CE - Sentencia 11001031500020260565501 de 2026

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260565501 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05655-01

Accionante: Diseños y Construcciones JAVM S.A.S.

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Auto emitido dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / IMPROCEDENCIA – Relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 14 de agosto de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 17 de julio de 2026, la sociedad Diseños y Construcciones JAVM S.A.S. instauró acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia2.

2. Solicitó que se dejaran sin efectos los autos de 30 de enero y 20 de marzo de 2026,

el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia2.

2. Solicitó que se dejaran sin efectos los autos de 30 de enero y 20 de marzo de 2026, mediante los cuales se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió contra la Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDIAN-, con el propósito de que se declarara la nulidad de la Resolución 352412018000056 de 2018, mediante la cual se le impuso sanción por $477.885.000 por presunta omisión de la presentación de información exógena correspondiente al año gravable 2016.

3. Mediante auto del 10 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura inadmitió la demanda al considerar que, conforme al

1 Sala integrada por los magistrados Eduardo Antonio Lubo Barros, Juan Pablo Dossman Cortez y Omar Edgar Borja Soto. 2 También invocó el principio de contradicción. 3 Radicado: 76109-33-33-002-2024-00199-00/01Radicación: 11001-03-15-000-2026-05655-01

Accionante: Diseños y Construcciones JAVM S.A.S.

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

artículo 720 del Estatuto Tributario (ET), la sociedad debió agotar previamente el recurso de reconsideración.

4. El 26 de marzo de 2025, la empresa demandante presentó memorial de subsanación y solicitó suspender el proceso hasta que la DIAN resolviera de fondo

recurso de reconsideración.

4. El 26 de marzo de 2025, la empresa demandante presentó memorial de subsanación y solicitó suspender el proceso hasta que la DIAN resolviera de fondo el recurso de reconsideración que había interpuesto durante el término concedido para subsanar la demanda.

5. En proveído del 30 de enero de 2026, el Juzgado rechazó la demanda al advertir que el recurso de reconsideración fue interpuesto y resuelto después de acudir a la jurisdicción. Decisión conformada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto del 20 de marzo siguiente.

6. La parte actora sostuvo que la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico porque otorgaron pleno valor probatorio a la afirmación de la DIAN, contenida en auto 1103 del 30 de abril de 2025 -mediante el cual se inadmitió el recurso de reconsideración -, según la cual el acto administrativo sancionatorio fue notificado el 10 de diciembre de 2018 y adquirió firmeza en febrero de 2019.

Manifestación que carecía de todo tipo de respaldo probatorio, pues en el expediente administrativo y judicial no obraban guías de correo, avisos de entrega, actas de notificación personal o cualquier otro elemento idóneo que acreditara esa actuación.

7. Manifestó que el juzgado demandado omitió examinar cuatro aspectos que demostraban la necesidad de admitir la demanda y estudiar de fondo la controversia:

(i) la ausencia de prueba de la notificación de la resolución sanción, efectuada por la autoridad tri butaria; (ii) el carácter de negación indefinida de lo alegado desde la presentación de la demanda, referente a que la DIAN no notificó el acto

autoridad tri butaria; (ii) el carácter de negación indefinida de lo alegado desde la presentación de la demanda, referente a que la DIAN no notificó el acto administrativo que impuso sanción ; (iii) acorde al artículo 167 del CGP, inciso final, las negaciones indefinidas no requieren prueba, por lo que correspondía a la entidad demandada la carga de probar haber realizado en debida forma la notificación de la resolución objeto de demanda; y, (iv) el desconocimiento del principio de necesidad de la prueba, al tener por ac reditada la notificación únicamente con fundamento en una manifestación unilateral de la Administración incorporada en un acto posterioraquel que decidió sobre la inadmisión del recurso de reconsideración-.

