CE - Sentencia 11001031500020260550701 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260550701 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05507-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: RENÉ RUEDA RIBÓN
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
LAS PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, POR CUANTO LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PETICIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 10 de agosto de 2026, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1 denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1 En adelante, SECCIÓN SEGUNDA.2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05507-01
Actor: RENÉ RUEDA RIBÓN
1 En adelante, SECCIÓN SEGUNDA.2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05507-01
Actor: RENÉ RUEDA RIBÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
El señor RENÉ RUEDA RIBÓN , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales estima vulnerados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO3, al haber proferido, respectivamente, las providencias de 28 de mayo de 2024 y 15 de diciembre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2024-00044-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que se desempeñó como gerente de la E.S.E. HOSPITAL DE CANDELARIA (ATLÁNTICO)4, entre el 20 de junio de 2016 y el 11 de abril de 2018; y que tras la terminación de su vínculo laboral reclamó el pago de las prestaciones sociales causadas.
Aseveró que, con el propósito de obtener el pago de dichas acreencias, acudió ante la INSPECCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO
2 En adelante, JUZGADO.
reclamó el pago de las prestaciones sociales causadas.
Aseveró que, con el propósito de obtener el pago de dichas acreencias, acudió ante la INSPECCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO
2 En adelante, JUZGADO. 3 En adelante, TRIBUNAL. 4 En adelante, HOSPITAL.3
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Actor: RENÉ RUEDA RIBÓN
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DE LA CRUZ (ATLÁNTICO)5, trámite dentro del cual el HOSPITAL fue citado en varias oportunidades; no obstante, no compareció.
Indicó que, en consecuencia, promovió demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, la cual le correspondió por reparto al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SABANALARGA que, mediante auto de 26 de febrero de 2024, declaró la falta de jurisdicción y remitió el expediente a los juzgados administrativos del circuito de Barranquilla.
Refirió que el asunto le correspondió al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA 6 que, mediante auto de 20 de marzo de 2024, avocó conocimiento e inadmitió la demanda para que se adecuara al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para lo cual debía , entre otros, identificar el acto administrativo demandado, precisar las
inadmitió la demanda para que se adecuara al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para lo cual debía , entre otros, identificar el acto administrativo demandado, precisar las pretensiones y el concepto de violación y estimar razonadamente la cuantía.
5 En adelante, INSPECCIÓN DE TRABAJO. 6 En adelante, JUZGADO.4
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Señaló que presentó escrito de subsanación en el que identificó como acto acusado el ficto o presunto que, en su sentir, se configuró por la falta de respuesta del HOSPITAL a la solicitud de reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, y aportó las citaciones expedidas dentro del trámite adelantado ante la INSPECCIÓN DE TRABAJO.
Expuso que el JUZGADO, mediante auto de 28 de mayo de 2024, rechazó la demanda al considerar que en el expediente ordinario no obraba escrito o constancia que acreditara una petición formulada ante el HOSPITAL de la cual pudiera derivarse el silencio administrativo alegado.
Sostuvo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo el primero de estos resuelto de manera confirmatoria por el JUZGADO.
Adujo que el TRIBUNAL, en providencia de 15 de diciembre de 2025,
reposición y, en subsidio, de apelación, siendo el primero de estos resuelto de manera confirmatoria por el JUZGADO.
Adujo que el TRIBUNAL, en providencia de 15 de diciembre de 2025, confirmó la decisión por estimar que las citaciones remitidas al HOSPITAL dentro de la actuación adelantada ante la INSPECCIÓN DE TRABAJO tenían por objeto procurar su comparecencia a una diligencia y no acreditaban, por sí solas, una petición administrativa5
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dirigida a obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.
Finalmente, precisó que el JUZGADO en auto de 2 de junio de 2026 dispuso el archivo definitivo del proceso.
I.3. Fundamentos de derecho
Manifestó que sí elevó ante el HOSPITAL solicitud de pago de sus prestaciones sociales a través de la INSPECCIÓN DE TRABAJO, trámite en el que el mencionado centro de salud fue citado en varias oportunidades sin que se compareciera, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo.
Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, pues exigieron al derecho de petición requisitos de forma que no están previstos en la ley . Lo anterior, comoquiera que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 de la Constitución
defecto sustantivo, pues exigieron al derecho de petición requisitos de forma que no están previstos en la ley . Lo anterior, comoquiera que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 de la Constitución Política y 4 (numeral 2), 5 y 13 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, este último sustituido por la Ley 1755 de 30 de junio de 20158, toda actuación que una persona inicie ante las autoridades implica el
7 En adelante, CPACA. 8 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.6
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ejercicio del derecho de petición, sin necesidad de invocarlo, y puede presentarse verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio idóneo.
En ese sentido, adujo que las citaciones a la querella y a la audiencia de conciliación ante la INSPECCIÓN DE TRABAJO constituyeron un medio idóneo para solicitar el reconocimiento de un derecho y que, por tanto, con ella s dio inicio a la actuación administrativa que culminó en el acto ficto o presunto demandado.
Alegó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL echaron de menos la copia del acto demandado, pese a que se les indicó que se trataba
culminó en el acto ficto o presunto demandado.
Alegó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL echaron de menos la copia del acto demandado, pese a que se les indicó que se trataba de un acto ficto o presunto que, por su naturaleza, no podía aportarse al plenario.
Finalmente, adujo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en falta de motivación, pues sus decisiones carecen de fundamento jurídico que respalde su exigencia.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:7
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“[…] 1°. Se ordene al juzgado sexto administrativo de Barranquilla, que emita nuevamente auto en el que resuelva la admisión de la demanda pero teniendo en cuenta los textos constitucionales y legales regulatorios del derecho de petición especialmente los siguientes:
Art. 13 ley 1755 de 2015
...”Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos”…
Artículo 5 Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A ...”Toda persona tiene derecho a presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público”...
En el evento de que no se conceda el primer punto
2°. Se ordene al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico que emita nuevamente auto en el que resuelva la apelación del auto de rechazo de la demanda pero teniendo en cuenta los textos constitucionales y legales regulatorios del derecho de petición especialmente los siguientes: […]”. (Destacado del texto original).
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO afirmó que no ha vulnerado los derechos8
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I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO afirmó que no ha vulnerado los derechos8
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fundamentales alegados por el actor, comoquiera que las decisiones cuestionadas fueron proferidas conforme a derecho y a las pruebas obrantes en el expediente ordinario, de las cuales se logró concluir la ausencia de la petición presentada ante el HOSPITAL que permitiera tener por configurado el acto ficto o presunto invocado, de tal forma que las citaciones efectuadas a través de la INSPECCIÓN DE TRABAJO no demostraban, por sí solas, el inicio de una actuación administrativa ante el referido centro de salud.
Manifestó que lo pretendido por el actor es reabrir un debate ya surtido por el juez natural del asunto y convertir la acción de tutela en una tercera instancia dentro del proceso ordinario cuestionado.
Finalmente, solicitó que se declare improcedente la solicitud o, en su defecto, se deniegue el amparo, pues las providencias cuestionadas están suficientemente motivadas y fueron proferidas con respeto por las garantías procesales.
I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela o, en su defecto, se denieguen las pretensiones, toda vez que la decisión que profirió en su momento no incurrió en defecto alguno ni vulneró los derechos fundamentales9
presente acción de tutela o, en su defecto, se denieguen las pretensiones, toda vez que la decisión que profirió en su momento no incurrió en defecto alguno ni vulneró los derechos fundamentales9
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invocados por el actor, pues, por el contrario, se fundamentó en la normativa aplicable al asunto.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 10 de agosto de 2026, denegó el amparo al considerar que no se configuraron los defectos alegados.
En cuanto al defecto sustantivo, adujo que el TRIBUNAL consideró que las citaciones realizadas por la INSPECCIÓN DE TRABAJO tenían por objeto procurar la comparecencia del HOSPITAL a una diligencia de conciliación, por lo que no acreditaban una reclamación administrativa dirigida a obtener una decisión sobre el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, interpretación que, a su juicio, no desconoce el carácter antiformalista del derecho de petición y se mantiene dentro de un margen razonable de la autonomía judicial, pues tampoco se acreditó que una solicitud con ese contenido hubiera llegado efectivamente a conocimiento de l centro hospitalario.
Indicó que tampoco se configuró el defecto de decisión sin10
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ese contenido hubiera llegado efectivamente a conocimiento de l centro hospitalario.
