CE - Sentencia 11001031500020260517701 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260517701 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2026-05177-01

Accionante: AEGO1

Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y otro

Tema: Derechos a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la vida digna. El nominador negó fuero de estabilidad laboral reforzada por salud y nombró a funcionaria en propiedad - concurso de méritos. EPS debe garantizar tratamiento en marcha , sin importar que el cotizante no est é activo. CONFIRMA

SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por AEGO, en nombre propio, en contra de la sentencia del 14 de agosto de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente la tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se protejan los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, al trabajo y a la vida en condiciones dignas, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, por negar el fuero de estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud.

HECHOS

vulnerados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, por negar el fuero de estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1 Mediante providencia del 14 de julio de 2026, el a quo resolvió anonimizar el nombre de la accionante para proteger los datos sensibles expuestos en la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2026-05177-01

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Que mediante la Resolución de Sala Plena núm. 1904 del 28 de agosto de 2012 fue nombrada juez Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, en provisionalidad, a partir del 1o de septiembre del mismo año.

Sostiene que padece de los siguientes diagnósticos y menciona el medicamento que le suministraron para ello:

«(…) ARTROSIS y DISCOPATÍAS como la UNCODISCARTROSIS, la

INVERSIÓN DE LA LORDOSIS y otros CAMBIOS ESPONDILÓSICOS,

LUMBALGIA, TUNEL DEL CARPO, GASTRITIS, SÍNDROME DE COLON IRRITABLE, MIGRAÑAS, ALERGIAS ALIMENTICIAS, MIOMAS y HEMORRAGIAS UTERINAS, así como DEPRESIÓN (que pasa de moderada a mayor o grave) y ANSIEDAD GENERALIZADA, REACCIÓN AL ESTRÉS y OTROS PROBLEMAS DE TENSIÓN FÍSICA O MENTAL RELACIONADOS CON EL TRABAJO, y que, en razón a ello, he sido medicada con

a mayor o grave) y ANSIEDAD GENERALIZADA, REACCIÓN AL ESTRÉS y OTROS PROBLEMAS DE TENSIÓN FÍSICA O MENTAL RELACIONADOS CON EL TRABAJO, y que, en razón a ello, he sido medicada con ESCITALOPRAM, PREGABALINA, ESZOPICLONA, MIRTAZAPINA, VENLAFAXINA, QUETIAPINA, entre otros, teniendo, regularmente, que subir la dosis de medicación».

Que el 19 de enero de 2026 , le solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, conceder el fuero de estabilidad laboral reforzada, en virtud de «mi estado de salud, y ante el nombramiento en propiedad de quienes superaron las etapas de la convocatoria 27». Dicha petición fue resuelta de manera desfavorable mediante la Resolución núm. 0116 del 15 de mayo de 2026.

Que por medio de la Resolución núm. 0121 del 19 de mayo de 2026 la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla nombró a la doctora Diana Patricia Bernal Pulido en calidad de juez Séptimo Laboral del Circuito y tuvo por terminado el nombramiento en provisionalidad de la accionante.

Que en la Resolución núm. 0116 del 14 de mayo de 2026 «solo se atendió al análisis de salud mental, indicando que las incapacidades eran discontinuas y se trataba de un diagnóstico reciente». En el recurso de reposición alegó que el diagnóstico por trastorno mixto de ansiedad y depresión fue emitido desde el año 2024, en virtud de

un diagnóstico reciente». En el recurso de reposición alegó que el diagnóstico por trastorno mixto de ansiedad y depresión fue emitido desde el año 2024, en virtud de la acumulación de estrés durante años anteriores.

Afirma que desde el «17 de marzo hasta la actualidad me encuentro incapacitada, pues, según mis médicos tratantes, aun no estoy apta para trabajar, siendo preciso continuar con el tratamiento hasta lograr mejora», aludió a las recomendaciones del Centro Terapéutico Reencontrarse y de la Clínica de Salud Mental Trabajemos Juntos.

Que el 1 o de junio de 2026, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado le amparó los derechos fundamentales a la salud mental y al trabajo en condiciones dignas y exhortó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para garantizar la continuidad de los tratamientos prescritos por los médicos tratantes de la accionante.

Que la Sala Plena del Tribunal a través de la Resolución núm. 0213 del 18 de junio de 2026 decidió no reponer la Resolución núm. 0116 de 2026 , bajo el sustento deRadicado: 11001-03-15-000-2026-05177-01

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que la situación de salud de la accionante no tiene la connotación de importante o grave que se requiere legalmente para fijar un fuero.