8. A su vez, alegó la configuración de un defecto sustantivo , por indebida interpretación de los artículos 72 y 87 del CPACA, que implicó tener por ejecutoriada la resolución sancionatoria desde febrero de 2019 y , en consecuencia, considerar extemporáneo el recurso de reconsideración y rechazar la demanda por no haberse agotado debidamente ese mecanismo. Señaló que, acorde a las normas en comento, la firmeza del acto administrativo requiere una notificación válida que, en el caso concreto, no se acreditó. En su sentir, ante esa omisión, el acto adm inistrativo contentivo de la sanción era ineficaz e inoponible, por lo que no comenzaron a correr los términos para impugnarla mediante el recurso de reconsideración.Radicación: 11001-03-15-000-2026-05655-01

Accionante: Diseños y Construcciones JAVM S.A.S.

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

los términos para impugnarla mediante el recurso de reconsideración.Radicación: 11001-03-15-000-2026-05655-01

Accionante: Diseños y Construcciones JAVM S.A.S.

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

9. Este errado entendimiento normativo también derivó en el desconocimiento de la excepción prevista en el inciso final del numeral 2 del artículo 161 del CPACA, que exime de la obligación de agotar los recursos obligatorios cuando la entidad estatal demandada no dio oportunidad de interponerlos. Alegó que este supuesto se configuró porque la DIAN no le notificó la sanción y , con ello, impidió controvertirla.

En consecuencia, exigirle haber recurrido en 2019 un acto cuya existencia desconocía y, luego, rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por no haberlo impugnado oportunamente, suponía trasladarle las consecuencias negativas de una omisión atribuible a la Administración.

10. Al respecto, citó jurisprudencia del Consejo de Estado4 sobre la notificación como garantía de publicidad, debido proceso y de una debida defensa, así como, sobre la imposibilidad de atribuir ejecutoriedad a los actos administrativos e iniciar el cómputo de los términos para recurrirlos. Con todo, aseveró que la exige ncia de agotar el recurso de reconsideración, sin considerar la ineficacia del acto ni la excepción legal mencionada constituyó una carga de imposible cumplimiento y un exceso ritual manifiesto, que anteponía las formas procesales a la efectividad del dere cho sustancial.

B. Sentencia de primera instancia

mencionada constituyó una carga de imposible cumplimiento y un exceso ritual manifiesto, que anteponía las formas procesales a la efectividad del dere cho sustancial.

B. Sentencia de primera instancia

11. Mediante sentencia del 14 de agosto de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Consideró que los defectos alegados se sustentaban en la inconformidad de la accionante con la interpretación normativa y la valoración probatoria efectuada por el Tribunal accionado , y habían sido resueltos razonablemente. Además, destacó el carácter meramente legal de la controversia.

C. Impugnación

12. La parte accionante alegó que el juez de primera instancia adoptó una visión estrictamente formalista del caso particular, que le impidió advertir la relevancia constitucional del asunto. Explicó que el amparo no responde a una simple discrepancia con la interpretación normativa o la valoración probatoria de las autoridades accionadas, sino que busca corregir errores judiciale s que vulneran los derechos fundamentales invocados.

13. A su juicio, el fallo avaló una interpretación de la figura de la notificación por conducta concluyente que vacía de contenido normativo la excepción prevista por el legislador en el inciso final del numeral 2 del artículo 161 del CPACA , en armonía con lo dispuesto en los artículos 72 y 87 de la misma normatividad . Añadió que, al igual que las autoridades accionadas, el juez de tutela incurrió en defecto fáctico y exceso ritual manifiesto al exigirle demostrar una negación indefinida, con

igual que las autoridades accionadas, el juez de tutela incurrió en defecto fáctico y exceso ritual manifiesto al exigirle demostrar una negación indefinida, con desconocimiento del artículo 167 del CGP y del principio de “facilidad probatoria”, en

4 Cita original: “Sentencia 1127-07 del 2009”.Radicación: 11001-03-15-000-2026-05655-01

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detrimento de la búsqueda de la verdad material y de la efectividad de sus derechos fundamentales.

14. Hizo énfasis en que, si bien el a quo citó lo dispuesto en la sentencia C -590 de 2005 para enunciar los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, omitió considerar que, según la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, la relevancia constitucional no puede convertirse en una barrera formal para eludir el estudio de fondo mediante afirmaciones genéricas sobre el carácter meramente legal de la controversia.

