CE - Sentencia 11001031500020260617601 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260617601 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Cinco (5) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-06176-01

Accionante: JOHN JARBY DUEÑAS RAMÍREZ

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 10 de septiembre de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado . Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 12 de agosto de 2025 de 20262, la referida autoridad judicial admitió la acción constitucional y, mediante la providencia del 2 de octubre de 2026 concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

la acción constitucional y, mediante la providencia del 2 de octubre de 2026 concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El 5 de agosto de 2026, el señor Jhon Darby Dueñas Ramírez , actuando mediante apoderado judicial , presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y del Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá . Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la estabilidad laboral reforzada.

2. La vulneración de sus garantías constitucionales la adjudicó a las decisiones las sentencias del 25 de abril de 2024 y del 30 de junio de 2026 ,

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó en calidad de accionado al el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda , Subsección E y del Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá . A su vez, ordenó la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.Accionante: Jhon Darby Dueñas Ramírez

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección E y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-06176-01

2

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección E y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-06176-01

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dictadas por las autoridades judiciales accionadas en primera y segunda instancia, respectivamente. En tales decisiones , se negaron las súplicas de la demanda al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-42-051-2023-00091-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, trabajo, salud, seguridad social, acceso efectivo a la administración de justicia y estabilidad laboral reforzada del señor JOHN JARBY DUEÑAS RAMÍREZ, por haber sido vulnerado s con ocasión de las providencias judiciales proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 11001334205120230009100, promovido

contra la Nación– Ministerio de Defensa Nacional– Policía Nacional.

2. Como consecuencia del amparo constitucional, dejar sin efectos la sentencia proferida el 25 de abril del 2024 por el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá, mediante la cual fueron negadas las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derec ho promovida por el señor JOHN JARBY

DUEÑAS RAMÍREZ.

mediante la cual fueron negadas las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derec ho promovida por el señor JOHN JARBY

DUEÑAS RAMÍREZ.

3. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 30 de junio del 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "E", mediante la cual se confirmó la decisión adoptada en primera instancia dentro del proceso radicado No. 11001334205120230009100.

4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "E", o a la autoridad judicial que resulte competente conforme a las reglas procesales aplicables, que profiera una nueva sentencia de reemplazo, en la que se resuelva nuevamen te el recurso de apelación y el litigio sometido a consideración judicial, con estricta observancia de la Constitución Política, del precedente constitucional vinculante, de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de los parámetros fijados en la sentencia de tutela, corrigiendo los defectos constitucionales que dieron lugar a la concesión del amparo, efectuando una valoración integral del acervo probatorio, con la posibilidad de solicitar pruebas de oficio, y ofreciendo una motivación suficiente, completa y compatible con los postulados del Estado Social y Constitucional de Derecho. De igual manera, para que integre y valore dentro del juicio de legalidad el expediente de sanidad, las incapacidades médicas y el estado de salud del actor para la fecha de emisión del acto administrativo de retiro, aplique el test de proporcionalidad y la subregla del control judicial reforzado fijada por la Corte Constitucional en la

incapacidades médicas y el estado de salud del actor para la fecha de emisión del acto administrativo de retiro, aplique el test de proporcionalidad y la subregla del control judicial reforzado fijada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-091 de 2016, y se pronuncie de fondo sobre la validez de la notificación por aviso ejecutada durante una incapacidad médica laboral total.

5. Disponer las demás medidas que esa Honorable Corporación considere necesarias para garantizar el restablecimiento pleno y efectivo de los derechos fundamentales vulnerados y el cumplimiento integral de la sentencia de tutela.3

1.2. Hechos

4. El señor Jhon Jarby Dueñas Ramírez ejerció el medio de control de nulidad

3 Transcripción literal que puede contener errores.Accionante: Jhon Darby Dueñas Ramírez

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y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución No. 02237 del 28 de julio de 2022 , mediante la cual se le retiró del servicio activo por llamamiento a calificar servicios y, a título de restablecimiento del derecho, su reintegro sin solución de continuidad, su reubicación en actividades acordes con sus condiciones médico -laborales, así como el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir.

reintegro sin solución de continuidad, su reubicación en actividades acordes con sus condiciones médico -laborales, así como el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir.

