CE - Sentencia 11001031500020260530701 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260530701 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-015-000-2026-05307-01

Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F y otro

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho . Sustitución pensional. Asignación mensual de retiro. Condición de beneficiario. Temeridad.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

La Sala decide la impugnación formulada por Gloria Amparo Barajas Vásquez en contra de la Sentencia de 4 de agosto de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual rechazó por temeridad y exhortó a la parte actora para que se abstuviera de continuar presentando acciones de tutelas sobre los mismos hechos y argumentos.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 10 de julio de 2026, la parte actora presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por la Subsección F de la

1. El 10 de julio de 2026, la parte actora presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 8

Administrativo de Descongestión de Bogotá , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 11001-33-31-016 2011-00613-00, acumulado en el expediente No. 11001-33-31-012-2011-0011100/01.

2. A título de amparo, solicitó que se dejaran sin efectos la Sentencia de 27 de febrero de 2015 proferida por el Juzgado 8 Administrativo de Descongestión de Bogotá y la Sentencia de 31 de agosto de 2018 de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, ordenara proferir una sentencia de reemplazo.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora señaló que en el año 2011 radicó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 2644 de 19 de mayo de 201 0 y de la Resolución No. 4519 de 3 de agosto de 2010, mediante las cuales se negó la sustitución pensional y, a título deRadicado: 11001-03-15-000-2026-05307-01

Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez

agosto de 2010, mediante las cuales se negó la sustitución pensional y, a título deRadicado: 11001-03-15-000-2026-05307-01

Demandante: Gloria Amparo Barajas Vásquez

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2 restablecimiento del derecho, se reconociera la asignación mensual de retiro del causante José Rodrigo Palacio Cano.

4. El 27 de febrero de 2015, el Juzgado 8 Administrativo de Descongestión de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que se logró establecer con suficiente claridad que la señora Barajas Vásquez se separó del causante en septiembre de 2007. Estimó que no podía pretenderse que el vínculo que hubiera podido existir entre la expareja produjera efectos de carácter patrimonial con posterioridad a su terminación, atendiendo a las causas que presuntamente motivó el divorcio, máxime cuando la norma aplicable a la prestación pensional del causante establecía expresamente, como una de las causales de pérdida de la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de la asignación de retiro, la relacionada con el divorcio.

5. El 18 de marzo de 2015, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Afirmó que el juez, al valorar la prueba testimonial, descartó de plano el testimonio rendido por Julián Eduardo Palacios Barajas por su calidad de hijo, pese a que este era quien conocía con detalle la vida

contra la sentencia de primera instancia. Afirmó que el juez, al valorar la prueba testimonial, descartó de plano el testimonio rendido por Julián Eduardo Palacios Barajas por su calidad de hijo, pese a que este era quien conocía con detalle la vida marital de sus padres. Señaló que, si bien su testimonio fue valorado bajo las reglas de la sana crítica, el juez no explicó las razones por las cuales lo excluyó. Manifestó que no se tuvo en cuenta la prueba documental allegada al plenario, particularmente las declaraciones extrajuicio rendidas por 4 personas, quienes señalaron los maltratos físicos que la actora recibió por parte de su esposo. Agregó que tampoco se analizó el expediente No. P-lNSGE-2007-42, adelantado en contra del causante por las agresiones físicas ocurridas en 2007, año en el que se divorciaron.

6. El 31 de agosto de 2018, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la Sentencia de 27 de febrero de

2015. Precisó que no le asistía razón al juez de primera instancia cuando aseveró que no se logró establecer con suficiente claridad que la señora Barajas se separó del causante en septiembre de 2007, pues se encontraba demostrado que la accionante y el señor Palacio suscribieron, por mutuo acuerdo, la escritura pública de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso el 13 de septiembre de 2007 y que no se demostró que, después de suscrita dicha cesación, hubieran continuado conviviendo.

7. Sostuvo que el testimonio de Julián Eduardo Palacio Barajas no permitía establecer con certeza si, efectivamente, la accionante y el causante continuaban

conviviendo.