15.Como sustento de lo anterior, mencionó que en la sentencia SU -017 de 2024, la Corte Constitucional reconoció la relevancia constitucional de una controversia sobre la notificación de un acto administrativo proferido por la DIAN, por su incidencia en el debido proceso administrativo. En igual sentido, aseveró que se desconoció lo dispuesto en la sentencia SU-167 de 2024.

16. Por último, expresó su descontento con la afirmación referente a que, la tutela se interpuso para surtir una tercera instancia. Manifest ó que, no buscaba obtener una

dispuesto en la sentencia SU-167 de 2024.

16. Por último, expresó su descontento con la afirmación referente a que, la tutela se interpuso para surtir una tercera instancia. Manifest ó que, no buscaba obtener una interpretación judicial más favorable, sino examinar la validez constitucional de las decisiones que convalidaron el cobro coactivo de una obligación fundada en un acto cuya notificación no estaba acreditada y, simultáneamente , impidieron su control judicial por el incumplimiento de un requisito que estaba legalmente exceptuado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

17. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

18.La Subsección confirmará el fallo impugnado que declaró improcedente la solicitud de amparo , por no acreditar el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional. La parte actora pretende que se acoja la manera como se debió haber zanjado lo referente a la inexigibilidad del recurso de reconsideración como requisito previo para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

19. La parte actora sostuvo que el Tribunal incurrió en defecto fáctico porque tuvo por acreditada la notificación de la resolución sancionatoria en diciembre de 2018 con fundamento exclusivamente en la afirmación de la DIAN sobre el particularconsignada en el auto que inadmitió el recurso de reconsideración - y que, con

acreditada la notificación de la resolución sancionatoria en diciembre de 2018 con fundamento exclusivamente en la afirmación de la DIAN sobre el particularconsignada en el auto que inadmitió el recurso de reconsideración - y que, con fundamento en ello, se le impuso demostrar una negación indefinida.Radicación: 11001-03-15-000-2026-05655-01

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20.La Sala considera que esos planteamientos no corresponden a la premisa que sustentó la decisión del Tribunal accionado, pues dicha autoridad judicial reconoció expresamente que no existía prueba de la fecha de notificación del acto administrativo sancionatorio y , consecuentemente, examinó el cumplimiento del requisito previo consagrado en el artículo 720 del ET para demandar, teniendo en cuenta la fecha a partir de la cual la sociedad accionante alegó haber tenido conocimiento de la resolución.

21.En el auto objeto de tutela, el Tribunal expuso que Construcciones JAVM S.A.S. interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN y, ante la inadmisión, el 26 de marzo de 2025, la apoderada de la sociedad presentó memorial de subsanación y solicitud de suspensión del proceso hasta tanto la administración brindara una decisión de fondo sobre el recurso de recons ideración que interpuso en el término concedido para subsanar. El 7 de julio siguiente, allegó memorial al que adjuntó el Auto 1103 del 30 de abril de 2025, mediante el cual la

que interpuso en el término concedido para subsanar. El 7 de julio siguiente, allegó memorial al que adjuntó el Auto 1103 del 30 de abril de 2025, mediante el cual la DIAN inadmitió recurso, alegando que la Resolución objeto de demanda había sido notificada desde el 10 de diciembre de 2018 y que se encontraba ejecutoriada desde el 11 de febrero de 2019, omitiendo adjuntar prueba idónea de esa afirmación.

22.Luego, el Tribunal demandado explicó que, a través de auto proferido el 30 de enero de 2026, el Juzgado rechazó el medio de control en consideración a que: (i) la DIAN afirmó haber notificado el acto administrativo cuya nulidad se pretendía desde el 10 de diciembre de 2018, el cual quedó ejecutoriado el 11 de febrero de 2019, siendo inadmisible qu e más de 6 años después se pretendiera revivir la vía administrativa para discutir el fundamento de la sanción; no obstante, (ii) en el hecho 21 de la demanda ordinaria, la parte demandante afirmó haber tenido conocimiento del acto administrativo desde el 28 de mayo de 2024, en virtud de la remisión que hizo la autoridad tributaria del expediente de determinación oficial, fecha desde la cual la accionante contaba con el término de dos meses para agotar el recurso de reconsideración, pero sin razón alguna, omitió cumplir dicho requisito legal.

