CE - Sentencia 11001031500020260590501 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260590501 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintidós [22] de octubre de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-01

Demandante: HAROLDO ANTONIO LINERO PÉREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela de fondo. Mora judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Haroldo Antonio Linero Pérez contra la sentencia de 24 de agosto de 20 26 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito radicado el 27 de julio de 2026, el señor Haroldo Antonio Linero Pérez, en nombre propio , presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se ampare n sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de defensa , a la igualdad y los principios de independencia e imparcialidad judicial.

Las mencionadas garantías las consideró vulneradas con ocasión de la presunta mora en el trámite e impulso procesal del medio de control de protección de derechos e

principios de independencia e imparcialidad judicial.

Las mencionadas garantías las consideró vulneradas con ocasión de la presunta mora en el trámite e impulso procesal del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 68001 -23-33-000-2026-00273-00, el cual fue remitido por competencia por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

[…] PRIMERO: Respetuosamente solicito al Superior Jerárquico TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, a la Seguridad Jurídica al debido Proceso, publicidadDemandante: Haroldo Antonio Linero Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-01

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de los procesos, principio fundamental de la Seguridad Jurídica del Estado, vía de hecho, se viola el derecho a acceder a la administración de justicia Art. 229 C.N. Al tener interés indirecto, principio de legalidad, principio de imparcialidad.

SEGUNDO: Respetuosamente solicito se ordene al TRIBYUNALA ADMINISTRATIVO DE SANTANDER pronunciarse sobre el auto que declara la FALTA DE COMPETENCIA

Y ADMITIR LA DEMANDA Y ORDENE NOTIFICAR A LOS DEMANDADOS1.

1.3. Hechos

Del expediente de tutela se encuentran los siguientes supuestos que, a juicio de la

Y ADMITIR LA DEMANDA Y ORDENE NOTIFICAR A LOS DEMANDADOS1.

1.3. Hechos

Del expediente de tutela se encuentran los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El señor Haroldo Antonio Linero Pérez indicó que promovió el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el Instituto Nacional de Ví as [en adelante Invías], la Corporación Autónoma Regional de Santander [en adelante Cas], la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales [en adelante Anla], el departamento de Santander, el municipio de Ocamonte y la Agencia Nacional de Infraestructura [en adelante Ani], con el propósito de obtener la protección de sus derechos e intereses colectivos que, en su criterio, fueron vulnerados por el deterioro de la vía de acceso al municipio de Ocamonte y por las intervenciones realizadas sobre las quebradas «La Piña» y «El Palenque»2.

En principio, el asunto le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, autoridad que en auto de 16 de abril de 2026 realizó el examen preliminar y concluyó que no estaba facultado par a conocer del asunto al considerar que la acción se dirigía también contra entidades del orden nacional, entre ellas Invías, Anla y Ani, circunstancia que, a su juicio, implicaba aplicar la regla prevista en el numeral 14 del artículo 152 del CPACA , en consecuencia, declaró la falta de competencia funcional y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Santander para que asumiera el conocimiento del proceso.

El expediente fue asignado al despacho del magistrado Iván Mauricio Mendoza

competencia funcional y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Santander para que asumiera el conocimiento del proceso.

El expediente fue asignado al despacho del magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra del Tribunal Administrativo de Santander y, a su juicio, luego de efectuado el reparto, dicha judicatura no había adoptado una decisión sobre la admisión de la demanda ni se había impartido impulso al trámite del medio de control.

1 Transcripción del texto original con posibles errores. 2 Dentro de la demanda se solicitó, entre otras medidas, la ejecución de obras de mitigación ambiental, la recuperación vial y la restitución de las condiciones de los cuerpos hídricos.Demandante: Haroldo Antonio Linero Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-01

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1.4. Fundamentos de la solicitud

El extremo actor refirió que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad, así como los principios de independencia e imparcialidad judicial, debido a la ausencia de actuaciones procesales dentro del medio de control que le fue remitido por competencia.