7. Sostuvo que el testimonio de Julián Eduardo Palacio Barajas no permitía establecer con certeza si, efectivamente, la accionante y el causante continuaban conviviendo después de su separación, pues, aunque inicialmente afirmó que sí, posteriormente señaló que el causante vivió con varias mujeres en la ciudad de Bogotá y que, 3 meses antes de su deceso, se trasladó a Medellín, mientras que la accionante residía en Santander con su hijo. Concluyó que posiblemente mantuvieron contacto después de su separación, pero que dicho testimonio no ofrecía certeza acerca de que hubieran continuado conviviendo como pareja, pues no se hizo mención del apoyo afectivo y de la comprensión mutua que caracterizarían dicha convivencia, aun cuando ambos residían en domicilios diferentes.Radicado: 11001-03-15-000-2026-05307-01

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8. Como fundamentos de la vulneración , la parte actora sostuvo que la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al mantener una interpretación restrictiva de las normas aplicables a la sustitución de la asignación de retiro, sin considerar adecuadamente las circunstancias de violencia física y psicológica, así como las infidelidades que padeció durante la relación matrimonial con José Rodrigo Palacio

Cano.

9. Señaló que dichas circunstancias fueron acreditadas en el proceso

adecuadamente las circunstancias de violencia física y psicológica, así como las infidelidades que padeció durante la relación matrimonial con José Rodrigo Palacio Cano.

9. Señaló que dichas circunstancias fueron acreditadas en el proceso mediante el informe técnico médico legal de lesiones, la denuncia presentada ante la SIJIN, el expediente disciplinario No. P-INSGE-2007-42 y las declaraciones testimoniales practicadas dentro del proceso. Cuestionó que, pese a que el propio Tribunal reconoció la existencia de los maltratos, hubiera considerado irrelevantes las pruebas dirigidas a acreditarlos como causa de la ruptura del vínculo, al estimar que el Decreto 4433 de 2004 no exigía demostrar que la cesación de los efectos civiles del matrimonio no hubiera sido por culpa de la cónyuge. Indicó que ese razonamiento impidió examinar las circunstancias en las que se produjo la separación y supuso una interpretación restrictiva de sus derechos, al prescindir de un análisis con enfoque de género.

10. Agregó que los operadores judiciales tampoco consideraron que acompañó

al causante durante más de 25 años de su vida, a lo largo de su carrera en la Policía Nacional, mientras se dedicaba al hogar y a la crianza de sus hijos y dependía económicamente de aquel. Sostuvo que la ruptura de la convivencia ocurrió en un contexto de maltratos e infidelidades, por lo que la sola exigencia de acreditar la convivencia y el compromiso de apoyo afectivo al momento del fallecimiento, sin atender las circunstancias que condujeron a la separación, terminaba por desconocer la situación particular de una mujer que fue víctima de violencia durante

convivencia y el compromiso de apoyo afectivo al momento del fallecimiento, sin atender las circunstancias que condujeron a la separación, terminaba por desconocer la situación particular de una mujer que fue víctima de violencia durante la relación matrimonial.

11. Sostuvo que no se configuraba la cosa juzgada constitucional, pese a la identidad de las partes, porque la causa petendi cambió con ocasión del desarrollo jurisprudencial posterior en materia de protección de las mujeres y de valoración de situaciones de violencia. Invocó las Sentencias SU -213 de 2023 y T -239 de 2025, de las cuales destacó que la existencia de un hecho nuevo podía modificar la causa petendi y permitir un nuevo estudio cuando se hubiera producido un pronunciamiento novedoso con vocación de universalidad que justificara analizar el asunto bajo un enfoque distinto. Afirmó que en las decisiones proferidas dentro del proceso contencioso administrativo no se realizó un análisis sobre la violencia sufrida por la accionante desde la perspectiva de género.