Indicó que tampoco se configuró el defecto de decisión sin10
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motivación, por cuanto el TRIBUNAL analizó las citaciones aportadas, precisó la finalidad que les atribuyó y explicó por qué estas no eran suficientes para demostrar una petición capaz de generar un silencio administrativo negativo.
En ese orden de ideas, determinó que los reparos del actor expresaban una discrepancia con el alcance jurídico otorgado a esas actuaciones, pero no evidenciaban una motivación inexistente, aparente o manifiestamente insuficiente.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia de 10 de agosto de 2026 proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, el a quo incurrió en un error en la apreciación de las pruebas al concluir que no existía constancia de cuándo y cómo el HOSPITAL recibió las comunicaciones y que, por tanto, no se acreditó el inicio de la actuación administrativa alegada dentro del proceso ordinario censurado.
Adujo que en el expediente obra la tercera citación expedida por la INSPECCIÓN DE TRABAJO el 10 de diciembre de 2018, la cual11
proceso ordinario censurado.
Adujo que en el expediente obra la tercera citación expedida por la INSPECCIÓN DE TRABAJO el 10 de diciembre de 2018, la cual11
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tiene sello de recibido por parte del HOSPITAL, con firma, fecha y hora, así como las guías de correo certificado de las empresas 4 -72 y Distri-Envíos con las que se le remitieron solicitudes directas, de manera que est e sí conoció que se le reclamaba el pago de sus prestaciones sociales.
Sumado a ello, insistió en que la s providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo al interpretar de forma restrictiva lo dispuesto en los artículos 23 de la Constitución Política y 13 del CPACA, sustituido por la Ley 1755 de 2015, y exigir formalidades adicionales a la reclamación, pese a que, en su criterio, el silencio del HOSPITAL frente a los requerimientos hechos configuró el acto ficto o presunto demandado.
Agregó que las decisiones cuestionadas le impidieron obtener un pronunciamiento de fondo sobre derechos laborales irrenunciables.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05507-01
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de12
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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia13
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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas14
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las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
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las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.15
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)16
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En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 28 de mayo de 2024 y 15 de diciembre de 2025, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2024-00044-01.
A las citadas providencias la parte actora les atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , por cuanto, a su juicio, incurrieron en defecto sustantivo y en decisión sin motivación, habida cuenta de que, contrario a lo afirmado, sí solicitó a l HOSPITAL el pago de sus prestaciones sociales a través de las
acceso a la administración de justicia , por cuanto, a su juicio, incurrieron en defecto sustantivo y en decisión sin motivación, habida cuenta de que, contrario a lo afirmado, sí solicitó a l HOSPITAL el pago de sus prestaciones sociales a través de las citaciones efectuadas por la INSPECCIÓN DE TRABAJO, frente a las cuales el centro de salud guardó silencio, lo que configuró el acto ficto o presunto demandado.
Alegó que las autoridades judiciales accionadas exigieron al derecho de petición requisitos de forma no previstos en los artículos 23 de la Constitución Política; y 4°, 5° y 13 del CPACA, normativa según la cual toda actuación iniciada ante autoridades implica su ejercicio por cualquier medio idóneo; y reprochó que se echara de menos la copia17
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de un acto que, por ser ficto, no podía aportarse.
Añadió que las decisiones carecen de motivación, en tanto no explican el fundamento jurídico de la exigencia de una forma determinada para ejercer el derecho de petición.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 10 de agosto de 2026, denegó el amparo solicitado al considerar que no se incurrió en los defectos alegados.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 10 de agosto de 2026, denegó el amparo solicitado al considerar que no se incurrió en los defectos alegados.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia e indicó que el HOSPITAL sí conoció de la reclamación efectuada , por lo que se configuró el acto ficto o presunto.
En este punto, es del caso advertir que si bien el actor le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales tanto a l auto de 28 de mayo de 2024, proferid o por el JUZGADO, como al de 15 de diciembre de 2025, dictado por el TRIBUNAL, la Sala centrará su análisis en esta última providencia, toda vez que, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión de primera instancia y, por18
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Actor: RENÉ RUEDA RIBÓN
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tanto, es la que puso fin a la controversia y fijó de manera definitiva la posición judicial que se cuestiona.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y de ser así, se
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se verif
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