CE - Sentencia 11001031500020260555001 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260555001 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-05550-01
Accionante: ARMANDO ESCOBAR ARANGO
Accionada: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 3 de septiembre de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Armando Escobar Arango , a través de apoderado judicial solicitó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la igualdad y de fensa en conexidad con los principios de buena fe y prevalencia del derecho sustancial, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 18 de julio y 1.° de diciembre de 2025 proferidas por la Subsección
de buena fe y prevalencia del derecho sustancial, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 18 de julio y 1.° de diciembre de 2025 proferidas por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , dentro del medio de control de reparación directa identificado con número de radicación 25000-23-36-000-201502035-03.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Expuso que es propietario del Edificio Suite Crown Building, el cual se construyó en 1993. Adujo que e n diciembre de 2009 el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU inició el trámite para adquirir, a través de expropiación administrativa, una franja de terreno del edificio con ocasión de la construcción del deprimido de la calle 94 y, mediante Resolución 2304 de 22 de julio de 2010, realizó oferta de compra por la suma de ciento setenta y nueve millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos once pesos ($179.294.511).2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05550-01
Accionante: Armando Escobar Arango
2.2. Agregó que el 23 de agosto de 2010 la copropiedad informó al IDU que en el área requerida se encontraba ubicado el tanque de reserva de agua del edificio, indispensable para la prestación del servicio de acueducto , a lo cual la entidad solicitó cotización para el traslado de dicho tanque.
área requerida se encontraba ubicado el tanque de reserva de agua del edificio, indispensable para la prestación del servicio de acueducto , a lo cual la entidad solicitó cotización para el traslado de dicho tanque.
2.3. Indicó que la copropiedad contrató los servicios de un ingeniero experto en estructuras y el 19 de julio de 2012 el ingeniero Milton Salinas emitió un concepto técnico en el que concluyó que el traslado de dicho tanque afectaría la estabilidad estructural de la edificación. A pesar de ello, el IDU insistió en su traslado e incluso promovió actuaciones policivas contra la copropiedad por ir en contravía de la licencia de construcción desconociendo que esa propiedad horizontal no construyó la edificación.
2.4. Agregó que los días 19 de marzo y 13 de abril de 2015 se acercaron operarios de la obra civil para intervenir la zona del tanque, por lo que impidió la intervención del tanque de agua mediante acciones de protesta, incluida la ubicación de un vehículo en la zona. Tras reuniones con funcionarios del IDU se adoptó finalmente una solución técnica que permitió adelantar las obras sin trasladar el t anque consistente en que las redes que debían cruzar por la zona rodearan el artefacto.
2.5. Refirió que, a pesar de considerar que se habían r esuelto las diferencias con dicho acuerdo, el IDU promovió una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa , identificada con el número de radicación 25000-23-36-0002015-02035-03, contra el accionante y el Edificio Suite Crown Building , con el fin de que se declararan patrimonial y extracontractualmente responsables por los
reparación directa , identificada con el número de radicación 25000-23-36-0002015-02035-03, contra el accionante y el Edificio Suite Crown Building , con el fin de que se declararan patrimonial y extracontractualmente responsables por los perjuicios que le fueron causados, como consecuencia de los obstáculos que interpusieron para la realización de las obras públicas aludidas.
2.6. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, mediante providencia de 10 de noviembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda.
2.7. Añadió que contra la anterior decisión la parte demandante formuló recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que mediante auto del 18 de julio de 2025 ordenó allegar el expediente de laudo arbitral identificado con radicación núm. 5515 y adelantado por el consorcio AIA-CONCAY 2012 contra el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU el 28 de agosto de 2020.
2.8. Señaló que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante providencia de 1.o de diciembre de 2025, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, resolvió:
“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la cual queda así:3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05550-01
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la cual queda así:3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05550-01
Accionante: Armando Escobar Arango
PRIMERO: Declárase la responsabilidad patrimonial civil extracontractual del señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO por el daño causado al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con el retraso de la obra del deprimido de la 94 los días 13 de abril y 19 de mayo de 2015.
SEGUNDO: Condénase al señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO al pago de catorce millones quinientos ochenta mil quinientos sesenta y siete pesos ($14.580.567) en favor del Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU).
TERCERO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho de primera y segunda instancia al señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO, las cuales se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen. […]”.
2.9. Manifestó que la providencia antes referida vulneró los derechos fundamentales incoados por haber incurrido, presuntamente, en el defecto fáctico.