12. Señaló que su situación personal reforzaba la necesidad de examinar nuevamente su caso, pues para la fecha de presentación de la tutela tenía 63 años, no contaba con pensión ni actividad laboral y presentaba diversas condiciones de salud que la colocaban en una situación de vulnerabilidad. Consideró que la interpretación efectuada por las autoridades judiciales había terminado por revictimizarla, al exigirle las condiciones ordinarias de convivencia para acceder aRadicado: 11001-03-15-000-2026-05307-01

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4 la prestación sin atender las circunstancias de violencia que determinaron la ruptura del vínculo matrimonial.

Intervenciones1

13. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto se estaba utilizando como una «tercera instancia» para controvertir decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas.

Sostuvo que no se configuraba defecto alguno que ameritara la interv ención excepcional del juez constitucional o, en su defecto, que debía negarse el amparo solicitado, al considerar que no se vulneró derecho fundamental alguno de la accionante, toda vez que la providencia judicial se encontraba plenamente ajustada a la Constitución y a la ley.

14. Indicó que debía declararse la temeridad y la mala fe procesal de la accionante, así como ordenarse la imposición de las sanciones a que hubiera lugar, al advertir que el asunto sometido a consideración ya había sido objeto de análisis exhaustivo y de decisión de finitiva por parte del Consejo de Estado mediante Sentencia de 18 de julio de 2019, proferida dentro de la acción de tutela No. 1100103-15-000-2019-01623-01. Expuso que dicha decisión se encontraba ejecutoriada, hizo tránsito a cosa juzgada y constituía el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto.

15. Afirmó que se reunían las 3 identidades esenciales que estructuraban la

hizo tránsito a cosa juzgada y constituía el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto.

15. Afirmó que se reunían las 3 identidades esenciales que estructuraban la figura de la cosa juzgada, en la medida en que concurrían la misma parte activa, las mismas partes pasivas y entidades involucradas, así como la misma causa y objeto, puesto que nuevamente se pretendía dejar sin efecto la actuación administrativa de CASUR y las decisiones judiciales proferidas, con el fin de obtener el reconocimiento de una prestación que fue negada con fundamento en la normativa vigente.

Sentencia impugnada

16. El 4 de agosto de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó por temeridad la acción de tutela y exhortó a la parte demandante para que se abstuviera de continuar presentando acciones de tutela con fundamento en los mismos hechos y argumentos.

17. Afirmó que la parte actora no identificó con precisión cuál era la circunstancia jurídica novedosa que, a partir de las providencias invocadas, hubiera modificado la causa petendi de la acción promovida en el año 2019. Indicó que la accionante se limitó a referir las Sentencias SU -213 de 2023 y T -239 de 2025 y a señalar, de manera general, que existía un desarrollo jurisprudencial posterior en materia de protección de las mujeres víctimas de violencia y de aplicación de la

1 Mediante Auto de 14 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 8 Administrativo de

1 Mediante Auto de 14 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 8 Administrativo de Descongestión de Bogotá y, vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, a Erika Karina Gómez López y al Juzgado 52 Administrativo de Bogotá.Radicado: 11001-03-15-000-2026-05307-01

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5 perspectiva de género, sin explicar cuál era la nueva regla contenida en tales providencias que resultara directamente aplicable a la situación de la señora Barajas Vásquez y que permitiera reabrir el debate ya resuelto por la jurisdicción constitucional.

18. Sostuvo que tampoco encontraba que las providencias invocadas reunieran las condiciones necesarias para ser consideradas como un hecho nuevo. Precisó que, e n relación con la Sentencia SU -213 de 2023, si bien se trataba de una sentencia de unificación con vocación de universalidad, su contenido no guardaba relación con el supuesto fáctico ni con el problema jurídico planteado en la presente acción, en la medida en que la Corte Constitucional estableció que la pensión de sobrevivientes no podía ser suspendida o revocada por el hecho de que su beneficiario hubiera contraído nuevas nupcias o iniciado una nueva vida marital

acción, en la medida en que la Corte Constitucional estableció que la pensión de sobrevivientes no podía ser suspendida o revocada por el hecho de que su beneficiario hubiera contraído nuevas nupcias o iniciado una nueva vida marital antes del 7 de julio de 1991, supuesto que constituía la regla jurídica allí unificad a. Explicó que esa decisión no introducía una regla novedosa relacionada con el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro ni con la valoración de la violencia física o psicológica como circunstancia determinante de la ruptura de la convivencia, aspectos en los que se sustentaba l a tutela promovida por la accionante.

