CE - Sentencia 11001031500020260643600 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260643600 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2026-06436-00 Demandante JAMES OSORIO ROMERO

Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, DIVISIÓN DE SENTENCIAS Temas Acción de tutela. Derecho de petición. Solicitud de información del trámite de pago de una sentencia judicial. Carencia actual de objeto. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por el señor James Osorio Romero, quien actúa en nombre propio, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 12 de agosto de 20261, el señor James Osorio Romero, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, División de Sentencias, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, en razón a la falta de

respuesta a la solicitud presentada el 16 de julio de 2026. En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones2: (sic para toda la cita) «1. Que se ampare mi derecho fundamental de petición.

2. Que se declare que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de la División de Sentencias, vulneró mi derecho fundamental de petición al no responder oportunamente y de fondo la solicitud presentada el 16 de julio de 2026.

3. Que se ordene a la entidad accionada que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, o dentro del término prudencial que el despacho determine, emita y comunique una respuesta de fondo a la petición del 16 de julio de

2026.

4. Que la respuesta se pronuncie de manera individual, clara, precisa, completa, congruente y consecuente sobre cada uno de los seis puntos solicitados, incluyendo el estado del expediente administrativo No. 12516, la situación del turno de pago, la existencia de pagos posteriores, las auditorías o controles aplicables, las aclaraciones requeridas sobre embargos y compensación tributaria, y cualquier circunstancia que esté impidiendo o dilatando el trámite. 1 Samai, índice 2. La acción de tutela de la referencia le correspondió por reparto al Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá bajo el radicado 11001-31-10-803-2026-00527-00, quien con auto del 13 de agosto de 2026 remitió por reglas de

reparto el amparo al Consejo de Estado, al considerar que «el accionante reclama en su petición por una sentencia emitida por la jurisdicción administrativa, corresponde a los consejeros de estado su conocimiento, en primera instancia». El expediente fue enviado al Consejo de Estado el 13 de agosto de 2026, correspondiéndole por reparto al despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello con el radicado 11001-03-15-000-2026-06436-00. 2 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06436-00

Demandante: James Osorio Romero

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5. Que se ordene a la accionada remitir la respuesta a los correos electrónicos

osoriojamesr@gmail.com y james.osorio@frontierlegalconsulting.com, y acreditar su envío ante el despacho judicial».

2. Hechos Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor James Osorio Romero presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pretendiendo que se declarara la nulidad de la resolución por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial devengada, entre otras pretensiones.

El mencionado proceso fue radicado bajo el número 11001-33-35-030-201900032-00. De este asunto conoció en primera instancia el Juzgado Segundo Transitorio Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, que con sentencia del 14 de septiembre de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Decisión que fue apelada por el demandado. De la segunda instancia conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que con sentencia del 30 de junio de 2022 confirmó la decisión del juzgado. 2.2. El 1 de noviembre de 2022, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le informó al señor Osorio Romero que la solicitud de cumplimiento de sentencia, con radicado EXTDEAJ22-28095 había ingresado al listado de turno para liquidación y posterior pago, y que se le asignó al expediente el número

12516. Allí también se le indicó que el trámite se daría «en estricto orden cronológico conforme a la documentación completa recibida». 2.3. El 19 de mayo de 2026, el señor James Osorio Romero presentó una petición ante la División de Sentencias, con copia a tesorería, en donde pidió que se tuviera en cuenta en la liquidación «las circunstancias relacionadas con el levantamiento de una medida de embargo de Lulo Bank S.A. y los descuentos efectuados o pendientes respecto de la obligación con Banco Finandina». 2.4. El 27 de mayo de 2026, el accionante presentó una solicitud ante la División de Sentencias, con copia a tesorería, en donde aportaba «comunicación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – y solicitando que se tuviera en cuenta

la compensación de obligaciones tributarias con cargo al crédito reconocido en la sentencia». 2.5. El 16 de julio de 2026, el señor Osorio Romero presentó una nueva petición ante la División de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al no tener información suficiente del trámite del pago de la sentencia judicial (expediente 12516). El accionante mencionó que esa solicitud fue enviada desde el correo electrónico osoriojamesr@gmail.com al correo medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, con copia a cmorenob@deaj.ramajudicial.gov.co, señaló que a su solicitud se le asignó el radicado EXTDEAJ26-62958 cuyo registro se realizó el «7/17/2026 8:32 AM». Mencionó que lo solicitado en la petición fue lo siguiente: (sic para toda la cita) «[…] En esa petición solicité, de manera concreta, que se informara: (i) el estado actual del trámite y del turno de pago; (ii) si se habían efectuado pagos de sentencias con turno posterior; (iii) si se adelantaba alguna auditoría sobre el pago de turnos y cómo operaba; (iv) si se requería aclaración adicional sobre los embargos de Lulo Bank S.A. o Banco Finandina; (v) si se requería aclaración respecto del descuento o compensación solicitada por la DIAN; y (vi) si existía algún otro inconveniente que estuviera impidiendo o dilatando el pago».Radicado: 11001-03-15-000-2026-06436-00