2.10. Afirmó que el defecto fáctico se configuró debido a que el juez fue parcial y otorgó valor determinante a la manifestación que la Directora de Obras del IDU realizó en una audiencia celebrada ante la Personería de Bogotá para concluir que las
valor determinante a la manifestación que la Directora de Obras del IDU realizó en una audiencia celebrada ante la Personería de Bogotá para concluir que las actuaciones de la copropiedad afectaron la ruta crítica de la obra y generaron retrasos indemnizables. Indicó que dicha declaración constituía prueba sumaria no sometida a contradicción y se priorizó sobre el dictamen pericial practicado en el proceso que concluyó que las labores frente al edificio no incidían en los demás frentes de obra ni en el hincado de tablestacas.
2.11. Sostuvo que la vulneración a la imparcialidad del juez se evidenció cuando , estando el proceso al despacho para fallo, se decretó de oficio la incorporación de un laudo arbitral proferido en 2020 dentro de un litigio entre el Consorcio AIA-CONCAY 2012 y el IDU. Indicó que dicha prueba se utilizó para suplir deficiencias probatorias de la entidad demandante y fundamentar la revocatoria de la sentencia absolutoria aun cuando el laudo no fue alegado oportunamente por la entidad ni hizo parte de los hechos de la demanda para poder ser controvertido por el accionante.
2.12. Indicó que el IDU conocía la existencia y ubicación del tanque de agua desde el 2010 y desde 2012 contaba con estudios técnicos que desaconsejaban su traslado. Por ello, consideró que los retrasos obedecieron a deficiencias de planeación de la entidad y no a las actuaciones de la copropiedad o de los residentes, por lo que la sentencia omitió valorar adecuadamente estas circunstancias y trasladó injustificadamente la responsabilidad al demandado.
III. PRETENSIONES
entidad y no a las actuaciones de la copropiedad o de los residentes, por lo que la sentencia omitió valorar adecuadamente estas circunstancias y trasladó injustificadamente la responsabilidad al demandado.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05550-01
Accionante: Armando Escobar Arango
“[…] PRIMERA:- Que se tutelen los derechos fundamentales de ARMANDO ESCOBAR ARANGO al debido proceso, presunción de buena fe, derecho de defensa, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y los que resulten de esta acción vulnerados y desconocidos por la entidad accionada: Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, Sala de la (sic) Contencioso Administrativo, integrada por el Magistrado Ponente DIEGO FRANCO VICTORIA y los magistrados de Sala ALBERTO MONTAÑA PLATA y FREDY IBARRA MARTÍNEZ que dictaron sentencia de segunda instancia el 1o (sic) de diciembre de 2025, notificada el 19 de diciembre de la misma anualidad en el proceso declarativo 25000-23-36000-2015-02035-03 (66951) que resolvía recurso de apelación de sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B el 10 de noviembre de 2020 y que optó por revocar en parte lo decidido en primera instancia.
SEGUNDA. - Como consecuencia de la pretensión anterior, que se revoque, anule y/o deje sin efecto, la sentencia de fecha 1o de diciembre de 2025
revocar en parte lo decidido en primera instancia.
SEGUNDA. - Como consecuencia de la pretensión anterior, que se revoque, anule y/o deje sin efecto, la sentencia de fecha 1o de diciembre de 2025 proferida Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, Sala de la (sic) Contencioso Administrativo, integrada por el Magistrado Ponente DIEGO FRANCO VICTORIA y los magistrados de Sala ALBERTO MONTAÑA PLATA y FREDY IBARRA MARTÍNEZ para que en su lugar se disponga a la Sección accionada, que en amparo de los derechos fundamentales violados, se profiera sentencia que confirme integralmente la de primera instancia que exoneraba integralmente al extremo demandado. […]” [negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 10 de agosto de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y al Edificio Suite Crown
Building.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado adujo que el accionante tuvo oportunidad de cuestionar el decreto de la prueba oficiosa en la etapa correspondiente dentro del proceso contencioso y esta acción no puede
5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado adujo que el accionante tuvo oportunidad de cuestionar el decreto de la prueba oficiosa en la etapa correspondiente dentro del proceso contencioso y esta acción no puede utilizarse para suplir la falta del ejercicio oportuno de los mecanismos de defensa. Indicó que el decreto de la prueba estuvo a cargo de un consejero de Estado distinto a quien tomó la decisión de fondo, por lo que no se trata de falta de imparcialidad.
5.2. Finalmente, agregó que la demanda carece de relevancia constitucional por cuanto se pretende usar este mecanismo como una tercera instancia respecto a una decisión que se adoptó respetando las garantías procesales.5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05550-01
Accionante: Armando Escobar Arango
5.3. El Instituto de Desarrollo Urbano manifestó que la acción debía declararse improcedente por falta de relevancia constitucional debido a que el accionante pretende convertir este mecanismo en una tercera instancia , busca reabrir el debate probatorio aun cuando la prueba se decretó legalmente y se garantizó plenamente el derecho de contradicción.