19. Manifestó que la Sentencia T-239 de 2025 tampoco podía ser considerada como el hecho nuevo alegado, por cuanto se trataba de una sentencia de tutela que resolvió un caso concreto y, por tanto, carecía de la vocación de universalidad exigida por la jurisprudencia para que un pronunciamiento pudiera modificar excepcionalmente la causa petendi. Añadió que su contenido tampoco guardaba relación con la controversia obje to de examen. Explicó que dicha sentencia no establecía una regla jurisprudencial nueva y general relacionada con la sustitución de la asignación de retiro en casos de violencia de género, sino que aplicó la regla de unificación fijada en la Sentencia SU -213 de 2023 a las circunstancias particulares del asunto allí decidido, relacionadas con el restablecimiento de una pensión de sobrevivientes a una mujer de la tercera edad a quien se le suspendió o revocó la prestación por haber contraído nuevas nupcias antes de 1991.

particulares del asunto allí decidido, relacionadas con el restablecimiento de una pensión de sobrevivientes a una mujer de la tercera edad a quien se le suspendió o revocó la prestación por haber contraído nuevas nupcias antes de 1991.

20. Concluyó que la accionante promovió más de una acción de tutela con fundamento en los mismos hechos y pretensiones, conducta que configuraba una actuación temeraria, sin que se hubiera advertido una justificación o excepción que permitiera eximirla de dicha consecuencia. Consideró que tal actuación debía conducir al rechazo o a una decisión desfavorable de las solicitudes formuladas.

Señaló que se abstenía de imponer sanción alguna a la señora Barajas Vásquez y a su apoderado, toda vez que, en el escrito de tutela, la accionante reconoció la existencia de una acción constitucional previamente presentada y expuso una justificación para promover la nueva demanda, aunque esta no hubiera resultado suficiente para desvirtuar la configuración de la temeridad.

Impugnación

21. El 28 de agosto de 2026, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que no se configuraba una actuación temeraria, pues en elRadicado: 11001-03-15-000-2026-05307-01

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6 caso persistía una situación de violencia de género que no fue objeto de análisis por parte de los operadores judiciales. Cuestionó que el fallo hubiera rechazado la

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6 caso persistía una situación de violencia de género que no fue objeto de análisis por parte de los operadores judiciales. Cuestionó que el fallo hubiera rechazado la acción de tutela por temeridad sin atender los argumentos expuestos en relación con la vulneración de sus derechos fundamentales.

22. Sostuvo que, tanto en las decisiones proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo como en el fallo de tutela objeto de impugnación, nunca se realizó una revisión del caso desde un enfoque de género orientado a la protección de sus derechos fundamentales. Señaló que las pruebas documentales y testimoniales recaudadas durante el proceso demostraban la violencia física, psicológica y económica que sufrió por parte de su esposo, José Rodrigo Palacio Cano, quien ostentaba el grado de coronel de la Policía Nacional.

23. Afirmó que existían desarrollos legales y pronunciamientos de las altas cortes orientados a la protección de las mujeres frente a situaciones de violencia física y psicológica, por lo que cuestionó que tales circunstancias no hubieran sido consideradas en su caso . Planteó la necesidad de determinar si el ordenamiento jurídico ofrecía protección a las mujeres amas de casa que hubieran sufrido maltratos físicos y psicológicos e infidelidades por parte de sus esposos o compañeros permanentes, y sostuvo que, pese a que tales circunstancias quedaron acreditadas, la administración de justicia no prestó atención al sufrimiento que padeció.