23.Expuso que, en el recurso de apelación interpuesto por la empresa tutelante, se reiteró lo referente a la falta de prueba de la notificación de la Resolución 352412018000056 de 2018 y que, acorde a lo dispuesto en el artículo 72 del

23.Expuso que, en el recurso de apelación interpuesto por la empresa tutelante, se reiteró lo referente a la falta de prueba de la notificación de la Resolución 352412018000056 de 2018 y que, acorde a lo dispuesto en el artículo 72 del CPACA, era razonable concluir que el acto administrativo carecía de efectos jurídicos. Además, la sociedad manifestó nuevamente que conoció de la resolución objeto de demanda hasta el 28 de mayo de 2024 y que , en todo caso, no le era exigible el agotamiento del recurso de reconsideración, pues esto solo era requisito de procedibilidad de la demanda cuando la administración había otorgado la oportunidad de interponerlo, acorde a la excepción prevista en el artículo 161, numeral 2, incido final del CPACA.

24. En el auto objeto de tutela, el Tribunal empezó el estudio del caso concreto explicando que, en el numeral 2 del artículo 161 del CPACA, tal como lo alegó el demandante, se prevé que la presentación de la demanda que pretenda la nulidadRadicación: 11001-03-15-000-2026-05655-01

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de un acto administrativo particular debe cumplir, entre otros requisitos, con el agotamiento de los recursos que conforme a la ley sean obligatorios , en este caso el de reconsideración.

25.Bajo ese entendimiento, a diferencia de lo alegado en el escrito de tutela, el Tribunal analizó el caso concreto teniendo en cuenta la afirmación de la sociedad

el de reconsideración.

25.Bajo ese entendimiento, a diferencia de lo alegado en el escrito de tutela, el Tribunal analizó el caso concreto teniendo en cuenta la afirmación de la sociedad demandante, en relación con la falta de notificación de la resolución sancionatoria, reconociendo que no había prueba de que se hubiera adelantado trámite alguno desde el año 2018, dirigido a garantizar su conocimiento efectivo. No obstante, puso de presente que, acorde al propio dicho de la accionante, conoció de este solo hasta el 24 de mayo de 2024.

26.Explicó que el término para interponer el recurso de reconsideración debía contarse, conforme al inciso segundo del artículo 720 del Estatuto Tributario, en un plazo de dos (2) meses siguientes a la notificación o conocimiento del acto sancionatorio. Por ende, si la sociedad manifestó que tuvo conocimiento del contenido de la Resolución demandada el 28 de mayo de 2024, el recurso debió presentarse, como máximo, hasta el 29 de julio de 2024.

27.Sin embargo, a la fecha de radicación de la demanda -1 de agosto de 2024no se había ejercido, a pesar de su carácter obligatorio en materia tributaria.

28.En este punto, razonablemente expuso que no era de recibo el argumento de la parte apelante según el cual, al no haberse notificado el acto este n o surtió efectos jurídicos, pues se probó que la demandante conoció de su existencia y, además, no ejerció el recurso previo a demandar en sede judicial. De otro lado, resaltó que no era válido tener por subsanado su actuar negligente, con la presentación del recurso

jurídicos, pues se probó que la demandante conoció de su existencia y, además, no ejerció el recurso previo a demandar en sede judicial. De otro lado, resaltó que no era válido tener por subsanado su actuar negligente, con la presentación del recurso en el término de subsanación de la demanda, pues no se expuso razón alguna válida y debidamente justificada, para no haber agotado la vía administrativa antes de acudir a demandar ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

29.Con todo, con cluyó que al no haberse probado la presentación del recurso obligatorio ante la administración, no se cumplió con el requisito de procedibilidad establecido para acudir en sede judicial previsto en el artículo 161 (numeral 2 del CPACA) y, en consecuencia, la decisión de rechazo de la demanda debía ser confirmada.

