CE - Sentencia 11001031500020260641001 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260641001 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06410-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC)
TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL
PROCESO ORDINARIO. ASUNTO ECONÓMICO. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL1 contra la sentencia de 10 de septiembre de 2026, mediante la cual la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 2 amparó los derechos fundamentales alegados como vulnerados por el actor.
1 En adelante, JUZGADO. 2 En adelante, SECCIÓN QUINTA.2
DEL CONSEJO DE ESTADO 2 amparó los derechos fundamentales alegados como vulnerados por el actor.
1 En adelante, JUZGADO. 2 En adelante, SECCIÓN QUINTA.2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06410-01
Actor: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC), actuando a través de su representante legal, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE3, al haber proferido, respectivamente, las providencias de 25 de noviembre de 2025 y 12 de febrero de 2026, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 2025-00143-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que promovió demanda ejecutiva contra los señores
FREDY CARRILLO y JOSÉ SILVA SANTANA y la sociedad E.A.T.
METAL - MADERA DEL CASANARE, con el fin de obtener el pago de las acreencias originadas en el pagaré núm. 4104533 suscrito el 12 de mayo de 2006 por un valor de dos millones setecientos treinta
METAL - MADERA DEL CASANARE, con el fin de obtener el pago de las acreencias originadas en el pagaré núm. 4104533 suscrito el 12 de mayo de 2006 por un valor de dos millones setecientos treinta
3 En adelante, el TRIBUNAL.3
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y un mil quinientos ochenta y ocho pesos ($2.731.588).
Aseveró que a la demanda le fue asignad a el número único de radicación 2007-00838-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YOPAL que, mediante providencia de 26 de mayo de 2010, libró mandamiento de pago por el capital adeudado a su favor; decretó medidas cautelares; libró los correspondi entes oficios; ordenó seguir adelante con la ejecución; y aprobó la liquidación del crédito.
Advirtió que el 18 de noviembre de 2024 el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YOPAL remitió por competencia el proceso a los juzgados administrativos del mismo Circuito, correspondiéndole por reparto al JUZGADO bajo el radicado 2025-00143-00 que, en providencia de 25 de noviembre de 2025 determinó abstenerse de ordenar seguir adelante con la ejecución por no haberse constituido en debida forma el título ejecutivo.
providencia de 25 de noviembre de 2025 determinó abstenerse de ordenar seguir adelante con la ejecución por no haberse constituido en debida forma el título ejecutivo.
Indicó que inconforme con lo anterior presentó recurso de apelación, el cual le correspondió por reparto al TRIBUNAL que, en providencia de 12 de febrero de 2026, confirmó la providencia recurrida.4
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I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la s providencias judiciales cuestionadas incurrieron en violación directa de la Constitución al dejar de aplicar lo dispuesto en sus artículos 29 y 229 y desconocer lo establecido por la Corte Constitucional frente a la competencia para conocer de procesos ejecutivos en cabeza de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Manifestó que también incurrieron en defecto fáctico por cuanto le restaron valor al pagaré como título ejecutivo autónomo e independiente que da cuenta de la exigencia y perfeccionamiento del contrato de mutuo, además que le pidieron aportar el contrato de mutuo con la solemnidad de elevarse a escrito, requisitos que la Ley no contempla para su ejecución.
Aseguró que las providencias también incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al exigir documentos
mutuo con la solemnidad de elevarse a escrito, requisitos que la Ley no contempla para su ejecución.
Aseguró que las providencias también incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al exigir documentos adicionales al pagaré, a pesar de que se trata de un título ejecutivo autónomo que contiene una obligación clara, expresa y exigible , además de desconocer la normatividad aplicable en lo que respecta a su creación, circulación y exigibilidad.5
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I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE , que se desconocieron por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 25 de noviembre de 2025 y su confirmatorio, emitido el 12 de febrero de 2026 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 85001-3333005-2025-00143-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 25 de noviembre de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO
005-2025-00143-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 25 de noviembre de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desat ó la apelación, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 12 de febrero de 2026, dentro del medio de control 85001-3333005-2025-00143-00, por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle mérito ejecutivo al pagaré 4104533 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original del pagaré, pese a que a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022 “Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos,”; así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE – IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, ordene seguir adelante con la ejecución a favor del INSTITUTO FINANCIERO6
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DE CASANARE en contra de la parte demandada FREDY CARRILLO, JOSE SILVA SANTANA Y E.A.T. METAL - MADERA DEL CASANARE, dentro del proceso ejecutivo 85001 -3333-005-202500143-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto inter comunis o se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento del fallo de tutela proferido.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que la acción de tutela no reúne los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para su procedencia contra providencias judiciales, por carecer de relevancia constitucional.
