CE - Sentencia 11001031500020260635700 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260635700 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2026-06357-00
Demandante BRIAN STEVEN RAMÍREZ CHINDICUE Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA – SALA DE DECISIÓN 006
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente, falta de motivación y violación directa de la Constitución. Medio de control de reparación directa. Lesiones producto de riña. Falla en el servicio. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Brian Steven Ramírez Chindicue, Gerardo Enrique Ramírez Medina, Rosa Ilia Chindicue Manzano, Paubla Natalia Ramírez Narvaez, Alissette Joanna Ruiz Chindicue (en nombre propio y de sus hijos menores MPCC y JECR), Yuly Patricia Ruiz Chindicue (en nombre propio y de sus hijos menores KESR y SMSR), Nichol Dayana Bolaños Ruiz, Maicol Steven Ruiz Chindicue
y Danna Isabella Cruz Ruiz, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 11 de agosto de 2026, el señor Brian Steven Ramírez Chindicue y otros, por conducto de apoderado, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006, por considerar que la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad material, así como el principio de primacía del derecho sustancial sobre las formas y los derechos de los menores.
La vulneración de sus garantías constitucionales la atribuyen a la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida en el medio de control de reparación directa con radicado 19001-33-33-007-2020-00006-00/01. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA: Se AMPAREN los derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.), acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.), igualdad material y no discriminación (Art. 13 C.P.), y el principio de primacía del derecho sustancial sobre las formas (Art. 228 C.P.) vulnerados en las sentencias No. 197 del 16 de octubre de 2024 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán en Primera Instancia dentro del medio de control de Reparación Directa con radicado 19001-33-33-007-2020-00006-00, y la Sentencia de
Segunda Instancia No. 069 del 7 de mayo de 2026, notificada por correo electrónico el 19 de mayo de 2026, proferida por la Sala de Decisión No. 006 del Tribunal Administrativo del Cauca dentro del expediente ordinario con radicado 19001-33-33-007-2020-00006-01 con especial énfasis y protección reforzada al principio del Interés Superior del Menor (Art. 44 C.P.) respecto de los niños, niñas y adolescentes para la época de los hechos: (….), representados por sus progenitoras en ejercicio de la patria potestad; así como los derechos de MSRC, quien también para la época de los hechos era menor de edad contando con 16 años, en susRadicado: 11001-03-15-000-2026-06357-00
Demandante: Brian Steven Ramírez Chindicue y Otros
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co calidades de sobrinos de la víctima directa; de las hermanas coaccionantes; y de los derechos patrimoniales hereditarios de la causante Blanca Elvia Medina de Ramírez, los cuales se amparan hoy en cabeza de su hijo y sucesor procesal legítimo, el señor Gerardo Enrique Ramírez Medina.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda Instancia No. 069 del 7 de mayo de 2026, notificada por correo electrónico el 19 de mayo de 2026, proferida por la Sala de Decisión No. 006 del Tribunal Administrativo del Cauca dentro del expediente ordinario con
radicado 19001-33-33-007-2020-00006-01, por haber incurrido en un protuberante defecto fáctico en su modalidad de omisión y valoración atípica del acervo probatorio, un defecto sustantivo por error flagrante en el régimen de responsabilidad aplicable con inaplicación directa del artículo 90 de la Constitución Política, y por el abierto desconocimiento del precedente horizontal y vertical de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado TERCERA: ORDENAR a la Sala de Decisión No. 006 del Tribunal Administrativo del Cauca que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo constitucional, profiera una sentencia de reemplazo en la que aplique de forma estricta los lineamientos fijados en este amparo y proceda a: a. Valorar integralmente y en conjunto (Art. 176 C.G.P.) el acervo probatorio omitido y tergiversado, esto es, la declaración de contradicción del perito forense en oftalmología (visto a folio 30 de la sentencia anulada), el Informe Pericial de Clínica Forense No. UBPPY-DSCAUC-03690-2018 (folios 143 a 147 del expediente digital), los indicios materiales y representativos de los seis (6) proyectiles de goma y las fijaciones fotográficas del celular Samsung J5 (folios 148 a 150 del expediente digital), y las pruebas documentales oficiales consistentes en el registro SECAD No. 26957858 y la alteración cronológica por la omisión del folio 224 de la copia de la minuta de población del CAI 6 (folio 54 y siguientes de la contestación de la demanda). b. Declarar la responsabilidad patrimonial del Estado - Policía Nacional bajo los regímenes