5. Como fundamento de la demanda, el actor refirió que ingresó a la institución en el año 2004 , sin que fuera objeto de investigaciones o sanciones.

Puso de presente que en el año 2021 presentó algunos quebrantos de salud, e inició un «proceso médico laboral posterior a conceptos de los especialistas en neumología, psiquiatría, medicina interna y salud ocupacional », última que conceptuó favorablemente su reubicación laboral y recomendó abstenerse de realizar turnos nocturnos, portar armas de fuego, conducir vehículos institucionales y desempeñar funciones lejos de su lugar de residencia.

6. Asimismo, afirmó que la entidad omitió atender tales recomendaciones, y emitió concepto «no viable» a las solicitudes de traslado que presentó . Afirmó que el 3 de junio de 2022 mientras se trasladaba de su casa al trabajo en moto se accidentó y sufrió algunas lesiones que le «ocasionaron una incapacidad total», y que el día 20 de agosto de 2022, «cuando ya podía desplazarse» se dirigió a la MEBOG para ser notificado de su retiro que, en su criterio, vulneró sus derechos fundamentales y tornó ilegal la decisión administrativa.

7. Por último, alegó que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta, por cuanto « no tenía todas sus capacidades físicas y mentales para salir al mercado laboral», y que la institución después de sus años de servicio lo dejó a su suerte, cuando «ve a sus empleados sin todas las capacidades».

por cuanto « no tenía todas sus capacidades físicas y mentales para salir al mercado laboral», y que la institución después de sus años de servicio lo dejó a su suerte, cuando «ve a sus empleados sin todas las capacidades».

8. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, mediante sentencia del 25 de abril de 2024 negó las pretensiones de la demanda al concluir que el retiro del demandante por llamamiento a calificar servicios se ajustó al Decreto 1791 de 2000 y a la Ley 857 de 2003, normas que lo regulan, dado que acreditó más de 15 años de servicio en la Policía Nacional, requisito previsto para acceder a la asignación de retiro.

9. Destacó que el señor Dueñas Ramírez prestó sus servicios a la institución durante 19 años, 5 meses y 21 días, y que dicha modalidad de desvinculación corresponde a una causal legal y ordinaria de retiro , respecto de la cual no se exige una motivación expresa, sin perjuicio del control judicial orientado a verificar la inexistencia de desviación de poder.

10. Precisó que, a unque encontró acreditado que el actor presentaba una pérdida de capacidad laboral del 10%, con concepto de reubicación en laboresAccionante: Jhon Darby Dueñas Ramírez

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administrativas4 y con recomendaciones del médico ocupacional 5 que incluían abstenerse de conducir vehículos al servicio de la institución, portar armas de fuego, realizar turnos nocturnos y desempeñar sus funciones cerca de su lugar de residencia, estimó que no existían pruebas suficientes para demostrar que la institución hubiera desconocido tales restricciones o que la negativa a su reubicación hubiera motivado su retiro.

11. En particular, consideró que los testimonios practicados carecían de fuerza probatoria suficiente para acreditar esos hechos, por tratarse de testimonios de oídas sustentados en información suministrada por el propio demandante.

Asimismo, precisó que ni el buen desempeño, las condecoraciones, ni las condiciones de salud del actor le conferían estabili dad absoluta en el cargo ni impedían el ejercicio de la facultad discrecional de retiro por llamamiento a calificar servicios.

12. En consecuencia, concluyó que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado ni se acreditó que este hubiera obedecido a una finalidad distinta del mejoramiento del servicio y de la renovación institucional.

13. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación.

Sostuvo que el juzgado no valoró adecuadamente su condición de salud ni las garantías reforzadas derivadas de esta. Afirmó que las pruebas documentales y testimoniales demostraban que fue objeto de discriminación por sus restricciones médico-laborales y por las solici tudes de reubicación que presentó ante la

garantías reforzadas derivadas de esta. Afirmó que las pruebas documentales y testimoniales demostraban que fue objeto de discriminación por sus restricciones médico-laborales y por las solici tudes de reubicación que presentó ante la institución.