30.Acorde a lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que el defecto fáctico carece de una carga argumentativa suficiente para acreditar la relevancia constitucional del asunto, pues se sustenta en argumentos que no se compaginan con la razón principal para rechazar la demanda. La autoridad judicial accionada no hizo depender su conclusión de que la sociedad demostrara la omisión en la notificación del acto administrativo demandado, sino de que, pese al conocimiento posterior del contenido de la resolución sancionatoria, no interpuso el recurso de reconsideración, que legalmente era obligatorio agotar, para poder acudir ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-15-000-2026-05655-01

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31. En tal sentido, el alegado yerro judicial se sustenta en la insistencia de la parte actora sobre la ausencia de constancias de notificación de 2018 y en el presunto desconocimiento de reglas de distribución de la carga probatoria, sin que ello explique en modo alguno una afectación constitucional atribuible a la autoridad.

32.Respecto al defecto sustantivo, la demandante alegó que este se configuró porque se incurrió en una indebida interpretación de los artículos 72, 87 y 161, numeral 2 del CPACA, al desconocerse la ineficacia del acto administrativo no notificado.

33.La Sala estima que dicha argumentación parte de equiparar erróneamente la falta de notificación inicial, con la imposibilidad de ejercer los recursos de ley, sin justificar por qué esta última circunstancia habría persistido después del conocimient o del acto administrativo demandado, por conducta concluyente, tal como lo reconoció la propia accionante.

34.Como se indicó previamente, en el auto del 20 de marzo de 2026, el Tribunal estudió lo referente a la oportunidad para recurrir la resolución sancio natoria desde el 28 de mayo de 2024 y no desde la notificación que la DIAN afirmó haber practicado en diciembre de 2018. Al respecto, la demandante reiteró que la omisión inicial de la Administración Tributaria la eximía de agotar el recurso de reconsideración, pero no explicó qué circunstancia concreta le impidió interponerlo

practicado en diciembre de 2018. Al respecto, la demandante reiteró que la omisión inicial de la Administración Tributaria la eximía de agotar el recurso de reconsideración, pero no explicó qué circunstancia concreta le impidió interponerlo una vez conoció de la resolución, ni por qué atribuir efectos a ese conocimiento suponía una restricción desproporcionada de sus derechos fundamentales.

35.Si bien en la impugnación af irmó que ese entendimiento de la notificación por conducta concluyente privaba de contenido la excepción del artículo 161 del CPACA (numeral 2, inciso final), se considera que tal afirmación reproduce su discrepancia sobre el alcance dado a la normatividad aplicable al caso concreto. Debe resaltarse que la accionante no desarrolló una razón constitucional específica que permitiera comprender las razones por las que, en las circunstancias propias del caso, el conocimiento admitido de la resolución sancionato ria, no podía ser valorado para examinar la oportunidad de ejercer el recurso. A corde a esto , para la Sala es evidente que lo que realmente busca la parte actora -acorde a la forma en que se sustentó el defecto sustantivo - es que el juez de tutela sustituya la interpretación normativa adoptada por e l juez natural, por aquella conforme a la cual , la falta de notificación inicial bastaba para acceder directamente a la jurisdicción.

36.Es así como, esta Sala estima que la argumentación de la tutelante equipara dos hechos distintos: la ausencia de notificación inicial del acto sancionatorio y la falta de ejercicio del recurso de rec onsideración después de conocer la resolución de la DIAN. Su lectura pretende hacer depender lo segundo de lo primero, sin que quede

hechos distintos: la ausencia de notificación inicial del acto sancionatorio y la falta de ejercicio del recurso de rec onsideración después de conocer la resolución de la DIAN. Su lectura pretende hacer depender lo segundo de lo primero, sin que quede clara la razón para ello. La sola mención de la omisión en que incurrió la autoridad tributaria, no explica por qué habría subsistido la imposibilidad de recurrir una vez conocido el acto, ni permite trasladar de forma automática a ese momento posterior,Radicación: 11001-03-15-000-2026-05655-01

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la excepción que la sociedad pretende hacer valer a su favor. Por ende, se reitera que la acción de tutela es improcedente.

