CE - Sentencia 11001031500020260517401 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260517401 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-05174-01
Accionante: Yeimmy Andrea Lozano Hernández Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda , Subsección E y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación interpuesta por la señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández contra la sentencia del 14 de agosto de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela 1 y del expediente, se colige que, tras el fallecimiento del señor Juan de Jesús Cabrera (q.e.p.d.), la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció inicialmente la sustitución de su asignación de retiro a la señora Yeimmy
señor Juan de Jesús Cabrera (q.e.p.d.), la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció inicialmente la sustitución de su asignación de retiro a la señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández y a su hijo en común, en proporción del 50 % para cada uno.
3. La señora Luz Aydee Feo Encizo, en calidad de cónyuge supérstite, instauró una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL, con el propósito de controvertir los actos administrativos que definieron la sustitución de la asignación de retiro del causante.
4. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 15 de febrero de 20242, accedió parcialmente a las pretensiones y
1 Presentado el 6 de julio de 2026. 2 El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 15 de febrero de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por la cónyuge supérstite. Estimó acreditada su convivencia con el causante durante los últi mos cinco años de vida y consideró insuficientes los elementos aportados por la señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05174-01
Accionante: Yeimmy Andrea Lozano Hernández
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Accionante: Yeimmy Andrea Lozano Hernández
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2 5. reconoció el 50 % de la prestación a la cónyuge supérstite y el porcentaje restante al hijo menor del causante.
6. Contra esa decisión, la señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares interpusieron sus respectivos recursos de apelación.
La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 8 de noviembre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia3.
7. La sentencia de segunda instancia fue notificada el 12 de noviembre de 2024 y quedó ejecutoriada el día 19 siguiente. La actora afirmó en la tutela que durante 2020 y 2021 intentó obtener la historia clínica integral del Hospital Militar Central, sin conseguirla por las restricciones de acceso a esa información.
8. Según la demanda de tutela, el 16 de junio de 2026 la accionante obtuvo dicha historia clínica y encontró registros que estimó relevantes para acreditar su convivencia con el causante, los cuales no habían integrado el proceso ordinario.
Con fundamento en esa circunstancia instauró la presente acción contra las autoridades judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas.
2.2. Fundamento jurídico
9. La señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, que estimó
9. La señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, que estimó vulnerados porque adujo que las providencias cuestionadas se adoptaron sin conocer ni valorar la historia clínica integral del Hospital Militar Central.
10. Como causal específica de procedencia, alegó la existencia de un defecto fáctico, pues sostuvo que las autoridades accionadas resolvieron la controversia sobre un panorama probatorio incompleto, al permanecer fuera del expediente documentación potencialmente relevante para determinar la convivencia con el causante.
11. Explicó que esa documentación era distinta de la historia clínica de la Fundación Cardioinfantil conocida en el proceso ordinario y afirmó que no pudo allegarla oportunamente debido a las restricciones derivadas de la reserva de la información clínica y de las exigencias establecidas para acceder a ella.
12. En ese contexto, señaló que había procurado obtener la historia clínica durante 2020 y 2021, pero sostuvo que solo accedió integralmente a ella hasta el 16 de junio de 2026. Por ello, atribuyó su ausencia del proceso judicial a una imposibilidad material y jurídica, y no a una conducta negligente de su parte.
