CE - Sentencia 11001031500020260563300 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260563300 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05633-00 y acumulados1

Accionante: Diana Carolina Aragón Torres y otros2

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,

Subsección B

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Acción popular.

Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela promovida por la señora Diana Carolina Aragón Torres y otros, contra la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, ocasionada con la expedición del auto del 25 de junio de 2026, dentro del proceso de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el radicado núm. 25000 -2315-000-2001-00479-02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

de los derechos e intereses colectivos identificado con el radicado núm. 25000 -2315-000-2001-00479-02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Gustavo Moya Ángel y otros 3, en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, interpus ieron demanda con la

1 11001-03-15-000-2026-05559-00, 11001 -03-15-000-2026-05572-00, 11001 -03-15-000-2026-05573-00, 11001-03-15-000-2026-05575-00, 11001-03-15-000-2026-05578-00, 11001-03-15-000-2026-05585-00, 1100103-15-000-2026-05590-00, 11001-03-15-000-2026-05595-00, 11001-03-15-000-2026-05596-00, 11001-03-15000-2026-05598-00, 11001 -03-15-000-2026-05600-00, 11001 -03-15-000-2026-05601-00, 11001 -03-15-0002026-05602-00, 11001 -03-15-000-2026-05605-00, 11001 -03-15-000-2026-05608-00, 11001 -03-15-000-202605611-00, 11001-03-15-000-2026-05612-00, 11001-03-15-000-2026-05614-00, 11001-03-15-000-2026-0562200, 11001 -03-15-000-2026-05623-00, 11001 -03-15-000-2026-05624-00, 11001 -03-15-000-2026-05625-00, 11001-03-15-000-2026-05626-00, 11001-03-15-000-2026-05627-00, 11001-03-15-000-2026-05628-00, 1100103-15-000-2026-05629-00, 11001-03-15-000-2026-05631-00, 11001-03-15-000-2026-05632-00, 11001-03-15000-2026-05635-00, 11001 -03-15-000-2026-05637-00, 11001 -03-15-000-2026-05638-00, 11001 -03-15-0002026-05640-00, 11001 -03-15-000-2026-05643-00, 1 1001-03-15-000-2026-05660-00, 11001 -03-15-000-202605662-00 y 11001-03-15-000-2026-05684-00. 2 Carlos Alberto Bolívar, Yuri Alexandra Méndez Gil, Juan Felipe Quevedo Jiménez, Laura Camila Malaver, Jessika Del Pilar, Gonzalo Poveda Ramírez, Diana Marcela Rodríguez, Víctor Manuel Carrillo, Daniela Idarraga Serrato, Pablo Marino Garzón Tellez, María A lejandra Manchola, Angie Milena Méndez Gil, Myriam Stella

Jessika Del Pilar, Gonzalo Poveda Ramírez, Diana Marcela Rodríguez, Víctor Manuel Carrillo, Daniela Idarraga Serrato, Pablo Marino Garzón Tellez, María A lejandra Manchola, Angie Milena Méndez Gil, Myriam Stella Gutiérrez, Edith Amalia Cubillos, José Ignacio Valero, Cesar Augusto Cortés, María Camila Joven Castañeda y Elizabeth Buitrago. 3 Diferentes a las personas jurídicas de derecho privado que fungen como accionantes en la acción de tutela objeto de estudio.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05633-00 y acumulados

Accionante: Diana Carolina Aragón Torres y otros

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2 finalidad de obtener la protección de las garantías superiores al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, entre otros, con ocasión de los vertimentos de aguas negras que generaban la contaminación en el río Bogotá.

3. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia del 25 de agosto de 2004, amparó los derechos colectivos. En sede de apelación, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de marzo de 2014, modificó la decisión anterior.

4. En particular, ordenó en el numeral 4.18 de la parte resolutiva al Distrito Capital y a los demás entes territoriales de la cuenca del río Bogotá actualizar sus planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT y EOT), dentro de los 12 meses siguientes a

4. En particular, ordenó en el numeral 4.18 de la parte resolutiva al Distrito Capital y a los demás entes territoriales de la cuenca del río Bogotá actualizar sus planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT y EOT), dentro de los 12 meses siguientes a la ap robación y actualización del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, e incorporar los requerimientos ambientales, de cambio climático y de gestión del riesgo.

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 17 de febrero de 2025, consideró que el proyecto de revisión del POT de Madrid y su Modelo de Ocupación Territorial - MOT, cumplían los requerimientos ambientales necesarios. Luego, a trav és de las providencias del 23 de abril y 26 de mayo de 2026, ordenó al municipio de Madrid y a la CAR culminar la concertación ambiental del POT dentro de un término improrrogable de 30 días hábiles.