población del CAI 6 (folio 54 y siguientes de la contestación de la demanda). b. Declarar la responsabilidad patrimonial del Estado - Policía Nacional bajo los regímenes contencioso-administrativos y de imputación objetiva (Daño Especial o Riesgo Excepcional) que correspondan al daño antijurídico consistente en el "Estallido del Globo Ocular Derecho" padecido por el señor BRIAN STEVEN RAMÍREZ CHINDICUE. c. Tasar y ordenar el pago de los perjuicios morales de todo el grupo familiar recurrente. Para ello deberá reconocer la presunción legal del parentesco en segundo grado de consanguinidad (Nivel 2) acreditado a folio 157 del expediente digital en favor de la causante Blanca Elvia Medina De Ramírez, ordenando el pago de dicho crédito a su hijo y sucesor procesal legítimo, el señor Gerardo Enrique Ramírez Medina. Asimismo, deberá tasar y liquidar de fondo el perjuicio moral de los sobrinos menores de edad: Danna Isabella Cruz Ruiz, María Paula Cruz Ruiz, Juan Esteban Cruz Ruiz, Nichol Dayana Bolaños Ruiz, Karen Estefania Sánchez Ruiz Y Samuel Matías Sánchez Ruiz, y del ciudadano Maicol Steven Ruiz Chindicue (Nivel 3 de parentesco), en atención a su condición de minoridad al momento de la causación del daño, de conformidad con las reglas unificadas de la Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014 (Exp. 31170), aplicando de oficio el control de convencionalidad
CUARTA: COMPULSAR COPIAS (De ser considerado necesario por el Honorable Despacho) ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se investigue penal y disciplinariamente a los funcionarios públicos de la Policía Nacional, custodios y responsables de la alteración física, supresión y desaparición del folio 224 de la copia de la minuta de población del CAI 6 (visible a folio 54 y siguientes de la contestación de la demanda), conducta que generó un vacío registral de 19 horas sobre la madrugada en que ocurrieron los hechos objeto del litigio originario».
2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Brian Steven Ramírez Chindicue se encontraba en compañía de algunos de sus familiares y amigos el 1º de enero de 2018 en inmediaciones del barrio Alfonso López de Popayán, Cauca, cuando se presentó una riña que requirió la intervención de miembros de la Policía Nacional. Al lugar acudieron inicialmente los uniformados del cuadrante y, posteriormente, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). 2.2. De acuerdo con lo sostenido por los demandantes, durante el procedimiento policial algunos uniformados accionaron armas con proyectiles de goma, uno de los cuales impactó al señor Brian Steven Ramírez Chindicue, ocasionándole un trauma en el ojo derecho y lesiones en el rostro. En el mismo procedimiento resultaron lesionados Alissette Joanna Ruiz Chindicue,Radicado: 11001-03-15-000-2026-06357-00
Demandante: Brian Steven Ramírez Chindicue y Otros
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hermana del señor Brian Steven Ramírez Chindicue, y su hijo menor de edad, MSRC, sobrino de aquel. 2.3. Como consecuencia de las lesiones, el señor Brian Steven Ramírez Chindicue fue trasladado al Hospital Susana López de Valencia y, posteriormente, remitido al Hospital Universitario San José de Popayán para valoración oftalmológica. En la historia clínica se registró que el paciente había recibido un trauma en el ojo derecho aparentemente ocasionado por un proyectil y que presentaba pérdida de visión y un hematoma que cubría el ojo afectado. 2.4. El señor Brian Steven Ramírez Chindicue fue posteriormente valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De acuerdo con el informe pericial de clínica forense, el mecanismo traumático de la lesión fue contundente y produjo un trauma en el globo ocular derecho. El dictamen estableció una incapacidad médico legal definitiva de 35 días y determinó como secuelas una perturbación funcional del órgano de la visión y una deformidad física que afecta el rostro de manera permanente. 2.5. Por lo anterior, el señor Brian Steven Ramírez Chindicue y otros promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable de los daños derivados de las lesiones ocasionadas durante el procedimiento policial. Como consecuencia de lo anterior, pidieron el reconocimiento de perjuicios morales, daño a la salud y perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. 2.6. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán (expediente 1900133-33-007-2020-00006-00/01), mediante sentencia del 16 de octubre de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda. De acuerdo con lo afirmado por el Juzgado, se demostró que Brian Steven Ramírez Chindicue resultó herido durante procedimiento realizado para dirimir una riña por parte de miembros de la Policía Nacional y que si bien no se acreditó el tipo de arma con la que fue impactado, a partir del uso de medios probatorios indirectos se concluía que la lesión había sido causada por miembros de la Policía GOES que en cumplimiento de su deber legal, accionaron armas no letales de dotación oficial en medio de un enfrentamiento entre la comunidad y la reacción de la entidad demandada, enfrentamiento al que el demandante llegó a retirar a sus familiares, que se encontraban en medio de la riña que se presentó. En el expediente no se advertía que el mencionado señor ejerciera actos violentos o se encontrara participando del uso de armas no convencionales, que tampoco se acreditó que se hubieran realizado capturas de personas presentes en el lugar o que se hubiera iniciado acción penal alguna contra el demandante por los hechos acontecidos el 1 de enero de 2018.