14. Asimismo, señaló que el a quo omitió efectuar un control de razonabilidad y proporcionalidad del ejercicio de la facultad discrecional de retiro por llamamiento a calificar servicios, pese a que se encontraba en una situación de especial protección constitucional. A gregó que la decisión desconoció los criterios fijados por la sentencia SU-091 de 2016 y por otros precedentes 6 que han considerado improcedente el retiro de miembros de la Fuerza Pública que presentan condiciones de salud incapacitantes.

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección E, mediante sentencia del 30 de junio de 2026 confirmó el fallo de primera instancia al concluir que que el retiro del demandante por llamamiento a calificar servicios se ajustó al Decreto 1791 de 2000 y a la Ley 857 de 2003, toda vez que cumplía los requisitos para acceder a la asignación de retiro . En ese sentido, señaló que esta causal constituye una facultad discrecional orientada a

4 Acta de la Junta Médico Laboral JML 385 de 26 de enero de 2021. 5 Mediante formato de perfil médico ocupacional para reubicación laboral del 18 de agosto de 2021. 6 Decisión del Consejo de Estado de 7 de octubre de 2010, dentro del proceso núm. 13001 -2331-000-2001-01000-01 y, sentencia proferida por el por el Tribunal Administrativo de

2021. 6 Decisión del Consejo de Estado de 7 de octubre de 2010, dentro del proceso núm. 13001 -2331-000-2001-01000-01 y, sentencia proferida por el por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 13 de abril de 2023, radicado núm. 11001-3342-0492020-00353-01.Accionante: Jhon Darby Dueñas Ramírez

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la renovación institucional y al relevo dentro de la estructura jerárquica de la Fuerza Pública, respecto de la cual no se exige motivación expresa, sin perjuicio del control judicial de legalidad.

16. De igual manera, precisó que correspondía al demandante demostrar que su desvinculación obedeció a una finalidad distinta de la prevista en la ley, esto es, acreditar la existencia de motivos ocultos, discriminación o desviación de poder. Sin embargo, concluyó que no aportó pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado, pues los testimonios recaudados constituían declaraciones de oídas y no permitían establecer que la Policía Nacional hubiera desconocido su s restricciones médico -laborales ni que las solicitudes de reubicación laboral hubieran motivado su retiro.

constituían declaraciones de oídas y no permitían establecer que la Policía Nacional hubiera desconocido su s restricciones médico -laborales ni que las solicitudes de reubicación laboral hubieran motivado su retiro.

17. Para finalizar, señaló que, si bien estaba acreditado que el actor presentaba una pérdida de capacidad laboral del 10%, calificado como no apto con reubicación en labores administrativas y, que había solicitado un traslado por razones de salud , no se demostró que la entidad hubiera incumplido las recomendaciones médicas ni que al momento de su retiro se encontrara en una situación comparable a la examinada en los precedentes invocados en la apelación, pues su situación médico-laboral aún no se encontraba definida, toda vez que el Tribunal Médico Laboral de Revisión fue convocado con posterioridad al acto de retiro y el accionante no se encontraba en incapacidad médica al momento de expedirse el acto administrativo de retiro.

1.3. Sustento de la vulneración

18. La parte actora manifestó que las autoridades judiciales demandadas, en las providencias del 25 de abril de 2024 y 30 de junio de 2026 , vulneraron sus derechos fundamentales, al incurrir en los defectos por desconocimiento del precedente, fáctico, sustantivo y violación directa de la constitución.