Lo anterior, por cuanto aseguró que, una vez efectuado el reparto del proceso al despacho del tribunal accionado, a la fecha en que se interpuso la solicitud de amparo, esa autoridad judicial no había adoptado decisión alguna respecto de la demanda ni

Lo anterior, por cuanto aseguró que, una vez efectuado el reparto del proceso al despacho del tribunal accionado, a la fecha en que se interpuso la solicitud de amparo, esa autoridad judicial no había adoptado decisión alguna respecto de la demanda ni se había dispuesto su trámite, pese a la relevancia de las problemáticas denunciadas en relación con el estado de la infraestructura vial y las afectaciones ambientales existentes en el municipio de Ocamonte.

Sostuvo que la mora atribuida a la mencionada autoridad transgrede su derecho fundamental al debido proceso por cuanto toda actuación judicial debe desarrollarse conforme a los procedimientos legalmente previstos y dentro de un plazo razonable.

Afirmó, que la observancia de los términos legales constituye una garantía indispensable para la recta administración de justicia y que la ausencia de impulso impide la obtención de una decisión motivada y oportuna frente a las pretensiones formuladas en su demanda, el acceso a un juez competente y la posibilidad de ejercer adecuadamente la defensa.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante auto de 31 de julio de 2026 la magistrada ponente de primer grado admitió la acción de tutela de la referencia , ordenó notificar en calidad de demandad o al Tribunal Administrativo de Santander . En calidad de tercero s con interés, dispuso la vinculación del municipio de Ocamonte, la Cas, la Gobernación de Santander, la Anla, la Ani y el Invías.

1.6. Contestaciones

1.6.1. La Ani manifestó que sus funciones se limitan a la planeación, estructuración, contratación y administración de proyectos de infraestructura bajo esquemas de

la Ani y el Invías.

1.6. Contestaciones

1.6.1. La Ani manifestó que sus funciones se limitan a la planeación, estructuración, contratación y administración de proyectos de infraestructura bajo esquemas de concesión o asociaciones público -privadas, por lo que, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque los reparos se dirigen contra la presunta mora del Tribunal Administrativo de Santander y, en ese sentido, solicitó su desvinculación.Demandante: Haroldo Antonio Linero Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-01

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1.6.2. La Cas sostuvo que la controversia planteada se relaciona exclusivamente con actuaciones atribuidas al Tribunal Administrativo de Santander y no a las acciones u omisiones de la entidad ambiental. Agregó que sus competencias se circunscriben a la administración, protección y control de los recursos naturales y del ambiente dentro de su jurisdicción, por lo tanto, resaltó que carece de facultades para intervenir en el trámite de los procesos judiciales o para influir en las decisiones de los jueces. En consecuencia, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva y se ordenara su desvinculación del trámite de tutela.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Santander informó que el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 6800 1y se ordenara su desvinculación del trámite de tutela.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Santander informó que el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 6800 123-33-000-2026-00273-00 fue remitido al Tribunal Administrativo de Santander para surtir el trámite de primera instancia y asignado a su despacho mediante reparto efectuado el 27 de abril de 2026. Indicó que, una vez revisado el expediente en el sistema Samai, mediante providencia de 5 de agosto de 2026 se resolvió inadmitir la demanda, decisión que fue registrada y notificada a la parte interesada.

Con fundamento en lo anterior, adujo que la acción de tutela se edificó sobre la presunta falta de trámite del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, para que se ordenara al tribunal pronunciarse respecto de la admisión de la demanda y notificar a las entidades acc ionadas. Sin embargo, señaló que ya s e efectuó el estudio inicial del asunto y se adoptó la correspondiente decisión, razón por la cual solicitó declarar improcedente la acción de tutela o negar el amparo solicitado al no configurarse una mora judicial inj ustificada ni una vulneración de derechos fundamentales atribuible a esa corporación.

1.6.4. La Anla adujo que los hechos y pretensiones de la acción de tutela están dirigidos contra el Tribunal Administrativo de Santander, por cuanto la inconformidad del accionante recae sobre el trámite de la acción popular adelantada ante esa corporación. Señaló que no tiene competencia ni participación en las actuaciones judiciales cuestionadas y que las funciones que le atribuye la ley en materia de

del accionante recae sobre el trámite de la acción popular adelantada ante esa corporación. Señaló que no tiene competencia ni participación en las actuaciones judiciales cuestionadas y que las funciones que le atribuye la ley en materia de licenciamiento ambiental no guardan relación con la presunta vulneración alegada. En consecuencia, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad y que se negara cualquier pretensión dirigida en su contra.