El Juzgado consideró acreditada la lesión sufrida y concluyó que esta era imputable a miembros de la Policía Nacional que intervinieron en el procedimiento para controlar la riña, con fundamento en el régimen subjetivo de la falla de servicio. Si bien reconoció que no se había identificado el tipo exacto de arma utilizada, estimó que los testimonios recaudados, los registros médicos y los demás elementos de prueba permitían inferir que la lesión había sido causada por un elemento contundente accionado por integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).Radicado: 11001-03-15-000-2026-06357-00
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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a los montos indemnizatorios dispuso reconocer por concepto de daño moral 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la víctima directa e igual monto por daño a la salud. En relación con los padres, abuelos, hermanos de la víctima directa dijo que teniendo presente que las reglas de la experiencia permitían afirmar que el daño padecido por una persona afectaba a los integrantes de su familia próxima, se reconocía una indemnización de perjuicios por daño moral a excepción de la señora Blanca Elvia Medina de Ramírez con respecto a la que no se había establecido el parentesco de abuela paterna en relación con
la víctima directa. 2.7. Contra dicha decisión, las partes demandante y demandada interpusieron recurso de apelación. La entidad cuestionó la imputación del daño a la entidad y los demandantes por su parte manifestaron su inconformidad con respecto de la negativa a reconocer los perjuicios morales solicitados a favor de algunos de sus integrantes. El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006, en sentencia del 7 de mayo de 2026 (notificada a las partes por correo electrónico el 19 de mayo de 2026) revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. El Tribunal consideró que, si bien se encontraba acreditada la lesión sufrida por el señor Brian Steven Ramírez Chindicue, no existía certeza acerca de que esta hubiera sido ocasionada por un elemento de dotación oficial utilizado por los miembros de la Policía Nacional durante el procedimiento. Al respecto, señaló que el dictamen pericial permitía establecer que el mecanismo traumático de la lesión había sido contundente, pero que no se logró identificar el objeto que la produjo y que tampoco se encontraba demostrado que los elementos encontrados en el lugar de los hechos correspondieran a aquellos utilizados por los uniformados. De acuerdo con lo anterior, dijo que subsistía una «duda insuperable» respecto de las circunstancias en que se produjo la lesión, que no existía evidencia que permitiera atribuir a la Policía Nacional que las lesiones sufridas por la víctima fueran producto de una actuación ilegal o del uso desmedido de la fuerza de
los agentes policiales que atendieron la riña donde la comunidad portaba elementos contundentes y cortopunzantes, de modo que no estaba acreditado el nexo causal que permitiera atribuir responsabilidad extracontractual al Estado.
3. Fundamentos de la acción La parte actora consideró que con la decisión proferida el 7 de mayo de 2026 el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006, en el trámite del medio de control de reparación directa 19001-33-33-007-2020-00006-00/01, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial, por falta de motivación y por violación directa de la Constitución Política, estos dos últimos que sustentó de manera conjunta. Las razones fueron las siguientes: 3.1. Defecto fáctico que sustentó en que el Tribunal declaró una «duda insuperable» sobre el nexo causal luego de fragmentar el expediente, tergiversar la prueba científica y omitir valorar en conjunto las siguientes pruebas:Radicado: 11001-03-15-000-2026-06357-00
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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co · Declaración del perito médico en la contradicción del dictamen, que a su juicio fue valorada de forma descontextualizada, pues el Tribunal pretendió exigirle una verificación presencial del objeto causante de la lesión, cuando el perito explicó
que las expresiones «salva», «paintball» o «bala de caucho» de la historia clínica correspondían a la información suministrada por el paciente y que el trauma contundente con estallido del globo ocular se produjo con un objeto que no podía determinar. Sostuvo que ese patrón de lesión no habría podido ser causado de forma idéntica por los objetos cortopunzantes o los maderos portados por los particulares en la riña. · Informe Pericial de Clínica Forense No. UBPPY-DSCAUC-03690-2018, que determinó como «Mecanismo traumático de lesión: Contundente» y concluyó que la causa fue un trauma con objeto contundente en el globo ocular derecho. Sostuvieron que, no obstante, el Tribunal concluyó que no se acreditó el tipo de elemento contundente y que instrumentalizó la manifestación de su apoderado en la audiencia del 18 de octubre de 2022 sobre la ausencia de cadena de custodia para restar todo valor a los indicios materiales (los seis proyectiles de goma y las fotografías captadas con el celular Samsung J5 de la señora Alissette Joanna Ruiz Chindicue), pese a que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo rigen la libertad probatoria y el estándar de probabilidad y a que esos elementos concuerdan con los testimonios de los vecinos del sector. · Registro SECAD No. 26957858 del 1º de enero de 2018 aportado por la Policía Nacional que a su juicio ubicaba al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en