6. En paralelo, la autoridad judicial accionada, mediante auto del 14 de marzo de 2025, decretó una medida cautelar de suspensión del trámite de expedición del proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, y ordenó agotar las etapas participativas.

7. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto del 26 de junio de 2025, modificó la medida y ordenó convocar la instancia de articulación prevista en el Acuerdo 08 de 2020. Con posterioridad, a través de autos del 12 de

junio de 2025, modificó la medida y ordenó convocar la instancia de articulación prevista en el Acuerdo 08 de 2020. Con posterioridad, a través de autos del 12 de febrero y del 13 de marzo de 2026, se mantuvo la medida cautelar y se reiteraron los requerimientos de información sobre la jerarquía de los lineamientos y directrices ambientales y las condiciones del régimen de transición.

8. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0545 del 29 de mayo de 2026, por medio del cual estableció directrices de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá. Al respecto, la CAR planteó inquietudes sobre la incidencia de esa normativa en el trámite de concertación ambiental del POT de Madrid.

9. Por consiguiente, el concejal Jhon Jairo Bohórquez solicitó a la autoridad judicial accionada adoptar medidas frente al Decreto 0545 de 2026, al considerar que podía desconocer la medida cautelar vigente en la actuación relacionada con las directrices ambientales. Por su parte, el alcalde de Madrid solicitó que se garantizara la culminación de la concertación ambiental del POT dentro del término fijado judicialmente, sin que la expedición del decreto constituyera un obstáculo para ello.

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 25 de junio deAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05633-00 y acumulados

Accionante: Diana Carolina Aragón Torres y otros

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3 2026, manifestó que carecía de competencia para pronunciarse sobre la validez o

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3 2026, manifestó que carecía de competencia para pronunciarse sobre la validez o legalidad del Decreto 0545 de 2026. No obstante, en los numerales 3° a 6° de la parte resolutiva, señaló que el decreto no modificaba, contradecía ni impedía las actuaciones dirigidas al cumplimiento de la sentencia de l 28 de marzo de 2014; ordenó a la CAR culminar la concertación ambiental del POT de Madrid, limitando su intervención a los asuntos ambientales de su competencia y sin exigir la aplicación del decreto como condición para adelantarla; calificó como improcedentes determinados requerimientos de la CAR relacionados con las proyecciones poblacionales y los suelos de expansión urbana; y reiteró que la medida cautelar vigente no podía aplicarse de manera que impidiera el cumplimiento de la sentencia de la acción popular.

2.2. Fundamento jurídico

11. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos: i) Orgánico: al exceder sus competencias en la verificación del cumplimiento de la sentencia del 28 de marzo de 2014, pues, aunque reconoció que carecía de competencia para pronunciarse sobre la legalidad del Decreto 0545 de 2026, determinó que dicha normativa no modificaba, contradecía ni impedía el cumplimiento de la referida providencia y delimitó su incidencia en el t rámite de concertación ambiental del POT de Madrid y ii) Sustantivo: al interpretar y aplicar

2026, determinó que dicha normativa no modificaba, contradecía ni impedía el cumplimiento de la referida providencia y delimitó su incidencia en el t rámite de concertación ambiental del POT de Madrid y ii) Sustantivo: al interpretar y aplicar indebidamente el marco normativo sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, en particular, el Decreto 0545 de 2026, pues concluyó que dicha normativa no modificaba, contradecía ni impedía el cumplimiento de la orden 4. 18 de la sentencia del 28 de marzo de 2014, sin considerar la incidencia de sus disposiciones en el trámite de concertación ambiental del POT de Madrid.

2.3. Pretensiones

12. La parte accionante solicitó:

«PRIMERA: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del accionante, presuntamente vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección "B", al proferir el auto del 25 de junio de 2026 dentro del expediente 25000-2315-000-2001-00479-02.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS los numerales TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO del auto del 25 de junio de 2026 y ORDENAR al Despacho accionado proferir una nueva decisión que respete el ámbito de competencia reservado al Consejo de Estado y valore de manera razonada los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos por la CAR.

TERCERA — MEDIDA CAUTELAR: Decretar de manera urgente y previa a cualquier otro trámite, conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, la SUSPENSIÓN de los

fundamentos técnicos y jurídicos expuestos por la CAR.

TERCERA — MEDIDA CAUTELAR: Decretar de manera urgente y previa a cualquier otro trámite, conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, la SUSPENSIÓN de los efectos de los numerales TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO del auto del 25 de junio de 2026, mientras se resuelve de fondo la presente acción.