5.4. Adujo que el decreto de oficio no configura un defecto procedimental sino el estricto cumplimiento de un deber legal para esclarecer la verdad y que la condena no es caprichosa, sino que deviene de una valoración integral de las pruebas en donde destacó la confesión del accionante al aceptar que había impedido la ejecución de los trabajos públicos por un lapso de doce (12) horas.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
donde destacó la confesión del accionante al aceptar que había impedido la ejecución de los trabajos públicos por un lapso de doce (12) horas.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 3 de septiembre de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutel a al concluir que no se superó el requisito general de relevancia constitucional debido a que los reproches del accionante no planteaban una verdadera discusión constitucional sino una discrepancia con la valoración probatoria y con la interpretación jurídica realizada por el juez natural.
7. Manifestó que no se demostró una vulneración de derechos fundamentales, sino que se cuestionó la forma de la valoración del acervo probatorio para imponer una interpretación diferente a la adoptada por la accionada.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia en los siguientes
términos:
“[…] Como breves y concretos FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN , se destaca de la sentencia que se impugna que identificó perfectamente dos argumentos expuestos en la acción de tutela.
-En la prueba de oficio decretada y practicada laudo arbitral de CONCAY contra la demandante en la acción de reparación directa IDU que concretó los perjuicios con los que se tasó indemnización por parte del accionante ARMANDO ESCOBAR ARANGO con destino al IDU.
-La relación de causalidad entre las conductas desplegadas por el condenado en el proceso ordinario administrativo ARMANDO ESCOBAR ARANGO , aquí accionante, las tuvo por probadas la sentencia accionada con una prueba sumaria,
ARANGO con destino al IDU.
-La relación de causalidad entre las conductas desplegadas por el condenado en el proceso ordinario administrativo ARMANDO ESCOBAR ARANGO , aquí accionante, las tuvo por probadas la sentencia accionada con una prueba sumaria, intervención en la personería de la funcionaria del IDU CAROLINA BARBANTI MANSILLA y con ello desvirtuó prueba controvertida en el proceso del dictamen pericial del experto WILIAM ALFONSO PIÑA.
La sentencia impugnada dice que el accionante está cuestionando una conclusión, la realidad es que lo que motiva la conclusión es el objeto de la tutela que si representa una relevancia constitucional.6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05550-01
Accionante: Armando Escobar Arango
En efecto, es relevante constitucionalmente, dista de un debido proceso y de vulnerar el principio fundamental de las normas procesales que son de orden público y no pueden ser modificadas o sustituidas por los funcionarios (artículo 13 del CGP) estructurar una sentencia con una prueba sumaria, no controvertida como fue una intervención, ni siquiera un testimonio de una funcionaria de la entidad demandante proporcionando mayor credibilidad a un dictamen pericial, plena prueba y controvertido y tasar una indemnización con una decisión judicial ajena al proceso, obtenida como prueba de oficio en segunda instancia, para decidir una sentencia de cierre, constituye a no dudarlo relevancia constitucional y la vía de hecho fuente de erradas conclusiones, instancia ajena por completo a la práctica de pruebas y que desbordó por completo la apelación instaurada por la entidad demandante.
hecho fuente de erradas conclusiones, instancia ajena por completo a la práctica de pruebas y que desbordó por completo la apelación instaurada por la entidad demandante.
En los anteriores términos ha quedada (sic) expuesta la impugnación. […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 3 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 4, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 2019 5, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciad a vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante , al haber incurrido, presuntamente, en el defecto fáctico.
es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciad a vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante , al haber incurrido, presuntamente, en el defecto fáctico.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
1 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”. 2 “[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”. 3 “[…] Por el cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”. 4 “[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho […]”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05550-01
Accionante: Armando Escobar Arango
7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05550-01
Accionante: Armando Escobar Arango
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 8, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv ) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
inmediatez; iv ) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial 9, la sentencia C -590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05550-01
Accionante: Armando Escobar Arango
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
Accionante: Armando Escobar Arango
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados , permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
19. El señor Armando Escobar Arango , a través de apoderado judicial solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la igualdad y de fensa en conexidad con los principios de buena fe y prevalencia del derecho sustancial, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 18 de julio y 1.° de diciembre de 2025 proferidas por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa identificado con número de radicación 25000 -23-36-000-201502035-03.
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa identificado con número de radicación 25000 -23-36-000-201502035-03.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito general de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
21. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.
11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T - 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional, Sentencias SU -439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T -458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05550-01
Accionante: Armando Escobar Arango
22. En las acciones de tutela contra providencias judiciales14 el referido requisito se cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
Accionante: Armando Escobar Arango
22. En las acciones de tutela contra providencias judiciales14 el referido requisito se cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.
23. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera de texto].
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera de texto].
24. La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 17 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económi co con connotaciones particulares o privadas; y,
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