3 La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 8 de noviembre de 2024, confirmó la decisión del a quo. La autoridad judicial, tras valorar el material documental y testimonial, concluyó que la cónyuge acreditó la convivencia requerida y que las pruebas favorables a la hoy accionante no ofrecían certeza suficiente
2024, confirmó la decisión del a quo. La autoridad judicial, tras valorar el material documental y testimonial, concluyó que la cónyuge acreditó la convivencia requerida y que las pruebas favorables a la hoy accionante no ofrecían certeza suficiente sobre ese hecho. En relación con la documentación médica incorporada, el Tribunal examinó extractos de la historia clínica de la Fundación Cardioinfantil y advirtió que estaban incompletos. Además, consideró que las anotaciones contenidas en ellos no permitían atribuir a la señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández la condición de esposa, dado que la referencia efectuada por los médicos tratantes no acreditaba, por sí sola, la existencia de ese vínculo.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05174-01
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13. Asimismo, adujo que la documentación posteriormente obtenida contenía información relacionada con el hecho central del litigio, esto es, la convivencia efectiva con el causante, por lo que, en su sentir, su desconocimiento impidió que las autoridades judiciales contaran con la totalidad del material probatorio relevante para decidir.
14. En cuanto a la inmediatez, sostuvo que, desde su perspectiva, aunque la sentencia cuestionada fue proferida en 2024, la vulneración alegada solo se hizo evidente el 16 de junio de 2026, cuando afirmó haber obtenido acceso efectivo a la historia clínica integral. Por ello, consideró que la razonabilidad temporal del
sentencia cuestionada fue proferida en 2024, la vulneración alegada solo se hizo evidente el 16 de junio de 2026, cuando afirmó haber obtenido acceso efectivo a la historia clínica integral. Por ello, consideró que la razonabilidad temporal del amparo debía examinarse a partir de esa circunstancia.
2.3. Pretensiones
15. Con fundamento en lo anterior, la parte accionante solicitó:
«PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad, seguridad social y mínimo vital, los cuales considero vulnerados con ocasión de las providencias proferidas dentro del proceso con radicado No. 11001-33-35-015-2021-00335-01.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del citado proceso, por haberse adoptado sin que fuera posible conocer y valorar la historia clínica integral del Hospital Militar Central, obtenida únicamente el 16 de junio de 2026, debido a la imposibilidad jurídica de acceder previamente a dicha documentación.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera una nueva decisión dentro del proceso radicado No. 11001 -33-35-015-2021-00335-01, garantizando el derecho al debido proceso de la accionante y valorando integralmente la historia clín ica del Hospital Militar Central junto con las demás pruebas que obran en el expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica.
CUARTO: ORDENAR que, al momento de proferir la nueva decisión, se analice de manera expresa la incidencia que puedan tener las anotaciones contenidas en la
pruebas que obran en el expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica.
CUARTO: ORDENAR que, al momento de proferir la nueva decisión, se analice de manera expresa la incidencia que puedan tener las anotaciones contenidas en la historia clínica del Hospital Militar Central, particularmente aquellas obrantes en las páginas 1483 , 2012, 2628 y en los demás registros clínicos aportados con esta acción, por cuanto contienen información relacionada con el hecho principal discutido dentro del proceso: la convivencia efectiva del señor JUAN DE JESÚS CABRERA.
QUINTO: DISPONER cualquier otra medida que el despacho considere necesaria para garantizar el restablecimiento pleno de los derechos fundamentales vulnerados.». [Sic en toda la cita].
2.4. Intervenciones
16. La acción de tutela fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto de 14 de julio de 2026 4 en el que se ordenó notificar a la Sección Segunda del Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionados y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL y a los menores de edad 5, quienes se encuentran representados por la señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández como terceros con interés en el resultado del proceso.
4 Índice 4 del aplicativo SAMAI 5 A.D.C.L. y M.V.Y.C.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05174-01
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5 A.D.C.L. y M.V.Y.C.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05174-01
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4 2.4.1. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca6 solicitó declarar improcedente el amparo al indicar que este no cumplió con los requisitos de inmediatez7 y de subsidiariedad. Señaló que no se acreditó que la historia clínica hubiera sido solicitada para su incorporación durante las oportunidades probatorias y sostuvo que la actora disponía del recurso extraordinario de revisión, pero no lo había ejercido.