Asimismo, solicitó que se declare improcedente el presente amparo, al considerar que lo que pretende el actor es utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia para reabrir un debate que ya fue resuelto.7
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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA, mediante sentencia de 10 de septiembre de 2026, concedió el amparo solicitado por el actor, en los siguientes términos:
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA, mediante sentencia de 10 de septiembre de 2026, concedió el amparo solicitado por el actor, en los siguientes términos:
“[…] Primero: NEGAR las pretensiones de tutela, en lo relativo al defecto por desconocimiento del precedente.
Segundo: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare, por los defectos sustantivo, fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 25 de noviembre de 2025 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, así como la providencia de 12 de febrero de 2026, dictada por el Tribuna l Administrativo de Casanare dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 85001 -33-33-005-202500143-00/01.
Tercero: ORDENAR al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia profiera una nueva decisión de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.
Aseguró que el TRIBUNAL no realizó un análisis integral de las normas aplicables al caso concreto, toda vez que se limitó a examinar de manera sucinta uno de los supuestos previstos en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998. Asimismo, señaló que no se efectuó una valoración concreta del contenido del pagaré núm. 4104533 ni de su carta de instrucciones, pues dichos documentos fueron descartados8
de la Ley 489 de 1998. Asimismo, señaló que no se efectuó una valoración concreta del contenido del pagaré núm. 4104533 ni de su carta de instrucciones, pues dichos documentos fueron descartados8
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como insuficientes para acreditar la existencia de un título valor. No obstante, no se estableció si, a partir de ellos, era posible acreditar una obligación clara, expresa y exigible.
Igualmente, indicó que el estatuto procesal no circunscribe el título ejecutivo exclusivamente al contrato estatal, sino que también comprende los actos expedidos con ocasión de la actividad contractual, lo que reafirma la necesidad de analizar el mencionado pagaré y su carta de instrucciones como documentos idóneos para el ejercicio de la acción de cobro.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El JUZGADO impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN QUINTA, manifestando que tanto el auto de 25 de noviembre de 2025, como el de 12 de febrero de 2026, se profirieron con suficiente motivación sobre las razones que condujeron a concluir que no se encontraba debidamente constituido el título ejecutivo invocado por el IFC.
Mencionó que en dichas providencias se analizó el alcance del artículo
motivación sobre las razones que condujeron a concluir que no se encontraba debidamente constituido el título ejecutivo invocado por el IFC.
Mencionó que en dichas providencias se analizó el alcance del artículo 93 de la Ley 489 de 1998 y se concluyó que el negocio jurídico que dio origen a la obligación estaba relacionado con el objeto del IFC y,9
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por tanto, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En consecuencia, dada la solemnidad de ese negocio jurídico, era necesario que constara por escrito y reposara en el expediente ejecutivo.
Aseguró que tanto el pagaré como la carta de instrucciones fueron objeto de valoración, concluyendo que dichos documentos, por sí solos, no constituían un título ejecutivo
Por lo anterior, solicitó revocar la decisión de primer grado y, en su lugar, se deniegue el amparo solicitado por el actor, al no evidenciarse vulneración de los derechos fundamentales alegados.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,10
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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso11
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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales12
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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.13
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adelante se explican.13
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 25 de noviembre de 2025 y 12 de febrero de 2026 , proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 2025-00143-01.14
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A las citadas providencias el demandante le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al haber incurrido en los defectos fáctico, procedimental y violación directa de la Constitución.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 10 de septiembre de
procedimental y violación directa de la Constitución.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 10 de septiembre de 2026, amparó los derechos fundamentales invocados como violados por el actor y, en consecuencia, dejó sin efectos las providencias cuestionadas y ordenó proferir una decisión de reemplazo.
Inconforme con lo anterior, el JUZGADO impugnó la decisión proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, sí se a nalizó el pagaré núm. 4104533 y la carta de instrucciones, concluyendo que por sí solos no constituían título ejecutivo.
En ese orden de ideas , la Sala analizar á las inconformidades expuestas en el escrito de impugnación, dirigidas a que se revoque la sentencia de 10 de septiembre de 2026 al no encontrarse vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados ni la configuración de los defectos alegados por el actor.15
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En este punto es preciso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efecto tanto la providencia de 25 de noviembre de 2025 proferida por el JUZGADO, como la dictada el 12 de febrero de 2026 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis
se solicita dejar sin efecto tanto la providencia de 25 de noviembre de 2025 proferida por el JUZGADO, como la dictada el 12 de febrero de 2026 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y, de ser así, se establecerá si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.16
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De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
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De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramí
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