1.6.5. El municipio de Ocamonte advirtió que no ha desplegado actuación alguna relacionada con la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que la discusión planteada versa sobre el trámite impartido por el Tribunal Administrativo de Santander a una acción popular. En ese sentido, sostuvo que las pretensiones del amparo se encaminan exclusivamente a obtener una decisión judicial dentro de dicho proceso y no a cuestionar actuaciones administrativas del enteDemandante: Haroldo Antonio Linero Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-01

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territorial, razón por la cual solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva y se dispusiera su desvinculación de la actuación constitucional.

1.7. Fallo impugnado3

Mediante providencia de 24 de agosto de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , declaró la carencia actual de objeto por hecho superado

1.7. Fallo impugnado3

Mediante providencia de 24 de agosto de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , declaró la carencia actual de objeto por hecho superado luego de revisar las actuaciones registradas en el aplicativo Samái, surtidas en el asunto popular objeto de interés del accionante, y señalar lo siguiente:

44. De la información reseñada se advierte que el expediente fue radicado y repartido al Tribunal Administrativo de Santander el 27 de abril de 2026. Posteriormente, el 27 de julio siguiente, el señor Haroldo Antonio Linero Pérez promovió la presente acción de tutela al considerar que no s e había impartido impulso procesal a la demanda. Sin embargo, durante el trámite constitucional, el despacho judicial accionado profirió, el 5 de agosto de 2026, una providencia mediante la cual inadmitió la demanda de protección de derechos e intereses co lectivos y dispuso las actuaciones consecuentes para su notificación.

45. También se observa que el accionante presentó el respectivo escrito de subsanación el 10 de agosto de 2026, actuación que resulta especialmente relevante para la resolución del pres ente asunto, porque con ella no solo se evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander adoptó una decisión respecto de la demanda cuya ausencia motivó la interposición de la tutela, sino también que el actor tuvo conocimiento efectivo de dicha provi dencia y ejerció la carga procesal que de ella se derivaba. En otras palabras, el trámite del proceso principal avanzó más allá del punto específico que originó la inconformidad planteada en sede constitucional.

de dicha provi dencia y ejerció la carga procesal que de ella se derivaba. En otras palabras, el trámite del proceso principal avanzó más allá del punto específico que originó la inconformidad planteada en sede constitucional.

46. En estas condiciones, la Sala no encuen tra acreditada la mora judicial, pues no se advierten elementos que permitan concluir que el Tribunal Administrativo de Santander hubiera incurrido en una inactividad arbitraria o manifiestamente contraria a sus deberes funcionales. Por el contrario, se encuentra demostrado que la corporación judicial realizó el examen inicial de la demanda y profirió la providencia correspondiente el 5 de agosto de 2026, mediante la cual resolvió inadmitirla para que fuera subsanada por el actor. Así, aún cuando existió un lapso entre la fecha del reparto y la adopción de dicha decisión, no se acreditó una tardanza de tal entidad que, por sí misma, permita considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

47. Por otra parte, la actuación cuya realización perseguía el accionante mediante la presente solicitud de amparo ya fue desplegada por la autoridad judicial accionada durante el curso de este trámite . Por tanto, cualquier orden encaminada a exigir al Tribunal Administrativo de Santander que se pronuncie sobre la demanda o imparta el impulso procesal inicial al proceso carece de utilidad práctica, toda vez que dicha actuación ya fue efectivamente cumplida.

3 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 21 de septiembre de 2026.Demandante: Haroldo Antonio Linero Pérez

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

actuación ya fue efectivamente cumplida.

3 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 21 de septiembre de 2026.Demandante: Haroldo Antonio Linero Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-01

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1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 22 de septiembre de 2026, el actor controvirtió el fallo de primer grado , solicitó su revocatoria, así como el amparo de sus derechos fundamentales.