24. Cuestionó que el juez de primera instancia hubiera privilegiado el análisis de la temeridad sobre las circunstancias particulares de la accionante, pese a que

padeció.

24. Cuestionó que el juez de primera instancia hubiera privilegiado el análisis de la temeridad sobre las circunstancias particulares de la accionante, pese a que tenía 63 años y presentaba afecciones de salud, las cuales fueron acreditadas mediante su historia clínica . Indicó que interpuso la impugnación con el propósito de considerar que la alegación de temeridad no podía prevalecer sobre los derechos de una mujer que fue víctima de violencia física, psicológica y económica y cuya situación se demostró mediante las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado acertó al rechazar por temeraria la acción de tutela presentada por Gloria Amparo Barajas Vásquez contra el Juzgado 8 Administrativo de Descongestión de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que la controversia ya había sidoRadicado: 11001-03-15-000-2026-05307-01

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7 objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado mediante Sentencia de 18 de julio de 2019, pese a que la accionante alegó que la violencia de género sufrida durante su relación matrimonial y los desarrollos jurisprudenciales posteriores en materia de protección de las mujeres justificaban un nuevo examen de sus pretensiones.

Verificación de la actuación temeraria

27. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que rechazó por temeridad la acción de tutela incoada por Gloria Amparo Barajas Vásquez, por las

razones que pasan a explicarse:

28. El 22 de abril de 2019, la accionante promovió una acción de tutela contra el Juzgado 8 Administrativo de Descongestión de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el propósito de cuestionar las Sentencias de 27 de febrero de 2015 y 31 de agosto de 2018, proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que le fue negado el reconocimiento de la sustitución de la asignación mensual de retiro de José Rodrigo Palacio Cano. El amparo fue negado por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante Sentencia de 22 de mayo de 2019, decisión que confirmó la Sección Primera de esta Corporación el 18 de julio del mismo año y que adquirió fuerza de cosa juzgada constitucional al no ser seleccionada para revisión por la Corte Constitucional.

confirmó la Sección Primera de esta Corporación el 18 de julio del mismo año y que adquirió fuerza de cosa juzgada constitucional al no ser seleccionada para revisión por la Corte Constitucional.

29. Al comparar esa actuación con la presentada el 10 de julio de 2026, la Sala encuentra identidad de partes, hechos y pretensiones. En ambas oportunidades, la señora Barajas Vásquez cuestionó las mismas providencias judiciales y solicitó dejarlas sin efectos para que se profiriera una nueva decisión que reconociera la prestación reclamada. Asimismo, sostuvo que la ruptura de la convivencia obedeció a los maltratos físicos y psicológicos y a las infidelidades que atribuyó al causante, circunstancias que, a su juicio, no fueron valoradas adecuadamente por las autoridades judiciales.

30. En efecto, en la acción de tutela presentada en el año 2019, la actora cuestionó la valoración del testimonio de su hijo, Julián Eduardo Palacio Barajas, y de las declaraciones extrajuicio que daban cuenta de los maltratos que habría sufrido durante el matrimonio. También alegó que la cesación de los efectos civiles del vínculo, formalizada el 10 de septiembre de 2007, no obedeció a una decisión libre, sino a las circunstancias de violencia que padeció, e invocó la Ley 447 de 1998 y diversos pronunciamientos judiciales para sostener que la ruptura no imputable al cónyuge supérstite no debía impedir el reconocimiento de la prestación. Por tanto, la referencia actual a la violencia económica, al informe técnico médico legal, a la denuncia presentada ante la SIJIN y al expediente disciplinario no introduce, por sí

cónyuge supérstite no debía impedir el reconocimiento de la prestación. Por tanto, la referencia actual a la violencia económica, al informe técnico médico legal, a la denuncia presentada ante la SIJIN y al expediente disciplinario no introduce, por sí misma, una situación fáctica sustancialmente distinta, pues la accionante afirma que esos elementos corresponden a hechos y pruebas r elacionados con el mismo proceso ordinario.Radicado: 11001-03-15-000-2026-05307-01