19. En primer lugar, s ostuvo que incurri eron un desconocimiento del precedente, por cuanto omitieron aplicar las reglas fijadas por la Corte Constitucional en las sentencias SU -091 de 2016, SU -217 de 2016 y T -068 de 2018 respecto del control judicial de los actos de retiro por llamamiento a calificar

precedente, por cuanto omitieron aplicar las reglas fijadas por la Corte Constitucional en las sentencias SU -091 de 2016, SU -217 de 2016 y T -068 de 2018 respecto del control judicial de los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios. Afirmó que las autori dades accionadas limitaron su análisis a verificar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la asignación de retiro, sin examinar integralmente sus condiciones médico-laborales, las incapacidades que presentó, las solicitudes de reubicación formuladas y la razonabilidad y proporcionalidad de la facultad discrecional ejercida por la Policía Nacional.

20. En segundo lugar, alegó la configuración de un defecto fáctico, debido a que los jueces ordinarios habrían excluido del análisis circunstancias relevantes para resolver la controversia, relacionadas con su situación de salud como «las actas de junta médico-laboral», las incapacidades «de julio, agosto y septiembre de 2022», las recomendaciones de reubicación y la ausencia de una definiciónAccionante: Jhon Darby Dueñas Ramírez

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definitiva de su estado de salud , pues con ocasión de su accidente de junio de 2022, la Dirección de Sanidad aperturó un nuevo proceso de evaluación, en el que se encuentra en trámite de apelación el acta y pendiente de fallo por parte

definitiva de su estado de salud , pues con ocasión de su accidente de junio de 2022, la Dirección de Sanidad aperturó un nuevo proceso de evaluación, en el que se encuentra en trámite de apelación el acta y pendiente de fallo por parte del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

21. Agregó que el expediente carecía de documentos relevantes de carácter médico y que las autoridades judiciales omitieron ejercer sus facultades oficiosas para completar el acervo probatorio.

22. En tercer lugar, adujo la existencia de un defecto sustantivo , al considerar que las autoridades demandadas efectuaron una interpretación «exclusivamente legal» de la figura del llamamiento a calificar servicios limitado al cumplimiento de los requisitos y prescindieron del «parámetro constitucional que gobierna el ejercicio de esa facultad discrecional y el control judicial que debe recaer sobre ella» , en ese sentido, afirmó que el cargo se configuraba en que «excluyeron del juicio normas y criterios constitucionales » relacionados con el alcance de la institución jurídica objeto de controversia.

23. Por último, afirmó que se configuró una violación directa de la Constitución, toda vez que las sentencias cuestionadas desconocieron los mandatos superiores consagrados en los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 49, 228 y 229 , pues r esolvieron la controversia «desconociendo el precedente constitucional obligatorio », y que, a raíz de los defectos alegados, «la Constitución dejó de ser el parámetro que debía orientar el ejercicio de la función jurisdiccional», con lo cual vulneró sus derechos fundamentales al debido

constitucional obligatorio », y que, a raíz de los defectos alegados, «la Constitución dejó de ser el parámetro que debía orientar el ejercicio de la función jurisdiccional», con lo cual vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la dignidad humana y el acceso efectivo a la administración de justicia.

1.4. Intervenciones

24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección E, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que los argumentos planteados por el accionante buscan controvertir las conclusiones a las que arribó el juez natural y propiciar así una nueva valoración del material probatorio, para obtener una decisión distinta a la adoptada dentro del proceso ordinario.

25. Precisó que la sala no incurrió en los defectos alegados, pues el señor Dueñas Ramírez no acreditó que su desvinculación atendiera a una finalidad distinta a la prevista en la ley, y que para ello valoró el acta de la junta médico laboral, el concepto de salud ocupacional de 2021, los testimonios, incorporó y aplicó la sentencia SU -091 de 2016. También examinó las decisiones del Consejo de Estado del 7 de octubre de 2010 y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 13 de abril de 2023, y explicó las diferencias fácticas que impedían aplicarlas al caso. Por último, adujo que el mecanismo constitucional también se tornaba improcedente porque disponía del recurso extraordinario deAccionante: Jhon Darby Dueñas Ramírez

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección E y otro

también se tornaba improcedente porque disponía del recurso extraordinario deAccionante: Jhon Darby Dueñas Ramírez

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revisión.