Lo anterior, al señalar que el a quo erró al declarar la carencia actual de objeto pese a que en el caso que se analiza el tribunal demandado no ha superado la etapa procesal relativa a la admisión del medio de control y no se ha pronunciado sobre la medida cautelar solicitada, puesto que, a su juicio, el hecho de la expedición de la providencia de 5 de agosto de 2026 solo le impuso la carga de subsanar la demanda, lo cual indicó haber efectuado oportunamente el 6 de septiembre de 2026 y, en ese orden, advirtió que actualmente el expediente se encuentra pendien te de resolver lo relativo a la corrección pese a que se trata de una acción encaminada a proteger derechos e intereses colectivos.

Agregó que el artículo 20 de la Ley 472 de 1998 estipula que el juez debe pronunciarse sobre la admisión de la demanda dentro de los tres días hábiles siguientes a su

intereses colectivos.

Agregó que el artículo 20 de la Ley 472 de 1998 estipula que el juez debe pronunciarse sobre la admisión de la demanda dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación, y que, si el escrito no cumple con los requisitos legales, debe indicar los defectos para que sean subsanados dentro del término correspondiente, por ello, aseguró que, «una vez presentada la subsanación, no puede entenderse agotado el deber judicial con la sola expedición del auto de inadmisión. Debe verificarse si los defectos fueron efectivamente corregidos y, de ser así, proceder con la admisión y las actuaciones posteriores […]».

Adujo que, frente al yerro que dio lugar a la impugnación, esto es, la presunta falta de requerimiento previo a la Ani, aportó nuevamente el realizado el 7 de noviembre de 2025 en el cual aparece relacionada dicha entidad, entre otras, por lo tanto, solicitó que el tribunal examine otra vez el documento, determine si se acredita lo exigido y si el defecto queda subsanado.

Acotó que el artículo 25 de la Ley 472 de 1998 establece que, antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso, el juez podrá decretar las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para cesar el que se hubiere causado, de tal forma que, en su criterio, la ausencia de notificación previa de la demanda no puede confundirse con la omisión del trámite de la acción popular, particularmente, el de las solicitudes cautelares.

Se refirió a la naturaleza de las funciones de la Ani y de la Anla para indicar que el juez

la demanda no puede confundirse con la omisión del trámite de la acción popular, particularmente, el de las solicitudes cautelares.

Se refirió a la naturaleza de las funciones de la Ani y de la Anla para indicar que el juez popular debe determinar cuáles son las competencias concretas de cada entidad y cuál es el deber jurídico que le corresponde.Demandante: Haroldo Antonio Linero Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-01

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Resaltó que la finalidad del proceso constitucional no es obtener una actuación formal del despacho, sino garantizar que la acción popular sea efectivamente tramitada, por ello, solicitó que se amparen sus garantías superiores y se le orden e al Tribunal Administrativo de Santander que resuelva sobre la admisión de la demanda y se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor Haroldo Antonio Linero Pérez contra la providencia de 24 de agosto de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 201 5, modificado por el Decreto 333 de 20214, así como el Acuerdo 080 de 20195 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,

20214, así como el Acuerdo 080 de 20195 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la decisión de 24 de agosto de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente al cargo por mora judicial injustificada del Tribunal Administrativo de Santander en el trámite del asunto popular número 68001 -23-33000-2026-00273-00. .

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial; y (iv) el caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.

Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar la

4 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017. 5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.Demandante: Haroldo Antonio Linero Pérez

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

4 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017. 5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.Demandante: Haroldo Antonio Linero Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-01

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consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor es pecial dentro del ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el constituyente.

2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 229 6 y 297 de la Constitución, y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia8.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que

se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia8.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley […]»9.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable,

6 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”. 7 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, au n cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante

la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 8 Sentencia T-006 de 1992. 9 Sentencia T-476 de 1998.Demandante: Haroldo Antonio Linero Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-01

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con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]»10.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende que el derec ho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías11, y de otro lado, la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso

respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías11, y de otro lado, la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones no minales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»12.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia 13 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los dere chos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en e l funcionario –sin vendas - que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial

subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»14.

10 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 11 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 12 Ibidem. 13 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. 14 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.Demandante: Haroldo Antonio Linero Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-05905-01

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2.5. La mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación e

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