Demandante: James Osorio Romero

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. La parte actora sostuvo que, a la fecha de presentación de esta acción de

Demandante: James Osorio Romero

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. La parte actora sostuvo que, a la fecha de presentación de esta acción de tutela, no ha recibido respuesta a la petición del 16 de julio de 2026 por parte del Consejo Superior de la Judicatura, como tampoco recibió comunicación previa que informara los motivos por los cuales no había sido resuelta. Esto dado que se superó el término legal.

3. Fundamentos de la acción El señor James Osorio Romero considera que el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, División de Sentencias, vulneró su derecho fundamental de petición, al no darle respuesta a la solicitud que presentó el 16 de julio de 2026, en la que realizaba una serie de consultas respecto del trámite de pago de la sentencia judicial (expediente 12516).

Explicó que la falta de respuesta por parte de la autoridad accionada a la solicitud presentada afecta de forma directa su derecho fundamental de petición, pues esta omisión hace difícil conocer el estado de la actuación administrativa y, en consecuencia, no le permite ejercer los mecanismos de defensa. Precisó que la petición fue enviada a la autoridad accionada a través de los canales institucionales, planteando seis aspectos que a la fecha de radicación de esta acción de tutela no han sido resueltos. Indicó que con esta acción constitucional no pretende que se ordene «el pago de la sentencia ni que sustituya a la administración en la liquidación del crédito» sino que busca

obtener una respuesta «oportuna, completa, clara, precisa, congruente y debidamente comunicada». Como fundamento jurídico citó los artículos 23 y 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En providencia del 18 de agosto de 20263, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela interpuesta por el señor James Osorio Romero, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, División de Sentencias; y se ordenó efectuar las notificaciones pertinentes. 4.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4, manifestó que la acción de tutela del señor James Osorio Romero tiene como fundamento la presunta ausencia de respuesta de la «reclamación administrativa de fecha 16 de julio de 2026, el cual, revisado el sistema de correspondencia SIGOBius, se registró bajo el radicado EXTDEAJ26-62958 de fecha 17 de julio de 2026», al respecto dijo que, el 21 de agosto de 2026 el Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal dio respuesta clara, precisa, de fondo y congruente a cada uno de los interrogantes planteados en la mencionada solicitud, esto en dos correos electrónicos diferentes (en el primero dio respuesta a los puntos del 1 al 5 y en el segundo atendió el numeral 6).

Mencionó que en la respuesta se le suministró al peticionario información

específica del estado actual de su trámite, de las razones que dieron lugar a la demora en el pago, de la existencia de pagos efectuados a solicitudes posteriores, de la situación de las medidas cautelares registradas en el sistema, de la suficiencia de la documentación aportada y de la compensación ordenada por la DIAN, así como de la inexistencia de requerimientos adicionales. 3 Samai, índice 4. 4 Samai, índice 8.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06436-00

Demandante: James Osorio Romero

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que al haberse brindado respuesta a la petición se está ante una carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la pretensión principal del actor era obtener una respuesta a su solicitud, como en efecto se realizó y mencionó que la respuesta le fue notificada al peticionario. Como evidencia de lo anterior aportó: (i) copia de los correos remitidos el 21 de agosto de 2026 en donde se brindó respuesta, y (ii) una constancia de envío de un correo electrónico. 4.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Presidencia5, rindió informe en el que solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se le desvinculara de esta acción constitucional dado que no vulneró los derechos fundamentales del actor. Expuso que el Consejo Superior de la Judicatura es un órgano de gobierno y

de administración de la Rama Judicial, por lo que, sus funciones son netamente administrativas conforme lo establece la Constitución Política y la Ley 270 de 1996. Explicó que para atender las pretensiones planteadas en esta acción la autoridad competente es el Grupo de Sentencias que se encuentra adscrito a la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues de la revisión de las pruebas allegadas estableció que los correos electrónicos a los que se remitió la petición pertenecen al dominio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria de otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico Le corresponde a la Sala determinar la posible vulneración del derecho fundamental de petición respecto de la solicitud que presentó el señor James Osorio Romero el 16 de julio de 2026, en la que planteaba seis cuestionamientos respecto del trámite de pago que se le ha impartido a la sentencia judicial (Expediente 12516).