CUARTA: VINCULAR al presente trámite a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — CAR, al municipio de Madrid (Alcalde y Concejal Jhon Jairo Bohórquez) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por tener interés directo en las resultas del proceso.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05633-00 y acumulados

Accionante: Diana Carolina Aragón Torres y otros

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4

QUINTA: Ordenar las notificaciones de rigor a las partes y vinculados». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

13. Por medio del auto del 21 de julio de 2026, se admit ió la acción de tutela con radicado 11001 -03-15-000-2026-05633-00 y se negó la medida provisional solicitada. Además, se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, al municipio de Madrid

solicitada. Además, se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, al municipio de Madrid (Cundinamarca) y su alcalde Carlos Alberto Chávez Moya, al concejal Jhon Jairo Bohórquez, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Alcaldía municipal de Subachoque , a la Empresa de Energía de Bogotá, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, al Municipio de Tocancipá, a los señores Juan Manuel González Garavito, Gustavo Moya Ángel, Diego Cifuentes Correa y a todos los demás intervinientes en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos seguido bajo el radicado núm. 25000-23-15-000-2001-00479-00/01/02/03.

14. Con posterioridad, se admitieron individualmente las acciones de tutelas con radicados 11001 -03-15-000-2026-05578-00, 11001 -03-15-000-2026-05628-00, 11001-03-15-000-2026-05640-00, 11001-03-15-000-2026-05625-00, 11001-03-15000-2026-05602-00, 11001 -03-15-000-2026-05623-00, 11001 -03-15-000-202605624-00, 11001-03-15-000-2026-05590-00, 11001 -03-15-000-2026-05662-00, 11001-03-15-000-2026-05598-00, 11001-03-15-000-2026-05608-00, 11001-03-15000-2026-05605-00, 11001 -03-15-000-2026-05600-00, 11001 -03-15-000-202605601-00, 11001 -03-15-000-2026-05627-00, 11001 -03-15-000-2026-05585-00 y 11001-03-15-000-2026-05614-00, toda vez que resultaban acumulables a la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2026-05633-00.

15. Mediante providencia del 21 de septiembre de 2026, se acumularon de manera conjunta las acciones de tutela identificadas con los números: 11001 -03-15-0002026-05635-00, 11001 -03-15-000-2026-05638-00, 11001 -03-15-000-2026-0555900, 11001-03-15-000-2026-05631-00, 11001-03-15-000-2026-05637-00, 11001-0315-000-2026-05612-00, 11001-03-15-000-2026-05622-00, 11001-03-15-000-202605572-00, 11001 -03-15-000-2026-05643-00, 11001 -03-15-000-2026-05684-00,

11001-03-15-000-2026-05596-00, 11001-03-15-000-2026-05595-00, 11001-03-15000-2026-05629-00, 11001 -03-15-000-2026-05611-00, 11001 -03-15-000-202605575-00, 11001 -03-15-000-2026-05660-00, 11001 -03-15-000-2026-05632-00, 11001-03-15-000-2026-05573-00. De igual forma, se admitieron las acciones de tutela con radicados 11001 -03-15-000-2026-05612-00, 11001 -03-15-000-202605622-00, 11001 -03-15-000-2026-05572-00, 11001 -03-15-000-2026-05643-00, 11001-03-15-000-2026-05629-00, 11001-03-15-000-2026-05575-00, 11001-03-15000-2026-05660-00 y 11001-03-15-000-2026-05573-00.

16. Además, se negó la medida provisional solicitada al interior de las acciones de tutela con radicado 11001 -03-15-000-2026-05612-00, 11001 -03-15-000-202605622-00, 11001 -03-15-000-2026-05572-00, 11001 -03-15-000-2026-05643-00,

11001-03-15-000-2026-05629-00, 11001-03-15-000-2026-05575-00, 11001-03-15000-2026-05660-00 y 11001 -03-15-000-2026-05573-00, 11001 -03-15-000-2026-Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05633-00 y acumulados

Accionante: Diana Carolina Aragón Torres y otros

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5 05635-00, 11001 -03-15-000-2026-05637-00 y 11001 -03-15-000-2026-05632-00, 11001-03-15-000-2026-05578-00, 11001-03-15-000-2026-05662-00, 11001-03-15000-2026-05608-00, 11001-03-15-000-2026-05628-00.