2.4.2. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 8 manifestó que durante el proceso se garantizaron el debido proceso, la defensa, la contradicción y las oportunidades para aportar y solicitar pruebas. Precisó que la accionante no allegó la historia clínica del Hospital Militar Central y que la decisión se sustentó en el material probatorio oportunamente incorporado.
17. Uno de los menores vinculados, representado por la accionante, manifestó que respaldaba integralmente la solicitud de amparo.
2.4.3. No se rindieron más informes.
2.6. Sentencia impugnada
18. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de agosto de 2026, declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de inmediatez, cuyo examen consideró especialmente riguroso en las tutelas contra
18. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de agosto de 2026, declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de inmediatez, cuyo examen consideró especialmente riguroso en las tutelas contra providencias judiciales.
19. 22. Tomó como referente la sentencia del Tribunal del 8 de noviembre de 2024, notificada el 12 siguiente y ejecutoriada el 19 del mismo mes, y la confrontó con la presentación de la tutela el 3 de julio de 2026. Así, concluyó que se superó el plazo de seis meses considerado razonable por esta Corporación.
20. 23. Asimismo, descartó la justificación fundada en la imposibilidad de acceder oportunamente a la historia clínica, pues estimó que durante el proceso ordinario estuvieron garantizadas las oportunidades para aportar o solicitar pruebas pertinentes, conducentes y útiles.
21. 24. Finalmente, concluyó que no se acreditó una circunstancia que justificara la tardanza ni alguno de los supuestos jurisprudenciales de flexibilización de la inmediatez. También aludió a la ausencia de justificación para acudir al recurso extraordinario de revisión.
2.7. Impugnación
22. La señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández impugnó el fallo y aclaró que no
6 Índice 10 del aplicativo SAMAI 7 El Tribunal precisó que la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá data del 15 de febrero de 2024 y la decisión de segunda instancia fue dictada el 8 de noviembre de 2024 y
7 El Tribunal precisó que la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá data del 15 de febrero de 2024 y la decisión de segunda instancia fue dictada el 8 de noviembre de 2024 y notificada a las partes el 12 de noviembre de 2024, mientras que la la acción de tutela de la referencia fue presentada el 6 de julio de 2026, esto es, luego de transcurrido más de año y medio desde que se notificó la sentencia de segunda instancia, lo que indicó permite advertir la vulneración a este requisito de procedencia. 8 Índice 11 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05174-01
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5 controvertía las fechas consideradas por el a quo ni el transcurso del parámetro ordinario de seis meses. Sostuvo, en cambio, que existían circunstancias particulares que justificaban excepcionalmente la demora.
23. En sustento, invocó las gestiones dirigidas a obtener la historia clínica, incluida una actuación del 11 de mayo de 2025; afirmó que obtuvo la documentación el 16 de junio de 2026 y destacó que promovió la tutela el 3 de julio siguiente. Además, pidió valorar sus circunstancias personales como factor complementario.
24. Finalmente, sostuvo que la eventual disponibilidad del recurso extraordinario de revisión debía examinarse dentro de la subsidiariedad y no confundirse con la
pidió valorar sus circunstancias personales como factor complementario.
24. Finalmente, sostuvo que la eventual disponibilidad del recurso extraordinario de revisión debía examinarse dentro de la subsidiariedad y no confundirse con la inmediatez. Por ello, solicitó revocar el fallo y continuar con el estudio de los restantes requisitos de procedencia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 2019 9 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
26. De conformidad con los antecedentes descritos, el problema jurídico se circunscribe a determinar si acertó la Sección Primera del Consejo de Estado al declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez, pese a las gest iones invocadas por la accionante para obtener la historia clínica integral del Hospital Militar Central y a las circunstancias particulares expuestas para justificar el tiempo transcurrido.