3. Carencia actual de objeto La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.

Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser. Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno 5 Samai, índice 10. 6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».Radicado: 11001-03-15-000-2026-06436-00

Demandante: James Osorio Romero

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto dividido en tres escenarios: (i) hecho superado7; (ii) daño consumado8 y (iii)

situación sobreviniente9. Sobre la clasificación de la carencia actual de objeto, la jurisprudencia en la sentencia T-494 de 1993, precisó lo siguiente: «La doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”. La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.

La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta una orden al respecto. Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.» (Subrayas fuera del texto) El hecho superado se configura cuando entre la radicación de la acción de tutela y la expedición de la sentencia, la autoridad accionada adelantó las gestiones necesarias para superar las acciones u omisiones que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela. Lo que por sustracción de materia hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de los derechos. Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial». De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación

derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial». De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».

4. Del trámite impartido por la autoridad accionada. Caso concreto 4.1. El señor James Osorio Romero cuestionó que el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, División de Sentencias, vulneró su derecho fundamental de petición, en razón a la falta de respuesta a la solicitud presentada el 16 de julio de 2026, en donde planteaba 7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-624 de 2016 y T-021 de 2017. 8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006. 9 Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06436-00

Demandante: James Osorio Romero

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co seis preguntas sobre el trámite del pago de la sentencia judicial del expediente 12516. 4.2. Sería del caso establecer si las acciones u omisiones de la autoridad accionada desconocieron los derechos fundamentales del actor si no fuera porque durante el trámite de la acción esta autoridad cumplió con el requerimiento que se planteaba. Esto en razón a que, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de Asistencia Legal, Grupo de Sentencias, remitió dos correos electrónicos dirigidos al señor James Osorio Romero a las direcciones: «osoriojamesr@gmail.com» y «ames.osorio@frontierlegalconsulting.com»(sic), el 21 de agosto de 2026 a las 11:41 y 15:00, respectivamente, en respuesta a la petición del 16 de julio de 2026. 4.3. Para llegar a la anterior conclusión la Sala procedió a estudiar la respuesta brindada a cada uno de los seis planteamientos realizados por el señor Osorio Romero en la petición del 16 de julio de 202610, así:

Petición presentada por el señor James Osorio Romero el 16 de julio de 2026 Respuesta brindada el 21 de agosto de 2026 por la Unidad de Asistencia Legal, Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial «1. Informar el estado actual del trámite y del turno de pago de la

sentencia referida en los hechos de esta petición.» «Según la información que reposa en las bases de datos del Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ, la solicitud de cumplimiento de la obligación de dar a favor de JAMES OSORIO ROMERO se encuentra en el siguiente estado: Se encontró que el expediente 12516 de JAMES OSORIO ROMERO está en trámite de liquidación, posterior a ello, pasará a la etapa de revisión, aprobación y firma, así las cosas, una vez surta estos trámites, será debidamente notificado.» «2. Informar si se han efectuado pagos de sentencias cuyo turno sea posterior al que corresponde a la sentencia objeto de esta solicitud.» «Sí se han realizado pagos cuyas fechas de turno son posteriores al 5 de octubre de 2022, pues actualmente nos encontramos pagando cuentas que fueron radicadas en noviembre y diciembre de 2022. Sin embargo, para este caso en particular se presentó una situación la cual tuvo que ser verificada cuidadosamente con el grupo de tesorería de la DEAJ, pues en el sistema figuraban anotaciones por 2 embargos (Lulo Bank S.A y Banco Finandina); debido a esta marca en SIIF, el trámite en general sufrió un atraso.» «3. Indicar si actualmente se adelanta algún proceso de auditoría respecto del pago de los turnos de sentencias y, en caso afirmativo, explicar en qué consiste y cómo opera dicho procedimiento.» «Para la vigencia 2026 se asignaron recursos del Presupuesto General

de la Nación por valor de $383.832.525.077, destinados a la atención de sentencias y conciliaciones. Con corte al 30 de junio de 2026, se habían comprometido recursos por $176.258.753.594,65, equivalentes al 46 % de la apropiación disponible, porcentaje que resulta consistente con el avance de la vigencia fiscal y evidencia una adecuada dinámica de ejecución presupuestal:

Adicionalmente, en relación con los actos ya elaborados, a la misma fecha de corte, se encontró un total de 890 actos por valor de $186.364.228.885, que representa el 49% del total asignado:

El nivel de compromiso alcanzado durante el primer semestre refleja la gestión adelantada para garantizar la atención de las obligaciones judiciales a cargo de la Entidad, manteniendo una ejecución acorde con las necesidades de pago identificadas y con la programación financiera disponible. Asimismo, este comportamiento evidencia que los recursos asignados están siendo utilizados de manera progresiva para atender el pasivo real, en concordancia con las metas institucionales y las obligaciones derivadas de sentencias y conciliaciones ejecutoriadas.» 10 «Derecho de petición – Solicitud de información sobre el trámite y turno de pago de sentencia judicial. Expediente judicial No. 11001-3335-030-2019-00032-00. Expediente administrativo No. 12516».Radicado: 11001-03-15-000-2026-06436-00