Aduce que si su vinculación laboral se extingue no puede dar continuidad al tratamiento que viene siguiendo «por salud mental, pero tampoco a los que se generan por las artrosis, discopatías, colon irritable, hemorragias uterinas por miomas, etc». Además, tendría que dar por terminada «mi hospitalización parcial

tratamiento que viene siguiendo «por salud mental, pero tampoco a los que se generan por las artrosis, discopatías, colon irritable, hemorragias uterinas por miomas, etc». Además, tendría que dar por terminada «mi hospitalización parcial actual, a través de la Clínica de Salud Mental Trabajemos Juntos, lo cual me deja sin la red de apoyo que en este momento me sostiene emocionalmente a través de las terapias a que acudo diariamente».

Que desde el año 2018 hace parte del programa «desórdenes musculoesqueléticos» promovido por la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a las patologías derivadas de artrosis que fueron conocidas por ese departamento, así como por el Consejo Seccional de la Judicatura. También señaló las diferentes terapias que le han realizado por los dolores cervicales y lumbares que presenta y dijo que el Tribunal desconoc ió las leyes 1676 de 2013 y 1751 de 2016 y las resoluciones 429 de 2016 y 4886 de 2018.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene a la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla:

«(…) 1. Adoptar medidas afirmativas en mi calidad de sujeto de especial protección constitucional y, en consecuencia: a. Me vincule a un cargo de igual jerarquía o equivalencia del que venía ocupando <juez laboral del circuito>, una vez se abran vacantes. b. Mientras lo indicado en el literal anterior ocurre, se disponga que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del área de recursos humanos, mantenga mi afiliación a seguridad social en salud, pensión y ARL, a efectos de

b. Mientras lo indicado en el literal anterior ocurre, se disponga que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del área de recursos humanos, mantenga mi afiliación a seguridad social en salud, pensión y ARL, a efectos de dar continuidad a los tratamientos médicos que vengo siguiendo».

Y que se inste a la autoridad accionada a verificar constitucionalmente su condición de debilidad manifiesta, a fin de evitar barreras en la continuidad de sus tratamientos médicos.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 14 de julio de 2026, se admitió la acción; se negó la medida provisional solicitada2; se vinculó al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, a Sura EPS, a seguros Sura póliza de salud y a la Clínica de Salud Mental Trabajemos Juntos, como terceros con interés; y, se ordenó notificar a las partes y a los vinculados.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

2 La accionante pidió ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Área de Talento Humano, mantener su afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensión . Se negó la medida, con fundamento en que en esa etapa procesal no se c ontaba con los elementos de convicción suficiente s que sustenten la necesidad de adoptar órdenes urgentes para evitar que se agrave el supuesto daño alegado.Radicado: 11001-03-15-000-2026-05177-01

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El Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Barranquilla adujo que negó la solicitud de reconocimiento de fuero de estabilidad laboral reforzada y nombró en

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El Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Barranquilla adujo que negó la solicitud de reconocimiento de fuero de estabilidad laboral reforzada y nombró en propiedad a la abogada Diana Patricia Bernal Miranda, en el cargo de juez Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, Atlántico; provisión que se hizo por la solicitud libre y espontánea de quien tenía mejor derecho en virtud del mérito.

Que el número de candidatos superaba el número de vacantes disponibles y que no actuó de manera caprichosa, arbitraria o discriminatoria. Que no desconoció las patologías ni los tratamientos médicos prescritos a la accionante y prueba de ello es que concedió las licencias remuneradas por enfermedad y requirió a la Dirección Seccional para que le brinde acompañamiento institucional a la tutelante.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla informó que durante el tiempo en que la accionante estuvo vinculada , el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo la incluyó en dos (2) Sistemas de Vigilancia Epidemiológico: i) Prevención del Desorden Musculoesquelético (desde el mes de abril de 2021 ); y ii) Factores de Riesgo Psicosocial (desde el 1o de diciembre de 2025).

Expuso que las pretensiones recaen sobre actuaciones que exceden el ámbito de sus competencias funcionales o sobre obligaciones cuya exigibilidad se encuentra supeditada a la existencia de un vínculo legal y reglamentario vigente, el cual finalizó el 10 de julio de 2026.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

sus competencias funcionales o sobre obligaciones cuya exigibilidad se encuentra supeditada a la existencia de un vínculo legal y reglamentario vigente, el cual finalizó el 10 de julio de 2026.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico Dijo que expidió el Acuerdo CSJATA26-89 del 14 de abril de 2026, por medio del cual formuló la lista de candidatos ante el Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Barranquilla, con el fin de proveer en propiedad unos cargos de juez Laboral del Circuito de Barranquilla, la cual fue comunicada el 16 de abril de 2026.

