de agosto de 2002, prestación que percibió de manera ininterrumpida durante veintitrés años, hasta su supresión.
En primer lugar, cuestionó que el juez de primera instancia hubiera desestimado sus argumentos al calificarlos como una «mera inconformidad» y un asunto de «mera legalidad y de contenido estrictamente económico». Al respecto, sostuvo que sus reparos planteaban un problema constitucional relacionado con el debido proceso, específicamente, con el deber de fundamentar las providencias de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable. En ese sentido, afirmó que la autoridad judicial accionada declaró la nulidad del acto administrativo por falta de
7 Índice 15 de SAMAI.Demandante: José Antonio Arcos Arrechea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-05088-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competencia, sin examinar las disposiciones vigentes que, a su juicio, si le atribuía dicha facultad a la entidad que lo expidió.
En esa misma línea, señaló que la controversia sugiere tres cuestiones de relevancia constitucional: (i) si una decisión judicial que declara la nulidad de un acto administrativo por falta de competencia, sin examinar las normas que la
En esa misma línea, señaló que la controversia sugiere tres cuestiones de relevancia constitucional: (i) si una decisión judicial que declara la nulidad de un acto administrativo por falta de competencia, sin examinar las normas que la atribuían respeta el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Consti tución Política; (ii) si el Estado puede suprimir de manera inmediata y sin un período de transición una prestación periódica reconocida y pagada durante veintitrés años a una persona adulta mayor, cuando la misma providencia reconoce que las sumas recibidas fueron percibidas de buena fe; y (iii) cuál es el alcance de la protección constitucional de la expectativa legítima de quien, al entrar en vigor el Sistema General de Pensiones, había cumplido el 150% del tiempo de servicio exigido por su régimen, cuestión que, según indicó, involucra los derechos a la seguridad social y al mínimo vital, así como el principio de favorabilidad. Agregó que el contenido económico de una controversia pensional no excluye, por sí mismo, su relevancia constitucional, pues ace ptar lo contrario impediría la procedencia de la acción de tutela en esta materia.
En segundo lugar, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela acerca de la competencia para resolver su solicitud pensional. Al respecto, señaló que el Decreto 2527 fue expedido el 4 de diciembre de 2000, mientras que él había presentado su solicitud el 1.º de diciembre de ese año, cuando aún se encontraba vinculado como servidor público a la Gobernación de Antioquia. Indicó que el ISS resolvió la petición el 24 de abril de 2002, esto es, dieciséis meses después de la entrada en vigor de la norma que, según su interpretación, regulaba la competencia
vinculado como servidor público a la Gobernación de Antioquia. Indicó que el ISS resolvió la petición el 24 de abril de 2002, esto es, dieciséis meses después de la entrada en vigor de la norma que, según su interpretación, regulaba la competencia aplicable al asunto.
Asimismo, invocó las sentencias T -1183 de 2003 y T -230 de 2005 de la Corte Constitucional, en las que, según expuso, se concedió el amparo en controversias relacionadas con la distribución de competencias entre el ISS y entidades públicas territoriales, con fundamento en la misma normativa. En particular, destacó que en el fallo T-230 de 2005 la Corte examinó un caso en el que el Instituto de Seguros Sociales declinó su competencia con invocación expresa del numeral 3 del artículo 1.º del Decreto 2527 de 2000 y encontró vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social y a la dignidad humana. Por ello, insistió en que la providencia cuestionada incurrió en un defecto sustantivo, debido a que dejó de aplicar disposiciones que consideraba manifiestam ente pertinentes para resolver la controversia y omitió examinar el precedente constitucional contenido en la decisión T-1044 de 2001.
En tercer lugar, reiteró sus reparos por el presunto desconocimiento del precedente judicial y volvió a referirse a las sentencias T -832A de 2013 y C -789 de 2002. Adicionalmente, invocó la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 13 de
marzo de 2003, dentro del expediente con radicación 17001-23-31-000-1999-062701 (4526-01), mediante la cual se resolvió un caso con similitud fáctica contra la Universidad Nacional de Colombia y afirmó que dicha providencia resultaba aplicable a su situación, por cuan to ambos asuntos involucraban a servidores vinculados a universidades públicas, sujetos al régimen de la Ley 33 de 1985, que habían cumplido el tiempo de servicio exigido, pero aún no alcanzaban la edad requerida.Demandante: José Antonio Arcos Arrechea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-05088-01 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
En cuarto lugar, cuestionó la falta de consideración de su buena fe al momento de anular la prestación pensional. Señaló que la propia providencia cuestionada había reconocido que recibió los pagos de buena fe, conclusión que, en su criterio, se desprendía de la decisión judicial de abstenerse de ordenar el reintegro de las sumas percibidas. A partir de ello, planteó que existía una contradicción , pues la buena fe se consideró suficiente para impedir la devolución de los recursos recibidos, pero no fue valorada al analizar la supresión de la prestación que había percibido durante veintitrés años. Agregó que no obraba en el expediente prueba de que hubiera inducido a error a la administración, presentado documentos falsos u ocultado información, ni que ese aspecto hubiera sido objeto de un debate probatorio específico.
percibido durante veintitrés años. Agregó que no obraba en el expediente prueba de que hubiera inducido a error a la administración, presentado documentos falsos u ocultado información, ni que ese aspecto hubiera sido objeto de un debate probatorio específico.
Por último, alegó la violación directa de la Constitución Política, particularmente de los principios de razonabilidad y de protección especial a las personas de la tercera edad, previstos en los artículos 46 y 48 superiores. Al respecto, manifestó que tiene ochenta años y que padece de múltiples aflicciones médicas. Afirmó que depende de la prestación pensional como única fuente de ingresos y que no dispone de un mecanismo judicial ordinario que resulte idóneo y eficaz para obtener una protección oportuna de sus derechos fundamentales.
1.8 Trámite de segunda instancia
Mediante escrito del 2 2 de septiembre de 2026 el magistrado ponente manifestó estar impedido para conocer de la acción constitucional al considerar que estaba inmerso en la causal 5 .ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal; no obstante, por auto del 1.° de octubre de la presente anualidad, la magistrada Gloria María Gómez Montoya lo declaró infundado al no encontrar demostrada la causal de impedimento invocada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor José Antonio Arcos Arrechea contra la providencia dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 6 de agosto de 2026, según lo previsto en los
Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor José Antonio Arcos Arrechea contra la providencia dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 6 de agosto de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20158, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2 Cuestión previa
La sala advierte que las providencias invocadas como presuntamente desconocidas en el escrito de impugnación, específicamente las sentencias T-1183 de 2003 y T-230 de 2005 de la Corte Constitucional, y, la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 13 de marzo de 2003, dentro del expediente con radicación 17001-23-31-000-1999-0627-01 (4526 -01), corresponden a argumentos que no fueron planteados en el escrito inicial de tutela.
8 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.Demandante: José Antonio Arcos Arrechea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-05088-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Por tal motivo, comoquiera que se trata de alegaciones nuevas frente a las cuales la parte accionada no tuvo oportunidad de pronunciarse en el trámite de primera instancia, la sala se abstendrá de estudiarlas, pues proceder en contrario implicaría desconocer los derechos de defensa y contradicción de la autoridad accionada.
2.3. Problema jurídico
instancia, la sala se abstendrá de estudiarlas, pues proceder en contrario implicaría desconocer los derechos de defensa y contradicción de la autoridad accionada.
2.3. Problema jurídico Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora con ocasión de la sentencia del 6 de noviembre de 2025, que confirmó la decisión del 30 de enero de 2023, a través de la cual el Tribunal Administrativo de An
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