el lugar de los hechos, y la copia de la minuta de población del CAI 6 Alfonso López, de la que se omitió el folio 224, lo que generó un vacío registral de 19 horas sobre la madrugada del 1° de enero de 2018 que debió valorarse como indicio en contra de la entidad demandada. · Registro civil de nacimiento de Gerardo Enrique Ramírez Medina, que acredita la relación de consanguinidad con la señora Blanca Elvia Medina de Ramírez, abuela paterna de la víctima directa, cuyos perjuicios morales debieron reconocerse de acuerdo con la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014 (expediente 31170) y ordenarse a favor de su hijo, como sucesor procesal. 3.2. Defecto sustantivo configurado por el presunto error del tribunal al determinar el régimen de responsabilidad aplicable, trasladar a la parte demandante la carga de acreditar elementos que, a su juicio, correspondía esclarecer a la entidad estatal e inaplicar el artículo 90 de la Constitución Política. Manifestó que la autoridad judicial accionada desnaturalizó el carácter resarcitorio del medio de control de reparación directa al exigir un grado de certeza que resultaba propio del ámbito penal y al condicionar la responsabilidad patrimonial del Estado a la demostración de que los agentes hubieran actuado ilegalmente o haciendo uso de la fuerza de manera desproporcionada. En su criterio, el análisis debía partir de la existencia del daño antijurídico y de
su imputación al Estado sin supeditar el reconocimiento de la reparación a la identificación exacta del artefacto que ocasionó la lesión o a la acreditación de dolo, sevicia o ilegalidad en la conducta policial. Asimismo, cuestionó que el Tribunal exigiera demostrar que los proyectiles hacían parte de la dotación oficial de los uniformados, pues consideró que ello imponía a las víctimas una carga probatoria excesiva respecto de información que se encontraba bajo el control de la institución. Sostuvo que, acreditadas la lesión y la presencia de la fuerza pública en el lugar, correspondía examinar la distribución de las cargas probatorias.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06357-00
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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En apoyo a su planteamiento, invocó la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, concretamente la sentencia del 5 de marzo de 2021, expediente 19001-23-33-000-2017-00068-01, en la que, según expuso, se reconoció la posibilidad de declarar la responsabilidad estatal por daños corporales ocasionados en el contexto de intervenciones de la fuerza pública, incluso bajo un régimen objetivo, cuando se acreditaran sus presupuestos. Insistió en que el Tribunal dejó de examinar el daño desde la perspectiva del artículo 90 superior y lo supeditó indebidamente a la demostración de una
actuación policial ilegal o de un uso desmedido de la fuerza. 3.3. Defecto por desconocimiento del precedente que fundamentó en el apartamiento injustificado de la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el reconocimiento de perjuicios morales a familiares de la víctima directa. En relación con los sobrinos de Brian Steven Ramírez Chindicue sostuvo que se desconoció la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 31.170 en la que se permitía reconocer perjuicios morales a familiares ubicados en el tercer nivel de parentesco hasta por 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el vínculo familiar se encontrara debidamente acreditado. Por ello, cuestionó que se negara la indemnización a los sobrinos sin otorgar el alcance que, en su criterio, correspondía a los vínculos familiares y a las circunstancias derivadas de las lesiones sufridas por el señor Ramírez Chindicue en su calidad de tío. 3.4. Defecto por violación directa de la Constitución y por falta de motivación que hizo consistir en que las decisiones adoptadas en el proceso ordinario no habrían otorgado una protección adecuada a los derechos de los sobrinos de la víctima directa que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Que el negar el reconocimiento de perjuicios morales aunado al no haber apelado la sentencia de primera instancia en este aspecto, no podía conducir a desconocer sus derechos fundamentales ni el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y en el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Agregó que el Tribunal debió examinar de oficio las circunstancias relacionadas con sus derechos y la documentación sobre parentesco que
Constitución Política y en el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Agregó que el Tribunal debió examinar de oficio las circunstancias relacionadas con sus derechos y la documentación sobre parentesco que reposaban en el expediente, en lugar de limitarse a la ausencia de una apelación específica sobre ese punto.