27. Solo si se supera dicho presupuesto corresponderá establecer si la acción cumple los demás requisitos generales de procedencia y, de ser así, si las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en un defecto fáctico al resolver la controversia sin valorar aquella documentación.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
28. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
3.3. Procedencia de la acción de tutela
28. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
29. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el amparo procede
9 Reglamento interno del Consejo de Estado.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05174-01
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6 excepcionalmente contra decisiones judiciales cuando estas desbordan los límites impuestos por la Constitución. Por ello, su ejercicio exige el cumplimiento de requisitos generales y específicos destinados a preservar la seguridad jurídica, la autonomía judicial y la eficacia de los derechos fundamentales.
30. En ese entendido, la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales exige verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos establecidos por la jurisprudencia constitucional.
3.4. Del requisito de inmediatez
31. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que
establecidos por la jurisprudencia constitucional.
3.4. Del requisito de inmediatez
31. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:
«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
Además, como lo señaló la misma Corporación 10, el requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable 11»; «da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella» 12; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»13.
32. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.
33. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.
33. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»6.
4. Análisis del caso concreto
34. Como se planteó en el problema jurídico , la Sala procederá inicialmente a determinar si la acción cumple el requisito de inmediatez, echado de menos por la primera instancia. Solo de encontrarse acreditado dicho presupuesto resultaría procedente examinar los demás requisitos generales y el defecto fáctico alegado.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. 11 Sentencias T-016 de 2006, T -158 de 2006, T -654 de 2006, T -890 de 2006, T -905 de 2006, T -1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras. 12 Sentencias T-526 de 2005, T -016 de 2006, T -158 de 2006, T -692 de 2006, T -890 de 2006, T -905 de 2006, T -1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
13 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05174-01
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35. Ahora bien, la Sala advierte de entrada que coincide con la decisión de primera instancia, pues resulta evidente que la acción no se interpuso dentro de un plazo razonable, toda vez que la sentencia que puso fin al proceso ordinario fue proferida el 8 de noviembre de 2024, notificada el 12 siguiente y quedó ejecutoriada el día 19 del mismo mes y año.
36. No obstante, la señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández presentó la solicitud de amparo hasta el 3 de julio de 2026, cuando ya se encontraba ampliamente superado el término general de seis meses acogido por esta Corporación. Por tanto, a la parte actora le correspondía acreditar circunstancias excepcionales que justificaran suficientemente la tardanza.
37. Al respecto, la accionante afirmó que no pudo obtener oportunamente la historia clínica integral del Hospital Militar Central debido a su carácter reservado y a los requisitos exigidos para acceder a ella y señaló que solo tuvo conocimiento efectivo de su contenido el 16 de junio de 2026, momento a partir del cual estimó evidente la vulneración.
requisitos exigidos para acceder a ella y señaló que solo tuvo conocimiento efectivo de su contenido el 16 de junio de 2026, momento a partir del cual estimó evidente la vulneración.
38. No obstante, la explicación ofrecida no permite establecer que durante todo el periodo transcurrido hubiera enfrentado una imposibilidad objetiva, continua e insuperable para acudir al juez constitucional. Por el contrario, desde la solicitud de amparo sostuvo que co nocía la existencia de esa documentación y que había intentado obtenerla durante 2020 y 2021.
39. Adicionalmente, con la impugnación aportó una respuesta del Hospital Militar Central que da cuenta de una solicitud recibida el 11 de mayo de 2025. En ese documento, la institución informó que la historia clínica estaba disponible en el área correspondiente e indicó la documentación que debía presentarse para su entrega.
40. Si bien esa prueba acredita que durante 2025 la actora efectuó una gestión para acceder a la historia clínica, no demuestra que la entidad hubiera impedido definitivamente su entrega ni que subsistiera una barrera insuperable hasta junio de 2026. Por el contrario, la respuesta institucional precisó el requisito pendiente, sin que el expediente dé cuenta de actuaciones posteriores dirigidas a cumplirlo o controvertirlo.