Demandante: James Osorio Romero

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Petición presentada por el señor James Osorio Romero el 16 de julio de 2026 Respuesta brindada el 21 de agosto de 2026 por la Unidad de Asistencia Legal, Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial «4. Informar si se requiere alguna aclaración adicional de mi parte en relación con las medidas de embargo del banco Lulo Bank S.A. (frente a la cual ya aporté el paz y salvo y la orden de levantamiento de la medida) o del Banco Finandina.» «No se requiere alguna aclaración adicional con respecto a las medidas de embargo que fueron notificadas en su contra, pues a la fecha y después de una exhaustiva revisión del asunto, finalmente se determinó que dichas medidas ya fueron levantadas por parte de los correspondientes despachos.» «5. Informar si se requiere alguna aclaración adicional respecto del descuento o la compensación ordenada por la DIAN.» «No se requiere, pues el Grupo de Sentencias ya cuenta con la Resolución de compensación.» «6. Informar si existe algún otro inconveniente que esté impidiendo o dilatando el pago del turno de la sentencia de la referencia.» «De manera atenta y respecto al #6 de su petición, se informa que aparte de lo ya explicado en correo precedente, no existe inconveniente que esté dificultando el pago de su sentencia.; pues, como ya se mencionó, en este momento, el Acto Administrativo se encuentra en proceso de liquidación y proyección.» La autoridad accionada informó al peticionario el estado actual del trámite,

reconoció que se han realizado pagos de sentencias con turnos posteriores al suyo y explicó las razones de la demora. También suministró datos sobre la ejecución presupuestal destinada al pago de sentencias, precisó que no se requieren aclaraciones adicionales respecto de las medidas cautelares y de la compensación ordenada por la DIAN, e indicó que no existe otro inconveniente que dificulte el pago, pues el acto administrativo se encuentra en proceso de liquidación y proyección. Sin embargo, la información presupuestal transcrita no responde si se adelanta algún proceso de auditoría respecto del pago de los turnos ni, en caso afirmativo, en qué consiste y cómo opera. Por tanto, esa información no permite concluir que los seis puntos de la petición fueron resueltos de manera completa y congruente. A su vez, la respuesta a la petición le fue notificada al señor James Osorio Romero en dos correos electrónicos diferentes, en la primera comunicación remitida a las 11:41 a los correos «osoriojamesr@gmail.com» y «ames.osorio@frontierlegalconsulting.com» (sic) se atendieron los primeros 5 ítems, como se advierte (encabezado de la respuesta dada):

Y en la segunda comunicación enviada a las 15:00 a los correos «osoriojamesr@gmail.com» y «ames.osorio@frontierlegalconsulting.com»(sic) se le dio respuesta al 6 ítem. Así:Radicado: 11001-03-15-000-2026-06436-00

Demandante: James Osorio Romero

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Esto sumado a la constancia de envío que se aportó con la contestación de la tutela, en donde se evidenció que la segunda entrega se completó a las 15:00

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Esto sumado a la constancia de envío que se aportó con la contestación de la tutela, en donde se evidenció que la segunda entrega se completó a las 15:00 al correo electrónico «osoriojamesr@gmail.com», dirección informada por el peticionario. Como se advierte a continuación:

Esta Sala no pasa por alto que el señor James Osorio Romero también había informado en su petición como otra dirección electrónica de notificación la siguiente: james.osorio@frontierlegalconsulting.com, sin embargo, la autoridad accionada intentó la notificación a este correo de forma errada dado que el email fue anotado con ausencia de la primera letra (J), enviándolo a una dirección diferente, así: ames.osorio@frontierlegalconsulting.com. No obstante, este error no invalida la notificación de la respuesta dada por la autoridad accionada, pues como se mencionó anteriormente, la notificación al correo «osoriojamesr@gmail.com», también aportado por el accionante, se surtió en debida forma. 4.4. En este sentido, la petición presentada por el señor James Osorio Romero ante el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, División de Sentencias ya fue resuelta y notificada, entonces, carece de objeto emitir un pronunciamiento de fondo en razón a que la solicitud de amparo perdió cualquier motivo que la justifique.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06436-00

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5. Conclusión Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto, ya que a la fecha no existe vulneración o amenaza del derecho fundamental de petición invocado por la parte actora, respecto del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, División de Sentencias, dado que esta autoridad realizó el trámite correspondiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA

1. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, en relación con las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor James Osorio Romero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha. (Firmado electrónicamente)

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Presidente (Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN

(Firmado electrónicamente)

CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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