Que la accionante el 19 de enero de 2026 envió solicitud donde informó sobre su estado de salud, dicha petición fue remitida el 21 de igual mes y año al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y al área de recursos humanos de la Dirección Se ccional de Administración Judicial de Barranquilla, para lo de su competencia.

Que no ha realizado acción o incurrido en omisión que implique la amenaza y/o vulneración de los derechos fundamentales alegados por la tutelante. Afirmó que no tiene competencia para resolver la solicitud de estabilidad laboral reforzada presentada, ni otorgar licencia por enfermedad debidamente acreditada y tampoco proveer los cargos de jueces que se encuentren vacantes en forma definitiva o temporal en el Distrito Judicial de Barranquilla.

La EPS Suramericana S.A manifestó que ha garantizado la continuidad de la afiliación y la cobertura de los servicios de salud de la accionante, por lo que no se evidencia actuación u omisión atribuible a esa entidad que comprometa los

La EPS Suramericana S.A manifestó que ha garantizado la continuidad de la afiliación y la cobertura de los servicios de salud de la accionante, por lo que no se evidencia actuación u omisión atribuible a esa entidad que comprometa los derechos fundamentales invocados. Las pretensiones de la tutela no guardanRadicado: 11001-03-15-000-2026-05177-01

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relación con obligaciones legales o funcionales a cargo de EPS, sino con actuaciones propias del empleador.

La Clínica de Salud Mental Trabajemos Juntos no intervino.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 14 de agosto de 2026 declaró improcedente la tutela por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad.

Advirtió que si bien la accionante no pidió dejar sin efectos los actos administrativos por medio de los cuales se negó la solicitud de reconocimiento del fuero de estabilidad laboral reforzada, lo cierto es que cualquier pronunciamiento en este asunto se centra en determinar si las resoluciones núm. 0116 del 14 de mayo y 0213 del 18 de junio de 2026 vulneraron o no los derechos fundamentales.

Indicó que la accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual puede discutir los actos administrativos citados, mecanismo que es idóneo y eficaz, en la medida que puede solicitar medidas cautelares incluso de urgencia, como la suspensión provisional de los efectos de las decisiones cuestionadas o del procedimiento hasta tanto no se defina la declaración o no de su nulidad.

IMPUGNACIÓN

solicitar medidas cautelares incluso de urgencia, como la suspensión provisional de los efectos de las decisiones cuestionadas o del procedimiento hasta tanto no se defina la declaración o no de su nulidad.

IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó la decisión y sostiene que no se valoraron las pruebas, que según dice, dan cuenta de la grave condición de salud que presenta desde hace años y que era de conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de la misma ciudad, a través del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Alega que no basta con señalar que la tutela resulta improcedente en contra de actos administrativos, sino que el juez de tutela debe analizar de manera consiente y sensata la prueba, para determinar si la generalidad de la improcedencia debe ceder ante la excepcionalidad del caso específico, lo cual no ocurrió en este asunto.

Dice que el juez de tutela no revisó, valoró y atendió el fallo de tutela del 1º de julio de 2026 proferido por la Sección Segunda, Subsección B de la corporación, donde se exhortó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para que en «adelante, sus decisiones administrativas en su condición de nominador garantice la continuidad de los tratamientos prescritos por los respectivos médicos tratantes».

A su juicio, la decisión del Tribunal de terminar su vinculación, pese a conocer la providencia antes mencionada , desatendió una orden que debía acatar , trayendo como consecuencia, la no garantía de la continuidad de su tratamiento, ni el amparo

A su juicio, la decisión del Tribunal de terminar su vinculación, pese a conocer la providencia antes mencionada , desatendió una orden que debía acatar , trayendo como consecuencia, la no garantía de la continuidad de su tratamiento, ni el amparo de sus derechos al trabajo en condiciones dignas.Radicado: 11001-03-15-000-2026-05177-01

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Afirma que persiste el deterioro de su salud y que al no estar como cotizante activo, no puede recibir ningún subsidio por incapacidad, lo cual lesiona su mínimo vital y «corro con el riesgo de no poder continuar con el tratamiento ante la eventual falta de cobertura por parte de mi EPS y con ello, también se perdería el acceso a la calificación de pérdida de capacidad laboral».

Aduce que la decisión impugnada desconoce las sentencias T 313 y T 421 de 2024 y agrega que el Tribunal omitió el memorial del 21 de julio de 2026, mediante el cual aportó prueba sobre la existencia de juzgados laborales del circuito vacantes dentro del país, y especialmente dentro de la misma ciudad de Barranquilla; de ahí que su retiro no era una «medida imperativa».