17. Finalmente, se acumuló la acción de tutela identificada con radicado 11001-0315-000-2026-05626-00.

18. Por otro lado, frente a los hechos de la acción de tutela se rindieron los siguientes

informes:

19. El señor Jhon Jairo Bohórquez Triana, en calidad de concejal del municipio de Madrid, cuestionó la legitimación en la causa por activa de la parte accionante en el presente asunto, al considerar que no intervinieron en el proceso de acción popular, no acreditaron una afectación propia y carecían de vínculo territorial con Madrid o la cuenca del río Bogotá.

presente asunto, al considerar que no intervinieron en el proceso de acción popular, no acreditaron una afectación propia y carecían de vínculo territorial con Madrid o la cuenca del río Bogotá.

20. También alegó una posible temeridad y sostuvo que no se cumplían los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, en particular, la subsidiariedad y la relevancia constitucional. Por ello, solicitó declarar improcedentes las acciones o negar el amparo y compulsar copias a las autoridades competentes.

21. La Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá estimó improcedente la tutela por falta de subsidiariedad, al no haberse interpuesto recurso de reposición contra el auto cuestionado ni acreditado un perjuicio irremediable.

Asimismo, sostuvo que no se demostraron los defectos alegados.

22. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E. S. P. informó sobre las acciones de tutela presentadas hasta el momento de rendir su informe y solicitó acumular los expedientes. Además, aportó varias de las acciones promovidas por representantes de organizaciones ambientales.

23. El municipio de Funza señaló que la providencia cuestionada no se encontraba ejecutoriada y que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes no interpusieron recurso de reposición. En cuanto al fondo, sostuvo que el Tribunal no incurrió en los defectos orgánico ni sustantivo, dado que aplicó el régimen de transición previsto en el artículo 31 del Decreto 0545 de 2026. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la tutela.

el Tribunal no incurrió en los defectos orgánico ni sustantivo, dado que aplicó el régimen de transición previsto en el artículo 31 del Decreto 0545 de 2026. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la tutela.

24. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca solicitó declarar improcedente la acción por falta de subsidiariedad y de relevancia constitucional. En cuanto al fondo, sostuvo que el Tribunal actuó dentro de las competencias del juez de seguimiento, conforme a los artículos 27 y 34 de la Ley 472 de 19 98, y aplicó correctamente el régimen de transición del artículo 31 del Decreto 0545 de 2026. Por tanto, consideró que no se configuraron los defectos alegados ni la vulneración del debido proceso.

25. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que la parte accionante carecía de legitimación en la causa por activa, por no haber sido reconocida como sujeto procesal en la acción popularAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05633-00 y acumulados

Accionante: Diana Carolina Aragón Torres y otros

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6 ni en el incidente de desacato n.º 123. También señaló que no se cumplía la subsidiariedad, pues procedía el recurso de reposición, y que no se acreditó un perjuicio irremediable. Finalmente, afirmó que la providencia cuestionada se profirió dentro de las competencias del juez de seguimiento, sin irregularidades procesales

subsidiariedad, pues procedía el recurso de reposición, y que no se acreditó un perjuicio irremediable. Finalmente, afirmó que la providencia cuestionada se profirió dentro de las competencias del juez de seguimiento, sin irregularidades procesales ni defectos debidamente identificados, y solicitó declarar improcedente la tutela.

26. El Ministerio de Hacienda solicitó declarar improcedente la tutela, debido a que no se interpuso recurso de reposición contra el auto del 25 de junio de 2026 ni se acreditó un perjuicio irremediable. Subsidiariamente, pidió negar las pretensiones, al considerar que no se demostró la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

27. El Ministerio de Minas y Energía solicitó negar las pretensiones formuladas en su contra, al considerar que sus actuaciones se ajustaron al ordenamiento jurídico.

28. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) explicó que, en el marco de la acción popular del río Bogotá, el Consejo de Estado ordenó ajustar los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios de la cuenca a las disposiciones del POMCA. Además, indicó que el Tribunal, mediante autos del 23 de abril y del 26 de mayo de 2026, ordenó culminar la concertación ambiental del POT de Madrid en treinta días hábiles y que, posteriormente, dispuso finalizarla sin exigir la aplicación del Decreto 0545 de 2026.

29. Asimismo, señaló que ejerció su derecho de defensa frente a las decisiones judiciales y que actuó en ejercicio de sus competencias técnicas y legales.

Finalmente, informó que, mediante la Resolución DOT n.º 30267000006 del 15 de

29. Asimismo, señaló que ejerció su derecho de defensa frente a las decisiones judiciales y que actuó en ejercicio de sus competencias técnicas y legales.

Finalmente, informó que, mediante la Resolución DOT n.º 30267000006 del 15 de julio de 2026, declaró desistido el trámite de concertación, debido a que el municipio no aportó la totalidad de los documentos y soportes requeridos.

30. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo que el Tribunal incurrió en defectos orgánico y sustantivo al excluir la aplicación del Decreto 0545 de 2026 del procedimiento de concertación ambiental del POT de Madrid, pese a que se encontraba vigente y amparado por la presunción de legalidad.

31. Afirmó que sus disposiciones eran compatibles con las órdenes impartidas en la acción popular y que el Tribunal restringió indebidamente las competencias técnicas y legales de la CAR. Por ello, solicitó el amparo parcial del derecho al debido proceso y dejar sin efectos los numerales 3° - 6° del auto del 25 de junio de 2026.

32. La Procuraduría General de la Nación indicó que las accionantes no fueron reconocidas como interesadas o sujetos procesales dentro de la acción popular y que, por tanto, carecían de legitimación en la causa por activa para controvertir mediante tutela la providencia cuestionada. En consecuen cia, solicitó declarar improcedente la acción.

33. Alpina Productos Alimenticios S. A. S. solicitó negar el amparo, al considerar que los hechos expuestos en la tutela no eran atribuibles a esa sociedad.

improcedente la acción.

33. Alpina Productos Alimenticios S. A. S. solicitó negar el amparo, al considerar que los hechos expuestos en la tutela no eran atribuibles a esa sociedad.

34. La Personería de Bogotá: señaló que los reproches de la tutela no se dirigían en su contra y que la parte accionante no había presentado ante esa entidadAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05633-00 y acumulados

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7 ninguna solicitud relacionada con los hechos. Por ello, solicitó declarar improcedente la acción.

35. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM): indicó que la vulneración de derechos fundamentales alegada se atribuía a una providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y solicitó negar el amparo respecto de esa entidad.

36. La Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. – Secretaría del Hábitat, la Alcaldía Mayor

de Bogotá D. C. – Secretaría Jurídica Distrital, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamie nto Básico, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Contraloría General de la República, el municipio de Chía, la Alcaldía del municipio de La Calera,

Registro, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Contraloría General de la República, el municipio de Chía, la Alcaldía del municipio de La Calera, la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financie ro Distrital de Salud, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Alcaldía Local de Suba, Enel Colombia S. A.

E. S. P., la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el municipio de Soacha, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría Distrital de Planeación, la Agencia Nacional de Minería, la Personería de Bogotá, el Servicio Geológico Colombiano, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el municipio de Mosquera, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Empresas Públicas de Cundinamarca y Cojardín solicitaron su desvinculación del trámite de tutela, principalmente por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no se les atribuía acción u omisión relacionada con la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20194 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De las solicitudes de desvinculación

38. Al respecto se observa que la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. – Secretaría del

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De las solicitudes de desvinculación

38. Al respecto se observa que la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. – Secretaría del

Hábitat, la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. – Secretaría Jurídica Distrital, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneami ento Básico, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Contraloría General de la República, el municipio de Chía, la Alcaldía del municipio de La Calera, la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financi ero Distrital de Salud, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Alcaldía Local de Suba, Enel Colombia S. A. E. S.

4 Reglamento interno del Consejo de Estado.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05633-00 y acumulados

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8 P., la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el municipio de Soacha, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría Distrital de Planeación, la Agencia Nacional de Minería, la Personería de Bogotá, el Servicio Geológico Colom biano, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el municipio de Mosquera, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría

Planeación, la Agencia Nacional de Minería, la Personería de Bogotá, el Servicio Geológico Colom biano, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el municipio de Mosquera, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Empresas Públicas de Cundinamar ca y Cojardín solicitaron su desvinculación del trámite de tutela.

39. Sin embargo, su vinculación obedeció a que las entidades y autoridades fungieron como accionadas o terceras interesadas en el trámite de la acción popular cuestionada. Por ende, se negarán sus solicitudes.

3.3. Problema jurídico

40. De conformidad con lo expuesto, le corresponde a esta Subsección determinar si la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos orgánico y sustantivo, al expedir la providencia del 25 de junio de 2026, al interior del incidente de desacato núm. 123, dentro del proceso de protección de derechos e intereses colectivos con radicado 25000-23-15-000-2001-00479-02.

3.4. De la procedencia de la acción de tutela

41. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado.

fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado.

42. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

43. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales.

44. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad i nvestida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-05633-00 y acumulados

Accionante: Diana Carolina Aragón Torres y otros

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9 3.5. Análisis del caso concreto

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9 3.5. Análisis del caso concreto

45. En el presente asunto, la parte accionante cuestiona la providencia expedida el 25 de junio de 2026 por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del trámite de la acción popular con radicado 25000-23-15-000-2001-00479-02.

46. No obstante, antes de examinar los reparos formulados contra dicha decisión, corresp

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