41. La Sala tampoco desconoce que la accionante obtuvo finalmente la documentación el 16 de junio de 2026 y que instauró la acción de tutela el 3 de julio siguiente. Esa proximidad temporal evidencia que actuó con prontitud después de acceder materialmente a la historia clínica, pero no explica por sí misma el periodo anterior ni desplaza el referente temporal constituido por la ejecuto ria de la sentencia cuestionada.
acceder materialmente a la historia clínica, pero no explica por sí misma el periodo anterior ni desplaza el referente temporal constituido por la ejecuto ria de la sentencia cuestionada.
42. En e se entendido, la obtención posterior de una prueba cuya existencia era conocida no puede comportar, de manera automática, el inicio de un nuevo término para controvertir una providencia judicial ejecutoriada. Una conclusión distinta sometería la estabilidad de las dec isiones judiciales a circunstancias probatorias posteriores y dependientes de la actividad de la parte interesada.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05174-01
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43. Aunado a ello, el debate ordinario versó precisamente sobre la convivencia con el causante y la accionante intervino activamente, allegó elementos probatorios e interpuso recurso de apelación. Incluso, el Tribunal examinó los extractos médicos incorporados y valoró los testimonios, declaraciones y demás documentos aportados para respaldar su posición.
44. Ahora bien, la Sala no es indiferente a las particulares circunstancias personales puestas de presente por la impugnante ni desconoce que merecen una valoración respetuosa y acorde con la dignidad humana. Sin embargo, consideradas junto con el restante material probatorio, no acreditan por sí solas una imposibilidad objetiva que le hubiera impedido acudir oportunamente al juez constitucional o activar los mecanismos judiciales previstos para la defensa de sus intereses.
consideradas junto con el restante material probatorio, no acreditan por sí solas una imposibilidad objetiva que le hubiera impedido acudir oportunamente al juez constitucional o activar los mecanismos judiciales previstos para la defensa de sus intereses.
45. En ese sentido, tales circunstancias no pueden convertirse, sin una relación temporal y causal suficientemente demostrada, en una excepción automática al requisito de inmediatez. Tampoco relevaban a la actora de intentar los medios de defensa disponibles ante el juez natural, a quien correspondía establecer, en primer término, su procedencia.
46. Así las cosas, aunque la tutela no está sometida a un término de caducidad, las razones expuestas no justifican suficientemente el prolongado lapso transcurrido ni desvirtúan la conclusión alcanzada por la primera instancia sobre la falta de inmediatez.
47. Ahora bien, en gracia de discusión, aun si se aceptara que las dificultades para obtener la historia clínica y las circunstancias personales alegadas permitían flexibilizar la inmediatez, la acción tampoco superaría el presupuesto de subsidiariedad.
48. En ese entendido, los reparos sustentados en la obtención posterior de documentos preexistentes que la accionante considera decisivos para modificar una sentencia ejecutoriada podían ser planteados, prima facie, mediante el recurso extraordinario de revisión previsto en el numeral 1.º del artículo 250 del CPACA .
Por tanto, antes de acudir al amparo, correspondía instaurar dicho mecanismo para que el juez natural determinara si se reunían los presupuestos legales para reabrir excepcionalmente el debate concluido.
49. Lo anterior no supone anticipar que el recurso necesariamente habría
que el juez natural determinara si se reunían los presupuestos legales para reabrir excepcionalmente el debate concluido.
49. Lo anterior no supone anticipar que el recurso necesariamente habría prosperado ni emitir juicio sobre el carácter decisivo de la historia clínica. Significa únicamente que el ordenamiento contemplaba un cauce judicial específico para plantear la existencia de documentos obtenidos con posterioridad, cuya idoneidad y procedencia no podían ser sustituidas directamente por la acción de tutela.
50. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 14 de agosto de 2026 que declaró improcedente la acción, lo que releva a la Sala de estudiar el defecto fáctico atribuido a las providencias cuestionadas.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05174-01
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51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 14 de agosto de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
presentada por la señora Yeimmy Andrea Lozano Hernández, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.