4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Inicialmente por auto de 13 de agosto de 2026 el despacho ponente requirió a la parte accionante para que informara si se había surtido el trámite de sucesión procesal en el proceso de reparación directa en relación con el señor Gerardo Enrique Ramírez Medina quien manifestó que actuaba en nombre propio y como sucesor procesal de la señora Blanca Elvia Medina de Ramírez. 4.2. Cumplido lo anterior, el despacho ponente en providencia del 1º de septiembre de 2026: (i) admitió la demanda de tutela presentada por Brian Steven Ramírez Chindicue y otros contra el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006; (ii) ordenó la notificación de la autoridad accionada y, (iii) en calidad de terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional (autoridad que actuó como demandada en el proceso de reparación directa); al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica delRadicado: 11001-03-15-000-2026-06357-00
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www.consejodeestado.gov.co Estado, vinculados al proceso; al Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán, autoridad que dictó la sentencia de primera instancia, y a los demás demandantes, demandados y terceros con interés que participaron en el proceso ordinario. 4.3. El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006 por conducto del magistrado ponente de la decisión cuestionada, presentó escrito de oposición. Sostuvo que la parte accionante pretendía reabrir el debate probatorio surtido en el proceso de reparación directa y convertir la tutela en una tercera instancia lo que implicaba un incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Manifestó que la decisión se adoptó a partir de una valoración integral del material probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica y a las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables. En particular, explicó que, si bien se acreditaron las lesiones sufridas por Brian Steven Ramírez Chindicue, no se demostró el nexo causal entre estas y la actuación de los agentes de la Policía Nacional, debido a la falta de certeza sobre el elemento que las produjo y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Afirmó que se aplicó correctamente la regla sobre la carga de la prueba prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso y que en ningún momento se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o,
subsidiariamente, negar las pretensiones, al considerar que la providencia cuestionada se ajustó al ordenamiento jurídico y no vulneró los derechos fundamentales invocados. 4.4. El Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán intervino por conducto del juez titular quien solicitó declarar improcedente la acción de tutela al considerar que no incurrió en vulneración de los derechos fundamentales invocados ni se configuraron los defectos propuestos por la parte actora. Sostuvo que la providencia de primera instancia se profirió con fundamento en una valoración integral y razonada del material probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica y a la normativa y jurisprudencia aplicables. Indicó que las inconformidades planteadas en la tutela se dirigían, esencialmente, frente a la valoración probatoria y los criterios jurídicos empleados en las decisiones judiciales, aspectos que fueron objeto de debate dentro del proceso de reparación directa en el que las partes pudieron ejercer sus garantías procesales y hacer uso de los recursos ordinarios procedentes. Indicó que las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado se desarrollaron en ejercicio de la autonomía judicial, con observancia del debido proceso, y que no se advierte una actuación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable que permita atribuirle la vulneración de derechos fundamentales de los accionantes. Por último, pidió se negaran las pretensiones de la acción de tutela en caso de que la solicitud de amparo superara el examen de procedencia de tutela contra providencia judicial. 4.5. La Policía Nacional se pronunció por conducto de apoderada judicial quien
manifestó que no se configuró vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06357-00
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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la providencia cuestionada se sustentó en una valoración integral de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica y a las normas sobre carga probatoria previstas en el artículo 167 del Código General del Proceso y que como lo sostuvo la sentencia, no se acreditó el nexo causal entre las lesiones sufridas por Brian Steven Ramírez Chindicue y la actuación de los agentes de policía, pues que las pruebas documentales y periciales únicamente permitieron establecer que la lesión fue causada por un objeto contundente no identificado, sin esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Asimismo, sostuvo que no se vulneraron las garantías del debido proceso, la igualdad procesal ni la prevalencia del derecho sustancial, y que la tutela no puede utilizarse como una instancia adicional para reabrir debates propios del proceso ordinario. Finalmente, alegó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional y pidió se declarara improcedente la presente acción. 4.6. La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC por conducto del coordinador del grupo de tutelas, manifestó que no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes y que la inconformidad de la parte actora se dirigía contra las decisiones del Tribunal Administrativo del Cauca lo que no tenía relación con las funciones de la entidad que tenía que ver con la ejecución de las penas privativas de la libertad. En consecuencia pidió ser desvinculado por falta de legitimación en la causa por pasiva. 4.7. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunciaron en esta oportunidad a pesar de haber sido notificados de la presente acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,1 fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales2
1 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cual
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