37. De otro lado, en el escrito de impugnación, la tutelante citó las sentencias SU-017 y SU-167 de 2024 proferidas por la Corte Constitucional, como precedente aplicable al caso concreto. Al respecto, se precisa que estas no fueron invocadas como sustento de la demanda ordinaria o de los defectos alegados en el escrito inicial de tutela. Por ende, se examinará su presunto desconocimiento como un argumento dirigido a controvertir la falta de relevancia constitucional declarada por el juez de primera instancia, sin que su sola mención, permita incorporar un cargo autónomo de desconocimiento del precedente.

38.En cuanto a la sentencia SU -017 de 2024, es cierto que la Corte Constitucional precisó que la notificación de los actos tributarios debe garantizar su cono cimiento

de desconocimiento del precedente.

38.En cuanto a la sentencia SU -017 de 2024, es cierto que la Corte Constitucional precisó que la notificación de los actos tributarios debe garantizar su cono cimiento efectivo y permitir el ejercicio del derecho de defensa. En particular, avaló que, ante la inexistencia o desconocimiento de una dirección procesal diferente a la registrada por el interesado, la DIAN debía utilizar la dirección actualizada en el RUT. Esa regla no desvirtúa el fundamento de la providencia objeto de la solicitud de amparo. Se reitera que la razón principal para no admitir la demanda ordinaria, no fue la falta de acreditación de la resolución sancionatoria de 2018, sino la falta de agotamiento del recurso de reconsideración, una vez este fue conocido por la parte actora. Así, se descarta que sea un precedente inobservado por el a quo en materia de relevancia constitucional.

39.Finalmente, sobre la sentencia SU-167 de 2024 debe tenerse en cuenta que versó sobre un asunto relacionado con la responsabilidad del Estado por la afectación de los derechos de una menor víctima de violencia física y sexual , y e l llamado de atención allí efectuado a la Sección Primera del Consejo de Estado se circunscribió a casos similares5. No se fijó regla o prohibición general de declarar improcedente las acciones de tutela por falta de relevancia constitucional, ni lo relevó, como lo pretendió hacer ver la demandante, de verificar ese requisito en cada solici tud de amparo puesta en su conocimiento. Por ende, esta decisión judicial no afecta en modo alguno el estudio del requisito de procedencia de la relevancia constitucional efectuado en primera instancia y no desdice la falta de carga argumentativa de los

amparo puesta en su conocimiento. Por ende, esta decisión judicial no afecta en modo alguno el estudio del requisito de procedencia de la relevancia constitucional efectuado en primera instancia y no desdice la falta de carga argumentativa de los defectos alegados contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

40.Así las cosas, las inconformidades de la tutelante no demuestran afectación constitucional alguna que acredite algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos fundamentales. Además, se concluye que los argumentos de la impugnación no desvirtúan la conclusión del a quo en el presente asunto.

5 El numeral tercero de la parte resolutiva de la Sentencia SU -167 de 2024 reza: “Tercero. REALIZAR UN LLAMADO a la Sección Primera del Consejo de Estado para que se abstenga de declarar la improcedencia de las acciones de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional cuando se trate de la grave e irremediable afectación de los derechos de una niña víctima de violencia física y sexual en casos similares al presente asunto”Radicación: 11001-03-15-000-2026-05655-01

Accionante: Diseños y Construcciones JAVM S.A.S.

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

41.En ese orden de ideas, se impone a esta Subsección confirmar la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado y declarar improcedente el amparo por carecer de relevancia constitucional.

42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso

Sección Primera del Consejo de Estado y declarar improcedente el amparo por carecer de relevancia constitucional.

42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 14 de agosto de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los i nteresados, por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/ev

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