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31. Además, la Sentencia de 31 de agosto de 2018 examinó las circunstancias de la separación y reconoció los maltratos físicos y psicológicos alegados, pero concluyó que la cesación de los efectos civiles del matrimonio se había formalizado por mutuo acuerdo y que no se había aportado una decisión judicial que atribuyera la ruptura al causante. También consideró que no se acreditó la continuidad de la convivencia ni la existencia de apoyo afectivo y comprensión mutua hasta el fallecimiento. Posteriormente, al resolver la t utela de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado descartó los defectos sustantivo y fáctico invocados, al estimar que se había aplicado la normativa vigente y que la valoración probatoria no había sido arbitraria. En consecuencia, la controversia relacionada con los maltratos, la terminación del vínculo matrimonial y la valoración de las pruebas ya había sido sometida al examen del juez constitucional.

sido arbitraria. En consecuencia, la controversia relacionada con los maltratos, la terminación del vínculo matrimonial y la valoración de las pruebas ya había sido sometida al examen del juez constitucional.

32. La Sala no desconoce la necesidad de aplicar la perspectiva de género en los asuntos en los que se alegan actos de violencia contra las mujeres, ni que dicho enfoque exige valorar el contexto de los hechos y evitar que los estereotipos condicionen las decisiones judiciales. Sin embargo, la invocación de este enfoque no convierte automáticamente en novedosos los hechos que sustentaron una acción de tutela anterior. En este caso, la actora pretende que se examinen nuevamente las mismas circunstancias de violencia y sus efectos sobre la ruptura matrimonial, bajo el argumento de que no fueron valoradas desde esa perspectiva.

No obstante, no identifica un hecho sobrevenido que haya modificado la situación fáctica examinada ni una nueva actuación judicial que dé lugar a una controversia constitucional distinta.

33. Tampoco las referencias a las Sentencias SU-213 de 2023 y T-239 de 2025 justifican la presentación de una nueva acción. Si bien un cambio jurisprudencial puede constituir excepcionalmente un hecho nuevo, es necesario que la providencia invocada introduzca una regla novedosa, con vocación de universalidad y aplicación directa al asunto, que tenga incidencia en la controversia previamente resuelta. La Sentencia SU-213 de 2023 estableció una regla relacionada con la imposibilidad de suspender o revocar una pensión de sobrevivientes por habe r contraído nuevas nupcias o iniciado una nueva vida marital antes del 7 de julio de 1991. Por su parte,

suspender o revocar una pensión de sobrevivientes por habe r contraído nuevas nupcias o iniciado una nueva vida marital antes del 7 de julio de 1991. Por su parte, la Sentencia T-239 de 2025 aplicó esa regla a un caso concreto, sin establecer un criterio novedoso sobre la sustitución de la asignación de retiro en situaciones de violencia de género. Por ello, ninguna de las 2 providencias introduce una circunstancia jurídica que permita reabrir el debate planteado por la accionante.

34. De igual manera, la Sala toma en consideración que la demandante alegó tener 63 años, carecer de pensión y de actividad laboral, y presentar afecciones de salud acreditadas mediante su historia clínica. Aunque esas circunstancias merecen consideración, no alteran los hechos que dieron origen a la presunta vulneración ni explican por qué la controversia ya decidida debía someterse nuevamente al juez constitucional. La accionante tampoco acreditó que su situación le hubiera impedido comprender el alcance de l a decisión anterior o que la reiteración de la tutela obedeciera a un estado de indefensión, miedo insuperable o necesidad extrema que justificara su actuación.Radicado: 11001-03-15-000-2026-05307-01

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35. En este contexto, el hecho de que la accionante haya informado sobre la tutela anterior y expuesto razones para promover una nueva solicitud no resulta

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35. En este contexto, el hecho de que la accionante haya informado sobre la tutela anterior y expuesto razones para promover una nueva solicitud no resulta suficiente para desvirtuar la temeridad, pues tales argumentos no acreditan una circunstancia fáctica o jurídica novedosa que justifique otro pronunciam

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