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos; III) garantía del tratamiento en marcha por parte de la EPS; y, IV) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto

actos administrativos; III) garantía del tratamiento en marcha por parte de la EPS; y, IV) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos se vean vulne rados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada por la Corte Constitucional3 la acción de tutela es, por regla general, improcedente para reclamar la protección de los derechos fundamentales que resulten infringidos por la expedición de un acto administrativo. Lo anterior con fundamento en que el legislador ha dispuesto que los me dios de control para demandar estos actos son los que consagra el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Corte ha dicho que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, en tanto se parte del supuesto de que la administración, al momento de manifestar su voluntad debe acatar las disposiciones constitucionales y legales del caso. Ello obliga a quien pretende controverti r un acto administrativo a demostrar que la administración se apartó del marco jurídico sin justificación alguna, debate que le corresponde adelantar a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

obliga a quien pretende controverti r un acto administrativo a demostrar que la administración se apartó del marco jurídico sin justificación alguna, debate que le corresponde adelantar a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

3 Sentencia T 300 de 2025Radicado: 11001-03-15-000-2026-05177-01

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No obstante, ha reconocido que la tutela procede excepcionalmente como mecanismo: i) definitivo, cuando se constata que el medio de control existente no es idóneo ni efectivo para garantizar la protección oportuna e inmediata de los derechos fundamentales vulnerados; y, ii) transitorio, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Para que se configure un perjuicio irremediable, se debe establecer: i) la inminencia del perjuicio, es decir, que el daño está por suceder en un tiempo cercano; ii) la urgencia de las medidas para evitar la afectación de los derechos fundamentales; iii) la gravedad del perjuicio; y, iv) el carácter impostergable de las órdenes por proferir.

Garantía del tratamiento en marcha por parte de la EPS

El artículo 2.1.8.1 del Decreto 780 de 2016 dispone que cuando el empleador reporte la novedad de terminación del vínculo laboral o el trabajador independiente no continue cotizando, el cotizante y su grupo familiar gozan de un periodo de protección laboral, es decir que, tendrán derecho a la prestación de los servicios de salud del plan de beneficios por el término de: i) un (1) mes si estuvo inscrito en la misma EPS como mínimo los doce (12) meses anteriores o más ; o, ii) tres

de salud del plan de beneficios por el término de: i) un (1) mes si estuvo inscrito en la misma EPS como mínimo los doce (12) meses anteriores o más ; o, ii) tres (3) meses si estuvo inscrito de manera continua durante cinco (5) años o más en la EPS.

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T 706 de 2013 señaló que la EPS no puede suspender un tratamiento médico que se encuentra en marcha por el hecho de que el paciente dejó de cotizar:

«(…) Las entidades prestadoras de salud están en la obligación de brindar y suministrar de manera continua, integral y oportuna todos aquellos insumos y tratamientos que requiera la persona que ve afectado su estado de salud, sin dilaciones, obstáculos ni inter rupciones injustificadas. Igualmente, no pueden suspender este servicio cuando al paciente ya le ha sido diagnosticada la enfermedad y se encuentra esperando la realización de los exámenes y procedimientos, hasta que su condición se haya restablecido y le permita llevar una vida en condiciones dignas, o hasta que otra entidad asuma de manera efectiva la atención en salud.»

Esta postura fue reiterada por la Corte en Sentencia T 314 de 2018, en los siguientes términos:

«(…) Igualmente, la Corte ha sostenido que el principio de continuidad en la prestación de servicios de salud responde, no solo a la necesidad de los usuarios de recibir tales servicios, sino también a los postulados del principio de buena fe y de confianza leg ítima contemplados en el artículo 83 de la Constitución Política de 1991 que dispone:

“las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán

buena fe y de confianza leg ítima contemplados en el artículo 83 de la Constitución Política de 1991 que dispone:

“las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. Esos fundamentos garantizan a los usuarios de los servicios de salud que su tratamiento no va ser suspendido luego de haberse iniciado bajo la vigencia de una afiliación que posteriormente se extingue, sin que deba importar la causa de su terminación. En ese orden, elRadicado: 11001-03-15-000-2026-05177-01

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tratamiento médico debe ser terminado hasta la recuperación o estabilización del paciente, esto es, sin interrupciones que pongan en peligro sus derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal o a la dignidad. (…)»

Así las cosas, queda claro que las EPS no pueden suspender el tratamiento que vienen prestando al paciente, por el hecho de que este finalizó su vinculación o dejó de cotizar.