26. Por su parte, el Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se limitó a remitir el expediente.

1.5. Sentencia de primera instancia

27. Mediante sentencia del 10 de septiembre de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela al considerar que los argumentos del accionante no evidenciaban una cuestión de relevancia constitucional ni la configuración de una arbitrariedad judicial, sino una inconformidad con las decisiones adoptadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

28. Precisó que las autoridades judiciales accionadas expusieron de manera razonada y fundamentada los motivos por los cuales concluyeron que el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios se ajustaba al Decreto 1791 de 2000 y a la Ley 857 de 2003, y que no existían elementos que permitieran acreditar una finalidad distinta a la prevista por el ordenamiento jurídico.

29. Destacó que los reparos formulados por el actor estaban dirigidos a controvertir la valoración probatoria realizada por los jueces naturales del proceso, particularmente respecto de su situación médico -laboral, aspecto que

29. Destacó que los reparos formulados por el actor estaban dirigidos a controvertir la valoración probatoria realizada por los jueces naturales del proceso, particularmente respecto de su situación médico -laboral, aspecto que hace parte de la autonomía e independencia judicial y no puede ser objeto de revisión mediante la acción de tutela, salvo que se evidencien errores manifiestos o arbitrariedades, circunstancia que no se advirtió en el caso concreto.

30. En consecuencia, concluyó que la solicitud de amparo pretendía reabrir una controversia ya resuelta por l os jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y utilizar la tutela como una instancia adicional para debatir aspectos de carácter legalidad.

1.6. Impugnación

31. La parte accionante solicitó que se revoque el fallo de prim era instancia, para que, en su lugar, se estudie de fondo los argumentos expuest os en su demanda, y se decrete el amparo de sus derechos invocados como vulnerados.

32. Sostuvo que la tutela identificó un problema constitucional concreto: si el Tribunal aplicó materialmente la sentencia SU -091 de 2016 y motivó suficientemente por qué la situación médico -laboral, las solicitudes de reubicación, los testimonios y las circunstancias de la notificación no incidían en el control del retiro.

33. Aclaró que no alegaba que esos antecedentes probaran automáticamente la desviación de poder ni que el Tribunal hubiera omitido mencionarlos, sino queAccionante: Jhon Darby Dueñas Ramírez

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección E y otro

la desviación de poder ni que el Tribunal hubiera omitido mencionarlos, sino queAccionante: Jhon Darby Dueñas Ramírez

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cuestionaba la suficiencia de su análisis conjunto. También pidió examinar la alegada falta de incorporación de incapacidades al expediente, por su posible incidencia en la valoración judicial.

34. En consecuencia, solicitó que, si se encontraban acreditadas las vulneraciones, se dejaran sin efectos las providencias en lo necesario y se ordenara proferir una nueva decisión, sin predeterminar su sentido.

II. CONSIDERACIONES

35. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por la parte actora, motivo por el cual se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de relevancia constitucional.

2.1. Cuestión previa

36. Esta Sección estima conveniente precisar que, si bien en el escrito de tutela la parte accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las decisiones 25 de abril de 2024 y 30 de junio de 2026 , dictadas por las autoridades judiciales accionadas, esta Sala de Decisión limitará el presente estudio a la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, al ser la que

dictadas por las autoridades judiciales accionadas, esta Sala de Decisión limitará el presente estudio a la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, al ser la que finiquitó la litis.

2.2. Caso concreto

37. El Consejo de Estado 7 y la Corte Constitucional 8 han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales 9 y a la configuración de algún defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura el defecto invocado, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de l 5 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 8 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.

9 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii ) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz. 10 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.Accionante: Jhon Darby Dueñas Ramírez

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38. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especia les de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especia les de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

39. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con todos los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, como pasa a explicarse.

40. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y contr overtirse estas

(pasiva).

41. La Sala advierte que el señor Jhon Darby Dueñas Ramírez está legitimado en la causa por activa, porque conformó la parte demandada al interior del medio de control en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante esta vía.

A su vez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci ón Segunda, Subsección E y el Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá también está n legitimados en la causa por pasiva por haber proferido la s decisiones objeto de estudio el presente trámite constitucional.

42. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional11, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor cumpla con la carga argument

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