Análisis del caso concreto

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, bajo el entendido que la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, pues la tutelante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde puede alegar la supuesta falta de valoración de su situación médica.

Dicho medio de control resulta ser idóneo y eficaz para obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron el fuero y el restablecimiento del derecho respectivo, pues la tutelante puede pedir medidas cautelares incluso de urgencia.

Dicho medio de control resulta ser idóneo y eficaz para obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron el fuero y el restablecimiento del derecho respectivo, pues la tutelante puede pedir medidas cautelares incluso de urgencia.

La accionante alega que el juez constitucional de primera instancia no valoró las pruebas aportadas, en las cuales, a su juicio, se demuestra su grave situación de salud; sobre el particular, es del caso precisar que la improcedencia de la tutela impide que se realice un estudio de fondo del asunto , en este caso, implica no examinar los documentos que se allegaron a efectos de determinar si había lugar o no a conceder el fuero de estabilidad laboral reforza da, ya que esta labor le corresponde al juez contencioso.

Argumenta que el juez de tutela no tuvo en cuenta la orden que se impartió el 1º de julio de 2026 en la tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-03349-00, en la cual se «ordenó» al nominador garantizar la continuidad de l tratamiento. Además, sostiene que el accionado al dar por terminada la vinculación laboral incumple dicha orden.

La Sala evidencia que la tutela citada fue interpuesta por la señora AEGO en contra de las mismas autoridades que hoy fungen como accionadas, porque el nominador no acogió las recomendaciones médico-laborales consistentes en trabajar 2 veces por semana desde su domicilio y no otorgó licencia remunerada para continuar con su «hospitalización parcial» o «clínica día».

La accionante discute específicamente que el juez constitucional no tuvo en cuenta el numeral 3º del fallo en el cual se manifiesta «[e]xhortar al Tribunal Superior del

su «hospitalización parcial» o «clínica día».

La accionante discute específicamente que el juez constitucional no tuvo en cuenta el numeral 3º del fallo en el cual se manifiesta «[e]xhortar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, en adelante, sus decisiones administrativas en su condición de nominador garanticen la continuidad de los tratamientos prescritos por los respectivos médicos tratantes a la tutelante».

Al respecto, la Sala precisa que el exhorto es una recomendación o invitación que el juez constitucional le realiza a la autoridad accionada, para que actúe de cierta manera, pero no es una orden judicial obligatoria ; en todo caso, s i la accionanteRadicado: 11001-03-15-000-2026-05177-01

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estima que el Tribunal incumplió el fallo de tutela del 1º de julio de 2026 puede promover el correspondiente incidente de desacato.

Por otro lado, la accionante manifiesta que la terminación de su vinculación le impide seguir con su tratamiento médico.

En párrafos anteriores se señaló que conforme a pronunciamientos de la Corte Constitucional las EPS no pueden suspender los tratamientos en marcha, por el hecho de que la vinculación laboral del paciente terminó, sino que en garantía del principio de continuidad deben seguir prestando el servicio médico hasta que: i) la condición se haya restablecido y le permita al paciente llevar una vida en condiciones dignas ; u ii) otra entidad asuma de manera efectiva la atención en salud.

Sobre el particular, la Sala evidencia que : i) desde el año 2024 la accionante hace

condición se haya restablecido y le permita al paciente llevar una vida en condiciones dignas ; u ii) otra entidad asuma de manera efectiva la atención en salud.

Sobre el particular, la Sala evidencia que : i) desde el año 2024 la accionante hace parte del programa «hospital día» en la IPS Trabajemos Juntos , donde le están tratando el trastorno mixto de ansiedad y depresión y otros problemas de tensión física o mental relacionados con el trabajo; ii) el vínculo legal y reglamentario entre la accionante y la Rama Judicial finalizó el 10 de julio de 2026 ; y, iii) la accionante asistió al programa citado los días 22 y 27 de julio y 11, 26 y 28 de agosto de 20264.

De lo anterior, se desprende que con posterioridad a la desvinculación de la Rama Judicial, la accionante sigue recibiendo tratamiento médico por parte de la EPS Sura.

Así las cosas, tampoco procede la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar que se configure un perjuicio irremediable, pues no se materializa ninguno de sus elementos.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 14 de agosto de 2026, proferida por la Sección Primera de esta corporación, donde se declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el presupuesto de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 14 de agosto de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 14 de agosto de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4 Documentos que dan cuenta de las atenciones recibidas por la IPS los días 22 y 27 de julio y 11, 26 y 28 de agosto de 2026.Radicado: 11001-03-15-000-2026-05177-01

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Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente

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